Preguntas Frecuentes (FAQ)

El límite son 120.000€ de cuota defraudada por cada impuesto y año (art. 305 CP). Por debajo es una infracción administrativa de Hacienda; por encima, es delito contra la Hacienda Pública con penas de prisión de 1 a 5 años (hasta 6 en el tipo agravado).

Es introducir en el sistema económico bienes procedentes de una actividad delictiva para darles apariencia de legalidad (art. 301 CP). Las penas van de 6 meses a 6 años de prisión, agravadas si el dinero procede del narcotráfico, la corrupción o la organización criminal.

Sí. El art. 305.4 CP prevé una excusa absolutoria: si se regulariza la situación tributaria reconociendo y pagando la deuda antes de que la Administración notifique actuaciones de comprobación, se extingue la responsabilidad penal.

Son delitos distintos con umbrales propios. El fraude a la Seguridad Social (art. 307 CP) exige 50.000€ defraudados, y el fraude de subvenciones (art. 308 CP), 100.000€. Cada uno tiene su propia mecánica de cálculo y de regularización.

Sí. Trabajamos habitualmente en Derecho Penal Corporativo y Compliance: defendemos a empresas investigadas y diseñamos modelos de prevención orientados a operar como mecanismo de exención o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica conforme al art. 31 bis CP.

Es un sistema de prevención de delitos en la empresa. Si está correctamente implantado, supervisado y resulta eficaz, puede eximir a la persona jurídica de responsabilidad penal (art. 31 bis CP), incluso si un empleado comete un delito en su seno.

El art. 31 bis 2 y 5 CP exige, entre otros: identificar las actividades de riesgo, establecer protocolos de decisión, un modelo de gestión de recursos financieros, un canal de denuncias, un régimen disciplinario y un órgano de supervisión (Compliance Officer) con poderes autónomos.

Las empresas no ingresan en prisión, pero pueden ser condenadas a multas elevadas, disolución, suspensión de actividades, clausura, inhabilitación para obtener subvenciones o contratar con el sector público e intervención judicial. Su responsabilidad penal es independiente de la de sus directivos.

La Ley 2/2023 obliga a empresas (a partir de 50 trabajadores) y entidades públicas a tener un sistema interno de información (canal de denuncias) que proteja al informante frente a represalias. Un canal bien diseñado es además una pieza clave del modelo de compliance.

Sí, son responsabilidades compatibles. La condena a la persona jurídica no excluye la de la persona física que cometió el delito, y viceversa. Por eso la defensa de directivos y empresa debe coordinarse cuidando posibles conflictos de interés.

Es engañar a otro para que, con ese error, realice un acto de disposición patrimonial en su perjuicio (arts. 248-249 CP). Si la cuantía supera los 400€ es delito menos grave (prisión de 6 meses a 3 años); por debajo, delito leve de multa. El art. 250 agrava la pena (1 a 6 años) en casos como cuantía superior a 50.000€ o abuso de relaciones personales.

La clave es el engaño previo y el dolo. Si desde el inicio hubo un montaje para no cumplir (engaño bastante anterior al contrato), es estafa. Si el negocio era real y luego se torció, suele ser un incumplimiento civil, no un delito. Esta frontera es el principal campo de defensa.

Es un esquema fraudulento donde los supuestos beneficios de los inversores se pagan con el dinero de nuevos participantes, sin inversión real subyacente. Se castiga como estafa agravada, con penas que pueden alcanzar los 6 años de prisión según la cuantía y el número de afectados.

Es una modalidad de estafa informática (art. 249.1.a CP). Si usted ha sido víctima y el banco no aplicó medidas de seguridad diligentes, puede reclamar. Si le acusan de ser 'mulero' (recibir dinero y reenviarlo a terceros), su defensa debe centrarse en acreditar el desconocimiento del origen ilícito.

Es engañar a un juez o tribunal, mediante manipulación de pruebas o documentos, para obtener una resolución que perjudique a la otra parte (art. 250.1.7º CP). Está específicamente agravada por afectar a la Administración de Justicia.

Es hacer propio un dinero, efecto o bien mueble que se había recibido legítimamente en depósito, custodia o administración, o por otro título que obligue a devolverlo (art. 253 CP). El delito no está en cómo se recibió, sino en negarse a restituir o en darle un destino propio.

La apropiación indebida (art. 253) implica quedarse con lo ajeno recibido en confianza. La administración desleal (art. 252) supone excederse en las facultades de gestión de un patrimonio ajeno causándole un perjuicio, sin necesariamente apropiarse de un bien concreto.

En el título de recepción. En el hurto el autor nunca tuvo la cosa legítimamente (la toma sin consentimiento); en la estafa la obtiene mediante engaño previo; en la apropiación indebida la recibió lícitamente y luego incumple la obligación de devolverla.

Apropiarse de dinero o cosa recibida por error del transmitente puede ser delito (art. 254 CP), castigado con multa. La obligación es comunicar el error y restituir; quedárselo conscientemente genera responsabilidad penal además de civil.

Se remite a las penas de la estafa (art. 248): prisión de 6 meses a 3 años según la cuantía, y hasta 6 años si concurren las agravantes del art. 250 (por ejemplo, cuantía superior a 50.000€ o abuso de relaciones personales).

El hurto (art. 234 CP) es tomar una cosa ajena sin violencia ni fuerza. El robo aparece cuando hay fuerza en las cosas (art. 238: fractura, escalo, llaves falsas) o violencia o intimidación en las personas (art. 242). El robo siempre es más grave que el hurto.

La frontera está en los 400€: por encima es delito (prisión de 6 a 18 meses); por debajo, delito leve de multa. Sin embargo, tras la LO 1/2026 la multirreincidencia puede convertir un hurto leve en delito con prisión aunque la cuantía sea pequeña.

