Jurisprudencia Constitucional Penal

El despacho la cita en la página de defensa penal general, junto a las SSTC 199/2003 y 23/2018, como base de la presunción de inocencia, el derecho a no declarar contra sí mismo, la asistencia letrada y el proceso con todas las garantías.

Integra, con las SSTC 30/1981 y 23/2018, la doctrina constitucional sobre las garantías básicas del investigado en el proceso penal.

Forma parte, con las SSTC 30/1981 y 199/2003, del bloque de doctrina constitucional sobre presunción de inocencia y derecho de defensa.

Citada en la página de delitos fiscales: la exclusión probatoria del art. 11.1 LOPJ no opera de forma automática cuando la información llega al proceso por un particular ajeno a la investigación estatal.

Canon de la prueba indiciaria: los indicios han de estar «plenamente probados», porque no cabe «construir certezas sobre la base de simples probabilidades».

Junto con la STC 174/1985, de la misma fecha, exige que la sentencia explicite tanto los indicios como el razonamiento que conduce de ellos a la autoría.

Remachó que los indicios no pueden ser «meras sospechas».

Con la STC 133/2014, sitúa el límite en la inferencia tan abierta que admite una pluralidad de conclusiones alternativas: entonces ninguna puede darse por probada.

La presunción de inocencia se vulnera cuando el razonamiento indiciario es «excesivamente abierto, débil o indeterminado».

Con la STC 189/1998, fija el control de suficiencia de la inferencia en la prueba indiciaria.

Sobre el carácter excepcional de la detención y su interpretación restrictiva.

Con la STC 207/1996, articula el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto en las injerencias en derechos fundamentales.

Decantó los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional, después positivizados en el art. 503 LECrim.

Con la STC 66/1995, completa el canon de proporcionalidad aplicable a las injerencias en derechos fundamentales.

Promovió la cuestión interna de inconstitucionalidad sobre los arts. 503-504 LECrim en materia de prisión provisional.

Referencia sobre la licitud de las grabaciones realizadas por uno de los interlocutores de la conversación.

Citada por el efecto reflejo de las intervenciones telefónicas nulas sobre la prueba derivada (art. 11.1 LOPJ).

Consolidó el derecho a la autodeterminación informativa.

Determinante frente a las intervenciones telefónicas acordadas con motivación de plantilla.

Doctrina sobre la protección constitucional del contenido de los ordenadores personales.

Proyectó sobre el examen del contenido de los teléfonos móviles la exigencia de motivación y autorización judicial.

Videovigilancia laboral anunciada mediante cartel: la información previa es lo que permite usar la grabación como prueba.

Con las SSTC 11/2000 y 79/2014, sostiene la ponderación caso por caso entre el derecho al honor y las libertades de expresión e información.

Integra, con las SSTC 105/1990 y 79/2014, el canon de ponderación entre el honor y las libertades del art. 20.1 CE.

Forma parte, con las SSTC 105/1990 y 11/2000, de la doctrina de ponderación entre el honor y la libertad de expresión e información.

Doctrina constitucional del derecho al olvido en el entorno digital.

Citada junto a la STC 58/2018 en la doctrina sobre el derecho al olvido digital.

Avala la condena por calumnia con publicidad de quien difundió en una red social informaciones lesivas del honor sin utilizar ninguna fuente de verificación previa.

Doctrina sobre el negacionismo, en la línea que separa el discurso protegido de la incitación al odio.

Doctrina sobre el discurso radical, dentro del deslinde entre expresión protegida e incitación al odio.

Doctrina sobre la libertad de expresión política, dentro de ese mismo deslinde.

Desestimó la cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 153.1 CP tras examinar su proporcionalidad y su compatibilidad con el principio de igualdad.

Anuló la ley autonómica 13/2017 de regulación de las asociaciones de consumidores de cannabis.

Otorgó el amparo por falta de motivación al revocarse en apelación un permiso ordinario de seis días; el art. 25.2 CE no consagra un derecho autónomo al permiso, pero obliga a razonar su denegación.

Avaló la constitucionalidad de la prisión permanente revisable: la revisión periódica y la posibilidad real de excarcelación la hacen compatible con el fin de reinserción del art. 25.2 CE.

Perfiló los supuestos orientativos de especial trascendencia constitucional para la admisión del recurso de amparo.

Declaró inconstitucionales los incisos que limitaban la indemnización por prisión provisional a los casos de inexistencia del hecho imputado, por vulnerar la igualdad y la presunción de inocencia.

Confirmó que el precepto de la LOREG no es inconstitucional, interpretado conforme a los términos de su fundamento jurídico 7.b).

Avaló la constitucionalidad del art. 172 quater CP, introducido por la LO 4/2022.