STS 944/2025: un patinete potente es, penalmente, un ciclomotor

La STS 944/2025, de 17 de noviembre, dictada en el recurso de casación 1832/2023, consolida un criterio relevante para la práctica penal relacionada con los nuevos vehículos de movilidad personal: la categoría jurídico-penal de un vehículo no la determina su forma externa, sino sus prestaciones técnicas reales. La resolución tiene consecuencias directas para la aplicación del artículo 384 del CP —conducción sin permiso— en un ámbito, el de la movilidad eléctrica urbana, en plena expansión y aún con escasa jurisprudencia consolidada.

El supuesto: un patinete de 1.900 W y 45 km/h

Los hechos enjuiciados giraban en torno a un vehículo que físicamente presentaba la apariencia de un patinete eléctrico pero disponía de un motor de 1.900 vatios de potencia y era capaz de alcanzar los 45 km/h. Su conductor circulaba sin estar en posesión del permiso de conducción requerido para ese tipo de vehículo. La defensa sostuvo que se trataba de un vehículo de movilidad personal y, por tanto, que no era preciso permiso alguno. La Sala II rechazó ese planteamiento y confirmó la condena.

El punto de partida del razonamiento es nítido: la mera apariencia de un vehículo no puede ser el criterio de clasificación a efectos penales, pues abriría la puerta a eludir la norma con simples cambios estéticos. Lo determinante son las características técnicas objetivas del vehículo: potencia del motor y velocidad de diseño máxima que puede alcanzar.

El criterio de clasificación: características técnicas reales

La Sala II delimita con precisión las dos categorías en juego. Los vehículos de movilidad personal (VMP) están definidos reglamentariamente por una velocidad de diseño de entre 6 y 25 km/h. Los ciclomotores, en cambio, pueden alcanzar hasta 45 km/h y están sometidos a la exigencia de permiso de conducción. Cuando un vehículo supera el umbral de velocidad de diseño propio de los VMP, abandona esa categoría y pasa a integrarse en la de ciclomotor, con todas las consecuencias jurídicas que ello acarrea.

Este criterio es de aplicación objetiva: no depende de la intención del fabricante, de la denominación comercial del vehículo ni de cómo lo perciba el conductor. Si las especificaciones técnicas reales sitúan al vehículo en el rango del ciclomotor, así debe ser tratado a efectos del CP. La resolución deja así un margen de maniobra muy reducido para alegaciones basadas exclusivamente en la apariencia o en la denominación con la que el vehículo se comercializa.

La aplicación del artículo 384 CP

Calificado el vehículo como ciclomotor, la cuestión jurídica se resuelve sin dificultad: circular sin el preceptivo permiso de conducción integra el tipo del artículo 384 del CP, que sanciona conducir un vehículo a motor o ciclomotor careciendo del permiso o la licencia de conducción requeridos. La pena prevista incluye prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, acompañada de la privación del derecho a conducir por un período de más de uno y hasta cuatro años.

La Sala no introduce modulaciones en la aplicación del tipo. Una vez constatada la concurrencia de sus dos elementos —la condición de ciclomotor del vehículo y la ausencia de permiso habilitante— la condena se consolida. No se aprecia margen para una interpretación que permita la atipicidad por la sola razón de que el vehículo tuviera forma de patinete.

Interés práctico ante la proliferación de vehículos de alta potencia

La resolución adquiere especial interés en el contexto actual de expansión del mercado de vehículos eléctricos de pequeño formato. Existen en el mercado numerosos modelos con potencias superiores a 500 W o con velocidades de diseño que exceden claramente los 25 km/h, comercializados bajo denominaciones que evocan el patinete o el VMP convencional. La doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la STS 944/2025 establece que la denominación comercial o el aspecto externo no protegen al conductor frente a la aplicación del artículo 384 CP: lo que importa es lo que el vehículo puede hacer técnicamente.

Desde la perspectiva de la defensa, este criterio obliga a un análisis detallado de las especificaciones del vehículo concreto. La potencia nominal, la velocidad de diseño homologada y, en su caso, las limitaciones técnicas efectivamente incorporadas serán el eje de cualquier estrategia de impugnación. Una limitación de velocidad instalada de fábrica y verificable puede resultar relevante; una denominación comercial o un diseño estético, no.

Líneas de defensa ante este tipo de acusación

Cuando se imputa la conducción sin permiso de un vehículo de estas características, la estrategia defensiva debe centrarse en elementos técnicos y no en la apariencia del vehículo. En primer lugar, cabe cuestionar si las especificaciones técnicas reales del vehículo concreto enjuiciado superan efectivamente los umbrales que determinan la categoría de ciclomotor: la carga probatoria corresponde a la acusación, y las mediciones periciales sobre el vehículo exacto pueden ser determinantes. En segundo lugar, cuando el vehículo ha sido objeto de modificaciones posteriores a su fabricación —que elevan artificialmente sus prestaciones por encima de los límites de diseño originales—, puede plantearse si el conductor conocía tales modificaciones, aspecto que incide en el elemento subjetivo del tipo. Finalmente, la colaboración con peritos especialistas en homologaciones de vehículos y en las normas técnicas aplicables es habitualmente indispensable para construir una defensa eficaz en este ámbito.