Condena por agresión sexual sobre menores sostenida en el testimonio único de la víctima

La STS 218/2026, de 17 de marzo, pronunciada en el recurso de casación 4722/2023, ofrece una síntesis precisa de la doctrina del Tribunal Supremo sobre el valor probatorio del testimonio de la víctima menor en los delitos de agresión sexual tipificados en el artículo 181 del Código Penal. La resolución es relevante no solo por lo que confirma —la suficiencia del testimonio único— sino también por la forma en que recuerda los presupuestos que deben concurrir para que la denegación de una diligencia de prueba pueda revisarse en casación.

La doctrina del testimonio único de la víctima

El Tribunal Supremo reitera en esta sentencia una doctrina consolidada: la declaración de la víctima, aun siendo el único elemento de cargo directo disponible, constituye prueba suficiente para fundar una condena cuando el tribunal de instancia la valora de forma racional y motiva debidamente su credibilidad. No existe en el ordenamiento procesal penal español una norma que exija la concurrencia de varios testigos ni una prueba adicional de contraste.

El fundamento de esta posición reside en la distinción entre la presunción de inocencia como derecho fundamental —que exige prueba de cargo suficiente y racionalmente valorada— y una hipotética regla de corroboración que el legislador no ha establecido. La LECrim no impone al tribunal que deba contar con más de un testigo para poder condenar: lo que impone es que la convicción sea el resultado de una valoración razonable del conjunto probatorio practicado con las debidas garantías.

Motivación y razonabilidad: las exigencias del control casacional

La suficiencia del testimonio único no significa que cualquier declaración de la víctima baste para condenar. El Tribunal Supremo ha construido un estándar de valoración racional que el tribunal de instancia debe respetar y plasmar en su sentencia. Ese estándar comprende, entre otros parámetros, la coherencia interna del relato, su persistencia a lo largo del proceso y la ausencia de motivaciones espurias que pudieran restarle credibilidad.

El control en casación es, en todo caso, externo y limitado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no puede sustituir la percepción directa del tribunal de instancia —que presenció la práctica de la prueba— por una valoración propia. Lo que sí puede hacer es verificar que la motivación sea suficiente y que las conclusiones alcanzadas no sean arbitrarias ni manifiestamente irrazonables. Si la sentencia de instancia supera ese umbral de razonabilidad, la condena debe confirmarse aunque el órgano de casación pudiera haber valorado la prueba de forma diferente.

Denegación de prueba: los requisitos formales y materiales

La STS 218/2026 dedica también atención al motivo fundado en la denegación de diligencias de prueba propuestas por la defensa. La Sala recuerda que este motivo de casación exige la concurrencia acumulativa de dos categorías de requisitos:

Los requisitos formales consisten, esencialmente, en haber protestado en tiempo y forma ante el órgano que acordó la denegación. La protesta no es un mero trámite: es la condición procesal que preserva la queja para su examen ulterior. Quien consiente tácitamente la denegación de una prueba o no la reitera en el momento procesal oportuno precluye la posibilidad de articularla como motivo casacional.

Los requisitos materiales son más exigentes. La prueba denegada no basta con que hubiera sido pertinente —es decir, relacionada con el objeto del proceso—: debe haber sido necesaria. La necesidad implica que su práctica habría podido alterar el sentido del fallo, de modo que su ausencia causó indefensión efectiva al recurrente. Una prueba que, de haberse practicado, no habría variado el resultado condenatorio no satisface este presupuesto, y su denegación no prospera como motivo de casación aunque la proposición hubiera sido formalmente correcta.

El artículo 181 CP y la presunción de incapacidad de consentir

Los hechos enjuiciados en la STS 218/2026 encajan en el tipo del artículo 181 CP, que sanciona los actos de naturaleza sexual realizados con menores de dieciséis años. La protección penal reforzada que dispensa esta norma descansa en una presunción legal: los menores de esa edad carecen de la madurez necesaria para consentir válidamente relaciones sexuales con adultos, con independencia de lo que pudieran manifestar en el momento.

Esta presunción tiene un efecto probatorio relevante: la defensa no puede invocar el consentimiento del menor como causa de atipicidad o como circunstancia que excluya la responsabilidad penal. La discusión probatoria se traslada, en consecuencia, a la acreditación de la realidad de los actos —terreno en el que el testimonio de la víctima cobra toda su importancia— y, en su caso, a la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad.

La relación de confianza como circunstancia agravante

Cuando el autor de los hechos mantiene con la víctima una relación de confianza, autoridad o parentesco, el CP prevé tipos agravados cuya aplicación la STS 218/2026 confirma. La razón de la agravación reside en el especial reproche que merece el aprovechamiento de un vínculo que debería proteger al menor: el agresor no solo quebranta la indemnidad sexual de la víctima, sino que instrumentaliza la confianza que esta había depositado en él para la comisión del delito.

Desde el punto de vista de la defensa, la concurrencia de estos tipos agravados exige que la acusación los haya acreditado en el juicio oral con el mismo rigor que el tipo básico. La agravación no puede presumirse ni derivarse de la mera relación familiar o afectiva: debe probarse que el autor actuó sirviéndose efectivamente de esa posición.

Implicaciones prácticas de la sentencia

La STS 218/2026 consolida un equilibrio delicado entre la protección de la víctima menor y las garantías del proceso penal. Para quien es investigado o acusado por un delito del artículo 181 CP, la sentencia subraya que la defensa debe centrarse en el análisis riguroso de la valoración probatoria realizada por el tribunal de instancia —verificando si la motivación es suficiente y si las conclusiones son razonables— y en la correcta utilización de los instrumentos procesales disponibles para impugnar las decisiones sobre prueba.

La protesta en tiempo y forma ante cualquier denegación de diligencia de prueba no es un formalismo prescindible: es el presupuesto imprescindible para poder articular ese motivo en fases ulteriores. Del mismo modo, la proposición de prueba debe acompañarse de la justificación de su necesidad —y no solo de su pertinencia— para preservar la queja frente a una eventual denegación.