Informar al jurado de la nulidad de una declaración no vulnera el derecho a un juicio justo

En los juicios celebrados ante el Tribunal del Jurado, la gestión de la prueba nula presenta particularidades que no se dan de la misma forma ante un tribunal profesional. Cuando el juzgador que delibera es un colegio de ciudadanos lego, la pregunta cobra una dimensión práctica inmediata: ¿puede el Magistrado-Presidente informar a los jurados de que una determinada declaración carece de validez sin que esa advertencia contamine su juicio? El Tribunal Supremo ha dado una respuesta nítida en una resolución dictada en el recurso 10454/2025.

El supuesto planteado: declaración sin letrado

El litigio traía causa de un juicio con jurado por asesinato. Durante la instrucción, la acusada había prestado una declaración sin la asistencia de letrado que la LECrim exige como garantía irrenunciable. Esa declaración fue excluida del acervo probatorio al resultar nula. Sin embargo, surgió la duda de si el Magistrado-Presidente podía comunicar expresamente esa nulidad al jurado o si, por el contrario, hacerlo supondría introducir en la sala de deliberación un elemento capaz de sesgar la decisión de los jurados.

La defensa sostuvo que la advertencia podía generar en los jurados una imagen desfavorable de la acusada —quien había preferido declarar en un momento en que no estaba asistida— y que, de ese modo, la información sobre la nulidad acabaría actuando, paradójicamente, como prueba de cargo encubierta. El Tribunal Supremo rechazó ese planteamiento.

El razonamiento del Tribunal Supremo

La Sala Segunda del Tribunal Supremo parte de una premisa sencilla: la función del Magistrado-Presidente al instruir al jurado no es ocultar lo que ha ocurrido en el proceso, sino explicar a los jurados qué material probatorio pueden valorar y cuál no. Informar de que una diligencia es nula forma parte natural de esa función instructora y no la desvirtúa.

El razonamiento del Tribunal descansa en dos pilares. El primero es la propia finalidad de la exclusión de la prueba ilícita: si la nulidad se decreta para que la diligencia viciada no incida en la decisión del tribunal, lo más coherente es que el tribunal popular sea informado con precisión de qué materiales quedan fuera de su valoración. El silencio no garantiza que los jurados ignoren la existencia de esa declaración; la advertencia explícita sí les da una instrucción clara de que deben prescindir de ella.

El segundo pilar es el derecho a un proceso con todas las garantías: ese derecho protege a la persona acusada frente a la valoración de prueba obtenida con vulneración de sus derechos, no frente a la transparencia en la gestión de esa prueba ante quien ha de juzgar. No hay vulneración del artículo 24 de la Constitución cuando el jurado recibe la instrucción correcta.

El tratamiento de la prueba nula ante el jurado

La resolución ofrece criterios aplicables más allá del caso concreto. En los juicios con jurado, el Magistrado-Presidente tiene la responsabilidad de establecer en sus instrucciones finales cuáles son las pruebas que el jurado puede considerar y cuáles han de quedar fuera de su deliberación. Cuando existe prueba excluida por nulidad, esa instrucción debe ser expresa y precisa: debe indicar que determinada diligencia no tiene valor probatorio y que los jurados no deben tenerla en cuenta al elaborar su veredicto.

Esta exigencia de claridad se intensifica en los casos en que la prueba nula era de cierta relevancia en la instrucción o fue mencionada a lo largo de las sesiones del juicio. A diferencia de lo que ocurre ante un tribunal profesional —que se presupone que conoce las reglas de exclusión y las aplica en su razonamiento—, el jurado popular puede no comprender por sí solo por qué cierto material no figura entre las pruebas que se le presentan. La instrucción del Magistrado-Presidente llena ese hueco y es, al mismo tiempo, garantía de imparcialidad y de respeto a los derechos de la acusada.

El control casacional en juicios con jurado

El Tribunal Supremo aprovecha la resolución para recordar la estructura del control casacional en las causas seguidas ante el jurado. Cuando el asunto ha pasado ya por la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, el papel de la Sala Segunda queda acotado: no revisa los hechos probados ni efectúa una nueva ponderación de la prueba. Su análisis se circunscribe a comprobar si la sentencia de apelación incurrió en infracción de ley —errónea aplicación del derecho penal sustantivo— o en algún vicio procesal con entidad suficiente para provocar la nulidad.

Las instrucciones del Magistrado-Presidente al jurado son susceptibles de revisión casacional únicamente cuando se acredita que vulneraron un derecho fundamental —como el derecho a un juicio con todas las garantías— o que alteraron de forma sustancial el sentido del veredicto. La corrección formal de una instrucción o una discrepancia sobre su formulación exacta no abre, por sí sola, esa vía.

Relevancia práctica para la defensa

La doctrina fijada en esta resolución tiene un interés directo para quienes intervienen en juicios con jurado. En primer lugar, confirma que la exclusión de la prueba ilícita no se consuma con la mera decisión de excluirla: requiere también una instrucción explícita al jurado para que la nulidad sea efectiva en la deliberación. La defensa tiene, por tanto, interés en que esa instrucción sea clara, precisa y se produzca antes de que el jurado se retire.

En segundo lugar, la resolución despeja la incertidumbre sobre si la advertencia al jurado puede, por sí misma, perjudicar a la persona acusada. El Tribunal Supremo descarta esa posibilidad: la información sobre la nulidad no es prueba de cargo encubierta, sino garantía de que el veredicto se construye sobre material lícito. Finalmente, la resolución recuerda que la vía casacional en los juicios con jurado que ya han pasado por la apelación es estrecha y que los motivos deben plantearse en clave de infracción de ley o de nulidad procesal, no de revisión de la prueba.