Preguntas Frecuentes (FAQ)

Su prioridad es guardar silencio. No declare ante la policía. Solicite inmediatamente la presencia de un abogado de Alonso Sala. Cualquier declaración informal o fruto de los nervios puede ser letal para su defensa posterior.

La denuncia es la mera comunicación de un hecho delictivo a la autoridad (policía o juzgado). La querella es un escrito formal de acusación presentado por abogado y procurador, donde la víctima se persona como parte acusadora en el proceso desde el inicio.

Debe acudir obligatoriamente y tiene obligación de decir la verdad (a diferencia del investigado). Sin embargo, le recomendamos asesorarse antes, ya que un testigo puede acabar imputado si su declaración le incrimina.

Es variable. Un juicio rápido puede resolverse en 15 días. Una instrucción compleja en la Audiencia Nacional puede durar años. Le daremos una estimación realista basada en el juzgado y el tipo de delito.

Salvo excepciones muy tácticas, la recomendación general es NO declarar en sede policial y esperar a declarar ante el juez, una vez hayamos tenido acceso completo al atestado y podamos preparar una defensa coherente.

Es un procedimiento urgente para que una persona detenida ilegalmente sea llevada inmediatamente ante un juez. Se invoca cuando la detención se prolonga más de 72 horas, no se le informan sus derechos o sufre malos tratos.

Sí, pero solo con una orden judicial muy motivada y por delitos graves. Analizamos la legalidad de las escuchas telefónicas. Si la orden judicial es prospectiva o carece de indicios sólidos, pedimos la nulidad de todas las conversaciones grabadas.

Es un principio constitucional. Si una prueba se obtiene ilegalmente (ej. un registro domiciliario sin orden judicial), no solo esa prueba es nula, sino todas las que se deriven de ella. Es una de nuestras principales herramientas para anular macrocausas.

Significa que existen indicios de que ha podido cometer un delito y se inicia un procedimiento contra usted. No significa que sea culpable, sino que es parte formal del proceso y tiene derecho a un abogado y a defenderse.

Es un acuerdo entre defensa y fiscalía donde el acusado reconoce los hechos a cambio de una rebaja en la pena. Es una herramienta estratégica eficaz para evitar el riesgo de prisión en casos con prueba de cargo muy contundente.

Es un principio fundamental: en caso de duda, el juez debe fallar a favor del acusado. Significa que para una condena, la culpabilidad debe estar probada más allá de toda duda razonable.

No, por el principio 'ne bis in idem'. Una persona no puede ser sancionada dos veces (ya sea penal o administrativamente) por el mismo hecho, sujeto y fundamento.

Es una medida excepcional antes del juicio. Solo se aplica si hay riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Luchamos para sustituirla por medidas menos gravosas como fianzas o comparecencias periódicas.

Es una medida temporal donde solo el Juez y el Fiscal pueden ver las actuaciones. Ni siquiera los abogados defensores tienen acceso. Su fin es proteger la investigación. Cuando se levanta, debemos examinar todo lo actuado minuciosamente.

Es una diligencia donde el testigo intenta identificar al sospechoso entre varias personas de rasgos similares. Es crítica; si se hace mal, puede invalidar la identificación.

Si es investigado, el juez puede ordenarla forzosamente si es una prueba indispensable. Su negativa injustificada puede ser interpretada como un indicio en su contra.

Sí, es un derecho fundamental. El juzgado debe proporcionar un intérprete gratuito para todas las declaraciones y actos procesales para garantizar su plena defensa.

El libre equivale a una absolución anticipada (el hecho no es delito o no hay autor). El provisional es una 'pausa' por falta de pruebas suficientes, pudiendo reabrirse si aparecen nuevos indicios.

El límite son 120.000€ de cuota defraudada por impuesto y año. Por debajo es infracción administrativa. Por encima, es delito contra la Hacienda Pública, con penas de prisión de 1 a 5 años.

Es ocultar patrimonio para impedir que los acreedores cobren. Es muy común poner bienes a nombre de familiares ante una deuda inminente. Es un delito de frustración de la ejecución muy perseguido.

