Abogados Penalistas en Delitos Medioambientales

Los delitos contra el medio ambiente (Arts. 325 a 340 CP, Título XVI del Libro II) protegen un bien jurídico colectivo de primera magnitud: el equilibrio de los sistemas naturales y la salud humana, mandato derivado del Art. 45 CE. Su régimen complementa el derecho administrativo ambiental (Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, Ley 22/2011 de Residuos, Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, normativa sectorial autonómica) creando un sistema dual sancionador. La doctrina del Tribunal Supremo ha consolidado el carácter peligro abstracto-concreto de estos tipos: basta con que la conducta tenga aptitud potencial para perjudicar gravemente el equilibrio ecológico, sin requerirse daño efectivo cuantificable.

Las modalidades comisivas son variadas. El tipo básico (Art. 325 CP) sanciona los vertidos, emisiones, inyecciones, radiaciones, extracciones o vibraciones, así como la introducción de captaciones de aguas o ruidos, en la atmósfera, suelo, subsuelo, aguas terrestres, subterráneas o marítimas. Los tipos agravados (Art. 326 CP) elevan la pena cuando la conducta se realiza en espacios naturales protegidos (Parques Nacionales, ZEPA, LIC, Red Natura 2000), genera riesgo de grave deterioro irreversible o pone en peligro la salud de personas. El Art. 326 bis CP sanciona la gestión ilícita de residuos peligrosos. Los Arts. 332-337 CP tipifican los delitos contra la flora y fauna (caza furtiva, tráfico CITES, talas ilegales, comercio prohibido). Los Arts. 338-340 CP tutelan los espacios protegidos. La persona jurídica responde autónomamente (Art. 328 CP) con multas, intervención y prohibición de contratar.

Las penas previstas son severas y han sido endurecidas por la LO 1/2015 y por la transposición de las Directivas europeas. El tipo básico conlleva prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio (1 a 2 años). Los tipos agravados alcanzan prisión de 2 a 5 años; con riesgo grave para la salud, hasta 6 años. La gestión ilícita de residuos peligrosos, prisión de 1 a 5 años. Los delitos contra flora y fauna, prisión de 6 meses a 2 años con inhabilitación especial cinegética. La persona jurídica puede afrontar multas del doble al cuádruplo del beneficio, suspensión de actividades, clausura de locales hasta cinco años, intervención judicial y, en supuestos extremos, disolución. A esto se añade la obligación civil de restauración del medio ambiente (Art. 339 CP) y las sanciones administrativas paralelas que pueden alcanzar varios millones de euros.

La defensa técnica se construye sobre cuatro ejes consolidados. Primero, la impugnación pericial: los informes acusatorios (SEPRONA, Confederaciones Hidrográficas, Inspección autonómica) deben ser confrontados con contra-periciales independientes de químicos, biólogos, ingenieros ambientales colegiados; el cuestionamiento de la metodología de muestreo, los puntos de medición, la cadena de custodia de las muestras y los protocolos de laboratorio puede ser determinante. Segundo, la causalidad ambiental: debe acreditarse el nexo causal entre la conducta imputada y el riesgo grave; las concausas (vertidos de terceros, fenómenos naturales, fondo histórico de contaminación) excluyen o atenúan la imputación. Tercero, la licencia administrativa: la actividad amparada en autorización válida (aunque insuficiente) excluye el dolo y limita la imputación al exceso. Cuarto, las medidas correctoras y restauración voluntaria: la adopción tempestiva de medidas (cese del vertido, restauración del suelo, retirada de residuos) opera como atenuante muy cualificada (Art. 21.5 CP) y puede reducir la pena en uno o dos grados.

En la práctica forense actual observamos una intensificación significativa de la persecución penal ambiental, alimentada por la agenda verde europea (Pacto Verde Europeo), las Directivas 2008/99/CE sobre protección penal del medio ambiente y 2024/1203 sobre delitos medioambientales, la Ley 7/2021 de Cambio Climático, la Ley 7/2022 de Residuos, la LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y la creciente activación de la acusación popular por parte de organizaciones ecologistas (Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF). La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo dispone de fiscales delegados en cada provincia que coordinan con SEPRONA, autoridades autonómicas, Inspección de Trabajo y Agencia Tributaria. En Alonso Sala, con más de 15 años de experiencia, abordamos cada expediente coordinando peritos ambientales certificados, ingenieros sectoriales, abogados administrativistas y expertos en compliance ambiental, articulando defensas que combinan derecho penal, alegaciones administrativas, restauración voluntaria y gestión reputacional.