Desde 2026, si el autor acumula tres o más condenas previas firmes por delitos del mismo título (hurto, robo, estafa…), el hurto leve deja de tratarse como tal y puede conllevar prisión de 6 a 18 meses, aunque lo sustraído valga pocos euros. Conviene revisar siempre los antecedentes antes de conformarse.

Es el apoderamiento de cosa ajena empleando violencia o intimidación en las personas (art. 242 CP), con penas de 2 a 5 años de prisión, agravadas si se usan armas. Es el tipo que abarca atracos y tirones cuando hay contacto o amenaza.

Sí, es el hurto de uso de vehículos de motor (art. 244 CP): tomarlo sin ánimo de apropiárselo definitivamente, para usarlo y devolverlo. Se castiga con trabajos en beneficio de la comunidad o multa, agravándose si hay fuerza o violencia.

Desapareció el abuso sexual como categoría autónoma: hoy todo acto sexual sin consentimiento es agresión sexual (art. 178 CP). El consentimiento debe ser expreso. La pena varía según concurra violencia, intimidación, prevalimiento o víctima especialmente vulnerable.

Son 16 años. Las relaciones con un menor de 16 son, en principio, delito (art. 181 CP), salvo la excepción por proximidad de edad y grado de madurez del art. 183 bis CP cuando ambos son adolescentes cercanos en edad y desarrollo.

El tipo básico (art. 178) se castiga con prisión de 1 a 4 años; cuando hay acceso carnal o penetración (art. 179) las penas suben a 4 a 12 años, y se agravan más con violencia extrema, varios autores o víctima vulnerable.

La difusión o tenencia de imágenes sexuales de menores, aunque las enviara voluntariamente el propio menor, puede constituir un delito grave de pornografía infantil (art. 189 CP) o de descubrimiento y revelación de secretos.

Una denuncia que se demuestre conscientemente falsa puede ser, a su vez, delito de denuncia falsa o de acusación falsa (art. 456 CP). La defensa del acusado se apoya en la presunción de inocencia, la pericial de credibilidad y el análisis riguroso de la prueba.

El homicidio (art. 138 CP) es matar a otro sin circunstancias cualificadas, con prisión de 10 a 15 años. El asesinato (art. 139) requiere alevosía, ensañamiento, precio o para facilitar otro delito, con penas de 15 a 25 años.

Es la pena máxima del ordenamiento, reservada a los asesinatos más graves (víctima menor de 16 años o especialmente vulnerable, asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, asesinatos múltiples…). Tras cumplir un mínimo de años, el tribunal revisa periódicamente si procede la libertad condicional con pronóstico de reinserción.

Es causar la muerte de otro por imprudencia, no de forma intencionada (art. 142 CP). Es muy frecuente en accidentes de tráfico o laborales y en la negligencia médica. La pena depende de si la imprudencia es grave o menos grave.

Cuando el menoscabo requiere para su sanidad, además de una primera asistencia, tratamiento médico o quirúrgico (art. 147 CP). Las lesiones más graves (pérdida de un órgano, miembro o sentido) se castigan con penas mayores (arts. 149-150).

Es una eximente (art. 20.4 CP) que exime de responsabilidad a quien repele una agresión ilegítima, actual o inminente, con un medio racionalmente proporcionado y sin provocación previa suficiente. Bien acreditada, conduce a la absolución.

Sí, cuando el hostigamiento es reiterado y menoscaba gravemente la integridad moral del trabajador (art. 173 CP). Se persigue penalmente para proteger la dignidad y la salud del empleado, con independencia de las acciones laborales que correspondan.

Es un delito (lesiones, amenazas, injurias…) motivado por la discriminación hacia la víctima por su raza, religión, orientación sexual, ideología, género o discapacidad (art. 22.4 CP como agravante; art. 510 para la incitación al odio). Eleva la pena de forma notable.

Es no auxiliar a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave cuando se puede hacer sin riesgo propio ni de terceros (art. 195 CP). Es muy común tras accidentes de tráfico y se agrava si quien omite causó el accidente.

Es infligir a otra persona un trato que menoscabe gravemente su integridad moral (art. 173 CP). Protege la dignidad frente a humillaciones, vejaciones reiteradas o condiciones degradantes, dentro o fuera del ámbito laboral y familiar.

En delitos leves o semipúblicos es un proceso voluntario donde víctima e infractor, con un mediador, buscan un acuerdo reparador. Si se alcanza, puede traducirse en una atenuante de reparación del daño o facilitar el archivo de la causa.

La víctima puede manifestar que no desea continuar, pero al tratarse de delitos públicos la Fiscalía puede (y suele) mantener la acusación de oficio si existen indicios, con independencia de la voluntad de la denunciante.

La violencia doméstica se ejerce sobre cualquier miembro del núcleo familiar (hijos, padres, hermanos, convivientes). La de género requiere que sea del hombre hacia la mujer en una relación de pareja o expareja. Tienen tratamiento procesal y juzgados diferentes.

Sí. El impago de pensiones fijadas judicialmente durante 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos constituye delito de abandono de familia (art. 227 CP), con pena de prisión o multa, además de la obligación de pagar lo debido.

Es delito de quebrantamiento (art. 468 CP) aunque sea la propia víctima quien propicie el contacto. Conlleva un alto riesgo de prisión, porque el tribunal lo interpreta como desobediencia y como signo de peligrosidad.

Es el sistema policial de seguimiento de la violencia de género. Tras la Instrucción de 2025 (VioGén-2) valora cuatro niveles de riesgo (bajo, medio, alto y extremo) que determinan las medidas de protección. El nivel asignado puede y debe revisarse si las circunstancias cambian.