Sí. Trabajamos habitualmente en Derecho Penal Corporativo y Compliance: defendemos a empresas imputadas y diseñamos modelos de prevención orientados a operar como mecanismo de exención o atenuación de responsabilidad penal de la persona jurídica conforme al art. 31 bis CP.

No es delito 'per se', pero no declararlas puede ser infracción tributaria. Si el origen de los fondos es ilícito, podría constituir blanqueo de capitales.

Es transformar o introducir en el sistema financiero bienes procedentes de actividades delictivas para dar apariencia de legalidad. Las penas oscilan entre 6 meses y 6 años de prisión, agravadas si procede de delitos graves.

Es la difusión o cesión de secretos industriales o comerciales por quien tiene deber de reserva. Protege la competitividad y el capital intelectual de las compañías.

Es un sistema de prevención de delitos en la empresa. Si está correctamente implantado y supervisado, puede eximir a la persona jurídica de responsabilidad penal, incluso si un empleado comete un delito en su seno.

Es un esquema fraudulento donde los beneficios de los inversores se pagan con el dinero de nuevos participantes, sin inversión real. Está castigada como estafa agravada con penas de 1 a 6 años de prisión.

La apropiación indebida implica hacer propio lo ajeno que se recibió en depósito o confianza. La administración desleal supone exceder las facultades de gestión otorgadas, causando un perjuicio al patrimonio administrado.

Son delitos donde el deudor provoca o agrava su propia insolvencia para perjudicar a acreedores. Incluyen alzamiento de bienes, concurso punible y la frustración de la ejecución.

Las empresas no ingresan en prisión, pero pueden ser condenadas a multas millonarias, disolución, suspensión de actividades, inhabilitación para obtener subvenciones e intervención judicial. La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la de sus directivos.

Es alterar, simular o usar un documento falso (público, oficial o mercantil) para inducir a error en el tráfico jurídico. Las penas varían según el tipo de documento: de 6 meses a 6 años de prisión.

Estaríamos ante un delito de usurpación de estado civil y estafa. Debe denunciar de inmediato y aportar la denuncia al banco para anular los contratos fraudulentos.

Es un delito de estafa informática. Si usted ha sido víctima y el banco no actuó con diligencia en seguridad, puede reclamar. Si es acusado de ser 'mulero' (recibir dinero y enviarlo), necesita defensa urgente.

Los administradores, consejeros delegados y directivos pueden responder penalmente por decisiones que causen perjuicio económico a la sociedad, socios o acreedores, así como por delitos cometidos bajo su supervisión.

La víctima puede manifestar su deseo de no continuar, pero al ser delitos públicos, la Fiscalía puede (y suele) continuar con la acusación de oficio si existen indicios, independientemente de la voluntad de la víctima.

Tras la LO 10/2022 ('Solo sí es sí'), la categoría de abuso sexual desapareció como tipo autónomo. Todo acto sexual sin consentimiento es ahora agresión sexual. La pena varía según la gravedad y la concurrencia de violencia, intimidación, prevalimiento o víctima especialmente vulnerable.

La difusión de imágenes íntimas de menores, incluso si fueron enviadas voluntariamente por el menor, es un delito grave de pornografía infantil o revelación de secretos.

Sí. El impago durante 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos constituye un delito de abandono de familia, sancionado con prisión o multa y antecedentes penales.

Se aplica a mayores de 14 y menores de 18 años. No hay penas de prisión, sino 'medidas' (internamiento, libertad vigilada) enfocadas en la reeducación. Es un procedimiento especial que requiere abogados especialistas.

Sí, cuando el hostigamiento es reiterado y menoscaba gravemente la integridad moral del trabajador. Se persigue penalmente para proteger la dignidad y salud del empleado.

Es un delito (lesiones, amenazas, etc.) motivado por el odio o la discriminación hacia la víctima por su raza, religión, orientación sexual, ideología, etc. Conlleva un agravante que eleva la pena.

Es no ayudar a una persona que se encuentra desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando se puede hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. Es muy común en accidentes de tráfico.

Sí. El 'stalking' u hostigamiento reiterado que altera gravemente la vida cotidiana de la víctima es delito penal (art. 172 ter CP). Incluye llamadas, mensajes y vigilancia constante.

