Revelar secretos o violar secretos oficiales: la clave está en cómo se accedió a la información

Una de las situaciones más frecuentes en la práctica penal ligada a los órganos del Estado es la filtración de información reservada. Un funcionario, un mando policial o un cargo público hacen llegar a terceros datos a los que tuvieron acceso en el ejercicio de su función. La pregunta que surge de inmediato es qué tipo penal resulta aplicable. La respuesta no es automática: depende, en palabras del Tribunal Supremo, de cómo se accedió a la información.

Dos figuras distintas para una misma realidad

El artículo 197 del Código Penal (CP) tutela la intimidad y la privacidad de las personas. Castiga a quien, sin estar autorizado, se apodera de sus papeles, cartas, mensajes o datos personales, o accede por cualquier medio a sistemas informáticos o de telecomunicaciones sin permiso, y luego los divulga. El presupuesto del tipo es claro: el acceso fue no autorizado. La figura se proyecta tanto sobre particulares como sobre funcionarios que actúan al margen de sus atribuciones.

El artículo 417 CP, ubicado en los delitos de funcionarios contra las garantías constitucionales, tiene un presupuesto fáctico diferente: la autoridad o el funcionario público que revela secretos o información de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo. Aquí el acceso fue completamente legítimo; lo que resulta ilícito es la revelación posterior. El tipo castiga la infidelidad al deber de reserva, no la intromisión ilegítima.

La clave: el origen del acceso

En la sentencia dictada al resolver el recurso de casación 3274/2023 (recurso de fecha 2026-03-26), el Tribunal Supremo deslinda con precisión ambas figuras. La Sala parte de una premisa sencilla pero con importantes consecuencias: dos personas pueden difundir la misma información reservada y responder, sin embargo, por delitos distintos si la forma en que accedieron a ella difiere.

El elemento diferenciador es exclusivamente el origen del acceso:

• Si el acceso fue no autorizado —porque el sujeto actuó al margen de sus competencias o sin ninguna habilitación—, la difusión posterior de esa información queda encuadrada en el artículo 197 y, cuando el autor es un funcionario, en el agravado artículo 198 CP.
• Si el acceso fue legítimo por razón del cargo —porque el sujeto tenía atribuida esa facultad de conocimiento en el ejercicio de sus funciones—, la revelación indebida encaja en el artículo 417 CP, con independencia de que el contenido de lo revelado sea idéntico.

Los artículos implicados y su estructura

Los artículos 197 y 198 CP conforman el núcleo de los delitos contra la intimidad. El 197 tipifica el acceso no autorizado y la divulgación de datos personales. El 198 agrava las penas de los delitos del 197 cuando los comete una autoridad o funcionario fuera de los supuestos permitidos, estableciendo también penas de inhabilitación. Ambos exigen, como presupuesto común, que el acceso a la información no contara con habilitación.

El artículo 417 CP opera en un plano distinto: presupone la legitimidad del acceso y tipifica la infidelidad posterior al deber de reserva. Las penas incluyen inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo que tiene consecuencias de largo alcance para la carrera del funcionario imputado. La diferencia no es solo dogmática: la pena, el tribunal competente y la posición de las acusaciones varían según el tipo aplicable.

Relevancia para la calificación en causas de filtraciones

Las filtraciones de información reservada son uno de los fenómenos más sensibles en las causas penales con protagonistas institucionales. El error en la calificación puede tener consecuencias procesales relevantes: nulidades, inadmisión de prueba, cambio de órgano competente o modificación sustancial del marco penológico aplicable.

La doctrina fijada por el Tribunal Supremo en la sentencia comentada sirve de referencia directa para:

• Determinar si la acusación ha elegido el tipo correcto al formular su escrito de calificación provisional.
• Articular una defensa basada en la naturaleza del acceso —legitimo frente a no autorizado— cuando el relato fáctico lo permita.
• Plantear la posible inadecuación del tipo acusado y solicitar una recalificación que se ajuste a los hechos realmente probados.

Concurso de normas y límites de cada tipo

Una pregunta frecuente es si los artículos 197/198 y el 417 CP pueden concurrir sobre los mismos hechos. El Tribunal Supremo centra su análisis en la delimitación precisa de cada figura, subrayando que son tipos con presupuestos mutuamente excluyentes en lo que respecta al origen del acceso. El 197/198 requiere acceso no autorizado; el 417 requiere acceso legítimo. Si en un mismo caso el funcionario accedió a una parte de la información de forma legítima y a otra sin autorización, cabría un análisis individualizado por cada bloque de datos, pero no una aplicación simultánea sobre el mismo hecho.

La resolución ofrece así un criterio interpretativo sólido para depurar la calificación en causas complejas donde se mezclan filtraciones de naturaleza diferente, lo que es especialmente útil cuando los hechos abarcan a varios acusados con distinto nivel de acceso a la información.