Es anunciar a otro un mal que constituya delito (matar, lesionar, dañar…) de forma seria y creíble (arts. 169-171 CP). La pena depende de si la amenaza es condicional (se exige algo a cambio) o no, y de la gravedad del mal anunciado.

Es impedir con violencia a otro hacer lo que la ley no prohíbe, u obligarle a hacer lo que no quiere (art. 172 CP). A diferencia de la amenaza, la coacción actúa sobre la voluntad en el momento presente, doblegándola por la fuerza.

Es el hostigamiento insistente y reiterado (vigilar, llamar, perseguir, contactar) que altera gravemente la vida cotidiana de la víctima (art. 172 ter CP), sin necesidad de amenaza expresa. Incluye el acoso a través de medios digitales.

Ambos privan a otro de su libertad (arts. 163-164 CP). El secuestro añade una condición para liberar a la víctima (normalmente un rescate o exigencia), lo que agrava la pena de forma considerable.

Sí. La amenaza es delito con independencia del medio. Un mensaje de WhatsApp, un correo o una publicación pueden constituir delito de amenazas o coacciones si generan en la víctima un temor real y fundado.

La calumnia (art. 205 CP) es imputar a alguien un delito concreto sabiendo que es falso o con temerario desprecio a la verdad. La injuria (art. 208) es lesionar la dignidad de otro menoscabando su fama o su propia estima sin llegar a imputar un delito.

Depende del contenido. Puede ser injuria o calumnia, un delito de odio (si incita a la violencia contra un colectivo) o quedar amparado por la libertad de expresión. Analizamos el contexto, el alcance y la intención del mensaje para definir la defensa.

Son delitos privados: solo la persona ofendida puede perseguirlos, mediante querella y, por regla general, un acto de conciliación previo. La acción se extingue con el perdón del ofendido, lo que abre la puerta a soluciones negociadas.

No de forma absoluta. Protege la crítica, la opinión y la información veraz sobre asuntos de interés público, pero no el insulto sin fundamento ni la imputación de hechos falsos. La frontera entre crítica legítima y delito es casuística y se decide caso por caso.

Es la prueba de la verdad: en la calumnia, el acusado queda exento de pena si prueba que el hecho delictivo que imputó era cierto. En las injurias solo opera cuando se dirigen contra funcionarios por hechos relativos a su cargo.

Conducir con más de 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado (o 1,2 g/l en sangre) es delito (art. 379.2 CP). Por debajo de esa tasa puede ser una infracción administrativa grave, pero no delito, salvo que se acredite una conducción influida.

La negativa es un delito autónomo (art. 383 CP) que suele conllevar penas más graves que la propia alcoholemia: prisión de 6 meses a 1 año y privación del permiso. Legalmente, salvo casos muy concretos, es preferible someterse a la prueba.

Conducir sin haber obtenido nunca el permiso, o tras su pérdida total por puntos, una privación judicial o cautelar, es delito (art. 384 CP). Conducir habiendo perdido el carné físico pero conservando la vigencia administrativa no lo es.

Superar en más de 60 km/h el límite en vía urbana o en más de 80 km/h en vía interurbana es delito de seguridad vial (art. 379.1 CP), castigado con prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en todo caso, con la privación del permiso.

Abandonar el lugar tras causar un accidente con víctimas es delito autónomo (art. 382 bis CP), que se suma a las posibles lesiones u homicidio imprudente y a la omisión del deber de socorro. La huida agrava notablemente la responsabilidad.

Es que quien administra un patrimonio ajeno (un administrador, un apoderado) se exceda de sus facultades y cause un perjuicio al patrimonio gestionado (art. 252 CP). Es uno de los delitos estrella en los conflictos entre socios y en la responsabilidad de directivos.

Es falsear las cuentas anuales u otros documentos que reflejen la situación de la sociedad, de modo idóneo para causar un perjuicio (art. 290 CP). Protege la fiabilidad de la información económica frente a socios, inversores y terceros.

Son acuerdos impuestos abusivamente por una mayoría en beneficio propio y en perjuicio de otros socios, o acuerdos lesivos adoptados con mayorías ficticias (arts. 291-292 CP). Protegen a la minoría frente al abuso de poder en la sociedad.

Es negar o impedir la actuación de los organismos de supervisión (CNMV, Banco de España, inspección) cuando la empresa está legalmente sometida a ellos (art. 294 CP). Se castiga la falta de colaboración con la supervisión administrativa.

Administradores, consejeros y directivos pueden responder penalmente por decisiones que causen un perjuicio a la sociedad, a los socios o a los acreedores, así como por los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o bajo su supervisión.

Es alterar, simular o crear un documento falso para hacerlo pasar por auténtico en el tráfico jurídico (arts. 390 y ss. CP). Las penas dependen del tipo de documento y de si el autor es funcionario o particular.

Sí, y mucho. La falsedad en documento público, oficial o mercantil cometida por un particular (art. 392 CP) se castiga con prisión de 6 meses a 3 años. La falsedad en documento privado (art. 395 CP) es más leve y, además, exige ánimo de perjudicar a un tercero.

El mero uso, a sabiendas, de un documento falso para perjudicar a otro también es delito (arts. 393 y 396 CP), con una pena algo inferior a la de quien lo falsificó. Conocer la falsedad es el elemento clave del tipo.

Sí. La falsedad de certificados (arts. 397-399 CP) es un tipo específico, y la falsedad de recetas o documentos sanitarios tiene su propio tratamiento. Aunque las penas suelen ser menores que en la falsedad documental general, generan antecedentes penales.

La falsificación de moneda (art. 386 CP) es un delito grave con penas de prisión elevadas. La falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP) se equipara en gravedad a la moneda por su impacto en el tráfico económico.

