Jurisprudencia Penal del Tribunal Supremo

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 308/2026, de 29/04/2026 · Recurso n.º 10622/2025 · ECLI:ES:TS:2026:2047 · STS 2047/2026

Sistematiza en tres bloques (28+7+7) los criterios de enjuiciamiento de la violencia de género y sexual con perspectiva de género: valoración de la declaración de la víctima, corroboraciones periféricas y motivación reforzada. Referencia transversal para la defensa: fija qué estándares debe superar la acusación.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 426/2026, de 24/06/2026

El Pleno de la Sala Segunda confirma la condena por un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género a un hombre que, durante el proceso de divorcio y sin previo aviso, dio de baja el suministro eléctrico de la vivienda familiar en la que se había quedado su esposa tras la separación de hecho, para forzarla a abandonarla. La Sala equipara esa baja al corte del suministro por la fuerza (por ejemplo, cortando los cables): que el contrato estuviera a su nombre no le autorizaba a anular un servicio necesario para el uso de la vivienda común con una finalidad de compulsión, en lugar de esperar a que el proceso de familia resolviera. Advierte, sin embargo, de que este criterio no se traslada de forma automática a todo corte de suministros: frente a quien ocupa un inmueble ajeno sin derecho ni título alguno (por ejemplo, porque lo ha usurpado), la solución posiblemente sería distinta, y las circunstancias aconsejan no castigar al titular que deja de mantener o de pagar los suministros, ya sea porque falta el elemento «sin estar legítimamente autorizado» del artículo 172 del Código Penal, por no exigibilidad o para evitar un enriquecimiento injusto. Esa precisión sobre el ocupante sin título no es lo que se resolvió en el caso, que termina en condena. La sentencia lleva un voto particular de cuatro de los catorce magistrados del Pleno.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 463/2026, de 02/07/2026 · Recurso n.º 7636/2023 · ECLI:ES:TS:2026:3111 · STS 3111/2026

Un interno que cumplía varias penas de prisión salió de permiso y reingresó voluntariamente tres días después de la fecha fijada. La Audiencia Provincial había aplicado el segundo inciso del artículo 468.1 del Código Penal (multa de doce a veinticuatro meses, «en los demás casos»), razonando que durante el permiso no estaba físicamente privado de libertad. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación del Ministerio Fiscal y reitera la doctrina que la Sala ya había fijado en 2020: la expresión «si estuvieran privados de libertad» debe entenderse en sentido normativo, no fáctico, porque el permiso forma parte del cumplimiento de la pena de prisión. Cuando lo quebrantado es una pena privativa de libertad se aplica el primer inciso (prisión de seis meses a un año), y se repone la condena del Juzgado de lo Penal. Relevante para valorar el riesgo real de cualquier retraso en el reingreso.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 492/2026, de 10/07/2026 · Recurso n.º 10578/2025 · ECLI:ES:TS:2026:3217 · STS 3217/2026

En una importación de cocaína en maletas por vía aérea, un agente infiltrado se ofreció a facilitar la salida de la droga en el aeropuerto. El Tribunal Supremo rechaza que hubiera delito provocado: la incitación prohibida exige que los agentes, en lugar de investigar de forma esencialmente pasiva, influyan en el sujeto hasta llevarle a cometer un delito que de otro modo no habría cometido. Para decidirlo examina si existían sospechas objetivas previas y predisposición, y cuál fue la conducta policial; y recuerda que, si la alegación de provocación no es totalmente improbable, corresponde a la acusación probar que no la hubo, con acceso de la defensa al interrogatorio de los agentes. Aquí la estructura y los envíos eran anteriores a la infiltración, y los contactos previos a la habilitación formal del artículo 282 bis LECrim quedaban cubiertos por el artículo 282. La misma sentencia absuelve a un coacusado cuya identificación en juicio, por videoconferencia y casi dos años después de un contacto fugaz, no se valoró con el rigor exigible.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 495/2026, de 13/07/2026 · Recurso n.º 7384/2023 · ECLI:ES:TS:2026:3153 · STS 3153/2026

Una persona ofreció material informático por debajo del precio de mercado, alegando descuentos de distribuidores, y cobró dos transferencias sabiendo que no entregaría nada. La Audiencia Provincial absolvió en apelación por considerar que el relato de hechos probados no describía el engaño antecedente. El Tribunal Supremo estima el recurso del Ministerio Fiscal: aunque el relato «podía ser más explícito», recoge los elementos del negocio jurídico criminalizado, en el que el autor simula un propósito serio de contratar ocultando su intención de incumplir. Recuerda que el engaño es bastante cuando es suficiente y proporcional para lograr el desplazamiento patrimonial, valorado con módulos objetivos y según las condiciones de la víctima, y que lo decisivo es el dolo antecedente. Repone la condena de un año de prisión con la atenuante de dilaciones indebidas.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 486/2026, de 08/07/2026 · Recurso n.º 4018/2023 · ECLI:ES:TS:2026:3174 · STS 3174/2026

Condenado por malversación continuada en concurso medial con prevaricación administrativa, el acusado había consignado en el juzgado, años antes del juicio, una parte de lo reclamado, manifestando que se destinara de inmediato a la entidad perjudicada, aunque mantenía su inocencia. La Audiencia denegó la atenuante por la escasa cuantía. El Tribunal Supremo la aprecia: la atenuante del artículo 21.5 del Código Penal está objetivada y no exige arrepentimiento ni reconocimiento de los hechos; la reparación parcial vale si es significativa y anterior al juicio oral. No cuentan, en cambio, las cantidades obtenidas por embargo ni la mera fianza en garantía de lo que se resuelva, a diferencia de la consignación solutoria. Además, anula la indemnización por sumar dos métodos de cálculo incompatibles y difiere su fijación a la ejecución (artículo 115 del Código Penal).

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 352/2026, de 20/05/2026

La Sala Segunda fija los primeros criterios interpretativos de la Ley Orgánica 1/2026, que endureció la respuesta penal a la multirreincidencia en los delitos contra el patrimonio. La sentencia distingue los dos mecanismos de la reforma: el artículo 234.2 del Código Penal permite computar antecedentes por delitos leves y menos graves, mientras que la hiperagravación del artículo 235.1.7.ª solo computa condenas por delitos menos graves o graves. En cuanto al régimen transitorio, aclara que las condenas firmes anteriores a la entrada en vigor de la reforma se computan cuando el nuevo hecho se comete después del 10 de abril de 2026: lo determinante es la fecha del nuevo delito, no la antigüedad de los antecedentes. Una referencia obligada para cualquier defensa por hurto con antecedentes tras la reforma.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 30/06/2026 · Recurso n.º 6906/2023

El Tribunal Supremo perfila el presupuesto de los delitos de violencia de género construidos sobre la relación de análoga afectividad a la matrimonial «aun sin convivencia». La Sala aclara que este presupuesto no exige convivencia, formalización, fidelidad, un proyecto matrimonial ni expectativas compartidas de futuro; basta una relación sentimental íntima que traspase la simple amistad. La duración es relevante pero no decisiva: una relación breve puede integrar el presupuesto típico si presenta notas de intensidad, frecuencia de trato, intimidad o exteriorización, o si el hecho aparece conectado con dinámicas de celos o dominación. La doctrina es clave para discutir, caso por caso, si unos hechos deben calificarse por los tipos de violencia de género o por los tipos comunes.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 01/07/2026 · Recurso n.º 1245/2024

