Convivir con un traficante no basta para condenar por tráfico de drogas

La STS 85/2026, de 5 de febrero de 2026 (recurso 6855/2023), dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, absuelve a una mujer que había sido condenada por un delito contra la salud pública del artículo 368 del CP por el único fundamento de haber convivido con un traficante y haber conocido y tolerado su actividad. La resolución sienta un criterio de referencia sobre los límites de la responsabilidad penal por imputación de entorno en los delitos de narcotráfico.

Conocimiento no equivale a participación

El núcleo de la doctrina es nítido: saber que alguien trafica no es lo mismo que participar en el tráfico. La Sala subraya que el artículo 368 del CP exige una conducta activa de promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas. El conocimiento de la actividad y su tolerancia, por sí solos, no integran ninguno de esos verbos típicos. Para condenar no basta demostrar que el acusado era consciente de lo que ocurría en su entorno; es preciso probar que realizó actos concretos que contribuyeron, aunque fuera de forma secundaria, al favorecimiento del tráfico.

Este principio no es nuevo, pero la sentencia lo reitera con especial claridad en un contexto —el domicilio compartido con el traficante— donde los tribunales de instancia tienden a dar el salto argumental de la proximidad a la coautoría o a la complicidad sin la debida justificación fáctica.

El déficit fáctico en los hechos probados

La Sala advierte además un déficit descriptivo grave en los hechos que la sentencia condenatoria declaró probados. Los hechos se limitaban a situar a la acusada en el domicilio y a afirmar que conocía y toleraba la actividad del traficante; no describían ninguna acción propia susceptible de ser calificada como favorecimiento o facilitación. Este vacío fáctico es determinante: no puede construirse una condena por el artículo 368 del CP sobre hechos que omiten el elemento de conducta que da vida al tipo penal.

La consecuencia procesal es relevante: detectado en casación el déficit descriptivo de los hechos probados, el Tribunal Supremo puede estimar el recurso y pronunciar directamente sentencia absolutoria, sin necesidad de devolver la causa para nuevo juicio, cuando la revisión fáctica ya no aportaría ningún elemento conducente a la condena.

La imputación por entorno en el narcotráfico

Las causas por narcotráfico generan con frecuencia imputaciones de personas del entorno del traficante —parejas, familiares convivientes, personas que comparten vivienda— que no han intervenido directamente en el tráfico pero cuya proximidad genera sospechas. La STS 85/2026 es una referencia útil para articular la defensa en estos supuestos.

La acusación debe acreditar hechos precisos: custodia de la sustancia o del dinero, actuaciones de vigilancia, traslados, intermediación con compradores o cualquier otra aportación que tenga sentido autónomo en la cadena de distribución. No basta con invocar la convivencia ni la presumible consciencia de la situación. La defensa tiene así un argumento sólido para impugnar tanto la calificación jurídica como la suficiencia de los hechos probados cuando la condena se apoya exclusivamente en la proximidad al traficante.

La comisión por omisión y el artículo 11 del CP

En algunos supuestos la acusación construye la responsabilidad de quien convive con el traficante por la vía del artículo 11 del CP, que regula la comisión por omisión. El argumento es que el conviviente tenía el deber jurídico de impedir o denunciar el tráfico y que su inacción equivale a una contribución omisiva al delito.

La doctrina del Tribunal Supremo exige para apreciar el artículo 11 que concurran tres elementos: que exista una posición de garante del sujeto respecto del bien jurídico protegido, que haya un deber concreto de actuar, y que la omisión sea causal respecto del resultado. La mera relación de convivencia o el vínculo afectivo no generan por sí solos una posición de garante respecto al tráfico de drogas. El conviviente no tiene un deber jurídico general de impedir que otra persona delinca; solo existiría tal deber si concurrieran circunstancias especiales que la acusación debe identificar y probar.

Relevancia práctica para la defensa

La STS 85/2026 ofrece varias palancas para la defensa en las causas de narcotráfico por imputación de entorno:

• Impugnar el relato fáctico cuando los hechos probados describen solo la convivencia y el conocimiento, sin identificar actos propios de favorecimiento.
• Cuestionar la subsunción jurídica en el artículo 368 del CP cuando no se aprecia ninguna conducta de promoción, favorecimiento o facilitación atribuible al acusado.
• Denunciar la insuficiencia probatoria invocando la presunción de inocencia, si la prueba de cargo se reduce a acreditar la proximidad al traficante sin prueba de acciones propias.
• Refutar la comisión por omisión del artículo 11 del CP cuando la acusación no identifica ni prueba los elementos de la posición de garante ni el deber concreto de actuar.

Estos argumentos son trasladables no solo a la casación sino también a la apelación ante la Audiencia Provincial y, en su caso, a la fase de instrucción, para cuestionar desde el inicio la solidez de la imputación.

Contexto normativo: los artículos 368 y 11 del CP

El artículo 368 del CP castiga a quienes ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico de sustancias que causen grave daño a la salud, así como a quienes de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten su consumo ilegal. La pena varía en función de si la sustancia causa grave o no grave daño a la salud y puede agravarse si concurren las circunstancias del artículo 369 del CP. El artículo 11 del CP, por su parte, permite atribuir el resultado de un delito a quien omite la acción indicada para evitarlo cuando ocupa una posición de garante y la omisión equivale, por su contenido material, a la producción activa del resultado.

La STS 85/2026 no modifica estos preceptos, pero delimita con rigor los presupuestos de hecho que deben concurrir para que la convivencia con un traficante dé lugar a responsabilidad penal bajo cualquiera de estas dos vías. Ese rigor fáctico y jurídico es el que la defensa debe exigir en cada causa.