Abogados Penalistas en Delitos contra la Libertad

Los delitos contra la libertad (Título VI del Libro II del Código Penal, Arts. 163 a 172 ter) tutelan uno de los bienes jurídicos personales más esenciales: la libertad de obrar y de formación de la voluntad, derivada del Art. 17.1 CE. Comprenden las detenciones ilegales y secuestros, las amenazas, las coacciones y el acoso predatorio (stalking). La doctrina del Tribunal Supremo ha consolidado que estos tipos protegen tanto la libertad ambulatoria (detenciones ilegales) como la libertad de decisión (amenazas y coacciones) y el desarrollo normal de la vida cotidiana (stalking). La reforma operada por la LO 1/2015 introdujo el tipo autónomo de hostigamiento (Art. 172 ter), respondiendo a la realidad social del acoso reiterado, especialmente en contextos de ruptura sentimental o ciberacoso.

Las modalidades típicas presentan matices técnicos esenciales. Las amenazas (Arts. 169-171 CP) distinguen entre incondicionales (anuncio puro de un mal futuro) y condicionales (exigiendo una contraprestación), pudiendo agravarse por uso de armas, mediación digital o concurrencia de violencia de género. Las coacciones (Art. 172 CP) sancionan al que, sin estar legítimamente autorizado, impide a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compele a efectuar lo que no quiere; jurisprudencialmente se admite la equivalencia entre violencia física y violencia in rebus (corte de suministro, cambio de cerradura). El stalking (Art. 172 ter CP) requiere conductas insistentes y reiteradas de vigilancia, persecución, búsqueda de cercanía física, contactos no consentidos o uso indebido de datos personales, con resultado de alteración grave del desarrollo cotidiano. Casos paradigmáticos son las amenazas por WhatsApp y redes sociales, los cambios de cerradura en convivencias conflictivas y el acoso digital tras rupturas.

Las penas previstas se modulan según el tipo y agravantes. Las amenazas condicionales con mal constitutivo de delito conllevan prisión de 1 a 5 años (Art. 169.1 CP); las incondicionales, de 6 meses a 2 años. Las amenazas con armas o medios peligrosos, así como las cometidas por escrito, con publicidad o por medios telemáticos, se imponen en su mitad superior. Las coacciones graves conllevan prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses (Art. 172.1 CP); las coacciones leves en contexto de violencia de género, prisión de 6 meses a 1 año (Art. 172.2 CP). El stalking se castiga con prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses, agravándose cuando la víctima es vulnerable o existe relación afectiva previa. Adicionalmente, son habituales las órdenes de alejamiento (Arts. 48 y 57 CP), las prohibiciones de comunicación y la inhabilitación especial.

La defensa técnica se articula sobre cuatro ejes consolidados. Primero, la reconstrucción del contexto: la jurisprudencia exige que el anuncio del mal sea creíble, serio y dotado de idoneidad para alterar la vida de la víctima; expresiones lanzadas en discusiones acaloradas pueden carecer de aptitud lesiva. Segundo, la ausencia de violencia o intimidación efectiva en las coacciones: el legítimo ejercicio de derechos (denuncias administrativas, requerimientos civiles, exigencia de cumplimiento contractual) no constituye coacción. Tercero, en el stalking, el quantum de la reiteración: la jurisprudencia exige conductas sistemáticas, no episódicas, que alteren gravemente la vida cotidiana. Cuarto, la impugnación de la prueba digital: las capturas no autenticadas, los volcados sin cadena de custodia y las identificaciones IP sin cobertura judicial pueden expulsarse del acervo probatorio (Art. 11 LOPJ y Art. 588 ter LECrim).

En la práctica forense actual observamos un incremento sostenido de procedimientos por amenazas, coacciones y stalking en entornos digitales (WhatsApp, Instagram, Telegram), así como en contextos de ruptura sentimental, conflicto vecinal y acoso laboral. La LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, la LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la Ley 2/2023 reguladora del informante y la doctrina del Tribunal Supremo sobre prueba electrónica configuran un marco exigente. En Alonso Sala, con más de 15 años de experiencia, abordamos cada expediente reconstruyendo el contexto completo (testigos, mensajería íntegra, antecedentes relacionales), coordinando peritaje psicológico cuando es relevante para evaluar la credibilidad y aptitud lesiva de las expresiones, e impugnando quirúrgicamente la prueba digital cuando carece de garantías. Diseñamos también estrategias proactivas de mediación, retirada de denuncias por reconciliación o atenuantes por reparación del daño cuando convienen al cliente. Abordamos las amenazas, coacciones, stalking, allanamiento de morada y atentado contra la autoridad.

Los delitos contra la libertad se regulan en el Título VI del Código Penal (arts. 163-172 ter). Las amenazas se clasifican en condicionales e incondicionales, con penas que van desde la multa hasta 5 años de prisión si se realizan con arma. Las coacciones castigan con prisión de 6 meses a 3 años al que obligue a otro a hacer lo que no quiere o le impida hacer lo que tiene derecho. El stalking (art. 172 ter), introducido en la reforma de 2015, castiga con hasta 2 años de prisión las conductas insistentes de vigilancia y persecución.

El allanamiento de morada (arts. 202-204) protege la inviolabilidad del domicilio garantizada por el art. 18.2 de la Constitución. El atentado contra la autoridad (arts. 550-556) protege el ejercicio legítimo de las funciones públicas, con penas de 1 a 4 años si hay agresión al agente. Todos estos tipos se agravan cuando concurren circunstancias de violencia de género o doméstica.

Nuestra experiencia nos ha enseñado que la clave en estos delitos está en el contexto. Un "te voy a matar" gritado en una discusión acalorada entre vecinos no tiene la misma gravedad penal que una amenaza fría y calculada acompañada de un arma. Nuestro trabajo es demostrar al tribunal ese contexto mediante testigos, grabaciones, historial de relación entre las partes y, cuando es necesario, informes periciales psicológicos. En los casos de atentado contra la autoridad, analizamos minuciosamente las grabaciones (cámaras corporales, móviles de terceros) para determinar si la actuación policial fue proporcionada y si la reacción del cliente fue realmente una agresión o una mera reacción defensiva.