Justicia Juvenil y Responsabilidad Penal del Menor

Justicia Juvenil: Concepto, Medidas, Procedimiento y Defensa (LO 5/2000)

La justicia penal de menores en España se rige por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORRPM), reformada parcialmente por LO 8/2006 y LO 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia. Su ámbito de aplicación se extiende a personas mayores de 14 y menores de 18 años al tiempo de la comisión del hecho (Art. 1 LORRPM); los menores de 14 años son inimputables y solo pueden quedar bajo medidas de protección del Sistema de Protección a la Infancia (Ley 26/2015). El bien jurídico tutelado es plural: la protección de la víctima, la responsabilidad del menor y, sobre todo, su reeducación y reinserción social (Art. 25.2 CE). La doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ha consolidado el carácter sancionador-educativo del sistema, donde la pena se sustituye por la medida de naturaleza educativa.

Las medidas aplicables al menor son numerosas y se modulan según la edad, gravedad del hecho y características personales. Las medidas privativas de libertad incluyen el internamiento en régimen cerrado (para delitos graves con violencia, intimidación o grave riesgo), internamiento en régimen semiabierto, internamiento en régimen abierto y el internamiento terapéutico. Las medidas no privativas comprenden la libertad vigilada, la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, las prestaciones en beneficio de la comunidad, la realización de tareas socio-educativas, la amonestación, la privación del permiso de conducir o licencia de armas y la asistencia a centros de día. La duración máxima ordinaria es de 2 años, ampliable a 6 años en delitos muy graves y hasta 10 años en supuestos de extrema gravedad (Art. 10 LORRPM, modificado por LO 8/2006).

El procedimiento ante el Juzgado de Menores presenta especialidades notables. La instrucción la dirige el Ministerio Fiscal (no el juez instructor), bajo el principio de oportunidad reglada: puede archivar el expediente por motivos educativos, derivar a mediación (Art. 19 LORRPM) o promover la incoación. El juicio oral se celebra ante el Juez de Menores, con publicidad restringida para proteger la identidad del menor (Art. 35.2 LORRPM). La defensa debe ejercerse por abogado de confianza o turno de oficio especializado en menores. Los padres o representantes legales son llamados al procedimiento (Art. 22 LORRPM) y tienen responsabilidad civil solidaria con el menor (Art. 61.3 LORRPM), respondiendo por los daños causados. La fase de ejecución de las medidas la gestiona la Entidad Pública de cada Comunidad Autónoma.

La defensa técnica en justicia juvenil se construye sobre cuatro ejes específicos. Primero, la activación del principio de oportunidad: en delitos menos graves sin violencia, el Fiscal puede archivar o derivar a mediación familiar y reparación a la víctima; el equipo técnico (psicólogos, educadores) elabora informes determinantes para el juez. Segundo, la impugnación de la pretensión de internamiento: la jurisprudencia constitucional y supraconvencional (Convención de los Derechos del Niño de 1989, Reglas de Beijing, Directrices de Riad) exige que el internamiento sea siempre último recurso; debe acreditarse que las medidas no privativas son insuficientes. Tercero, la acreditación del entorno reeducativo: contexto familiar estable, escolarización, actividades extraescolares, ausencia de antecedentes y propósito reparador favorecen medidas no privativas. Cuarto, la impugnación pericial: los informes del equipo técnico del Fiscal pueden contraponerse a periciales de parte de psicólogos clínicos, criminólogos y educadores sociales.

En la práctica forense actual observamos un endurecimiento progresivo de la justicia juvenil para delitos graves (acoso escolar con resultado lesivo, agresiones sexuales, homicidios, sicariato juvenil), mientras se refuerzan los mecanismos de mediación y reparación para infracciones leves. La LO 8/2021 de Protección Integral a la Infancia, la LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, la Convención del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia (en supuestos de delitos online cometidos por menores: cyberbullying, sexting, grooming entre pares), el Convenio de Estambul sobre violencia contra mujeres y menores, la LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y los protocolos autonómicos sobre acoso escolar y ciberacoso configuran un marco normativo en evolución. En Alonso Sala, con más de 15 años de experiencia, defendemos a menores acusados articulando un enfoque triple: jurídico (control de garantías procesales, calificación correcta del hecho, oposición técnica a medidas privativas), educativo (informes psicosociales que acrediten el contexto reeducativo del menor) y reparador (mediación con la víctima, reparación voluntaria, compromiso de actividades comunitarias). Coordinamos con psicólogos clínicos, educadores sociales, criminólogos especializados en delincuencia juvenil y servicios sociales municipales.