En una causa por tentativa de homicidio cometida utilizando un vehículo de motor, el Tribunal Supremo rechaza que en fase de ejecución pueda condenarse al pago a una entidad aseguradora que no fue traída al procedimiento como responsable civil ni condenada en el juicio oral. La Sala recuerda que la fase de ejecución sirve para cumplir lo resuelto, no para ampliar subjetivamente la condena: introducir después de la firmeza obligados al pago cuya responsabilidad no fue solicitada, debatida ni recogida en el fallo vulnera la seguridad jurídica y el derecho de defensa. La doctrina interesa tanto a las defensas como a los responsables civiles: las pretensiones indemnizatorias deben ventilarse en el juicio, con contradicción plena, y no recuperarse por la puerta de atrás en ejecución.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 01/07/2026 · Recurso n.º 10062/2026

El Tribunal Supremo admite que la responsabilidad civil derivada del delito puede extenderse a favor de terceros que, con un título jurídico válido, asumieron los costes del daño y ostentan acción de repetición o de subrogación: es el caso de la entidad que abonó los gastos sanitarios de la víctima. La Sala reconoce la procedencia del concepto indemnizatorio y permite diferir su acreditación exacta a la fase de ejecución, siempre con posibilidad de contradicción para las partes. La resolución ordena el modo de reclamar en el proceso penal los gastos médicos derivados del delito conforme al régimen de los artículos 109 y siguientes del Código Penal, y evita duplicar pleitos civiles posteriores.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 18/06/2026 · Recurso n.º 325/2024

El Tribunal Supremo recuerda que la retractación de un testigo en el juicio oral no impide valorar sus declaraciones anteriores prestadas ante el juez de instrucción, siempre que se incorporen debidamente al plenario mediante su reproducción o lectura y se someta la contradicción al interrogatorio de las partes. El tribunal puede motivadamente preferir la versión sumarial si, tras un análisis riguroso de credibilidad, resulta más fiable, atendiendo a la persistencia de las manifestaciones, la existencia de elementos objetivos de corroboración y la ausencia de móviles de incredibilidad que expliquen el cambio de versión. Una doctrina de manejo constante en la práctica, tanto para sostener la acusación como para desmontarla cuando la versión inicial carece de corroboración.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 17/06/2026 · Recurso n.º 8306/2023

El Tribunal Supremo sistematiza cómo se impugnan en casación los autos de sobreseimiento libre: la vía es la infracción de ley del artículo 849 de la LECrim, y el recurso debe respetar escrupulosamente el relato fáctico fijado en el auto, discutiendo únicamente su calificación jurídica. En el caso, la Sala confirma el sobreseimiento de una querella por estafa porque los hechos descritos no contenían los elementos esenciales del tipo: un engaño precedente bastante y un acto de disposición patrimonial causado por el error. La resolución es una guía útil en dos direcciones: para las defensas, sobre cómo consolidar un sobreseimiento; para las acusaciones, sobre la necesidad de que la imputación describa con precisión el engaño y el desplazamiento patrimonial de los artículos 248 y 249 del Código Penal.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 04/06/2026 · Recurso n.º 6592/2023

En un asunto de homicidio por imprudencia, el Tribunal Supremo confirma la compatibilidad de las indemnizaciones reconocidas a los herederos de la víctima con las que corresponden a los perjudicados por el fallecimiento. La Sala aplica el criterio del sistema legal de valoración de los daños en accidentes de circulación, que permite acumular la indemnización por las lesiones temporales que la víctima padeció en vida —crédito que se transmite a sus herederos— con las indemnizaciones autónomas derivadas del fallecimiento a favor de los perjudicados. La sentencia ordena una materia con gran trascendencia económica en los procesos por imprudencias con resultado de muerte, del artículo 142 del Código Penal.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 24/06/2026 · Recurso n.º 7883/2023

El Tribunal Supremo perfila el modelo de consentimiento afirmativo que introdujo la reforma de la LO 10/2022 en los delitos contra la libertad sexual. La Sala razona que no basta con que el autor «crea» que existe consentimiento: debe tener la seguridad, según las circunstancias del caso, de que la otra persona está consintiendo el acto sexual concreto. El consentimiento ha de exteriorizarse de forma libre y clara y es revocable en cualquier momento, de modo que su presencia se valora acto por acto y no se presume por relaciones previas ni por la ausencia de una negativa expresa. La resolución es útil para orientar la prueba de la libertad sexual conforme al artículo 178 del Código Penal.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 24/06/2026 · Recurso n.º 3878/2023

El Tribunal Supremo recuerda que la agravante de reincidencia no puede aplicarse sobre presunciones en contra del reo. Para apreciarla, la acusación debe acreditar todos sus presupuestos: la firmeza de la condena anterior, que se trate de un delito comprendido en el mismo título y de la misma naturaleza, la pena impuesta y, muy en particular, los datos temporales que permitan descartar que los antecedentes estuvieran ya cancelados o fueran cancelables. La Sala precisa que «no se trata de presumir la cancelación, sino de impedir que se presuma contra el reo la subsistencia de un presupuesto agravatorio que no ha quedado probado». Una doctrina de gran utilidad práctica para discutir la reincidencia cuando la sentencia no detalla las fechas de extinción de las penas previas.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 26/06/2026 · Recurso n.º 4115/2023

El Tribunal Supremo vuelve sobre los límites del principio acusatorio en un asunto de malversación de caudales públicos. La Sala aclara que la sentencia debe respetar la esencialidad de los hechos por los que se acusó, pero no está obligada a ajustarse miméticamente a cada detalle del escrito de acusación: cabe enriquecer o precisar descriptivamente el relato siempre que no se altere el núcleo fáctico de la imputación ni se introduzca una sorpresa material para la defensa. Lo decisivo es que la persona acusada haya podido defenderse de los hechos nucleares, no la coincidencia literal con cada extremo secundario. La resolución ofrece criterios prácticos para delimitar cuándo una variación en los hechos probados respeta el derecho de defensa.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 11/06/2026 · Recurso n.º 8489/2023

El Tribunal Supremo delimita cuándo un documento privado falso se transforma en documento oficial a efectos penales. La Sala precisa que no basta con que el documento se haya creado para ser incorporado a un expediente administrativo y efectivamente se incorpore: es necesario, además, que sirva de base o fundamento de una declaración o resolución oficial. Solo entonces la resolución dictada por el funcionario a partir de los datos aportados por el particular comunica al documento privado su naturaleza oficial. Sin ese fundamento resolutivo, la conducta falsaria no alcanza la modalidad más grave y puede resultar atípica como falsedad en documento oficial. La resolución es útil para discutir la calificación de las falsedades que acaban en expedientes de la Administración.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 04/06/2026 · Recurso n.º 7337/2023