Sí. La tenencia de armas reglamentadas sin licencia o guía, de armas prohibidas o de armas de guerra es delito (arts. 563-566 CP), con penas que pueden ir de 1 a 3 años de prisión según el tipo de arma y si está o no operativa.

Es agredir, acometer o intimidar gravemente, u oponer resistencia activa grave, a un agente de la autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones (art. 550 CP). Las penas pueden alcanzar varios años de prisión, agravadas si se emplean armas.

La resistencia (art. 556 CP) implica oponerse de forma activa pero no grave a la autoridad; la desobediencia es negarse a cumplir una orden legítima. Ambas son menos graves que el atentado, pero también constituyen delito.

Son actuaciones en grupo que alteran la paz pública mediante violencia sobre personas o cosas, o invadiendo instalaciones (art. 557 CP, reformado por la LO 14/2022). Incluyen altercados graves en concentraciones, eventos o vía pública.

No. La sedición fue derogada por la LO 14/2022. Las conductas más graves de alteración del orden público se reconducen ahora a los desórdenes públicos agravados, con un marco penal distinto al de la antigua sedición.

Si es para autoconsumo, es una sanción administrativa (multa), no delito. La frontera se sitúa en si los agentes aprecian indicios de destino al tráfico: la cantidad, el fraccionamiento, el dinero o la balanza son claves para distinguir consumo de venta.

Son, principalmente, el cultivo, elaboración y tráfico de drogas (art. 368 CP). La pena es mayor para las sustancias que causan grave daño a la salud (cocaína, heroína) que para las que no (cannabis), y depende además de la cantidad y de los agravantes.

El art. 369 CP agrava por notoria importancia de la cantidad, pertenencia a organización, difusión a menores o en centros educativos, entre otros. El art. 370 prevé la extrema gravedad (jefatura de organización, uso de buques), con las penas más altas.

El autocultivo discreto para consumo estrictamente personal no es, en sí, delito, pero la línea es muy fina: el número de plantas, la producción estimada o cualquier indicio de distribución pueden convertirlo en un delito contra la salud pública.

Es una zona gris. La jurisprudencia ha considerado delictiva la distribución organizada de cannabis a través de clubes cuando excede el estricto consumo compartido entre un grupo cerrado y reducido. Cada caso exige un análisis específico.

Es el delito de corrupción de funcionarios: solicitar, recibir u ofrecer dádivas o favores a cambio de un acto del cargo (arts. 419-427 CP). Responden tanto el funcionario que recibe (cohecho pasivo) como el particular que ofrece (cohecho activo).

Es que una autoridad o funcionario se apropie o dé un destino privado a los fondos públicos que tiene a su cargo (art. 432 CP). Es uno de los delitos centrales en las causas de corrupción, con penas de prisión e inhabilitación.

Es que una autoridad o funcionario dicte, a sabiendas, una resolución arbitraria e injusta en un asunto administrativo (art. 404 CP). La pena principal es la inhabilitación especial para empleo o cargo público, que aparta al condenado de la función pública.

Es influir en un funcionario, prevaliéndose de una relación personal o jerárquica, para que dicte una resolución que genere un beneficio económico (arts. 428-430 CP). Castiga el uso indebido de la cercanía al poder para obtener ventajas.

Es que la autoridad o funcionario se aproveche de su cargo para intervenir, directa o indirectamente, en negocios o contratos en los que debe informar o decidir (art. 439 CP). Protege la imparcialidad de la Administración frente al conflicto de intereses.

Es provocar, contraviniendo la normativa, emisiones, vertidos o ruidos que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales (art. 325 CP). Afecta tanto a empresas como a sus responsables técnicos y administradores.

Sí, cuando se trata de obras de urbanización o edificación no autorizables en suelo protegido o de especial valor (art. 319 CP). Es el delito sobre la ordenación del territorio, que puede conllevar prisión, multa e incluso la demolición de lo construido.

Sí. El incendio forestal (arts. 352-354 CP) se castiga con severidad, distinguiendo el doloso del causado por imprudencia grave. Las penas se agravan si hay peligro para la vida, gran extensión afectada o se realiza en época de alto riesgo.

Sí. Maltratar injustificadamente a un animal causándole lesión o muerte es delito (reformado en 2023), con penas de prisión e inhabilitación para la tenencia de animales y para profesiones relacionadas, agravadas si el animal muere o se actúa con ensañamiento.

El Código Penal castiga la caza o pesca de especies amenazadas, el tráfico de especies protegidas y los daños a hábitats y espacios naturales (arts. 332-336 CP), en línea con los convenios internacionales de protección de la biodiversidad.

Su prioridad es guardar silencio: no declare ante la policía y solicite de inmediato la asistencia de un abogado de su confianza. Cualquier manifestación informal, hecha con nervios y sin asesoramiento, puede perjudicar gravemente su defensa posterior.

La denuncia es la mera comunicación de un hecho posiblemente delictivo a la autoridad. La querella es un escrito formal de acusación, presentado con abogado y procurador, por el que quien la interpone se persona como parte acusadora en el proceso desde el inicio.

Significa que existen indicios de que ha podido participar en un delito y se dirige el procedimiento contra usted. No equivale a ser culpable: es la condición que le otorga, precisamente, el derecho a defenderse, a un abogado y a no declarar contra sí mismo.

Es una medida cautelar excepcional anterior al juicio. Solo procede si hay riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva. Trabajamos para evitarla o sustituirla por medidas menos gravosas como la fianza o las comparecencias periódicas.

Es un acuerdo entre defensa y fiscalía por el que el acusado reconoce los hechos a cambio de una rebaja de la pena. Es una herramienta estratégica útil para acotar el riesgo en casos con prueba de cargo muy sólida, pero debe valorarse con cautela y nunca firmarse sin estudiar los antecedentes.

