Dos coacusados pueden compartir defensa aunque uno se conforme y el otro no

La defensa conjunta de varios acusados en el mismo proceso penal es una práctica habitual y perfectamente legítima. Sin embargo, la pregunta de si puede mantenerse esa unidad de representación cuando las posiciones de los coacusados divergen —en especial cuando uno acepta la acusación y el otro la combate— es una de las cuestiones más sensibles del derecho de defensa. La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2026, dictada en el recurso 4799/2023, la aborda con criterios prácticos que conviene conocer.

La doctrina sobre la defensa conjunta de coacusados

El ordenamiento procesal penal no prohíbe que varias personas acusadas en la misma causa compartan letrado. La pluralidad de acusados bajo una misma dirección letrada es una realidad cotidiana del proceso penal y, en muchos casos, responde a una estrategia defensiva coherente: los hechos imputados, los intereses y las posiciones de los acusados son sustancialmente coincidentes.

El límite viene dado por el conflicto de intereses: cuando las posiciones de los coacusados son antagónicas, la representación conjunta puede resultar imposible o, al menos, éticamente comprometida. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha venido insistiendo en que la mera diferencia de posturas no equivale a un conflicto real. El conflicto requiere que la defensa efectiva de uno perjudique directa y materialmente la del otro.

La conformidad de uno y la posición del que discrepa

El caso enjuiciado plantea una variante especialmente delicada: uno de los coacusados decide prestarse a la conformidad con la acusación, mientras el otro mantiene su oposición y continúa el juicio. ¿Genera esa disociación un conflicto de intereses que impida la defensa conjunta?

El Tribunal Supremo responde que no, de forma automática. La clave está en el alcance jurídico de la conformidad: lo que admite quien se conforma es su propia responsabilidad penal, no la de su coacusado. La conformidad de uno no tiene eficacia vinculante frente a quien discrepa. No puede ser usada como prueba de cargo contra el segundo acusado, ni sirve para completar o integrar la prueba que se precise para condenarlo.

La consecuencia es que la presunción de inocencia del coacusado que no se ha conformado permanece intacta. Si ha de ser condenado, esa condena debe sustentarse en prueba de cargo propia, independiente, suficiente y valorada de forma autónoma. La declaración de conformidad del compañero de acusación no puede suplir ese requisito.

El criterio para detectar un conflicto de intereses real

La resolución ofrece un criterio funcional para distinguir la mera divergencia de posiciones del conflicto de intereses que impide la representación conjunta. El conflicto es real cuando la estrategia defensiva de uno de los acusados implica, necesariamente, atribuir responsabilidad al otro o cuando los intereses de ambos son tan contrapuestos que el letrado no puede representarlos lealmente y al mismo tiempo.

Por el contrario, la circunstancia de que uno se conforme y el otro no —sin que la posición del primero sea aprovechada como prueba frente al segundo— no supera ese umbral. El abogado puede, en esas circunstancias, acompañar a uno en el trámite de conformidad y, simultáneamente, mantener una estrategia de oposición activa para el otro, siempre que el ejercicio de la defensa de cada uno no comprometa la del restante.

La exigencia de prueba de cargo independiente

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es la confirmación expresa de que la condena del coacusado que discrepa exige prueba de cargo independiente y no contaminada por la conformidad del otro. Esta precisión es coherente con la jurisprudencia consolidada sobre la prueba indiciaria y sobre los límites de la declaración de coacusado.

La LECrim y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han establecido desde hace tiempo que las manifestaciones de un coacusado no constituyen, por sí solas, prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia del otro: pueden ser un indicio, pero precisan de corroboración. La conformidad de uno de los acusados tiene, en este sentido, un valor aún más limitado: es una admisión de hechos propios, no un testimonio sobre los hechos del otro.

Implicaciones prácticas para la defensa

La resolución tiene un valor orientador claro para quienes asumen la defensa de varios acusados en el mismo proceso. Antes de aceptar la representación conjunta, conviene analizar si las posiciones procesales de todos ellos son compatibles. Si en el curso del procedimiento uno decide conformarse y otro no, el letrado debe evaluar si esa disociación genera un conflicto real —a la luz del criterio del Tribunal Supremo— o si puede mantenerse la representación conjunta.

El momento procesal para plantear el conflicto, si se aprecia, es tan pronto como se manifieste y no en sede de casación. La queja tardía sobre el conflicto de intereses tropieza con la doctrina de los actos propios y con la exigencia de que las infracciones procesales se denuncien en la primera ocasión posible. Actuar en tiempo es parte esencial de una defensa técnicamente solvente.

Conexión con el derecho de defensa y la presunción de inocencia

La sentencia de 13 de mayo de 2026 se enmarca en una línea jurisprudencial más amplia que refuerza las garantías del proceso penal en las causas con pluralidad de acusados. El derecho de defensa del artículo 24.2 de la Constitución y la presunción de inocencia son garantías individuales: cada persona acusada las titulariza de forma autónoma e independiente de la posición que adopten sus coacusados.

Por eso la conformidad de uno no puede operar como una suerte de reconocimiento implícito de los hechos atribuidos al que discrepa. El proceso penal es plural en cuanto a los acusados, pero las garantías son individuales. La resolución lo recuerda con claridad y, al hacerlo, ofrece a la defensa técnica un argumento sólido frente a cualquier intento de utilizar la conformidad de un coacusado como prueba o como indicio en contra del que mantiene su inocencia.