Abogados Compliance Penal (Art. 31 bis CP)

Cuando un juzgado dirige el procedimiento contra una sociedad, la causa sigue cauces específicos que conviene conocer desde el primer día. La citación de la persona jurídica se practica en su domicilio social (Art. 119 LECrim), requiriendo a la entidad para que designe un representante especialmente designado, además de abogado y procurador. Si no lo hace, se nombran de oficio abogado y procurador y el procedimiento continúa: la pasividad nunca detiene la causa; solo deja a la empresa sin voz propia dentro de ella.

En la primera comparecencia, el juez informa al representante —o, en su defecto, al abogado— de los hechos que se imputan a la entidad, por escrito o mediante entrega de copia de la denuncia o querella. La declaración de la persona jurídica se canaliza a través de ese representante (Art. 409 bis LECrim), que goza de los mismos derechos que cualquier investigado: guardar silencio, no declarar contra la entidad y no confesarse culpable; su incomparecencia equivale a acogerse al derecho a no declarar. El representante interviene también en las diligencias de investigación y de prueba anticipada (Art. 120 LECrim), y el registro del centro de dirección de la empresa —sede social o establecimiento donde se custodia su documentación reservada— exige las garantías propias del domicilio (Art. 554 LECrim).

La estrategia se decide en esas primeras horas. Tres decisiones marcan el resto del procedimiento: (i) la elección del representante, que no debería recaer en el directivo personalmente investigado por los mismos hechos, para evitar conflictos de interés entre la defensa de la empresa y la suya propia; (ii) la coordinación de defensas separadas entre la sociedad y las personas físicas, porque sus intereses pueden divergir: a la empresa puede convenirle acreditar que el autor eludió fraudulentamente sus controles; y (iii) la aportación temprana del modelo de prevención con toda su documentación de soporte, con el objetivo de defender el sobreseimiento ya en fase de instrucción y no esperar al juicio oral. El Art. 31 quater CP añade atenuantes específicas para la persona jurídica: confesión antes de conocer el procedimiento, colaboración con pruebas nuevas y decisivas, reparación del daño y adopción de medidas eficaces de prevención antes del juicio oral. Tras la LO 1/2025, además, el régimen de conformidad se ha reformado —desaparece el límite penológico anterior y se introduce una audiencia preliminar específica—, lo que abre vías de negociación que valoramos caso por caso, siempre con autorización expresa de la entidad.

El Código Penal no exige a una pequeña empresa la misma arquitectura de cumplimiento que a una cotizada. El Art. 31 bis 3 CP dispone que en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones las funciones de supervisión del modelo podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración, y define como tales las que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. En la práctica, una PYME no necesita un comité de cumplimiento ni un compliance officer dedicado: basta con que el administrador asuma esa función de forma expresa, documentada y efectiva.

Proporcionalidad no significa rebaja del estándar. Los requisitos del Art. 31 bis 5 CP son los mismos para todas las entidades: identificación de las actividades de riesgo, protocolos de formación de la voluntad y de toma de decisiones, gestión adecuada de los recursos financieros, obligación de informar de riesgos e incumplimientos, régimen disciplinario y verificación periódica del modelo. Lo que cambia es la escala: en una empresa de quince empleados, el mapa de riesgos puede ocupar pocas páginas si refleja la actividad real del negocio. Un manual de trescientas páginas copiado de una plantilla protege menos que diez páginas que la plantilla de la empresa conoce y aplica a diario.

El canal interno de información es obligatorio conforme a la Ley 2/2023 a partir de 50 trabajadores; por debajo de ese umbral no es exigible (salvo en los sectores del art. 10.1.b, como los servicios financieros o la prevención del blanqueo), pero su implantación voluntaria es una de las evidencias de cultura de cumplimiento mejor valoradas. Los errores que más vemos en PYMES son recurrentes: adquirir un modelo genérico sin adaptación al negocio, no documentar la formación impartida, dejar el sistema sin revisar durante años y carecer de registros de su funcionamiento. Dedicamos una página específica al compliance penal para PYMES con el detalle del proceso de implantación proporcional.

El Código Penal distingue entre cultura de cumplimiento real y paper compliance: el modelo debe haberse adoptado y ejecutado con eficacia antes del delito (Art. 31 bis 2 y 4 CP), y el que solo existe sobre el papel no exime a la persona jurídica. Lo decisivo no es el documento, sino si la organización ha interiorizado una cultura efectiva de respeto al Derecho que se traduce en controles operativos, decisiones documentadas y reacciones reales ante las incidencias detectadas.

La clave práctica es la prueba de la eficacia: la exención no se obtiene exhibiendo el manual, sino acreditando que el modelo estaba implantado y funcionaba antes del delito. La eficacia se valora ex ante, atendiendo a cómo operaba el sistema en la práctica y no al resultado concreto. La empresa que pretende la exención debe poner sobre la mesa los elementos que permitan esa valoración —actas, formaciones, expedientes del canal, sanciones, revisiones—, sin que ello suponga invertir la carga de la prueba: según el Tribunal Supremo, sigue correspondiendo a la acusación acreditar los presupuestos de la responsabilidad de la entidad, incluido el defecto organizativo.

La Fiscalía General del Estado, en sus circulares sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, apunta en la misma dirección: desconfianza hacia los programas adquiridos llave en mano, relevancia del compromiso de la alta dirección (tone from the top) y valor especialmente significativo de la detección y denuncia del delito por la propia empresa. En la práctica forense, los indicadores que examinan jueces y fiscales son recurrentes:

• Compromiso del órgano de administración: aprobación formal del modelo, presupuesto asignado y seguimiento periódico reflejado en actas.
• Formación efectiva: sesiones impartidas, asistentes registrados y evaluaciones; no basta la mera entrega del código ético.
• Canal que funciona: comunicaciones recibidas y tramitadas con expedientes documentados; un canal a cero durante años es señal de alarma, no de salud.
• Régimen disciplinario aplicado: sanciones reales ante incumplimientos, también cuando afectan a directivos.
• Revisión viva: actualización del modelo tras incidentes, cambios de actividad o reformas legales.

Nuestro despacho, en la calle Velázquez 27 de Madrid, implanta y defiende modelos de prevención para empresas madrileñas y del resto del país. La defensa de la persona jurídica nos lleva habitualmente a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza de Castilla) y a la Audiencia Provincial de Madrid, donde se concentra buena parte de los procedimientos por delitos económicos de la capital; en las defraudaciones de gran escala con grave repercusión en la economía nacional o perjuicio a una generalidad de personas en más de una Audiencia (art. 65 LOPJ) —y en el blanqueo o la corrupción conexos con ellas—, la competencia recae en la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia y la Audiencia Nacional, también con sede en Madrid.

Esa cercanía es operativa: permite reaccionar con rapidez ante una citación de la empresa, un registro en la sede social o un requerimiento documental, y mantener interlocución directa con los órganos que tramitan la causa. Si su empresa ha recibido una citación o quiere someter a revisión su modelo de prevención, llámenos al ☎ 91 078 65 74 o escríbanos desde la página de contacto.