Administración desleal y unidad de siniestro: el TS fija los límites de la responsabilidad del asegurador

La STS 179/2026, de 27 de febrero (recurso 4532/2023), dictada al desestimar un recurso de casación frente a una sentencia de la Audiencia Nacional, aborda dos planos que en el proceso penal por delitos económicos suelen discurrir de forma paralela: la calificación del comportamiento como delito continuado de administración desleal societaria y, sobre todo, el alcance de la responsabilidad civil de la aseguradora cuando varios actos ilícitos quedan cubiertos por una póliza de responsabilidad civil. La resolución ofrece un criterio nítido sobre la llamada «unidad de siniestro» que la defensa penal puede utilizar en su favor en cualquier proceso por delitos económicos con cobertura aseguradora.

La administración desleal: artículos 252 y 74 CP

El artículo 252 CP tipifica la administración desleal. Incurre en él quien, como administrador de hecho o de derecho, o como socio, dispone fraudulentamente de bienes sociales o contrae obligaciones a cargo de la sociedad en beneficio propio o de un tercero, causando un perjuicio económico a socios, depositantes, titulares de valores o acreedores. La conducta exige, por tanto, un elemento objetivo —el acto de disposición o de contracción de obligaciones— y uno subjetivo —el ánimo de beneficio propio o ajeno en perjuicio de la sociedad o de sus partícipes—.

Cuando esas conductas se repiten a lo largo del tiempo respondiendo a un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, el artículo 74 CP permite calificarlas como delito continuado, que no es una acumulación de delitos sino una figura unitaria con un régimen penológico propio: la pena del delito más grave en su mitad superior, sin perjuicio de las reglas especiales de los artículos 74.2 y 74.3 CP para los delitos contra el patrimonio. Esta unificación jurídica en un solo delito continuado es el punto de partida para entender la cuestión civil que resuelve la sentencia.

La responsabilidad civil del asegurador en el proceso penal

En el proceso penal español, el artículo 117 CP establece que los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, son responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda. Esta responsabilidad civil directa del asegurador convierte a la compañía de seguros en parte del proceso penal y sujeto pasivo de la acción civil ejercitada en él.

La clave, entonces, es determinar cuánto debe abonar la aseguradora: si responde una vez por el conjunto de los actos enjuiciados —con el límite del capital máximo de la póliza— o si, por el contrario, su responsabilidad se multiplica tantas veces como actos delictivos individuales se hayan apreciado. Esa disyuntiva es la que resuelve la doctrina de la unidad de siniestro.

La doctrina de la unidad de siniestro

La unidad de siniestro es un concepto nacido en el ámbito del seguro de responsabilidad civil y ampliamente desarrollado por la jurisprudencia civil. Su núcleo es sencillo: cuando una pluralidad de actos u omisiones dañosos derivan de una misma causa originaria, todos ellos se agrupan en un solo evento asegurado a efectos de la cobertura. La consecuencia es que la aseguradora responde una única vez, con el límite del capital máximo garantizado en la póliza, aunque los daños se hayan materializado en momentos diferentes o a través de conductas sucesivas.

La STS 179/2026 traslada expresamente este criterio al ámbito penal y lo aplica a un supuesto de delito continuado de administración desleal: las distintas operaciones enjuiciadas, por ser expresión de una misma estrategia de gestión desleal y derivar de una misma causa, forman una unidad de siniestro. El hecho de que algunas de esas operaciones pudieran describirse como actos aislados o de que el delito se califique como continuado no rompe esa unidad, porque lo determinante no es la morfología del comportamiento delictivo sino la unicidad de la causa que lo origina.

El límite del capital máximo de la póliza

Establecida la unidad de siniestro, la consecuencia civil es directa: la responsabilidad de la aseguradora queda limitada al capital máximo asegurado en la póliza. No importa cuántos actos delictivos se hayan declarado probados ni cuántas víctimas o perjudicados existan: la cobertura no se multiplica. En la práctica, esto puede suponer una reducción muy significativa del importe que finalmente debe abonar la compañía aseguradora en comparación con lo que resultaría de aplicar la cobertura a cada acto por separado.

Para la defensa penal este criterio tiene un doble valor. En el plano negocial, acotar desde el inicio del proceso el importe máximo de la responsabilidad civil de la aseguradora delimita el perímetro real del litigio y facilita acuerdos. En el plano procesal, argumentar la unidad de causa de todos los actos enjuiciados —y con ello la unidad de siniestro— es una línea de defensa autónoma en la pieza de responsabilidad civil, con independencia de la estrategia que se siga en la pieza penal.

Interés práctico en delitos económicos con cobertura D&O

La sentencia tiene especial relevancia en los procesos por delitos económicos en los que el acusado o la entidad asegurada dispone de un seguro de responsabilidad civil de directores y administradores —conocido en la práctica como seguro D&O, por sus siglas en inglés—. Estos seguros son habituales en sociedades mercantiles de cierto tamaño y cubren precisamente las responsabilidades civiles derivadas de actos u omisiones en el ejercicio del cargo de administrador.

La STS 179/2026 confirma que, cuando los actos enjuiciados derivan de una misma causa —por ejemplo, una política de gestión continuada orientada al beneficio propio en perjuicio de la sociedad—, la cobertura del seguro D&O se aplica una sola vez. Esto es relevante tanto para la defensa del acusado como para la entidad que litiga frente a la aseguradora, porque fija el marco máximo de la indemnización y evita que la multiplicación artificiosa del número de siniestros genere una cobertura superior a la pactada. La resolución refuerza así la función del seguro D&O como mecanismo de gestión del riesgo en la empresa y como instrumento de defensa en el proceso penal por administración desleal.

Conclusiones y relevancia para la defensa

La STS 179/2026 consolida en sede penal la doctrina de la unidad de siniestro y sus efectos sobre la responsabilidad civil directa del asegurador. Sus criterios principales son tres. Primero, varios actos delictivos pueden constituir un único siniestro cuando derivan de una misma causa, aunque sean hechos aislados, sucesivos o continuados. Segundo, la calificación como delito continuado no determina por sí sola la unidad de siniestro, pero es un indicador relevante de que los actos responden a una misma causa originaria. Tercero, establecida la unidad de siniestro, la responsabilidad de la aseguradora no supera el capital máximo garantizado en la póliza.

Para la defensa en delitos económicos con cobertura aseguradora, esta doctrina abre una línea argumental específica en la pieza civil del proceso: acreditar que todos los actos enjuiciados derivan de una misma causa —lo que habitualmente coincide con los propios argumentos defensivos sobre el plan de actuación o la ausencia de propósito delictivo autónomo en cada acto— para limitar el importe total de la responsabilidad civil exigible a la aseguradora. Se trata de una estrategia de defensa integral que combina el plano penal y el civil y que solo puede articularse correctamente si se planifica desde el inicio del proceso, cuando todavía existen márgenes de negociación y la cobertura aseguradora no ha sido judicialmente delimitada.