Es un principio constitucional: si una prueba se obtiene vulnerando derechos fundamentales (por ejemplo, un registro sin orden judicial), no solo esa prueba es nula, sino también todas las que deriven de ella. Es una de las herramientas más potentes de la defensa.

Es un procedimiento urgente para que una persona detenida ilegalmente sea puesta de inmediato a disposición judicial. Se invoca cuando la detención se prolonga indebidamente, no se informan los derechos o se sufren malos tratos.

Sí. Simular ser víctima de un delito que no ha ocurrido, o autoinculparse falsamente, para provocar la actuación policial o judicial es delito (art. 457 CP), castigado con multa. Es habitual en falsos robos para cobrar un seguro.

En la denuncia falsa (art. 456 CP) se imputa el delito a una persona concreta sabiendo que es inocente. En la simulación (art. 457) no se acusa a nadie, solo se finge un delito inexistente. La denuncia falsa es más grave por afectar a un tercero.

Es faltar a la verdad en una declaración como testigo o perito ante un tribunal (arts. 458-462 CP). Se agrava si se da en una causa penal contra el reo. El investigado, en cambio, no comete este delito porque tiene derecho a no declararse culpable.

Es incumplir una pena, una medida de seguridad o una medida cautelar impuesta (art. 468 CP): por ejemplo, saltarse una orden de alejamiento, una localización permanente o no reingresar tras un permiso penitenciario. Conlleva un alto riesgo de prisión.

Es ayudar, después de cometido un delito y sin haber participado en él, a los autores a beneficiarse, a ocultar pruebas o a eludir la acción de la justicia (arts. 451-454 CP). Hay exenciones para quien encubre a familiares próximos.

El Código Penal Militar (LO 14/2015) tipifica los delitos específicamente militares (cometidos por militares en relación con el servicio): deserción, abandono de destino, delitos contra la disciplina, contra los deberes del servicio o contra la jerarquía.

La jurisdicción militar, integrada por los Tribunales Militares y, en la cúspide, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Es una jurisdicción especializada con normas procesales propias que conviven con las garantías constitucionales comunes.

La deserción es ausentarse de la unidad con ánimo de sustraerse permanentemente a las obligaciones militares; el abandono de destino es una ausencia injustificada por un tiempo determinado. Ambos son delitos militares con penas de prisión.

Sí, pero no por lo mismo. Las faltas disciplinarias (leves, graves, muy graves) se rigen por la ley de régimen disciplinario; cuando la conducta alcanza la gravedad de un delito, entra en juego el Código Penal Militar, respetando el principio 'non bis in idem'.

Como regla general, no: la jurisdicción militar se limita al ámbito estrictamente castrense. Solo en supuestos muy excepcionales (por ejemplo, durante la declaración del estado de sitio) la ley contempla su extensión, siempre de forma tasada.

Sí. Un ataque puede integrar varios delitos: acceso ilícito a sistemas (art. 197 bis CP), daños informáticos (art. 264), revelación de secretos de empresa y extorsión (ransomware). Asesoramos en la interposición de la querella y en la preservación de la prueba digital.

Depende. Grabar una conversación en la que usted participa es lícito y constituye prueba válida, aunque la otra parte no lo sepa. Grabar conversaciones de terceros en las que usted no interviene es delito de descubrimiento de secretos (art. 197 CP).

Es una extorsión informática: se cifran los datos de la víctima y se exige un rescate para liberarlos. Integra, al menos, un delito de daños informáticos (art. 264 CP) y otro de extorsión, con penas que pueden superar los 5 años de prisión.

Difundir imágenes de contenido sexual de una persona creadas o manipuladas digitalmente sin su consentimiento puede perseguirse penalmente, según el caso, como delito contra la integridad moral, además de la vía civil de protección del honor y de la propia imagen. Si la persona afectada es menor de edad, puede constituir pornografía infantil.

Correos, capturas, mensajes, registros de IP o metadatos pueden ser válidos siempre que se garantice su autenticidad y la cadena de custodia. Un volcado forense certificado por perito es la forma más segura de aportarlos y de resistir su impugnación.

Tener criptomonedas no es delito en sí mismo. No declararlas cuando existe obligación puede ser una infracción tributaria. La cuestión penal aparece si los fondos proceden de una actividad ilícita, en cuyo caso podría haber blanqueo de capitales.

Son fraudes que usan la apariencia de inversión en criptoactivos (falsas plataformas, promesas de rentabilidad, suplantación de exchanges) para captar fondos. Se denuncian como estafa; es esencial conservar capturas, justificantes de transferencia y las direcciones de las carteras implicadas.

Sí. Aunque las criptomonedas ofrecen pseudoanonimato, las fuerzas de seguridad emplean herramientas de análisis de blockchain para seguir el rastro de las transacciones, y los exchanges regulados están obligados a facilitar datos a requerimiento judicial.

Un 'rug pull' es el fraude por el que los promotores de un proyecto cripto captan inversión y desaparecen con los fondos. El fraude en ICOs (emisiones de tokens) consiste en vender activos digitales sin respaldo real. Ambos suelen encajar en la estafa, a veces agravada.

MiCA (Reglamento UE 2023/1114) es el marco europeo que regula los criptoactivos y a sus proveedores de servicios, exigiéndoles autorización y transparencia. Su incumplimiento abre la vía administrativa y refuerza la persecución de los fraudes con criptomonedas.

Con discreción y control estricto de la información. El secreto profesional nos impide divulgar datos del caso, y trabajamos la estrategia procesal y la gestión de la comunicación de forma coordinada para minimizar el impacto reputacional, siempre dentro de la legalidad.

