Superar el plazo de instrucción no anula las diligencias ni obliga a sobreseer

El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece un plazo máximo para la fase de instrucción de las causas penales. Su irrupción en la práctica forense ha generado una cuestión recurrente: ¿qué ocurre con todo lo actuado cuando ese plazo se agota? ¿Queda sin efecto la instrucción? ¿Debe el juez sobreseer? El Tribunal Supremo, en la sentencia que resuelve el recurso 5183/2023, de 25 de febrero de 2026, fija con claridad la respuesta.

El plazo del art. 324 LECrim y su función

El artículo 324 de la LECrim introdujo plazos máximos para la instrucción penal con el objetivo de evitar instrucciones indefinidas. Su redacción vigente procede de la Ley 2/2020, de 27 de julio, que sustituyó el régimen anterior de la Ley 41/2015 —que distinguía entre causas sencillas y complejas— por un plazo único de doce meses desde la incoación de la causa, prorrogable por el juez instructor mediante auto, por períodos sucesivos de hasta seis meses, cuando concurran razones que lo justifiquen.

La función del plazo es, en esencia, una función de ordenación procesal: limitar el tiempo durante el cual el juez instructor puede seguir practicando diligencias de investigación. No se trata de un presupuesto de procedibilidad ni de una condición de la acción, sino de un límite temporal al ejercicio de la potestad de instrucción. Esta caracterización es la que determina su alcance cuando se supera.

En la práctica, las situaciones más habituales son dos: que la instrucción no haya concluido cuando vence el plazo y que, una vez vencido, surja la duda sobre qué valor procesal conservan las diligencias ya practicadas. Es esta segunda cuestión la que aborda con mayor profundidad la resolución del Tribunal Supremo que comentamos.

La doctrina del Tribunal Supremo: validez conservada

El Tribunal Supremo despeja la cuestión de forma nítida: superar el plazo máximo de instrucción no produce la nulidad de las diligencias practicadas durante la instrucción. El razonamiento se asienta en la distinción entre la consecuencia temporal del vencimiento del plazo y las causas de nulidad de los actos procesales.

El vencimiento del plazo impide continuar instruyendo, pero no retroactúa sobre lo ya realizado. Las diligencias practicadas antes del agotamiento del plazo conservan, según esta doctrina, plena validez para su incorporación y práctica en el acto del juicio oral, siempre que se hubieran obtenido respetando los principios de contradicción y el derecho de defensa.

La Sala razona que las causas de nulidad de los actos procesales son las establecidas con carácter general en el ordenamiento procesal y que el incumplimiento de un plazo no figura entre ellas cuando no lleva aparejada la lesión de un derecho fundamental. La nulidad requiere una conexión directa con la vulneración de derechos, conexión que el mero transcurso de un plazo de instrucción no satisface por sí solo.

Sin sobreseimiento automático

La segunda consecuencia que el Tribunal Supremo descarta es el sobreseimiento automático de la causa por el solo hecho de haberse superado el plazo de instrucción. Este extremo tiene importancia práctica considerable, porque en ocasiones se invoca el vencimiento del plazo como si fuera una causa autónoma de cierre del procedimiento.

El sobreseimiento libre o provisional responde a presupuestos tasados: que los hechos no sean constitutivos de delito o que no existan indicios racionales de criminalidad, respectivamente. El artículo 324 LECrim no añade un tercer supuesto consistente en el mero transcurso del tiempo de instrucción. Por tanto, agotado el plazo, el juez instructor no queda habilitado a sobreseer por ese motivo, ni la defensa puede exigirlo con fundamento exclusivo en el vencimiento.

Lo que sí corresponde al juez, una vez vencido el plazo, es no acordar nuevas diligencias de investigación, salvo que se utilicen los mecanismos de prórroga o habilitación que la propia LECrim contempla. La apertura del juicio oral, cuando proceda, queda sujeta a las reglas ordinarias.

Las garantías procesales son autónomas

La doctrina fijada por el Tribunal Supremo no obstruye las vías de impugnación ordinarias. Si una diligencia practicada —dentro o fuera del plazo— vulneró derechos fundamentales de los investigados, la nulidad de esa diligencia puede y debe impetrarse, pero con fundamento en la lesión del derecho en cuestión, no en el incumplimiento del plazo.

El derecho de defensa, el derecho a un proceso con todas las garantías y la prohibición de obtener pruebas con vulneración de derechos fundamentales mantienen su eficacia con independencia de si el plazo de instrucción estaba o no vigente cuando se practicaron las diligencias. Son garantías de fondo, no formales, cuya vigencia no depende del estado del cómputo del plazo.

Esta distinción es relevante para la estrategia de defensa: plantear la nulidad por vencimiento del plazo, sin acompañarla de la lesión de un derecho concreto, tiene pocas probabilidades de prosperar a la vista de esta doctrina. En cambio, identificar la concreta garantía vulnerada y construir sobre ella el motivo de nulidad es el cauce correcto que la jurisprudencia deja abierto.

Consecuencias prácticas para la defensa y la acusación

Para la defensa, la resolución clarifica el campo de juego: el agotamiento del plazo es un argumento útil para oponerse a la práctica de nuevas diligencias, pero no sirve para invalidar retroactivamente las ya practicadas ni para obtener el sobreseimiento por esa sola vía. La estrategia debe orientarse a identificar irregularidades materiales en las diligencias, no a explotar el dato formal del vencimiento.

Para la acusación —tanto pública como particular—, la sentencia confirma que el material probatorio obtenido durante la instrucción no pierde validez por el mero hecho de que esta se haya extendido más allá del plazo. La solidez del acervo probatorio depende de las condiciones en que fue obtenido, no del estado del cómputo cuando se agotó el plazo.

La resolución del Tribunal Supremo contribuye así a asentar una lectura del artículo 324 LECrim coherente con su finalidad original: establecer un límite temporal a la instrucción penal sin convertir ese límite en un mecanismo de saneamiento retroactivo de todo lo actuado. El plazo actúa hacia adelante, cerrando la posibilidad de nuevas diligencias; no actúa hacia atrás, borrando las ya realizadas.