El Tribunal Supremo aborda la extensión a los hijos menores de las prohibiciones de aproximación y comunicación en un contexto de amenazas graves y de la llamada violencia vicaria, entendida como la instrumentalización de los hijos como medio de represalia contra la madre. La Sala razona que estas medidas del artículo 48 del Código Penal tienen una naturaleza preventivo-protectora y pueden alcanzar a los menores, pero no de forma automática: su extensión exige que en los hechos probados quede acreditado un riesgo objetivo, concreto y fundado, no meramente hipotético ni sustentado en presunciones genéricas. La resolución fija un criterio equilibrado para proteger al entorno familiar vulnerable sin desbordar los presupuestos de la medida.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 318/2026, de 29/04/2026 · Recurso n.º 7186/2023

El Tribunal Supremo desestima el recurso y confirma la condena por dos delitos de embaucamiento de menores con fines sexuales del artículo 183 del Código Penal (conducta que, antes de la reforma de la LO 10/2022, se numeraba como artículo 183 ter). La Sala precisa que condenar por esa figura, cuando la acusación se había planteado de otro modo, no vulnera el principio acusatorio: se trata de tipos homogéneos, que protegen el mismo bien jurídico y se ubican en el mismo título, sin alteración sustancial de los hechos. Y aclara su relación con la pornografía infantil del artículo 189: el embaucamiento dirigido a obtener material de un menor constituye un estadio previo —de preparación o tentativa— que avanza más que la mera solicitud, y se castiga aunque no llegue a consumarse aquel delito. Una resolución de interés para delimitar las conductas de captación de menores a través de la red.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 321/2026, de 05/05/2026 · Recurso n.º 5027/2023 · ECLI:ES:TS:2026:2083 · STS 2083/2026

El Tribunal Supremo desestima el recurso y precisa el alcance del principio acusatorio cuando la acusación cita erróneamente el precepto penal. La Sala razona que el error en la numeración de los artículos no produce indefensión material si el relato de hechos permitía conocer con claridad la conducta imputada, su elemento agravatorio y su relevancia jurídico-penal. Lo determinante es que la persona acusada haya podido defenderse de los hechos, y no la corrección formal de la cita, siempre que el error fuera reconocible, no introdujera elementos nuevos e imprevisibles y la descripción fáctica contuviera los elementos esenciales del tipo. La resolución se apoya en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el conocimiento de la acusación y resulta útil para discutir la validez de las calificaciones defectuosas.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 13/05/2026 · Recurso n.º 4799/2023

El Tribunal Supremo desestima el recurso y aborda una cuestión sensible del derecho de defensa: si dos personas acusadas en la misma causa pueden compartir abogado cuando una se conforma con la acusación y la otra mantiene su oposición. La Sala concluye que esa situación no genera de forma automática un conflicto de intereses que impida la defensa conjunta, siempre que lo admitido por quien se conforma no tenga eficacia vinculante sobre el coacusado que discrepa. La conformidad de uno no enerva la presunción de inocencia del otro, cuya condena debe sostenerse en prueba de cargo independiente. La resolución ofrece criterios prácticos sobre los límites de la defensa común de varios acusados.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 217/2026, de 16/03/2026 · Recurso n.º 3498/2023 · ECLI:ES:TS:2026:1330 · STS 1330/2026

El Tribunal Supremo confirma la condena por un delito de tenencia ilícita de armas a quienes poseían una defensa rígida extensible, cuya tenencia está prohibida con carácter general y solo se permite a los funcionarios policiales especialmente habilitados. La Sala recuerda que este delito protege la seguridad colectiva frente a la disponibilidad de instrumentos especialmente peligrosos, al margen de su uso efectivo, y que la calificación del objeto como arma prohibida deriva de la normativa administrativa de armas. La resolución es de interés para delimitar cuándo la mera posesión de determinados objetos rebasa la infracción administrativa y alcanza relevancia penal.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 21/05/2026 · Recurso n.º 4456/2023

El Tribunal Supremo precisa la naturaleza de la estafa impropia por doble venta del artículo 251.2 del Código Penal, un precepto autónomo al que no se trasladan sin más todos los elementos de la estafa común. La Sala subraya que este delito no exige una maniobra engañosa que determine el acto de disposición de la víctima: el perjuicio del primer adquirente no nace de un engaño, sino de una conducta posterior —la nueva transmisión del bien a un tercero— que desconoce su derecho. Por eso resulta indiferente que el segundo comprador actuara de buena o de mala fe. La resolución es útil para delimitar la frontera entre el simple incumplimiento civil y el delito en los casos de doble venta.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 302/2026, de 23/04/2026 · Recurso n.º 22254/2024

Al estimar un recurso de revisión promovido por el Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo recuerda que la firmeza de la sentencia que impuso la pena es un presupuesto indispensable del delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.1: sin una sentencia firme no hay pena ejecutable y, por tanto, no puede cometerse el delito. Al acreditarse después la fecha real en que la resolución ganó firmeza —un hecho nuevo a los efectos del artículo 954.1.d) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal—, la Sala anula dos condenas por quebrantamiento y, en una tercera, suprime la agravante de reincidencia. La resolución abre una vía para revisar condenas dictadas cuando la resolución supuestamente incumplida aún no era firme.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 355/2026, de 21/05/2026 · Recurso n.º 4044/2023

En un delito contra la libertad sexual cometido sobre una persona privada de sentido —donde, por su propia naturaleza, no suele haber prueba directa—, el Tribunal Supremo confirma una condena sostenida en prueba indiciaria. La Sala recuerda que la presunción de inocencia no exige siempre prueba directa: cabe condenar a partir de indicios cuando son plurales, están acreditados y conducen de forma tan coherente y sin fisuras a la conclusión incriminatoria que bloquean cualquier otra hipótesis razonable, siempre que el razonamiento del tribunal quede debidamente motivado. La unión de esos indicios con la prueba pericial puede así enervar la presunción de inocencia. Una referencia útil sobre el estándar probatorio cuando falta la prueba directa.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 21/05/2026 · Recurso n.º 10639/2025

El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispensa a la víctima de declarar contra su pariente, pero esa facultad no es ilimitada en el tiempo. En una causa por un delito de maltrato habitual del artículo 173.2 del Código Penal, el Tribunal Supremo reitera que quien se ha constituido en acusación particular y ha declarado en la fase de instrucción no recobra la dispensa por el solo hecho de cesar después en esa posición procesal. Al haberse personado como acusación, el tribunal no estaba obligado a advertirle del derecho a no declarar del artículo 416. La resolución es relevante para anticipar la validez de la declaración de la víctima en los procesos por violencia de género.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 14/05/2026 · Recurso n.º 8384/2023

El Tribunal Supremo delimita el acceso a la casación frente a los autos de sobreseimiento libre. La Sala recuerda que este recurso, por la vía del artículo 848 en relación con el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, exige que con anterioridad se haya dictado una resolución de imputación formal contra la persona investigada; cuando esa imputación no llegó a producirse, el recurso es inadmisible. La resolución insiste, además, en no confundir el sobreseimiento libre —que equivale a una absolución anticipada— con el provisional, y precisa los estrictos requisitos para revisar en casación el archivo de una causa.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 368/2026, de 27/05/2026 · Recurso n.º 3897/2023 · ECLI:ES:TS:2026:2357 · STS 2357/2026

