El cambio de calificación sin aviso vulnera el derecho de defensa

La recalificación de los hechos es una de las decisiones más delicadas que puede adoptar un tribunal durante el juicio oral. El Código Penal y la LECrim admiten que el órgano judicial condene por un delito diferente al solicitado por la acusación, siempre que se respeten ciertos límites. La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2026, dictada en el recurso 3401/2025, precisa uno de esos límites con claridad: aunque los delitos sean homogéneos, la recalificación sorpresiva que no deja a la defensa margen para reaccionar vulnera el derecho de defensa y determina la nulidad de la condena.

La doctrina sobre recalificaciones homogéneas

El Tribunal Supremo lleva años construyendo la doctrina sobre cuándo puede un tribunal condenar por un delito que no figuraba en las conclusiones definitivas de las acusaciones. El principio general es que la homogeneidad entre el delito de la acusación y el de la condena permite esa variación sin que se quiebre el principio acusatorio, porque el objeto del proceso comprende la realidad fáctica enjuiciada, no solo la etiqueta jurídica con la que la acusación la presentó.

Sin embargo, la homogeneidad es condición necesaria, no suficiente. A ella debe añadirse que la persona acusada haya podido conocer y combatir esa calificación alternativa en el mismo proceso. Si el tribunal introduce la recalificación en la deliberación o en la sentencia, sin haberla anunciado durante el juicio, la defensa no habrá tenido ocasión de alegar, de proponer prueba ni de contrainterrogar con ese marco jurídico en mente. El resultado es indefensión.

Los hechos de la sentencia y la calificación aplicada

En el caso resuelto por el Tribunal Supremo, la acusación sostuvo a lo largo del proceso que los hechos constituían un delito de acoso del artículo 172 ter CP. El tribunal de instancia, en su sentencia, descartó esa calificación y condenó en cambio por coacciones leves del artículo 172.2 CP, una infracción menos grave pero igualmente contemplada en el Código Penal como delito leve.

Ambos preceptos pertenecen al mismo capítulo del Código Penal y protegen un bien jurídico próximo: la libertad de obrar de la persona frente a conductas coercitivas o de hostigamiento. Por eso el tribunal de instancia razonó que se trataba de delitos homogéneos y que la recalificación era correcta. El problema, como señala el Tribunal Supremo, no estaba en la homogeneidad sino en el procedimiento: la defensa no recibió aviso alguno de que la condena podía apoyarse en esa calificación alternativa.

La Directiva 2012/13/UE y el derecho a la información

La Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al derecho a la información en los procesos penales, exige que los sospechosos e imputados sean informados de la infracción penal que se les imputa con el detalle necesario para salvaguardar la equidad del proceso y el ejercicio efectivo del derecho de defensa. Ese deber de información no se agota con la acusación inicial: alcanza también los cambios relevantes en la calificación que puedan afectar a la estrategia defensiva.

El Tribunal Supremo aplica esta directiva al caso concreto y concluye que condenar por una calificación diferente sin haber advertido previamente a la defensa infringe el estándar europeo. No importa que el delito por el que se condena sea menos grave que el de la acusación: lo que importa es que la defensa no tuvo la oportunidad de articular una respuesta específica a esa calificación alternativa, de proponer prueba pertinente ni de desarrollar en el plenario la estrategia que habría desplegado si hubiera conocido el riesgo real de condena bajo esa figura.

Consecuencias prácticas para la defensa

La resolución tiene dos implicaciones prácticas inmediatas. La primera, en sede de casación o de recurso: cuando la sentencia condenatoria aplique una calificación no anunciada durante el juicio, la denuncia de indefensión por recalificación sorpresiva es un motivo sólido de impugnación, siempre que se acredite que la defensa no tuvo ocasión de pronunciarse sobre esa figura. La segunda, en sede de instancia: la defensa debe estar atenta a cualquier indicación, aunque sea indirecta, de que el tribunal está considerando una calificación diferente, y si la aprecia, puede solicitar expresamente que se le dé traslado para alegar.

El mecanismo procesal que permite introducir una calificación distinta a la de la acusación durante el juicio es la llamada tesis del artículo 733 LECrim: el tribunal puede plantear a las partes, de oficio, la posibilidad de calificar los hechos de forma diferente, otorgándoles turno de palabra. Cuando el tribunal no usa ese cauce y recalifica directamente en sentencia, la indefensión es prácticamente inevitable si la calificación no estaba en la mente de la defensa.

Alcance de la doctrina y garantía frente a sorpresas

El Tribunal Supremo no prohíbe las recalificaciones. Lo que prohíbe es la recalificación sorpresiva: aquella que se produce sin que la defensa haya podido preverla, sin que se le haya dado oportunidad de argumentar en contra y sin que haya podido proponer la prueba que habría aportado de haber conocido el escenario alternativo. Esta doctrina es coherente con el principio de contradicción y con la garantía de un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 de la Constitución.

La sentencia de 4 de marzo de 2026 añade un matiz importante: la homogeneidad entre los delitos no reduce ni elimina ese deber de información. Aunque el delito de coacciones leves sea, en cierta medida, una forma menor del acoso, la defensa ante uno y ante otro puede diferir sustancialmente en cuanto a los hechos que se destacan, la prueba que se propone y los argumentos que se desarrollan. Por eso la homogeneidad no puede servir de coartada para prescindir del aviso previo que exige la Directiva 2012/13/UE.