El delito contra la propiedad intelectual exige una obra original preexistente

El delito contra la propiedad intelectual del artículo 270 del Código Penal es uno de los tipos penales que con más frecuencia genera incertidumbre sobre la frontera entre el ilícito penal y el conflicto civil. Una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2026, dictada en el recurso de casación 5767/2023, aporta un criterio de referencia al precisar los elementos del tipo y, en particular, al insistir en la necesidad de acreditar la preexistencia de una obra original como presupuesto indispensable para la aplicación de la norma penal.

La obra original como presupuesto del tipo penal

El Tribunal Supremo parte de una constatación elemental que, sin embargo, resulta decisiva en la práctica: el artículo 270 CP protege creaciones del espíritu dotadas de originalidad, no ideas, datos o elementos genéricos. Para que la reproducción o el plagio sean delito, lo primero que debe establecerse es que existe una obra preexistente que merece esa protección. Si no se prueba la originalidad de la obra de la que se dice copiar, el tipo penal no puede aplicarse, con independencia de cuál haya sido la conducta del acusado.

Esta exigencia no es un requisito formal: debe acreditarse de forma efectiva a lo largo del procedimiento. La carga de la prueba corresponde a quien acusa, y la ausencia de ese elemento puede determinar la absolución aunque los restantes elementos del tipo concurran. La sentencia subraya así que no toda copia o aprovechamiento de una creación ajena tiene relevancia penal.

Las conductas típicas del artículo 270 CP

El precepto castiga la reproducción, el plagio, la distribución y la comunicación pública de obras sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, siempre que concurran el ánimo de lucro directo o indirecto y el perjuicio de tercero. Cada una de estas modalidades presenta sus propios elementos y exige un análisis individualizado.

El plagio en sentido penal va más allá de la copia de fragmentos: implica una reproducción sustancial de los elementos originales de otra obra con ocultación de su procedencia. No toda influencia o semejanza entre obras constituye plagio penalmente relevante: es habitual que géneros, técnicas o estructuras narrativas sean compartidos por múltiples autores, y ese solapamiento pertenece al dominio público de las ideas, que el derecho de autor no protege. El Tribunal Supremo ha sido consistente en distinguir la protección de la expresión concreta de la ausencia de tutela sobre las ideas o conceptos en abstracto.

El deslinde entre la vía penal y la vía civil

La sentencia incide especialmente en el deslinde del delito respecto de los conflictos de naturaleza estrictamente civil. En materia de propiedad intelectual, las controversias entre autores son frecuentes y responden a causas muy diversas: disputas sobre la autoría de una obra, incumplimientos de contratos de edición o cesión de derechos, apropiaciones de contenidos en plataformas digitales. La mayoría de estos conflictos pertenecen al tráfico jurídico ordinario y se resuelven en la jurisdicción civil.

El Derecho penal actúa como último recurso y su intervención solo está justificada cuando la conducta supera el umbral de tipicidad. El hecho de que exista un perjuicio económico o que una de las partes se haya enriquecido a expensas de la otra no basta por sí solo para justificar la apertura de un procedimiento penal. La distinción es relevante para la defensa: en los procedimientos por plagio, acreditar que el conflicto tiene naturaleza civil puede ser la vía más eficaz para obtener el sobreseimiento o la absolución.

La importancia de la prueba pericial

En los delitos contra la propiedad intelectual, la prueba pericial adquiere una relevancia especial. Determinar si una obra es original, si entre dos obras existe una similitud penalmente relevante o si la semejanza obedece a elementos que pertenecen al acervo común exige un análisis técnico que excede el conocimiento ordinario del tribunal. La práctica procesal muestra que los resultados del juicio dependen en buena medida de la calidad del dictamen pericial y de su correcta impugnación o refuerzo en el acto del juicio oral.

Para la defensa, la estrategia pericial debe planificarse desde la fase de instrucción. Una vez establecida la prueba de la acusación, cuestionar la originalidad de la obra supuestamente copiada o demostrar que las similitudes son el resultado de la influencia de fuentes comunes puede desvirtuar el tipo penal en su presupuesto mismo. La elección del perito, la formulación de sus conclusiones y su contraste con el dictamen de la parte contraria son aspectos de los que puede depender el resultado del procedimiento.

Implicaciones para la defensa penal

La doctrina del Tribunal Supremo en esta materia ofrece varias líneas de defensa que deben valorarse en cada caso concreto. La primera, ya señalada, es cuestionar la originalidad de la obra protegida. La segunda es discutir si las similitudes entre las obras alcanzan el nivel de reproducción sustancial que exige el tipo penal. La tercera es examinar si la conducta del acusado estuvo orientada al lucro y si produjo el perjuicio que la norma exige.

Junto a estas líneas sustantivas, la defensa debe atender también a los aspectos procesales. En los procedimientos por propiedad intelectual, la legitimación activa, los requisitos de la denuncia y los plazos de prescripción pueden presentar cuestiones técnicas relevantes. El artículo 270 CP es un delito semipúblico en alguna de sus modalidades, lo que condiciona el ejercicio de la acción penal. Una defensa técnica y anticipada, que evalúe todas estas dimensiones, es la más adecuada para afrontar estos procedimientos.