Un conductor que había perdido todos los puntos del permiso exhibió a los agentes un permiso de conducción a nombre de otra persona para ocultar que no podía conducir. Fue condenado por el art. 384 CP y por uso de documento oficial ajeno (art. 400 bis en relación con los arts. 393 y 392.1 CP) y recurrió con apoyo en la sentencia del Pleno 396/2021: ningún tercero identificado podía resultar perjudicado. El Tribunal Supremo recuerda que el perjuicio que exige el art. 393 ha de ser real y efectivo, no hipotético, aunque no hace falta que se consume. Pero distingue el caso de la tarjeta de estacionamiento, que no sirve para identificar a su titular, y aprecia ese perjuicio en la exhibición: se buscaba que los agentes tomaran el documento por propio para evitar el atestado, y el uso comprometía además a la persona identificada en él, como había dicho la STS 152/2026. El perjuicio no llegó a consumarse porque los agentes descubrieron el engaño, pero era efectivo. Desestima el recurso y confirma la condena.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 152/2026, de 23/02/2026 · Recurso n.º 5201/2023 · ECLI:ES:TS:2026:813 · STS 813/2026

Un conductor con el permiso sin vigencia enseñó a los agentes, como propio, el permiso de conducir de su hermano. La Audiencia Provincial de Barcelona lo absolvió por falta de perjuicio para un tercero y apuntó que los hechos encajaban en el art. 392.2 CP, por el que no se había acusado. El Tribunal Supremo estima el recurso del Fiscal. Rechaza enlazar el art. 400 bis con el 392.2 (el documento no era falso y una exhibición ocasional no es traficar) y lo remite al art. 393: el 400 bis no convierte en falso el documento auténtico ni rebaja los elementos del tipo de referencia, de modo que sigue siendo necesario usarlo para perjudicar a otro, y ese perjuicio no puede identificarse con el interés del Estado en que no se usen documentos falsos. Pero lo aprecia: usar el permiso de otro supone aceptar el riesgo de involucrarlo en las consecuencias de las diligencias penales que se abren con esa identificación, y aquí el permiso quedó intervenido. Restablece la condena de tres meses de prisión y tres meses de multa. Un voto particular defiende la vía del art. 392.2 y niega que se buscara perjudicar al hermano.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 396/2021, de 06/05/2021 · Recurso n.º 275/2019 · ECLI:ES:TS:2021:1851 · STS 1851/2021

Una persona usó para aparcar, sin ser su titular, la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad expedida a nombre de su hermano. El Pleno de la Sala Segunda confirma que la tarjeta es un documento oficial, pero el art. 393 CP, con el que se combina el 400 bis, exige usarlo «para perjudicar a otro», y ese perjuicio ha de ser real y efectivo, no meramente hipotético; no hace falta que llegue a consumarse. Esa lectura restrictiva la impone el principio de intervención mínima. El perjuicio a los titulares que pudieran quedarse sin plaza es, por lo general, hipotético, y el perjuicio de otro no puede identificarse con el interés general del Estado o del colectivo en que se respeten las normas: con ese argumento cualquier uso de un documento falso sería delito. Tampoco cabe acudir al art. 399, porque la tarjeta no es una certificación de escasa trascendencia. Desestima el recurso del Fiscal y mantiene el sobreseimiento libre: la respuesta corresponde al Derecho administrativo sancionador.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 232/2022, de 14/03/2022 · Recurso n.º 2509/2019 · ECLI:ES:TS:2022:965 · STS 965/2022

Unos comerciales y el gerente de una cooperativa confeccionaron contratos de agencia antedatados, con cláusulas que nunca se pactaron, para reclamar a la empresa más de 334.000 euros en un pleito civil. El Pleno de la Sala Segunda confirma que es una simulación del art. 390.1.2.º CP: se creó el documento para acreditar en el tráfico una relación negocial con contenidos inexistentes, línea que la Sala vincula al Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 26 de febrero de 1999. Pero reajusta el concepto de documento mercantil del art. 392: solo lo son, a estos efectos, los que por la confianza que generan en terceros pueden afectar a la seguridad del tráfico mercantil en su dimensión colectiva. Cita, a título de ejemplo, los títulos valor, los libros y documentos contables, las actas de juntas, los contratos tipo de seguro, banca o financiación, los contratos sometidos a supervisión pública y los documentos que, con apariencia de responder al giro de una empresa, buscan cometer delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, fraudes de subvenciones u obtener financiación bancaria. Los demás, aunque documenten operaciones mercantiles (contratos sin relevancia para terceros, presupuestos, tiques, albaranes, recibos), quedan en el documento privado del art. 395. Condena por este último, a un año y tres meses de prisión.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 241/2023, de 30/03/2023 · Recurso n.º 2226/2021 · ECLI:ES:TS:2023:1320 · STS 1320/2023

A petición de una empleada, un proveedor emitió a nombre de la empresa de ella una factura por metros de tubería que encubría la compra de un televisor para uso particular de la empleada, y la empresa la pagó. El Tribunal Supremo considera la factura un documento simulado del art. 390.1.2.º CP, porque no hay coincidencia ni en el objeto ni en las partes de la operación: se creó para dar cobertura formal a una operación distinta de la real. Pero, aplicando de oficio la doctrina del Pleno de la STS 232/2022, entiende que esa factura carece de potencialidad para lesionar la seguridad del tráfico mercantil en sentido colectivo y condena al proveedor por falsedad en documento privado del art. 395, no del 392, con seis meses de prisión.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 269/2023, de 19/04/2023 · Recurso n.º 2544/2021 · ECLI:ES:TS:2023:1646 · STS 1646/2023

En la venta de un local se escrituró un precio inferior al pactado y la diferencia, 2,9 millones de euros más IVA, se pagó contra una factura de una sociedad por una intermediación inmobiliaria que nunca existió, para no tributar por esa parte del precio. El recurrente alegaba que la factura era genuina y que su falsedad sería ideológica, atípica para un particular. El Tribunal Supremo lo rechaza: un documento genuino entre quienes lo firman pero inauténtico en su contenido, porque refleja una operación inexistente, es una simulación del art. 390.1.2.º CP, criterio que la Sala vincula al Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 26 de febrero de 1999. Y, al haberse elaborado para cometer un delito contra la Hacienda Pública, tiene la especial intensidad lesiva que la STS 232/2022 exige para el art. 392. Confirma la condena por delito fiscal y por falsedad en documento mercantil.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 1033/2024, de 14/11/2024 · Recurso n.º 1595/2022 · ECLI:ES:TS:2024:5577 · STS 5577/2024

Entre otras cuestiones, la sentencia revisa la condena por un delito continuado de falsedad basada en certificaciones de obra y facturas que reflejaban obras y pagos verdaderos, pero incompletos: omitían partidas, desembolsos y conceptos. El Tribunal Supremo recuerda que el particular solo responde por las falsedades de los tres primeros números del art. 390.1 CP y que la de faltar a la verdad en la narración de los hechos (390.1.4.º) quedó fuera de su alcance en el Código de 1995. La simulación del 390.1.2.º, que la Sala vincula al Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 26 de febrero de 1999, exige un documento que recoja algo totalmente inveraz o absolutamente ficticio, creado para acreditar una relación jurídica inexistente. Las inveracidades parciales, como consignar en una factura un precio distinto del real, no reflejar todas las obras u omitir conceptos, no desbordan el 390.1.4.º. Absuelve de la falsedad.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 28/05/2026 · Recurso n.º 10709/2025

