Usar el documento de identidad de otro: solo es delito si busca un perjuicio real

El delito de uso de documento de identidad ajeno del artículo 393 del Código Penal suele asociarse a situaciones aparentemente sencillas: alguien exhibe el documento identificativo de otra persona. Pero el precepto no castiga cualquier uso de un documento que no sea propio. El Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de mayo de 2026 (recurso 3897/2023), ha acotado el tipo y ha recordado un requisito decisivo para la defensa: la conducta tiene que perseguir un perjuicio real y efectivo para un tercero, no meramente hipotético. En este comentario analizamos el alcance del precepto, la diferencia entre perjuicio real e hipotético, y el papel del principio de intervención mínima.

Qué castiga el artículo 393 CP

El artículo 393 del Código Penal se inserta entre las falsedades documentales, pero describe una conducta distinta de la falsificación: el uso del documento. Sanciona a quien, a sabiendas y en perjuicio de otro, hace uso de un documento de identidad que pertenece a una persona distinta. No se trata, por tanto, de quien crea o altera el documento, sino de quien lo emplea sabiendo que es ajeno. De esa formulación se desprenden los elementos que la doctrina considera nucleares del tipo:

• El uso del documento. La acción típica es servirse de un documento de identidad que corresponde a otro, ya sea presentándolo, exhibiéndolo o empleándolo en el tráfico jurídico.
• El conocimiento de su carácter ajeno. El autor debe actuar a sabiendas de que el documento no le pertenece; el dolo abarca esa conciencia.
• La finalidad de perjudicar a otro. El propio precepto exige que el uso se haga en perjuicio de un tercero. Esta orientación lesiva no es un añadido externo: forma parte del tipo penal y condiciona su aplicación.

La consecuencia es importante: si falta ese último elemento —la búsqueda de un perjuicio—, no se completa la conducta que el legislador quiso castigar, por más que materialmente se haya usado un documento ajeno.

Perjuicio real frente a perjuicio hipotético

El núcleo de la sentencia del Tribunal Supremo está en precisar qué clase de perjuicio exige el artículo 393. Y la respuesta es nítida: el perjuicio ha de ser real y efectivo. La Sala distingue dos planos que conviene no confundir:

• No es preciso que el perjuicio se consume. El delito no requiere que el daño llegue a producirse de manera completa. Basta con que la conducta lo persiga de forma real para que el tipo pueda quedar colmado.
• Sí es preciso que el perjuicio sea concreto. Lo que no admite la doctrina es contentarse con un perjuicio meramente hipotético: un daño imaginado, abstracto o simplemente posible. La acción debe dirigirse a lesionar de manera efectiva un derecho o interés de un tercero.

La diferencia importa en la práctica. Una cosa es exigir la consumación del daño —que la sentencia no reclama— y otra muy distinta admitir como delito el simple uso de un documento ajeno bajo la idea genérica de que «podría» perjudicar a alguien. Esa generalización es lo que el Tribunal Supremo rechaza: sin un perjuicio real al que apunte la conducta, el comportamiento no encaja en el artículo 393.

Exhibir el documento ante los agentes

El supuesto que ilustra esta doctrina es habitual: una persona exhibe el documento de identidad de otra ante los agentes de la autoridad. ¿Basta ese hecho para apreciar el delito de uso de documento de identidad ajeno? La respuesta del Tribunal Supremo es que no, si esa exhibición no va acompañada de la proyección de un daño real para un tercero.

El razonamiento es coherente con la estructura del tipo. Si el artículo 393 reclama un uso en perjuicio de otro, la mera presentación del documento ajeno —desligada de cualquier finalidad lesiva concreta— no completa la conducta. Faltando la orientación a causar un perjuicio efectivo, el comportamiento queda atípico, es decir, fuera del delito. Esto no significa que toda exhibición de documentación ajena sea irrelevante en cualquier ámbito, sino que su encaje en el artículo 393 exige algo más que el dato externo de haber mostrado un documento que no es propio.

Para la defensa, este criterio ofrece una pauta clara frente a las imputaciones por uso de documentación ajena: el análisis no puede detenerse en si se exhibió o no el documento, sino que debe interrogarse sobre la finalidad de la conducta y, en concreto, sobre la existencia de un perjuicio real al que se dirigiera.

El principio de intervención mínima

El Tribunal Supremo apoya esta delimitación en el principio de intervención mínima, uno de los pilares que orientan la aplicación del Derecho penal. Conforme a este principio, el Derecho penal es la última ratio del ordenamiento: solo debe intervenir frente a los ataques más graves a los bienes jurídicos más relevantes, dejando fuera de su ámbito las conductas que no alcanzan ese umbral de lesividad.

Aplicado al artículo 393, este principio refuerza la lectura restrictiva del tipo. Extender el delito a quien usa un documento ajeno sin buscar un perjuicio real supondría emplear la herramienta penal frente a comportamientos que carecen de la gravedad que justifica su intervención. Por eso la Sala reserva el reproche penal para los usos efectivamente orientados a dañar a un tercero. En términos prácticos, opera como un criterio interpretativo que evita la expansión del tipo y que la defensa puede invocar para sostener la atipicidad cuando no concurre la finalidad de perjuicio exigida por el precepto.

Lectura para la defensa

La doctrina fijada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 27 de mayo de 2026 ofrece una guía útil para examinar las imputaciones por uso de documento de identidad ajeno. La conclusión central es que el tipo del artículo 393 no se completa con el solo uso del documento: exige que la conducta persiga un perjuicio real y efectivo para un tercero, aunque no llegue a consumarse.

De ahí se derivan algunas claves de análisis. Conviene comprobar si la acción imputada se dirigía a causar un daño concreto a otra persona o si se trataba de un perjuicio meramente hipotético, en cuyo caso la conducta no encaja en el precepto. Como en toda cuestión penal, el encaje concreto depende de los hechos de cada caso y de su valoración; este comentario tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico sobre un supuesto particular.