Son derechos fundamentales (art. 18 CE y LO 1/1982) frente a intromisiones ilegítimas: revelar datos privados, publicar imágenes sin consentimiento o atribuir hechos que dañen la reputación. Su vulneración puede tener vía penal y civil simultánea.

Sí. La difusión sin consentimiento de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con anuencia de la víctima, pero divulgadas sin ella, es delito (art. 197.7 CP). Actuamos con urgencia para frenar la difusión y preservar la prueba.

Es la facultad de solicitar que se retiren o desindexen de los buscadores informaciones obsoletas, inexactas o lesivas para la reputación. Se canaliza por la vía de protección de datos y, en su caso, judicial, y es clave en la reputación digital.

Sí. La confidencialidad es un pilar de nuestro trabajo. Adaptamos los canales de comunicación y la operativa del caso para preservar la privacidad de directivos, profesionales y personas con exposición pública, sin merma del rigor técnico de la defensa.

Es suministrar o facilitar a deportistas sustancias o métodos prohibidos que pongan en peligro su salud (art. 362 quinquies CP), en coordinación con la normativa antidopaje. Se persigue principalmente a quienes proporcionan o administran las sustancias.

Sí. La corrupción en el deporte (art. 286 bis CP) castiga a quienes, por sí o mediante terceros, alteran de forma fraudulenta el resultado de una competición a cambio de un beneficio. Afecta a deportistas, directivos y árbitros.

Por regla general no, porque el deporte conlleva un riesgo asumido. Sí puede serlo cuando la acción excede claramente las reglas del juego y se causa la lesión con dolo o con imprudencia grave, ajena a la dinámica deportiva.

Los clubes, como personas jurídicas, pueden responder por delitos económicos, fiscales o de corrupción cometidos en su beneficio (art. 31 bis CP). Sus directivos responden, además, a título personal por las decisiones que adopten.

Los altercados violentos de aficionados pueden constituir desórdenes públicos, lesiones o daños, y se suman a las sanciones administrativas de la Ley contra la violencia en el deporte, que prevé prohibiciones de acceso a los recintos deportivos.

Mantenga la calma, no oponga resistencia y ejerza de inmediato su derecho a guardar silencio. Pida la asistencia de un abogado de su confianza, no firme documentos que no comprenda y evite conversaciones informales con los agentes sobre los hechos: todo puede acabar incorporado al atestado.

Entre otros: guardar silencio y no declarar contra sí mismo, designar abogado y ser asistido por él sin demora injustificada, que se comunique la detención al familiar o persona que designe, comunicarse telefónicamente con un tercero, ser asistido gratuitamente por un intérprete y ser reconocido por el médico forense. Además, debe ser informado por escrito, en lenguaje sencillo y accesible, de los hechos que se le atribuyen y de las razones de la privación de libertad.

No puede durar más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial (art. 520 LECrim). El juez, a su vez, dispone de otras 72 horas desde la entrega para elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto (art. 497 LECrim).

Es un procedimiento urgente y sencillo (LO 6/1984) para que el juez examine de inmediato la legalidad de una detención y ordene la libertad si resulta ilegal. Procede cuando se superan los plazos, no se informan los derechos o no se respetan las garantías. Pueden instarlo el propio detenido, su cónyuge o pareja, sus familiares, su abogado y el Ministerio Fiscal.

Solo con el consentimiento del titular, con autorización judicial o en caso de flagrante delito (art. 18.2 CE). El consentimiento puede negarse, y un registro practicado fuera de esos supuestos es nulo y arrastra la nulidad de las pruebas que deriven de él. Ante la duda, es preferible no consentir nada sin asesoramiento letrado.

La declaración policial no es prueba por sí misma: lo que pesa en el proceso es lo que se declara ante el juez. Por eso la pauta habitual de defensa es guardar silencio en comisaría y declarar en sede judicial, una vez estudiado el atestado y definida la estrategia con el abogado. Cada caso exige, no obstante, una valoración individual.

A los derechos comunes se suman la asistencia gratuita de intérprete si no comprende o no habla el castellano y la comunicación de la detención a la oficina consular de su país, con derecho a visitas y correspondencia consulares (art. 520.2 LECrim). El consulado puede asistir, pero la defensa penal corresponde siempre al abogado.

El art. 131 CP fija los plazos según la pena máxima: 20 años si es prisión de 15 o más; 15 años si es inhabilitación por más de 10 o prisión de entre 10 y 15; 10 años si es prisión o inhabilitación de más de 5 y hasta 10; y 5 años para los demás delitos. Los delitos leves y los de injurias y calumnias prescriben al año.

La prescripción se interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirige contra la persona indiciariamente responsable mediante resolución judicial motivada (art. 132.2 CP). La denuncia o querella contra una persona determinada suspende el cómputo por un máximo de 6 meses; si después se dicta esa resolución, la interrupción se retrotrae a la fecha de su presentación.

El art. 136 CP exige haber extinguido la pena y no volver a delinquir durante: 6 meses (penas leves), 2 años (penas de hasta 12 meses y delitos imprudentes), 3 años (restantes penas menos graves inferiores a 3 años), 5 años (menos graves de 3 años o más) y 10 años (penas graves). La cancelación puede pedirse al Ministerio de Justicia o acordarse de oficio.

Solicitando el certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia. Puede pedirse de forma telemática, presencial o por correo, y es el documento que exigen muchas administraciones y trámites oficiales.

En el empleo privado, con carácter general, no pueden exigirse salvo en sectores regulados. En cambio, muchas oposiciones y empleos públicos exigen carecer de antecedentes no cancelados, y cualquier profesión con contacto habitual con menores requiere una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Por eso conviene instar la cancelación en cuanto se cumplen los plazos.