¿Hasta qué momento puede la defensa cuestionar un informe pericial? En una causa por asesinato, el Tribunal Supremo responde que, cuando la parte acusada no expresa en su escrito de calificación provisional su oposición o su discrepancia con el dictamen pericial practicado, ni solicita su aclaración o ampliación, ese informe adquiere el carácter de prueba constituida, aceptada y consentida de forma implícita. Las objeciones sobre la metodología o las deficiencias del perito deben plantearse en el momento procesal oportuno, y no por primera vez en casación. La resolución recuerda la importancia de impugnar la prueba pericial en tiempo y forma.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 277/2026, de 09/04/2026 · Recurso n.º 10605/2025

El Tribunal Supremo confirma la condena por piratería del timonel de un velero cargado de cocaína que, para eludir su interceptación, embistió de forma deliberada a una embarcación de Vigilancia Aduanera, provocando la caída al mar y la muerte de uno de los agentes. La Sala rechaza que el delito de piratería del artículo 616 ter exija un ánimo de lucro: basta una conducta violenta proyectada sobre una embarcación que comprometa la seguridad de la navegación. Descarta además que castigar a la vez la piratería y el homicidio infrinja el principio non bis in idem, porque cada figura protege un bien jurídico distinto; pero, como ambos delitos nacen de una sola acción, estima en parte el recurso, aprecia un concurso ideal (art. 77.2 CP) en lugar de sumar las penas y fija 20 años de prisión por el homicidio con atentado y la piratería, además de la pena por el delito contra la salud pública.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 179/2026, de 27/02/2026 · Recurso n.º 4532/2023

Al desestimar un recurso frente a una sentencia de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo examina un delito continuado de administración desleal societaria y, sobre todo, el alcance de la responsabilidad civil del asegurador. La Sala confirma que las operaciones enjuiciadas integran una "unidad de siniestro": varios actos delictivos pueden constituir un solo siniestro cuando derivan de una misma causa, aunque se trate de hechos aislados, sucesivos o continuados. En consecuencia, la responsabilidad de la aseguradora queda limitada al capital máximo asegurado en la póliza. La resolución tiene especial interés para la defensa en delitos económicos cubiertos por seguros de responsabilidad civil.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 21/04/2026 · Recurso n.º 20486/2025

¿Es válido el registro de una vivienda compartida si solo uno de sus moradores presta el consentimiento? El Tribunal Supremo responde que sí, y aprovecha para recordar qué protege exactamente la garantía de inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 de la Constitución. La Sala rechaza una lectura fragmentaria del domicilio —no se reduce a "una cama o una habitación"— y entiende que ampara todo el espacio donde se desarrolla la privacidad. Cuando varios moradores conviven sin un conflicto de intereses aparente, el consentimiento de uno de ellos habilita la entrada sin necesidad de recabar el de la persona investigada. Una resolución útil para valorar la validez de los registros domiciliarios y de la prueba obtenida en ellos.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 218/2026, de 17/03/2026 · Recurso n.º 4722/2023

El Tribunal Supremo confirma la condena de un hombre por dos delitos continuados de agresión sexual cometidos sobre sus hijastras menores de edad. La Sala reitera que la presunción de inocencia no impide condenar a partir del testimonio único de la víctima, siempre que la valoración de esa prueba esté debidamente motivada y sea racional. La resolución recuerda además que la denegación de prueba solo prospera en casación cuando se cumplieron los requisitos formales —protesta en tiempo y forma— y los materiales —que la prueba fuera necesaria, y no solo pertinente—. Un pronunciamiento relevante para entender el estándar probatorio en los delitos sexuales contra menores.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 85/2026, de 05/02/2026 · Recurso n.º 6855/2023

El Tribunal Supremo estima el recurso y absuelve a una mujer que había sido condenada por un delito contra la salud pública por el solo hecho de convivir con un traficante y conocer y tolerar su actividad. La Sala subraya que el conocimiento no equivale a participación: para condenar se necesita prueba de actos concretos que faciliten el delito, no la mera cohabitación. En el caso, los hechos probados presentaban un grave déficit descriptivo sobre qué había hecho realmente la acusada. La sentencia es una referencia útil frente a las imputaciones por "entorno" en las causas de narcotráfico.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 09/04/2026 · Recurso n.º 6305/2023

El recurso de casación por adhesión suele entenderse como un apéndice del recurso principal, pero el Tribunal Supremo le reconoce un alcance más amplio. La Sala admite que la adhesión funcione como un recurso autónomo, con pretensiones propias e incluso contrarias a las del recurrente principal, en dos supuestos: cuando introduce un nuevo objeto de impugnación que beneficia a la persona acusada, y cuando la formula una parte que, sin sufrir un gravamen propio, podría verse afectada si prospera el recurso principal. La resolución amplía el margen de maniobra de la defensa en la fase de casación.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 26/02/2026 · Recurso n.º 7159/2023

¿Dónde termina la libertad de expresión y empieza el delito de odio? El Tribunal Supremo recuerda que la libertad de expresión, aun siendo un derecho de primer orden, no es ilimitada y no protege el discurso que incita a la violencia por razón de raza o de creencias. En el caso enjuiciado, la Sala confirma la condena de quien difundió en redes sociales mensajes despectivos e incitadores contra menores extranjeros no acompañados. El pronunciamiento ayuda a situar la frontera entre la opinión hiriente, pero lícita, y la conducta típica del artículo 510 del Código Penal.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 202/2026, de 05/03/2026 · Recurso n.º 4869/2023

En una causa por maltrato y amenazas en el ámbito de la violencia de género, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y deja clara una regla básica de esta vía de impugnación: cuando se recurre por infracción de ley, los hechos declarados probados por el tribunal de instancia son de obligado respeto. El recurrente pretendía, en realidad, que la Sala revalorara la prueba y revisara la credibilidad atribuida a la víctima, algo que la casación del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite. La resolución recuerda con nitidez qué se puede y qué no se puede discutir en casación.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 15/01/2026 · Recurso n.º 2238/2023

El Tribunal Supremo confirma una condena de tres años de prisión por estafa agravada por la cuantía y aprovecha para precisar el alcance de la atenuante de dilaciones indebidas. La Sala recuerda que, para apreciarla como "muy cualificada" —y rebajar la pena de forma sustancial—, no basta un retraso ordinario: el retardo debe superar lo extraordinario y adentrarse en lo desmesurado, o ir acompañado de un perjuicio añadido. En una causa objetivamente compleja, su tramitación dilatada no convierte sin más la demora en extraordinaria. Una pauta importante para calibrar las expectativas de rebaja de pena por la duración del proceso.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 17/04/2026 · Recurso n.º 4736/2023

La intervención de las comunicaciones es una de las injerencias más intensas en los derechos fundamentales, y el Tribunal Supremo vuelve a fijar su listón. En una causa por robo continuado con fuerza en casa habitada, la Sala reitera que la autorización judicial de una escucha no puede apoyarse en intuiciones ni en hipótesis policiales: exige verdaderos indicios, esto es, "sospechas fundadas apoyadas en datos objetivos". Cuando ese soporte falta, la diligencia es cuestionable y, con ella, la prueba que de la misma derive. La resolución es de interés directo para el control de la prueba en la defensa penal.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 13/04/2026 · Recurso n.º 4211/2023

