Abogado de Falsedad Documental (Arts. 390 a 399 CP)

La falsedad rara vez se persigue sola: aparece dentro de otra causa —una estafa, un expediente laboral, una reclamación de seguro— cuando alguien discute la autenticidad de un documento y el juzgado acuerda una pericial caligráfica o documentoscópica. Para el particular, el art. 392.1 CP castiga con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses cometer en documento público, oficial o mercantil alguna de las falsedades de los tres primeros números del art. 390.1 CP: alterar un elemento esencial, simular el documento o suponer la intervención de personas que no la tuvieron. Cuando el autor es autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones, el art. 390.1 CP eleva la pena a prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial de 2 a 6 años.

• No firme ni corrija nada más sobre ese documento. Cualquier anotación posterior contamina la pericial y se lee como intento de subsanar la falsedad. El documento debe quedar tal y como está desde que se conoce la denuncia.
• Localice los originales y las versiones intermedias. Borradores, correos de envío, versiones firmadas por otras personas y la copia que conserva la contraparte. La cadena de versiones es lo que distingue el error material de la alteración dolosa.
• No declare sobre la autoría antes de ver la pericial. La atribución de la firma se decide con cuerpo de escritura y patrones indubitados. Adelantar una versión sobre quién firmó sin conocer el informe cierra opciones que la pericial puede abrir.
• Revise si el documento era realmente público, oficial o mercantil. La falsedad del particular en documento privado exige perjuicio de tercero y tiene un marco distinto. La calificación del documento decide la pena antes que cualquier discusión sobre la firma.

La falsedad documental es uno de los delitos más complejos del Código Penal porque se entrelaza con casi cualquier actividad económica, administrativa o procesal. Como abogados penalistas especialistas en falsedad documental, sabemos que el bien jurídico protegido es la "fe pública": la confianza colectiva en que los documentos dicen lo que dicen. Cuando esa confianza se rompe —al alterar una firma, manipular una factura, fabricar un certificado o presentar como auténtico un documento que no lo es— el Estado reacciona con penas que pueden ir desde la multa hasta los seis años de prisión. La jurisprudencia del Tribunal Supremo recuerda que no toda inexactitud es delito: solo lo es la mutación de la verdad con dolo falsario y aptitud para alterar el tráfico jurídico.

El Código Penal distingue cuatro clases de documento: público, oficial, mercantil y privado. En los tres primeros —documentos públicos (escrituras notariales, sentencias, resoluciones administrativas), oficiales (DNI, pasaporte, recetas médicas, expedientes académicos) y mercantiles (facturas, albaranes, cheques, pagarés, balances)— el artículo aplicable depende de quién falsifica, no del tipo de documento: el Art. 390 CP si lo hace una autoridad o funcionario público (prisión 3-6 años), y el Art. 392 CP si lo hace un particular (prisión 6 meses-3 años). La falsedad ideológica (faltar a la verdad en la narración de los hechos) solo puede cometerla la autoridad o funcionario: el particular que falta a la verdad en uno de estos documentos no comete delito por esa vía (atipicidad). Los documentos privados (Art. 395 CP, que exige perjuicio a tercero) son los suscritos entre particulares sin intervención de fedatario: contratos, recibos, correspondencia, correos electrónicos.

Las modalidades comisivas son tasadas en el Art. 390.1 CP: alterar un documento en alguno de sus elementos esenciales; simular un documento haciendo que parezca auténtico; suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido; o faltar a la verdad en la narración de hechos. A esto se suma el uso de documento falso (Arts. 393 y 396), que castiga a quien presenta el documento sabiendo que es falso aunque no lo haya fabricado. Las penas se escalonan según gravedad: la falsedad cometida por autoridad o funcionario público en documento público u oficial conlleva prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación absoluta de 2 a 6 años. La cometida por particular en documento público, oficial o mercantil se castiga con prisión de 6 meses a 3 años y multa. La falsedad en documento privado, cuando se realiza con intención de perjudicar a tercero, conlleva prisión de 6 meses a 2 años.

La defensa técnica en falsedad documental se construye sobre cuatro ejes recurrentes. Primero, la idoneidad falsaria: el documento alterado debe tener capacidad real para engañar; las llamadas "falsedades inocuas" o "burdas" —imitaciones tan groseras que nadie creería auténticas— son atípicas según jurisprudencia constante. Segundo, el dolo: el sujeto debe conocer y querer alterar la verdad; el error sobre la autenticidad excluye la tipicidad, y aquí la pericial caligráfica, informática o documentoscópica resulta determinante. Tercero, la antijuridicidad material: no toda mentira que conste en un papel constituye falsedad; debe afectar a elementos esenciales y poner en peligro la fe pública. Cuarto, las relaciones concursales: la falsedad rara vez aparece sola, suele instrumentalizarse para una estafa, una insolvencia punible o un delito fiscal, y la calificación del concurso (medial o real) determina la pena final.

En la práctica forense detectamos un incremento sostenido de procedimientos por falsedad digital: edición de PDFs con software gráfico, firmas escaneadas pegadas en contratos, manipulación de capturas de pantalla, alteración de metadatos en correos electrónicos y, en los últimos años, deepfakes documentales. La Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y la jurisprudencia sobre prueba electrónica han consolidado criterios sobre cadena de custodia digital, hash, sellado de tiempo y peritaje informático, todos ellos esenciales para articular tanto la acusación como la defensa. En Alonso Sala, nuestros abogados penalistas en falsedad documental intervienen desde la fase de instrucción para impugnar peritajes, plantear nulidades probatorias y construir relatos exculpatorios sólidos. Tratamos cada expediente con la diligencia que exige un tipo penal con penas privativas de libertad y consecuencias colaterales graves: pérdida de licencias profesionales, inhabilitación administrativa, expulsión del registro mercantil y daño reputacional duradero.