Casación por infracción de ley: los hechos probados son intocables

La STS 202/2026, de 5 de marzo, aporta una de esas resoluciones que el Tribunal Supremo dicta con frecuencia —pero que nunca pierden utilidad— para recordar los límites estructurales de la casación penal por infracción de ley. El caso nace de una condena por maltrato y amenazas en el ámbito de la violencia de género; el condenado recurre en casación invocando el art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), pero la Sala advierte que, bajo ese paraguas formal, lo que persigue en realidad es una revisión de los hechos y de la valoración probatoria. El recurso es desestimado.

El art. 849.1 LECrim y su función en el sistema de recursos

El art. 849.1 LECrim es el cauce histórico del recurso de casación penal por infracción de ley. Permite al Tribunal Supremo corregir el error jurídico del tribunal a quo cuando este aplica indebidamente —o deja de aplicar— un precepto penal sustantivo. La premisa de este motivo es clara: el Supremo toma los hechos declarados probados tal y como figuran en la resolución recurrida y examina únicamente si la subsunción jurídica es correcta. No le corresponde determinar qué ocurrió: eso ya lo hizo el tribunal que presenció el juicio.

Esta arquitectura no es caprichosa. Responde al principio de inmediación: el órgano que ha escuchado a los testigos, observado su comportamiento y apreciado la prueba en su conjunto está en mejor posición para fijar el relato fáctico. La casación es un control de legalidad, no una segunda instancia en la que volver a debatir los hechos.

Los hechos probados: punto de partida inamovible

La consecuencia práctica es rotunda: quien recurre por el art. 849.1 LECrim queda vinculado al relato de hechos probados de la sentencia de instancia. No puede proponer que el Supremo sustituya ese relato por otro más favorable, ni argumentar que la prueba debió valorarse de otro modo, ni cuestionar la credibilidad que el tribunal otorgó a los testigos o a la víctima.

Si la parte introduce en el desarrollo del motivo afirmaciones que contradicen o complementan los hechos probados, el Tribunal Supremo lo detecta y rechaza esa parte del argumento. El reproche es siempre el mismo: se está intentando hacer pasar un motivo fáctico por uno jurídico. La STS 202/2026 lo expresa con la claridad característica de su línea jurisprudencial consolidada: los hechos probados son intocables cuando se recurre por infracción de ley.

La credibilidad de la víctima y la casación

En procedimientos de violencia de género, la declaración de la víctima ocupa frecuentemente un lugar central en el relato probado. El tribunal de instancia, con inmediación, aprecia si concurren los parámetros de credibilidad subjetiva, verosimilitud objetiva y persistencia en la incriminación. Una vez que ese juicio queda incorporado al relato fáctico de la sentencia, la casación por infracción de ley no puede reabrirlo.

Intentar, en sede casacional, que el Supremo reconsidere la fiabilidad del testimonio de la víctima —su coherencia, sus posibles motivaciones o la ausencia de otros elementos corroboradores— es una táctica que choca frontalmente con los límites del art. 849.1 LECrim. La Sala desestima ese planteamiento sin necesidad de entrar en el fondo de la credibilidad, porque el cauce elegido no lo permite.

Esto no significa que la credibilidad sea inmune a todo control casacional: el art. 849.2 LECrim —error en la apreciación de la prueba documental— y la invocación autónoma de la presunción de inocencia ofrecen vías específicas, aunque con sus propios y exigentes requisitos. Pero esos motivos deben formularse y argumentarse de forma separada y correcta; no pueden introducirse de contrabando bajo la apariencia del art. 849.1 LECrim.

Los preceptos aplicados: arts. 153.1 y 171.4 CP

La condena que sirve de base a la STS 202/2026 descansa sobre los arts. 153.1 y 171.4 del Código Penal (CP). El art. 153.1 CP tipifica el maltrato en el ámbito de la pareja o expareja cuando la víctima es mujer y el autor actúa en un contexto de dominación o violencia de género; incluye las lesiones de menor entidad y los golpes sin resultado lesivo. El art. 171.4 CP recoge las amenazas leves cuando la víctima es la mujer con quien el autor mantiene o ha mantenido una relación de afectividad análoga al matrimonio.

La perspectiva de género es estructural en ambos tipos: la ley presume que este tipo de violencia refleja un ejercicio de poder y dominación del hombre sobre la mujer. Esa presunción es compatible con la defensa penal, que puede combatir la concurrencia de los elementos del tipo —incluida la naturaleza de género de la conducta— pero, una vez fijados los hechos probados por el tribunal de instancia, esa discusión no puede reabrirse por la vía del art. 849.1 LECrim.

Implicaciones prácticas para la defensa y la acusación

La doctrina recordada por la STS 202/2026 tiene consecuencias directas en la estrategia procesal. Para la defensa, significa que el juicio oral es el momento decisivo: allí donde la prueba se practica con inmediación y donde el relato fáctico se forja. Una vez fijado ese relato, los márgenes de la casación por infracción de ley quedan estrictamente acotados a la discusión jurídica.

Si la defensa considera que la valoración de la prueba fue irrazonable o que la condena carece de sustento probatorio suficiente, debe articular esos reproches por las vías procesales adecuadas —apelación, art. 849.2 LECrim o presunción de inocencia—, con sus requisitos propios. Mezclar argumentos fácticos y jurídicos bajo el art. 849.1 LECrim no solo es técnicamente incorrecto, sino que debilita la fuerza del motivo jurídico que pudiera ser legítimamente fundado.

Para la acusación particular y la representación de víctimas, la resolución es también una referencia útil: la solidez del relato probado construido en instancia es la mejor garantía de que la condena sobrevivirá a la casación. Una declaración de la víctima bien documentada, coherente y corroborada —valorada con inmediación por el tribunal de instancia— constituye un anclaje fáctico que el Supremo no está llamado a revisar cuando el recurso se plantea por infracción de ley.

Una regla de sistema con vigencia permanente

La STS 202/2026 no innova: aplica y reitera una doctrina consolidada sobre el alcance del art. 849.1 LECrim. Su valor pedagógico radica en haberla expuesto con nitidez en un contexto de violencia de género, donde la presión por revisar la credibilidad del testimonio de la víctima suele ser intensa.

La casación penal española tiene un diseño preciso: el control de los hechos corresponde a la instancia; el control de la norma, al Tribunal Supremo. Cuando ambos planos se confunden en un mismo motivo, el recurso está condenado al fracaso. La resolución es, en ese sentido, un recordatorio directo de que la eficacia de la impugnación casacional depende, antes que nada, de elegir el cauce correcto y de ajustar el argumento a los límites que ese cauce impone.