Cuando una misma víctima menor sufre varias agresiones sexuales, su calificación como delito continuado tiene una incidencia directa en la pena. El Tribunal Supremo precisa los requisitos para apreciar esa continuidad, que el art. 74 CP formula así: que las conductas respondan a un plan preconcebido o aprovechen una idéntica ocasión (son alternativos, apdo. 1) y, en los delitos sexuales, que afecten al mismo sujeto pasivo (apdo. 3). La sentencia ordena así el tratamiento penal de los abusos reiterados y orienta tanto la calificación de la acusación como la estrategia de la defensa.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 25/03/2026 · Recurso n.º 8231/2023

Determinar qué tribunal debe juzgar un delito de tráfico de drogas cometido por una organización no es una cuestión menor: condiciona toda la causa. El Tribunal Supremo aclara que la competencia de la Audiencia Nacional exige dos requisitos que han de concurrir conjuntamente: que exista una banda organizada y que los efectos del tráfico se difundan por el territorio de varias audiencias. Lo decisivo es esa difusión territorial, y no dónde residen los miembros del grupo ni por dónde se mueven en su operativa. La resolución ofrece un criterio claro para plantear cuestiones de competencia.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 188/2026, de 04/03/2026 · Recurso n.º 20212/2025 · ECLI:ES:TS:2026:1145 · STS 1145/2026

El Tribunal Supremo aborda un problema frecuente en la ejecución penal: el enlace o refundición de condenas. La Sala concluye que no cabe enlazar condenas ya extinguidas con otras nuevas, por la vía del artículo 193.2 del Reglamento Penitenciario, cuando la prisión preventiva que interrumpió la excarcelación procede de hechos delictivos distintos de los que motivan la nueva condena. Aunque la relación de sujeción penitenciaria no se rompa, no es admisible que la presunta comisión de un delito diferente sirva para enlazar penas que no eran refundibles. Una resolución de interés para el cálculo del límite máximo de cumplimiento.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 944/2025, de 17/11/2025 · Recurso n.º 1832/2023 · ECLI:ES:TS:2025:5337 · STS 5337/2025

El Tribunal Supremo confirma la condena por conducir sin permiso un patinete eléctrico de 1.900 vatios capaz de alcanzar 45 km/h, al que considera, en realidad, un ciclomotor. La Sala fija un criterio importante: la clasificación de un vehículo se determina por sus características técnicas reales, y no por su apariencia. Que un vehículo se parezca a un patinete de movilidad personal no lo convierte en tal: estos están limitados a una velocidad de diseño de entre 6 y 25 km/h, mientras que un ciclomotor puede llegar a 45 km/h y exige permiso de conducción. La resolución tiene un interés práctico inmediato ante la proliferación de vehículos de movilidad de alta potencia.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 09/04/2026 · Recurso n.º 5276/2023

No toda lesión causada con un objeto peligroso conlleva, de forma automática, la pena agravada. El Tribunal Supremo recuerda que el subtipo del artículo 148.1 del Código Penal —lesiones con instrumentos, medios o métodos peligrosos— es de aplicación facultativa para el tribunal. Se trata de un delito de peligro concreto con un doble sustrato: uno objetivo, ligado a la naturaleza del instrumento, y otro subjetivo, relativo a cómo se emplea. El tribunal debe valorar el mecanismo con que se produjo la lesión, el riesgo real de un resultado grave y la antijuridicidad de la conducta. La resolución abre margen de defensa frente a la aplicación mecánica de la agravación.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 16/04/2026

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de la empresa reclamante y confirma la absolución de un jugador de fútbol y de varios exdirectivos de un club en relación con un fichaje de 2013. La Sala razona que el acuerdo enjuiciado perseguía asegurar una preferencia para cuando el futbolista quedara libre, y no defraudar los derechos económicos de la empresa, que percibió la parte que le correspondía del traspaso. Subraya que los incumplimientos contractuales pertenecen al ámbito civil o mercantil y no se transforman en delito de corrupción entre particulares ni de estafa salvo que se acredite un engaño doloso. La resolución delimita la frontera entre el conflicto contractual y el ilícito penal.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 04/03/2026 · Recurso n.º 3401/2025

El derecho de defensa incluye saber con exactitud de qué se acusa a una persona. El Tribunal Supremo lo recuerda al anular una condena en la que el órgano judicial modificó la calificación de los hechos —de un delito de acoso del artículo 172 ter a unas coacciones leves— sin advertir previamente a la persona acusada. Aunque se trate de delitos homogéneos, condenar por una calificación distinta sin dar a la defensa tiempo para preparar su respuesta vulnera el derecho a la información en el proceso penal reconocido por la Directiva 2012/13/UE. La resolución refuerza una garantía esencial frente a las recalificaciones sorpresivas.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 24/03/2026 · Recurso n.º 10556/2025

¿A partir de qué momento una agresión sexual deja de ser un acto preparatorio impune y pasa a ser punible como tentativa? El Tribunal Supremo responde que existe tentativa desde que se realiza cualquier acto que, conforme a una concepción natural, forme parte de la acción ejecutiva. En una agresión sexual, emplear violencia para vencer la resistencia de la víctima constituye ya un comienzo de ejecución del delito. La sentencia traza con claridad la frontera entre la preparación y la tentativa, una distinción decisiva para la calificación y para la pena.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 47/2026, de 28/01/2026 · Recurso n.º 3204/2023

El Tribunal Supremo desestima el recurso del Ministerio Fiscal y confirma una absolución por delito contra la salud pública. Conforme a la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, no tienen la consideración de cannabis las semillas ni las hojas de la planta que no estén unidas a las sumidades floridas, por lo que quedan fuera del concepto penal de droga tóxica o estupefaciente. La Sala advierte de que ampliar ese concepto sin un instrumento normativo que lo respalde vulneraría la tipicidad y la seguridad jurídica, sin perjuicio de la eventual sanción administrativa. Un criterio relevante para la defensa en causas de cultivo y posesión de cannabis.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 25/02/2026

El Tribunal Supremo precisa el régimen de control de la competencia objetiva, presupuesto procesal de orden público apreciable de oficio. La Sala recuerda que el recurso de casación contra autos solo procede en los casos en que la ley lo autoriza de modo expreso (artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y que la infracción de las normas de competencia puede hacerse valer en casación. Un análisis de utilidad práctica para articular la respuesta frente a una declinatoria de competencia.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 26/03/2026 · Recurso n.º 3274/2023

Dos personas pueden difundir una información reservada y responder, sin embargo, por delitos distintos. El Tribunal Supremo deslinda el delito de descubrimiento y revelación de secretos de los artículos 197 y 198 del delito de violación de secretos cometido por autoridad o funcionario del artículo 417. La clave está en cómo se accedió a la información: el artículo 197 presupone un acceso no autorizado, mientras que el artículo 417 castiga a quien revela datos a los que llegó legítimamente por razón de su cargo. La resolución es útil para una calificación correcta en los casos de filtración de información reservada.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 58/2026, de 29/01/2026 · Recurso n.º 2647/2023 · ECLI:ES:TS:2026:257 · STS 257/2026

