Abogados de Delitos contra la Seguridad Vial (Arts. 379-385 CP)

El atestado de tráfico llega al juzgado de instrucción del partido y, cuando está completo, el asunto suele resolverse por diligencias urgentes y juicio rápido: eso significa que la primera comparecencia puede ser también la última oportunidad real de negociar. El marco depende del tipo penal. Conducir con una tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre, o bajo la influencia de drogas, se castiga con prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en todo caso privación del permiso por más de 1 y hasta 4 años (art. 379.2 CP). Negarse a las pruebas se castiga con prisión de 6 meses a 1 año y privación del permiso de más de 1 y hasta 4 años (art. 383 CP), y conducir tras perder la vigencia del permiso por pérdida total de puntos o tras una privación judicial, con prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad (art. 384 CP).

• No declare sin haber hablado antes con su abogado. Los arts. 118 y 520 LECrim reconocen el derecho a guardar silencio y a una entrevista reservada previa. En juicio rápido esa conversación decide si conviene conformarse o pelear la prueba, y la decisión no puede improvisarse en el pasillo del juzgado.
• Pida cuanto antes la documentación del etilómetro. Certificado de verificación metrológica vigente, número de serie, hora de las dos mediciones y respeto del intervalo mínimo entre ellas. Es la documentación que caduca y desaparece, y la que sostiene la impugnación del margen de error.
• No entregue el permiso ni acepte sanciones sin verlas. La privación del derecho a conducir es una pena, no un trámite administrativo: se impone en sentencia y su duración es negociable dentro del marco legal. Aceptar de entrada la propuesta más alta cierra ese margen.
• Reúna la prueba que solo existe los primeros días. Informe de urgencias si hubo asistencia médica, testigos del trayecto, tique de consumo si discute la ingesta posterior a la conducción y cualquier grabación del control. Después ya no se recupera.

Los delitos contra la seguridad vial (Arts. 379-385 ter CP) constituyen una categoría de delitos de peligro abstracto: castigan conductas idóneas para poner en riesgo la vida o integridad de las personas en el tráfico rodado, sin necesidad de que se produzca accidente ni resultado lesivo. El bien jurídico protegido es la seguridad colectiva en el tráfico, complementada por la vida y la integridad de los usuarios de las vías. La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo ha reiterado que basta acreditar la conducta típica —conducción con tasa superior, exceso de velocidad cualificado, negativa a las pruebas, conducción sin permiso vigente— para que se consume el delito, sin perjuicio de los tipos concursales cuando concurre lesión.

El Código Penal distingue varias modalidades. La conducción bajo influencia del alcohol (Art. 379.2 CP) se reputa delito automático cuando la tasa supera 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre; por debajo, requiere prueba de la afectación efectiva a la conducción. La conducción bajo drogas tóxicas o psicotrópicos (mismo Art. 379.2 inciso primero) se acredita con test salival y, en su caso, analítica de contraste. El exceso de velocidad cualificado (Art. 379.1 CP) opera cuando se supera el límite en más de 60 km/h en vía urbana o 80 km/h en vía interurbana. La conducción temeraria (Art. 380 CP) y la conducción con manifiesto desprecio por la vida (Art. 381 CP) elevan la pena cuando se evidencia desprecio consciente del riesgo. La negativa a someterse a las pruebas (Art. 383 CP) y la conducción sin permiso (Art. 384 CP) son tipos autónomos. Cierran el cuadro el abandono del lugar del accidente (Art. 382 bis CP) y la omisión del deber de socorro del propio causante (Art. 195.3 CP).

Las penas son alternativas pero acumuladas. Para la alcoholemia y la conducción bajo drogas: prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, más privación del derecho a conducir de 1 a 4 años en todos los casos. La negativa a las pruebas conlleva prisión de 6 meses a 1 año y privación de 1 a 4 años, sin posibilidad alternativa de multa: por eso, técnicamente, soplar suele ser menos gravoso que negarse. La conducción sin permiso o tras pérdida de vigencia (Art. 384) lleva prisión de 3 a 6 meses o multa o trabajos comunitarios. La conducción temeraria con desprecio por la vida (Art. 381) llega hasta 5 años de prisión y privación del derecho a conducir hasta 10 años. Si se produce un resultado lesivo, opera el concurso con el Art. 152 CP (lesiones imprudentes) o el Art. 142 CP (homicidio imprudente).

La defensa técnica articula varios ejes recurrentes. Primero, la impugnación metrológica del etilómetro: revisión del expediente de calibración, intervalo entre pruebas, advertencia de derechos al conductor, lectura final y aplicación del margen de error oficial (STS 163/2018, de 6 de abril, del Pleno de la Sala 2.ª). Una tasa de 0,64 mg/l puede caer por debajo del umbral penal tras aplicar el margen, transformando el delito en simple infracción administrativa. Segundo, la cadena de custodia en analíticas de sangre y orina, especialmente en pruebas hospitalarias tras accidente; cualquier ruptura puede determinar nulidad probatoria. Tercero, la distinción entre presencia e influencia en drogas: la mera detección de THC o cocaína no implica afectación a la conducción. Cuarto, la conformidad estratégica en juicios rápidos: la rebaja de un tercio (Art. 801 LECrim) puede convertir una pena de 6 meses en 4 meses, evitando la prisión sustituida por multa.

En la práctica forense actual constatamos un fuerte incremento de expedientes por conducción de patinetes eléctricos (VMP) — como regla general, sanción administrativa y no delito, pues el VMP reglamentario no es vehículo a motor a efectos penales (Dictamen 2/2021 del Fiscal de Sala), salvo que el aparato exceda los parámetros de VMP —, y un endurecimiento jurisprudencial frente al abandono del lugar del accidente (Art. 382 bis), tipo introducido por la LO 2/2019, de 1 de marzo, con penas autónomas. La Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha reordenado parcialmente los juicios rápidos y los plazos de citación. En Alonso Sala, nuestros abogados penalistas en delitos contra la seguridad vial intervienen en las primeras 48-72 horas tras la citación a juicio rápido para auditar el atestado, solicitar la documentación metrológica del etilómetro, revisar la legalidad del control y diseñar la estrategia más eficiente: absolución, degradación a infracción administrativa, conformidad rebajada o sustitución de pena. La pérdida del permiso de conducir suele tener un impacto profesional superior al de la propia pena, y por eso modulamos cada actuación pensando en el día después.