En delitos leves o semipúblicos, es un proceso voluntario donde víctima e infractor, con un mediador, buscan un acuerdo reparador. Si se logra, el Fiscal puede retirar la acusación y evitar el juicio.

Sí. Si es la vivienda habitual de alguien (primera o segunda residencia), es delito de allanamiento de morada, grave y con detención inmediata. Si es un inmueble que no es morada, es usurpación, más leve pero también delito.

Es la máxima pena en España, reservada para asesinatos muy graves (víctimas menores, terrorismo, etc.). Tras cumplir un mínimo de 25 años, se puede revisar y optar a la libertad condicional si hay pronóstico favorable de reinserción.

El homicidio es matar a otro sin las circunstancias del asesinato (alevosía, ensañamiento, precio o recompensa). El asesinato requiere al menos una de estas circunstancias y conlleva penas de 15 a 25 años.

Sí. Las amenazas son delito independientemente del medio. Un mensaje de WhatsApp, email o publicación en redes puede constituir delito de amenazas o coacciones si genera temor en la víctima.

La violencia doméstica se ejerce sobre cualquier miembro del núcleo familiar (hijos, padres, hermanos). La de género requiere que sea del hombre hacia la mujer en una relación de pareja. Tienen tratamiento procesal diferente.

Sí. Un hackeo puede implicar varios delitos: acceso ilícito a sistemas (intrusismo), daños informáticos, revelación de secretos de empresa y extorsión (ransomware). Asesoramos en la interposición de la querella y la preservación de la prueba digital.

Depende. Grabar una conversación en la que TÚ participas es legal y es prueba válida en juicio. Grabar una conversación de TERCEROS en la que no participas es un delito de descubrimiento de secretos.

Si quien graba participa en la conversación, la grabación es legal y válida como prueba, incluso si la otra parte no lo sabe. Lo ilegal es grabar conversaciones ajenas en las que uno no interviene.

Crear un perfil falso para acosar o vejar puede ser delito contra la integridad moral o usurpación de estado civil (si la usurpación es 'plena', no solo usar un nombre).

Depende del contenido. Puede ser delito de injurias o calumnias, delito de odio (si incita a la violencia contra un colectivo) o quedar en el ámbito de la libertad de expresión. Analizamos el contexto y alcance del mensaje.

Es una extorsión informática: se cifran los datos de la víctima y se exige un rescate para liberarlos. Constituye al menos un delito de daños informáticos y otro de extorsión, con penas que pueden superar los 5 años de prisión.

Emails, capturas de pantalla, mensajes de WhatsApp, registros de IP, metadatos de archivos... Todas pueden ser válidas siempre que se garantice su cadena de custodia. Un volcado forense certificado por perito es la forma más segura.

Sí. Aunque las criptomonedas ofrecen pseudoanonimato, las fuerzas de seguridad cuentan con herramientas de análisis blockchain para rastrear transacciones. Los 'exchanges' regulados también están obligados a facilitar datos a requerimiento judicial.

La descarga para uso privado no es delito, pero la distribución o puesta a disposición de contenido protegido con ánimo de lucro sí puede serlo, como delito contra la propiedad intelectual con penas de hasta 4 años.

Sí. Crear o difundir imágenes sexuales manipuladas digitalmente de una persona sin su consentimiento puede constituir delitos de revelación de secretos, contra la integridad moral y, si es un menor, pornografía infantil.

Acceder sin autorización a datos personales almacenados en sistemas informáticos es delito castigado con penas de 1 a 4 años. Se agrava si se difunden, ceden o revelan los datos obtenidos.

A través de denuncias ante la Policía Nacional (Brigada de Investigación Tecnológica) o Guardia Civil (Grupo de Delitos Telemáticos). Es esencial conservar todas las evidencias digitales y no alterar los dispositivos.

La negativa es un delito autónomo (art. 383 CP) que suele conllevar penas más graves que la propia alcoholemia (prisión de 6 meses a 1 año y retirada de carné). Legalmente, es casi siempre preferible soplar.