Los antecedentes penales derivan de condenas firmes y constan en el Registro Central de Penados. Los policiales son las reseñas que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conservan por detenciones o investigaciones, aunque no haya existido condena. Se cancelan por vías distintas: los policiales se solicitan al Ministerio del Interior y no desaparecen automáticamente al cancelar los penales.

Sí. La condena por delito leve se inscribe en el Registro aunque la pena sea solo de multa, si bien su plazo de cancelación es el más corto: 6 meses desde la extinción de la pena (art. 136 CP). Además, tras la LO 1/2026 la acumulación de condenas por delitos del mismo título puede activar la multirreincidencia y agravar notablemente un nuevo hecho.

Mediante presupuesto previo y hoja de encargo, que delimita por escrito las actuaciones cubiertas (asistencia al detenido, instrucción, juicio, recursos) y su importe. Los honorarios dependen de la complejidad del asunto, de la fase procesal y del órgano ante el que se actúa, y pueden acordarse formas de pago fraccionadas.

Son los gastos del proceso: honorarios de abogado y procurador, peritajes y demás desembolsos. La ley las impone a los criminalmente responsables del delito (art. 123 CP), de modo que el condenado suele cargar con ellas; si hay absolución, se declaran de oficio y cada parte asume las suyas.

Sí. El querellante particular o el actor civil pueden ser condenados al pago de las costas cuando resulte de las actuaciones que obraron con temeridad o mala fe (art. 240 LECrim). Al acusado absuelto, en cambio, nunca se le imponen las costas.

Es el derecho a la asistencia jurídica gratuita (Ley 1/1996) de quien acredita insuficiencia de recursos para litigar, con umbrales de renta referenciados al IPREM según el núcleo familiar. Se solicita a través del Colegio de la Abogacía, que gestiona el turno de oficio y la tramitación ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

El abogado de oficio es designado por el turno del Colegio cuando el ciudadano no nombra a uno propio; el particular es libremente elegido y contratado por el cliente. La designación de oficio no equivale siempre a justicia gratuita: si ese derecho no se reconoce, el servicio se abona. En cualquier momento puede designarse un abogado particular de confianza.

Cubre todas las fases: asistencia al detenido, defensa durante la instrucción (declaraciones, proposición de diligencias, recursos contra medidas cautelares), fase intermedia, juicio oral, recursos contra la sentencia y ejecución (suspensión de la pena, cancelación de antecedentes). El alcance concreto de cada encargo se delimita en la hoja de encargo.

Es un procedimiento especial (arts. 795 y ss. LECrim) para delitos castigados con hasta 5 años de prisión (u otras penas de hasta 10 años) cuando el proceso arranca de un atestado policial con detenido o citado y se trata de un delito flagrante, de uno de los del listado legal (lesiones, hurto, robo, seguridad vial…) o de instrucción presumiblemente sencilla. Concentra la instrucción en el juzgado de guardia y acorta drásticamente los plazos.

Si el acusado se conforma ante el juzgado de guardia, el juez impone la pena solicitada reducida en un tercio, aunque el resultado quede por debajo del mínimo legal. Exige que no haya acusación particular, que el delito esté castigado con hasta 3 años de prisión, multa u otras penas de hasta 10 años, y que la pena solicitada, reducida en un tercio, no supere los 2 años de prisión.

Depende de la solidez de la prueba de cargo, de la pena concreta ofrecida y de las posibilidades reales de absolución: la conformidad da certeza y evita el juicio, pero supone aceptar los hechos y renunciar a discutirlos. Nunca debe firmarse sin revisar antes el atestado, los antecedentes y sus efectos colaterales (responsabilidad civil, permiso de conducir, extranjería).

Tras la reforma de 2023, en el procedimiento abreviado se canaliza en la audiencia preliminar del art. 785 LECrim: la defensa y el acusado aceptan la calificación y la pena, y el juez o tribunal dicta sentencia de conformidad si considera correcta la calificación y procedente la pena. Antes debe oír al acusado y comprobar que la presta libremente y conociendo sus consecuencias.

Solo de forma muy limitada: únicamente cuando no se hayan respetado los requisitos o los términos de la conformidad (art. 785 LECrim). El acusado no puede impugnar por razones de fondo una conformidad libremente prestada; de ahí la importancia de valorarla bien antes de aceptarla.

Es el supuesto más frecuente: tras el positivo, se cita al conductor ante el juzgado de guardia en pocos días. Allí cabe la conformidad con la rebaja de un tercio del art. 801 LECrim y, si se cumplen los requisitos, la suspensión de la pena de prisión puede resolverse en el mismo acto; la multa y la privación del permiso se modulan según las circunstancias.

El recurso de apelación se interpone en los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia, ante el mismo órgano que la dictó (art. 790 LECrim); de las sentencias del Juzgado de lo Penal conoce la Audiencia Provincial. Puede fundarse en quebrantamiento de normas y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción de normas del ordenamiento.

Es el recurso extraordinario ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con motivos tasados: infracción de ley, quebrantamiento de forma o vulneración de derechos fundamentales. No es una tercera instancia para volver a valorar la prueba, por lo que su viabilidad exige un análisis técnico riguroso.

Los arts. 80 y ss. CP permiten suspender las penas privativas de libertad no superiores a 2 años cuando el condenado ha delinquido por primera vez (con matices) y ha satisfecho o se compromete a satisfacer la responsabilidad civil. El plazo de suspensión es de 2 a 5 años y puede condicionarse a prohibiciones y deberes.