En una causa seguida ante el Tribunal del Jurado por asesinato y homicidios en grado de tentativa, el Tribunal Supremo precisa cómo opera el control de estas resoluciones. La motivación del veredicto exige que el jurado enumere los medios de prueba empleados, y corresponde al Magistrado-Presidente desarrollarla en la sentencia. Cuando el asunto llega a casación después de haber pasado por la apelación, el examen del Supremo se limita a revisar la legalidad de la sentencia de apelación, respetando los hechos probados. La Sala confirma las condenas por asesinato y rebaja la pena de los homicidios intentados al rechazar agravantes.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 123/2026, de 12/02/2026 · Recurso n.º 3103/2023

El Tribunal Supremo confirma una condena por delito continuado de falsedad documental en concurso medial con estafa y por blanqueo de capitales, pero precisa los contornos de esta última figura. La Sala recuerda que el blanqueo exige actos dirigidos a ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, y no la mera posesión o utilización del dinero. Esta exigencia evita la vulneración del principio non bis in idem: no basta con realizar transferencias ordinarias para apreciar blanqueo si falta una finalidad de ocultación. La resolución es de interés directo para la defensa en delitos económicos.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 12/03/2026 · Recurso n.º 5149/2023

La práctica de la prueba se ha visto alterada por las herramientas digitales, y el Tribunal Supremo se pronuncia sobre una declaración testifical tomada a través de WhatsApp. La Sala considera que, aunque ese modo de declarar no sea ortodoxo, las irregularidades meramente formales no invalidan la prueba si no afectan a principios procesales básicos. En el caso, la identidad de la testigo se tuvo por notoria y no fue impugnada, y sus gestos, su actitud y la espontaneidad de sus respuestas evidenciaron que declaraba conforme a su conocimiento real de los hechos. La resolución ofrece criterios para discutir la validez de la prueba practicada por medios no presenciales.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 20/2026, de 20/01/2026 · Recurso n.º 3243/2023

El Tribunal Supremo desestima los motivos del recurso relativos a la imparcialidad, a las preguntas sugestivas y a la valoración de la prueba, pero estima en parte la impugnación por la aplicación retroactiva de la Ley Orgánica 10/2022. Sobre las preguntas sugestivas, la Sala precisa que su admisión es, en principio, una mera irregularidad, denunciable en casación solo si llegó a vulnerar un derecho fundamental de carácter procesal. Y aplica la doctrina del Pleno sobre la ley penal más favorable: cuando en su día se impuso el mínimo legal entonces vigente, debe aplicarse el nuevo mínimo más beneficioso, lo que en el caso supone rebajar la pena de seis a cuatro años de prisión. Una resolución útil para las revisiones de condena pendientes.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 227/2026, de 19/03/2026 · Recurso n.º 5588/2023 · ECLI:ES:TS:2026:1304 · STS 1304/2026

Cuando un tribunal rebaja la pena en un grado, ¿qué ocurre con la multa? El Tribunal Supremo, en una causa por delito contra la salud pública, responde que la reducción debe proyectarse sobre todas las penas, incluidas las multas proporcionales. Para ello aplica la analogía in bonam partem, en línea con el Acuerdo del Pleno de la Sala de 22 de julio de 2008, y degrada también la multa complementaria. La resolución aporta seguridad a un punto del cálculo de la pena que con frecuencia se pasa por alto.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 1040/2025, de 17/12/2025 · Recurso n.º 21646/2024 · ECLI:ES:TS:2025:5831 · STS 5831/2025

El Tribunal Supremo anula en parte una sentencia, en lo relativo a la condena por quebrantamiento de medida cautelar, tras comprobar que el acusado había sido condenado dos veces por unos mismos hechos. La Sala acude a la causa de revisión del artículo 954.1.c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y razona que la vulneración de la prohibición de bis in idem constituye una lesión del valor de la justicia. La consecuencia es la prevalencia de la primera sentencia y la nulidad de la segunda. La resolución muestra una vía eficaz para corregir las dobles condenas.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 97/2026, de 06/02/2026 · Recurso n.º 7058/2023 · ECLI:ES:TS:2026:474 · STS 474/2026

El Tribunal Supremo mantiene una sentencia absolutoria y recuerda que el delito de amenazas no se conforma con cualquier expresión desafortunada. Exige una conducta realmente intimidante, dotada de seriedad, credibilidad y entidad suficiente para afectar a la libertad y la seguridad de la persona destinataria. En el caso, la propia denunciante había calificado las expresiones como "una broma que se pasó de la raya" y había afirmado que "no se sintió amenazada", de modo que el bien jurídico protegido no llegó a resultar afectado y faltó la tipicidad material. La resolución es relevante para la defensa frente a imputaciones por amenazas de escasa entidad.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 21/04/2026 · Recurso n.º 5767/2023

No todo aprovechamiento de una creación ajena llega al ámbito penal. El Tribunal Supremo recuerda que el artículo 270 del Código Penal castiga la reproducción, el plagio y la distribución de obras sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, pero que su aplicación exige acreditar la preexistencia de una obra original sobre la que recaiga la conducta. La sentencia perfila los elementos del tipo y, sobre todo, su deslinde respecto de los conflictos de naturaleza estrictamente civil.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 16/04/2026 · Recurso n.º 10454/2025

En un juicio con jurado por asesinato se planteó si advertir a los jurados de que una declaración era nula podía contaminar su decisión. El Tribunal Supremo responde que no: informar al jurado de que la declaración prestada por la acusada sin asistencia de letrado carece de validez no vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías. La advertencia sobre la invalidez de esa diligencia no perjudica el enjuiciamiento ni el derecho de defensa. La resolución ofrece pautas para el tratamiento de la prueba nula ante el Tribunal del Jurado.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 12/03/2026 · Recurso n.º 8303/2023

La falta de fechas exactas es habitual en los abusos sexuales prolongados en el tiempo, y a menudo se invoca como obstáculo para la condena. El Tribunal Supremo admite el delito continuado en agresiones sexuales sucesivas contra la misma víctima cuando, aun sin poder fijarse fechas precisas, los hechos probados presentan claridad, diferenciación y una secuencia temporal suficiente. El acto más grave —la penetración— atrae al resto de conductas para integrar la continuidad delictiva del artículo 74 del Código Penal. La resolución aclara la aplicación de esta figura en un terreno especialmente sensible.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 65/2026, de 02/02/2026 · Recurso n.º 3405/2023 · ECLI:ES:TS:2026:307 · STS 307/2026

El Tribunal Supremo precisa cuándo puede cometerse el delito de quebrantamiento de condena en las penas de trabajos en beneficio de la comunidad. La Sala establece que no cabe quebrantar una pena cuyo cumplimiento efectivo no se ha iniciado: en los trabajos en beneficio de la comunidad, ese cumplimiento empieza cuando la persona condenada acude a los servicios de gestión de penas y acepta el plan de actuación. No comparecer a la citación inicial es un paso previo obligatorio, pero no supone todavía el inicio de la ejecución, de modo que la conducta típica solo puede producirse una vez aprobado y notificado el plan. Una resolución de interés para la defensa en la fase de ejecución penal.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 184/2026, de 03/03/2026 · Recurso n.º 5432/2023

El Tribunal Supremo confirma la condena de una acusada como coautora de un delito de daños y recuerda los elementos de la coautoría. Esta exige un acuerdo de voluntades sobre la acción que va a ejecutarse y una aportación objetiva y causal orientada al fin común. No es necesario que cada coautor realice personalmente los actos típicos: basta con que su contribución le sitúe en una posición de dominio funcional compartido del hecho. La resolución es útil para discutir los límites entre la autoría y las formas de participación.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 06/05/2026 · Recurso n.º 7402/2023

