Abogados Penalistas

La defensa penal es el conjunto de actuaciones técnico-jurídicas orientadas a la salvaguarda de los derechos fundamentales del investigado, imputado, encausado o acusado, ejercida por abogado colegiado conforme al Estatuto General de la Abogacía Española (RD 135/2021) y a los Códigos Deontológicos. Su fundamento constitucional reside en los Arts. 17 (libertad personal), 24 (tutela judicial efectiva), 25 (legalidad penal) CE y en las directivas europeas que conforman el "techo de garantías" del investigado (Directivas 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, 2016/343/UE, 2016/800/UE). La doctrina del Tribunal Constitucional (entre muchas, SSTC 30/1981, 199/2003, 79/2014, 23/2018) y del Tribunal Supremo configuran un sistema en el que la presunción de inocencia, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho a la asistencia letrada y el derecho a un proceso con todas las garantías constituyen pilares inderogables.

Las modalidades procesales de la defensa penal abarcan todo el espectro del enjuiciamiento criminal. La asistencia al detenido (Art. 520 LECrim) en sede policial y judicial, con entrevista reservada previa (Art. 520.6.d LECrim); la fase de instrucción ante el Juzgado de Instrucción (Arts. 299-779 LECrim); la fase intermedia con el escrito de defensa y la proposición de prueba (Arts. 780-786 LECrim); el juicio oral ante el Juzgado de lo Penal, Audiencia Provincial, Audiencia Nacional, Tribunal del Jurado o Sala Segunda del Tribunal Supremo (Arts. 786-789 LECrim); y los recursos (apelación, casación, amparo). La defensa puede ejercerse en procedimientos por delitos leves, juicios rápidos, procedimiento abreviado, sumario ordinario, procedimiento ante el Tribunal del Jurado, y procedimientos especiales (terrorismo, criminalidad organizada).

El catálogo de penas en derecho penal español es amplio. Las penas privativas de libertad incluyen prisión (3 meses a 25 años; excepcionalmente 30-40 años por acumulación o terrorismo, Arts. 76 CP), prisión permanente revisable (Art. 92 CP), localización permanente (1 día a 6 meses) y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Las penas privativas de derechos incluyen inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, suspensión de empleo o cargo público, privación del derecho a conducir, privación del derecho a la tenencia y porte de armas, privación del derecho a residir o acudir a determinados lugares, prohibición de aproximación a la víctima, prohibición de comunicación, trabajos en beneficio de la comunidad. Las penas pecuniarias son la multa proporcional y la multa por día-multa. Adicionalmente, el decomiso (Art. 127 CP) y la responsabilidad civil ex delicto (Arts. 109-122 CP) configuran las consecuencias económicas.

La estrategia defensiva se construye sobre cuatro ejes fundamentales y se modula caso por caso. Primero, el control de las garantías procesales: cualquier vulneración de derechos fundamentales (detención ilegal, registros sin autorización judicial motivada, intervenciones telefónicas defectuosas, declaraciones sin asistencia letrada) puede acarrear la nulidad probatoria (Art. 11 LOPJ y Art. 24 CE) con efecto reflejo (frutos del árbol envenenado). Segundo, la impugnación del relato acusatorio: examen pericial, contradicciones testifícales, hipótesis alternativas razonables que activan la duda razonable. Tercero, la activación de atenuantes: confesión (Art. 21.4 CP), reparación del daño (Art. 21.5 CP), dilaciones indebidas (Art. 21.6 CP), drogadicción, arrebato u obcecación, así como atenuantes analógicas. Cuarto, la negociación de conformidades estratégicas (Arts. 655, 787 y 801 LECrim) con reducciones de pena hasta un tercio, o la suspensión de la ejecución (Art. 80 CP) y la sustitución de la pena privativa de libertad cuando proceda.

En la práctica forense actual, la defensa penal opera en un marco normativo en plena transformación. La LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la Ley 10/2022 de Eficiencia Procesal, la LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, la LO 14/2022 de reforma de la malversación, la LO 8/2021 de Protección a la Infancia, la Ley 2/2023 reguladora del informante, así como la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y del TJUE configuran un sistema cada vez más sofisticado. En Alonso Sala, con más de 15 años de experiencia, abordamos cada expediente como un caso único: asistencia al detenido en comisaría desde el primer instante (con la mayor diligencia posible, asumiendo la defensa cuando la asistencia inicial corresponda al turno de oficio), análisis técnico exhaustivo del expediente, coordinación con peritos especializados (forenses, contables, informáticos, psicológicos, balísticos), articulación procesal en todas las instancias (Juzgado de Instrucción, Juzgado de lo Penal, Audiencia Provincial, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Defendemos a personas físicas y jurídicas, a clientes nacionales e internacionales, en todo tipo de procedimientos penales.

Nuestra intervención abarca todas las instancias, incluyendo recursos de casación ante el Tribunal Supremo y recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Si su libertad está en juego, no acepte menos que una defensa técnica de primer nivel.