Si es para autoconsumo, es una sanción administrativa (multa), no delito. La frontera es el 'autoconsumo compartido' o si los agentes creen que la tenía para vender. La cantidad, el lugar y la presentación de la droga son claves.

Conducir sin haber obtenido nunca el permiso o tras haberlo perdido por completo (pérdida total de puntos judicialmente notificada, privación cautelar o condena) es delito con penas de 3 a 6 meses de prisión.

Sí. Conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas es delito de seguridad vial. El test de drogas (saliva) es obligatorio y la negativa también es delito.

Superar en más de 60 km/h el límite permitido en vía urbana o en más de 80 km/h en vía interurbana es delito de seguridad vial, con penas de prisión, multa y retirada de carné.

Se acumularían el delito de lesiones u homicidio imprudente y el delito de omisión del deber de socorro. La fuga agrava enormemente la responsabilidad penal y puede implicar penas de prisión efectiva.

Principalmente el tráfico de drogas. Las penas dependen del tipo de sustancia (duras/blandas), la cantidad y si concurren agravantes como organización criminal, notoria importancia o afectación a menores.

Sí. La tenencia de armas reglamentadas sin licencia, armas prohibidas o armas de guerra es delito con penas de 1 a 3 años de prisión. Incluye pistolas, rifles, navajas automáticas y armas de defensa personal modificadas.

Son actuaciones en grupo que alteran la paz pública mediante violencia, amenazas o intimidación. Incluyen altercados en manifestaciones, peleas multitudinarias y destrozos durante eventos masivos.

Sí. El maltrato injustificado a animales domésticos o amansados que les cause lesiones o la muerte es delito castigado con penas de 3 a 18 meses de prisión e inhabilitación para la tenencia de animales.

Es agredir, oponer resistencia grave o intimidar seriamente a un agente de la autoridad (policía, juez, funcionario) en el ejercicio de sus funciones. Las penas pueden alcanzar los 4 años de prisión.

Sí. Simular ser víctima de un delito que no ha existido o autoinculparse falsamente para provocar una actuación policial o judicial es delito castigado con multa de 6 a 12 meses.

Si la condena es inferior a 2 años y no tiene antecedentes, el juez puede dejar en suspenso el ingreso en prisión bajo condiciones (no volver a delinquir, pagar multa). No es automático, debe pelearse y argumentarse bien.

Es el régimen de semilibertad. El interno solo va a prisión a dormir (o duerme en un Centro de Inserción Social) y pasa el día fuera. Trabajamos para conseguir esta clasificación lo antes posible.

Depende de la pena. Van desde los 6 meses (penas leves) hasta los 10 años (penas graves) desde que se extingue la condena. Una vez cancelados, no pueden ser tenidos en cuenta en futuros juicios.

Sí. Los antecedentes se cancelan una vez transcurrido el plazo legal desde el cumplimiento de la condena (de 6 meses a 10 años según gravedad). Gestionamos el trámite de cancelación.

En penas cortas y bajo ciertos requisitos, el juez puede acordar la sustitución de la pena de prisión por Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC). Requiere el consentimiento del penado.

Es la última fase de la pena. Permite cumplir el resto de la condena en libertad total (con condiciones) una vez cumplidas las 3/4 partes o 2/3 partes de la pena y observado buena conducta.

Si la pena es superior a 1 año, el juez puede (y suele) acordar la sustitución de la pena por la expulsión del territorio nacional, con prohibición de regreso por varios años.

Es un delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar. Conlleva prisión inmediata, ya que demuestra riesgo para la víctima y falta de respeto al tribunal.

Es una medida de gracia que perdona total o parcialmente la pena. Lo concede el Gobierno mediante Real Decreto, previo informe (no vinculante) del tribunal sentenciador y la fiscalía.

Si es insolvente, la multa puede sustituirse por Trabajos en Beneficio de la Comunidad o, en última instancia, por responsabilidad personal subsidiaria (días de privación de libertad).

Sí, siempre que haya cumplido una cuarta parte de la condena y se observe buena conducta. El equipo técnico de la prisión debe emitir un informe favorable.

