Citar por error un artículo por otro no genera indefensión si los hechos estaban claros

La STS 321/2026, de 5 de mayo, desestima un recurso de casación y aborda una cuestión práctica que surge con cierta frecuencia: qué ocurre cuando la acusación cita erróneamente el precepto penal. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ofrece un criterio claro que delimita el alcance del principio acusatorio y su relación con la indefensión material.

El principio acusatorio y su contenido esencial

El principio acusatorio es una de las garantías estructurales del proceso penal. Impone que no puede haber condena sin acusación previa, que el tribunal no puede condenar por hechos distintos de los acusados ni en virtud de una calificación jurídica que la defensa no haya podido rebatir, y que la persona acusada ha de conocer con suficiente claridad de qué se le acusa para poder preparar su defensa.

El Tribunal Supremo ha precisado reiteradamente que el principio acusatorio no protege la corrección formal de cada referencia normativa de la acusación. Su objeto es la prohibición de indefensión material: que los hechos imputados, sus circunstancias relevantes y su calificación provisional sean suficientemente identificables para quien ha de defenderse de ellos. La distinción entre error formal y vulneración sustancial es, precisamente, el núcleo de la doctrina que desarrolla esta resolución.

El error en la numeración del precepto y sus efectos

La Sala razona que un error en la numeración de los artículos no produce indefensión material cuando se cumplen tres condiciones acumulativas. Primera, que el error fuera reconocible: que una lectura razonada del escrito de acusación y del relato fáctico que lo sustenta permitiera identificar cuál era realmente el precepto aplicado y por qué conducta se acusaba. Segunda, que el error no introdujera elementos nuevos e imprevisibles que la defensa no hubiera podido anticipar ni rebatir. Tercera, que la descripción fáctica contuviera los elementos esenciales del tipo por el que finalmente se condena, de modo que la defensa tuviera acceso real a los hechos y circunstancias relevantes.

Cuando esas tres condiciones concurren, el error en la cita del precepto queda en el plano de la incorrección formal sin trascendencia procesal. Lo determinante no es la perfección técnica de la referencia normativa, sino que la persona acusada haya podido conocer y oponerse a los hechos imputados.

La doctrina del TEDH sobre el conocimiento de la acusación

La resolución se apoya expresamente en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 6.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de todo acusado a ser informado de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él. El TEDH ha subrayado que esa garantía no impone la corrección formal de cada referencia normativa, sino que la acusación sea suficientemente precisa y detallada para que el acusado comprenda los hechos que se le imputan y pueda organizar su defensa.

El Tribunal Supremo incorpora esa perspectiva al ámbito interno, situando el análisis en el plano de la indefensión real y no en el de la perfección técnica de la calificación. Este enfoque permite, a su vez, distinguir el presente supuesto de los casos en que un cambio de calificación sin advertencia previa sí vulnera el principio acusatorio, como ocurrió en la STS que abordó la recalificación sorpresiva de los hechos sin dar a la defensa tiempo para reaccionar.

Elemento agravatorio y suficiencia de la descripción fáctica

La sentencia subraya que el análisis no se limita al tipo básico, sino que abarca también los elementos agravatorios. Para que el error en la cita del precepto sea inocuo, el relato de hechos debe identificar no solo la conducta núcleo del tipo, sino también las circunstancias que determinan la aplicación de la modalidad agravada. Si el elemento agravatorio aparece descrito con suficiente claridad en el relato fáctico, la defensa tiene la oportunidad de combatirlo aunque la referencia normativa fuera incorrecta.

Este punto tiene relevancia práctica en los escritos de calificación, donde los errores de numeración pueden coexistir con una descripción fáctica completa. La Sala advierte que la suficiencia de esa descripción es una cuestión que debe valorarse en cada caso, sin que quepa una respuesta automática a favor ni en contra de la indefensión.

Implicaciones para la defensa frente a calificaciones defectuosas

La doctrina de esta resolución tiene implicaciones directas para la estrategia de defensa cuando la acusación incurre en errores de cita. La defensa debe evaluar si el error es meramente formal —reconocible, sin elementos nuevos, con descripción fáctica suficiente— o si, por el contrario, generó una indefensión real porque impidió conocer o rebatir algún elemento esencial de la acusación.

En el primer supuesto, impugnar el error en casación como motivo autónomo tiene escasas posibilidades de prosperar. En el segundo, la denuncia debe plantearse en el momento procesal oportuno, articulando con precisión en qué consistió la indefensión concreta: qué elemento de la acusación no pudo ser rebatido y por qué razón el error, más que formal, fue sustancial. La claridad en ese planteamiento es la que determina la viabilidad del motivo en casación.

Valor de la resolución para el control de calificaciones defectuosas

La STS 321/2026 es útil como referencia para analizar la validez de calificaciones con errores de cita, tanto desde la perspectiva de la acusación —que puede apoyarse en ella para defender la eficacia de un escrito técnicamente imperfecto— como desde la perspectiva de la defensa, que dispone de los criterios que delimitan cuándo ese error sí produce indefensión material.

La resolución refuerza, además, la importancia de la descripción fáctica como elemento central del escrito de calificación. Un relato de hechos claro, completo y con todos los elementos relevantes del tipo y de sus agravaciones reduce el margen de impugnación por errores formales y aporta solidez a la acusación. Inversamente, una descripción fáctica incompleta o ambigua puede convertir un error formal en una vulneración sustancial del principio acusatorio, con las consecuencias procesales que ello conlleva en la LECrim.