El art. 86 CP prevé la revocación cuando el penado es condenado por un delito cometido durante el plazo de suspensión que evidencie que la expectativa ya no puede mantenerse, o incumple de forma grave o reiterada las prohibiciones, deberes o condiciones impuestas. La revocación implica ejecutar la pena de prisión suspendida; los incumplimientos leves permiten, en cambio, imponer nuevas condiciones o prorrogar el plazo.

Es una medida de gracia regulada en la Ley de Indulto de 1870 que concede el Gobierno y que extingue, total o parcialmente, la pena pendiente de cumplimiento. No borra la condena ni cancela los antecedentes penales, que siguen el régimen general del art. 136 CP, y su concesión es discrecional.

Sí, por vías excepcionales. La revisión del art. 954 LECrim procede, entre otros supuestos, cuando la condena se basó en pruebas declaradas falsas, cuando aparecen hechos o pruebas nuevas que evidencian la inocencia o cuando el TEDH declara vulnerado un derecho del Convenio. Además, si una reforma posterior resulta más favorable, cabe instar la revisión de la condena para aplicarla.

Es el remedio último ante el Tribunal Constitucional frente a vulneraciones de derechos fundamentales (presunción de inocencia, tutela judicial efectiva, defensa…) una vez agotada la vía judicial ordinaria. Exige justificar la especial trascendencia constitucional del asunto, por lo que su admisión es muy selectiva.

Los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal: se aplican, en su caso, medidas de protección. Entre los 14 y los 17 años rige la LO 5/2000, con medidas de contenido educativo-sancionador (internamiento, libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad) impuestas por el Juez de Menores. Desde los 18 se aplica el Código Penal común.

El expediente lo instruye la Fiscalía de Menores y lo decide el Juzgado de Menores, con asistencia de abogado desde el primer momento y participación del equipo técnico (psicólogo, educador, trabajador social). La ley prioriza el interés superior del menor y permite soluciones extrajudiciales como la conciliación o la reparación del daño.

Las penas de prisión de más de 1 año impuestas a un extranjero se sustituyen, como regla, por su expulsión del territorio español; si la pena supera los 5 años, el juez puede ordenar el cumplimiento de una parte antes de la expulsión. No procede cuando resulte desproporcionada por el arraigo y las circunstancias personales, y para los ciudadanos de la UE solo cabe ante una amenaza grave para el orden o la seguridad pública.

La extradición es el mecanismo clásico de entrega entre Estados, regido por tratados y con una doble fase gubernativa y judicial. La euroorden (orden europea de detención y entrega) la sustituye entre países de la UE: la entrega se acuerda directamente entre autoridades judiciales, con plazos breves y motivos de denegación tasados.

Tiene los mismos derechos que cualquier detenido (silencio, abogado, habeas corpus) más la asistencia gratuita de intérprete y la comunicación a su consulado. La causa penal puede afectar a permisos de residencia y a futuros trámites de extranjería, por lo que la estrategia de defensa debe valorar también esa dimensión administrativa.

Sí. A través del sistema europeo ECRIS los registros de condenas se intercambian entre los Estados miembros, y la LO 7/2014 permite que las condenas dictadas en otro país de la UE produzcan efectos en el proceso penal español, por ejemplo al valorar la reincidencia o la suspensión de la pena. Su alcance concreto lo aprecia el juez en cada caso.

Sí, en los mismos plazos del art. 136 CP que rigen para los nacionales. Es un trámite especialmente relevante porque los antecedentes no cancelados bloquean autorizaciones de residencia, renovaciones y la nacionalidad, y la cancelación no siempre se produce de oficio: conviene instarla en cuanto se cumplen los plazos.

Solo en supuestos limitados. Tras la reforma de 2023, el art. 787 LECrim permite celebrar el juicio en ausencia del acusado citado en debida forma si lo pide la acusación y se oye a la defensa, siempre que la pena más grave solicitada no exceda de 2 años de prisión (o de 6 años si es de otra naturaleza, o multa) y la suma de las penas privativas de libertad no supere los 5 años.

Es vital aportar toda notificación judicial (citaciones, autos), atestados policiales, denuncias y cualquier prueba que tenga en su poder. Cuanta más información tengamos, más precisa será la estrategia.

No. El Código Deontológico de la Abogacía Española prohíbe garantizar resultados, pues la decisión depende de la prueba y del criterio judicial. Lo que sí asumimos como compromiso profesional es el rigor técnico, la dedicación al caso y el empleo de los recursos procesales que el ordenamiento ponga a disposición de su defensa.

No. Defendemos a personas, no delitos. Nuestra misión es garantizar la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, sea cual sea la acusación.

Sí. Llame al despacho al 91 078 65 74 o escríbanos por correo electrónico y reaccionaremos con la mayor celeridad posible para asistirle en comisaría o ante el juzgado de guardia. Si la asistencia inicial al detenido debe prestarla un letrado del turno de oficio del Colegio, asumimos formalmente la defensa en cuanto se nos contacta.

Solo con su autorización expresa. El secreto profesional nos impide revelar información a terceros, incluso familiares cercanos, sin el consentimiento directo del cliente.

No es estrictamente necesario. Aunque valoramos el trato personal, podemos gestionar su defensa íntegramente mediante videollamadas y comunicaciones seguras si reside en otra ciudad.

Sí. Representamos a víctimas de delitos (estafas, agresiones) para ejercer la pretensión penal y reclamar la indemnización civil que en cada caso corresponda conforme a la prueba y al criterio judicial.

Sí, es un derecho fundamental (libre designación de letrado). Puede cambiar de abogado en cualquier momento si ha perdido la confianza, sin necesidad de justificarlo y sin que ello le perjudique ante el juez.

Es el profesional que representa formalmente al cliente ante el juzgado, recibiendo notificaciones y presentando escritos. En el proceso penal español es obligatorio junto con el abogado en la mayoría de las fases.