Depende del delito. La prescripción va de 1 año (delitos leves) a 20 años (asesinato). Un delito de estafa prescribe a los 5 años, pero el plazo se interrumpe si el juzgado realiza actuaciones.

Es la obligación del condenado de reparar el daño económico o moral causado a la víctima. Incluye la restitución del bien, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios.

Si es absuelto, normalmente las costas se declaran 'de oficio'. Si es condenado, se le suelen imponer las costas, que incluyen los honorarios de la acusación particular pero no los del Fiscal.

Es el procedimiento por el que un Estado entrega a otro a una persona reclamada para ser juzgada o cumplir condena. España puede concederla o solicitarla, y el proceso tiene garantías judiciales estrictas.

Es un mecanismo simplificado de entrega de personas entre países de la UE, más rápido que la extradición clásica. El plazo máximo de decisión es de 90 días, y solo se puede rechazar en casos tasados.

Por defecto, sí, salvo que el juez haya dictado retirada de pasaporte o prohibición de salida. Es recomendable comunicar al juzgado su intención de viajar para evitar órdenes de busca y captura.

Depende del delito y el país. Algunos delitos pueden juzgarse en España por el principio de jurisdicción universal (terrorismo, genocidio). Para el resto, normalmente le juzga el país donde se cometió el hecho.

Un abogado español puede asesorarle y coordinar con abogados locales. En la UE pueden ejercer temporalmente bajo ciertas condiciones. Para extradiciones y euroórdenes, la defensa en España es esencial.

Es la incautación definitiva de bienes, efectos e instrumentos del delito, así como de las ganancias obtenidas. En delitos transnacionales, existe cooperación entre países para ejecutar estas medidas.

Es la cooperación entre países para practicar diligencias procesales (tomar declaraciones, recoger pruebas, ejecutar resoluciones). Se canaliza mediante exhortos o comisiones rogatorias internacionales.

Sí. Asumimos defensas en causas de narcotráfico con componente internacional (cargamentos marítimos, redes transfronterizas, operaciones policiales conjuntas), analizando con rigor cada eslabón de la cadena probatoria.

Trabajamos con presupuestos cerrados (Hoja de Encargo) para evitar sorpresas. Los honorarios dependen de la complejidad, la fase procesal y la gravedad de la pena solicitada. Ofrecemos planes de pago fraccionado.

Es vital aportar toda notificación judicial (citaciones, autos), atestados policiales, denuncias y cualquier prueba que tenga en su poder. Cuanta más información tengamos, más precisa será la estrategia.

No. El Código Deontológico de la Abogacía Española prohíbe garantizar resultados, pues la decisión depende de la prueba y del criterio judicial. Lo que sí asumimos como compromiso profesional es el rigor técnico, la dedicación al caso y el empleo de los recursos procesales que el ordenamiento ponga a disposición de su defensa.

No. Defendemos a personas, no delitos. Nuestra misión es garantizar la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, sea cual sea la acusación.

Sí. Llame al despacho o envíe el formulario de solicitud urgente y reaccionaremos con la mayor celeridad posible para asistirle en comisaría o ante el juzgado de guardia. Si la asistencia inicial al detenido debe prestarla un letrado del turno de oficio del Colegio, asumimos formalmente la defensa en cuanto se nos contacta.

Solo con su autorización expresa. El secreto profesional nos impide revelar información a terceros, incluso familiares cercanos, sin el consentimiento directo del cliente.

No es estrictamente necesario. Aunque valoramos el trato personal, podemos gestionar su defensa íntegramente mediante videollamadas y comunicaciones seguras si reside en otra ciudad.

Sí. Representamos a víctimas de delitos (estafas, agresiones) para ejercer la pretensión penal y reclamar la indemnización civil que en cada caso corresponda conforme a la prueba y al criterio judicial.

Sí, es un derecho fundamental (libre designación de letrado). Puede cambiar de abogado en cualquier momento si ha perdido la confianza, sin necesidad de justificarlo y sin que ello le perjudique ante el juez.

Es el profesional que representa formalmente al cliente ante el juzgado, recibiendo notificaciones y presentando escritos. En el proceso penal español, es obligatorio junto con el abogado en la mayoría de fases.