Abogados de Delitos Militares

Los delitos militares constituyen una rama especializada del Derecho Penal, regulada por el Código Penal Militar (LO 14/2015) y enjuiciada por la jurisdicción castrense, una jurisdicción especial constitucional (Art. 117.5 CE) cuya organización se rige por la LO 4/1987 de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar y la LO 2/1989 Procesal Militar. Su ámbito subjetivo son, sobre todo, los militares: profesionales, reservistas activados, alumnos de centros de formación y los demás supuestos del Art. 2 CPM; también la Guardia Civil en los casos del Art. 1 CPM, y cualquier persona en los pocos delitos que no exigen la condición militar (por ejemplo, Arts. 29 y 34 CPM). El bien jurídico protegido es plural: la disciplina militar, la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas, la defensa nacional y los principios constitucionales de jerarquía, subordinación y obediencia (Arts. 8 y 30 CE). La doctrina de la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha consolidado un cuerpo doctrinal específico sobre la distinción entre infracciones disciplinarias y delitos militares.

Las modalidades típicas son numerosas y específicas. Los delitos contra la seguridad y defensa nacionales (Arts. 24-37 CPM): traición y espionaje militar, revelación de secretos, atentados contra los medios de la defensa, delitos contra centinela, autoridad militar o fuerza armada, y ultrajes a España e injurias a la organización militar. Los delitos contra la disciplina (Arts. 38-48 CPM): sedición militar, insubordinación (insulto a superior y desobediencia) y abuso de autoridad. Los delitos contra los deberes del servicio (Arts. 51-80 CPM): cobardía, deslealtad, abandono de destino o residencia, deserción (de 1 a 4 años de prisión; de 5 a 15 en conflicto armado o estado de sitio), delitos contra los deberes del mando y quebrantamiento de servicio. La infidelidad en la custodia de documentos no está en el CPM: es un delito del Código Penal común (arts. 413 a 415 CP). Los delitos contra el patrimonio en el ámbito militar (Arts. 81-85 CPM): fraudes, hurto, robo, apropiación indebida o daños sobre equipo y material militar, y receptación. Y el CPM se aplica a los hechos que prevé con independencia del lugar de comisión (Art. 1.6 CPM), lo que alcanza a los militares españoles desplegados en misiones de paz, defensa colectiva (OTAN) o conflicto armado.

Las penas previstas son severas y se modulan por la gravedad y el contexto. Las penas principales son la prisión (de 2 meses y 1 día a 25 años, salvo lo que excepcionalmente resulte de aplicar el Código Penal: Art. 12 CPM), la pérdida de empleo, la suspensión militar de empleo, la inhabilitación absoluta para mando de buque de guerra o aeronave militar, la multa y la localización permanente (Art. 11 CPM). La traición militar se castiga con prisión de 15 a 25 años y el espionaje militar del extranjero en conflicto armado, de 10 a 20. La insubordinación va de 3 meses y 1 día a 6 años en tiempo de paz y puede llegar a 20 en conflicto armado. El abandono de destino se castiga con prisión de 3 meses y 1 día a 2 años y la deserción, de 1 a 4 años (más en conflicto armado o estado de sitio). El abuso de autoridad, prisión de 3 meses y 1 día a 5 años. En operaciones internacionales cobran relevancia además las reglas de enfrentamiento (ROE), el Derecho Internacional Humanitario (Convenios de Ginebra) y los tratados aplicables. La responsabilidad civil derivada y la responsabilidad disciplinaria paralela completan el régimen sancionador.

La defensa técnica se construye sobre cuatro ejes específicos. Primero, la delimitación entre infracción disciplinaria y delito: muchas conductas susceptibles de imputación penal son en realidad infracciones graves o muy graves del Régimen Disciplinario (LO 8/2014); aportar prueba del contexto operativo, las circunstancias del servicio y la jurisprudencia consolidada permite recalificar el procedimiento. Segundo, la defensa de la orden manifiestamente ilegal (Art. 44.3 CPM): la ley excluye en todo caso la responsabilidad penal del militar que desobedece una orden cuya ejecución constituya manifiestamente delito —en particular contra la Constitución— o una infracción manifiesta, clara y terminante de una norma con rango de ley o del Derecho Internacional de los conflictos armados. Tercero, la impugnación de la prueba castrense: los partes de los superiores, los expedientes informativos y las testificales de compañeros pueden adolecer de sesgos jerárquicos; la introducción de prueba pericial militar independiente (consultores externos en doctrina militar, derecho operacional) puede desmontar el relato acusatorio. Cuarto, la libre elección de abogado civil: el militar no está obligado a aceptar abogado del turno de oficio militar (Art. 24 CE); puede elegir libremente abogado civil especializado en derecho penal militar.

En la práctica forense actual observamos un incremento de procedimientos militares vinculados a operaciones internacionales (despliegues OTAN, ONU, UE), misiones en el extranjero (Líbano, Mali, Iraq, Báltico), delitos sexuales en el seno de las Fuerzas Armadas (LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual), delitos de odio entre militares, abuso de autoridad y filtraciones de información clasificada. La jurisprudencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y los criterios de la Fiscalía Togada configuran un marco técnico exigente. En Alonso Sala, con más de 15 años de experiencia en defensa penal, intervenimos ante los Juzgados Togados Militares Territoriales, los Tribunales Militares Territoriales, el Tribunal Militar Central y la Sala Quinta del Tribunal Supremo, defendiendo a militares de todas las graduaciones (soldados, suboficiales, oficiales, jefes y mandos superiores) en procedimientos por delitos militares, disciplinarios y mixtos.