Identificar al autor de un delito es muchas veces el punto crítico del juicio, y el Tribunal Supremo recuerda qué identificación tiene auténtico valor de cargo. En una causa por un delito de lesiones, la Sala señala que la prueba decisiva es la declaración del testigo en el juicio oral, sometida a contradicción, en la que reconoce al acusado o ratifica el reconocimiento hecho durante la instrucción. La diligencia de reconocimiento en rueda, por sí sola, no basta para destruir la presunción de inocencia. La resolución subraya la importancia de que toda identificación pueda discutirse en el plenario.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 05/03/2026 · Recurso n.º 4706/2023

El Tribunal Supremo acota el alcance de la agravación del robo con fuerza cometido en un establecimiento abierto al público. La Sala precisa que esta agravación solo opera si la ejecución del delito se desarrolla durante el horario de apertura, y no en los actos preparatorios previos. La razón es el fundamento mismo de la agravación: el riesgo de incidentes con las personas que se encuentran presentes mientras se comete efectivamente el robo. La resolución delimita el ámbito temporal del subtipo agravado y abre margen de discusión sobre su aplicación.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 25/02/2026 · Recurso n.º 5183/2023

El incumplimiento de los plazos de la instrucción genera dudas recurrentes sobre la suerte de lo actuado. El Tribunal Supremo aclara que rebasar el plazo máximo del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no anula las diligencias ya practicadas ni obliga a sobreseer automáticamente la causa. El transcurso del plazo solo limita la posibilidad de seguir instruyendo: lo actuado conserva su validez para el juicio oral, siempre que se hayan respetado los principios de contradicción. La resolución despeja las consecuencias prácticas del agotamiento del plazo de instrucción.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia de 09/04/2026 · Recurso n.º 10658/2025

El Tribunal Supremo precisa el limitado acceso a la casación frente a los autos de liquidación de condena dictados en ejecución de sentencia. Como regla general, estas resoluciones no son recurribles en casación. Solo cabe el recurso cuando su contenido va más allá del mero "automatismo ejecutivo" y supone una alteración sustancial del fallo. La resolución fija con claridad cuándo una decisión de ejecución abre, de forma excepcional, la vía casacional.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 974/2012, de 05/12/2012 · Recurso n.º 2216/2011

Resolución de referencia sobre el autoblanqueo: para condenar por blanqueo basta con que el delito antecedente quede acreditado en el propio proceso, sin exigir una condena previa y firme por él. Admite además que la cuota defraudada por un delito fiscal constituya el objeto material del blanqueo. Para la defensa marca el terreno real de discusión: no basta con alegar la ausencia de condena previa, hay que atacar la prueba del origen ilícito de los fondos.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 165/2016, de 02/03/2016 · Recurso n.º 2403/2014 · ECLI:ES:TS:2016:1228

Condena por distracción de más de veinte millones de euros de un grupo empresarial y por el posterior blanqueo de esos mismos fondos, canalizados a través de sociedades interpuestas y cuentas en el extranjero. Rechaza aplicar la continuidad delictiva al blanqueo pese al elevado número de operaciones. Interesa a la defensa porque delimita cuándo una sucesión de actos de ocultación se trata como un único delito y no como delito continuado, con el efecto que ello tiene en la pena.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 603/2024, de 14/06/2024 · Recurso n.º 6243/2021 · ECLI:ES:TS:2024:3418 · STS 3418/2024

Sentencia de Pleno. La retirada del preservativo contra lo pactado es delito contra la libertad sexual porque el acto realizado desborda lo consentido, con o sin engaño previo. Como la penetración sí estaba consentida, descarta el tipo con penetración (antiguo 181.4, hoy 179) y señala que con el Código vigente los hechos encajan en el art. 178.1, con posible aplicación del 178.4. Confirma además las lesiones del art. 147 por el contagio de una infección, con dolo eventual. Cinco de los quince magistrados formularon voto particular a favor del tipo con penetración.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 518/2016, de 15/06/2016 · Recurso n.º 2012/2015 · ECLI:ES:TS:2016:2933 · STS 2933/2016

Estima el recurso del Fiscal y califica como delito del art. 147.1 unas lesiones que requirieron puntos de sutura. Recoge la doctrina de la Sala: hay tratamiento quirúrgico cuando se actúa sobre el cuerpo de forma agresiva, «como ocurre cuando se abre, se corta, se extrae o se sutura», incluso en cirugía menor y aunque la sutura se aplique en la primera asistencia; y cuenta la necesidad objetiva del tratamiento, no el efectivamente recibido.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 860/2022, de 02/11/2022 · Recurso n.º 3105/2020 · ECLI:ES:TS:2022:3973 · STS 3973/2022

Confirma la condena por lesiones del art. 147.1 de unas heridas que requirieron puntos de sutura, cuya idoneidad para integrar el concepto normativo de tratamiento quirúrgico «ha sido reiteradamente proclamada por esta Sala». Analiza además el subtipo del art. 148.1 por uso de medio peligroso.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 50/2026, de 28/01/2026 · Recurso n.º 3673/2023 · ECLI:ES:TS:2026:454 · STS 454/2026

Delito continuado de acusación y denuncia falsa. Rechaza la prescripción porque el plazo de cinco años se computa desde la firmeza del auto que confirmó el sobreseimiento de la causa principal, «fecha a partir de la cual podía procederse contra el denunciante o acusador (art. 456.2)», y no desde la presentación de las denuncias.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 154/2016, de 29/02/2016 · Recurso n.º 10011/2015 · ECLI:ES:TS:2016:613 · STS 613/2016

Sentencia de Pleno dictada con finalidad expresa de unificación doctrinal. Sitúa el núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica en la ausencia de medidas de control adecuadas para evitar la comisión de delitos en su seno —una «cultura de cumplimiento»— y declara que acreditarla corresponde a la acusación; la entidad que invoque la eximente del art. 31 bis sí carga con su prueba. Rechaza una responsabilidad objetiva o por transferencia, advierte del riesgo para el derecho de defensa cuando quien representa a la sociedad en el proceso está también acusado y deja sin efecto la pena de disolución de una de las sociedades por falta de motivación de los criterios del art. 66 bis. Incluye un voto concurrente de siete magistrados que discrepa de parte de la doctrina sin afectar al fallo.

Tribunal Supremo · Sala de lo Penal · Sentencia n.º 850/2025, de 16/10/2025 · Recurso n.º 29/2023 · ECLI:ES:TS:2025:4387 · STS 4387/2025

Desestima el recurso de casación del Ministerio Fiscal, interpuesto para obtener un pronunciamiento sobre la cuestión, y declara atípica la conducta de quien conduce después de haber cumplido la pena de privación del derecho a conducir cuando subsiste la pérdida de vigencia del permiso acordada conforme al párrafo tercero del art. 47 CP. A raíz de esta sentencia, la Consulta FGE 1/2026 ordena a los fiscales no acusar en estos casos ni por el art. 384 ni por el art. 468.1 CP; la conducta queda en el terreno de la sanción administrativa.