Abogado Lesiones por Imprudencia (Art. 152 CP)

El artículo 152 del Código Penal castiga a quien, sin querer lesionar, infringe el deber objetivo de cuidado y menoscaba la integridad o la salud de otra persona. Todo se juega en tres planos —la entidad de la imprudencia, la gravedad del resultado y la imputación objetiva— y de ellos depende que el asunto acabe en prisión, en multa o fuera del Derecho penal.

Le acusan de unas lesiones imprudentes: qué ocurre ahora

La imprudencia grave del artículo 152.1 CP se instruye como diligencias previas y se enjuicia por el procedimiento abreviado; la menos grave del 152.2, castigada solo con multa, por el juicio sobre delitos leves. Saber en cuál de los dos carriles ha entrado su asunto es lo primero: de ello dependen los plazos y el riesgo real de prisión. La instrucción gira luego en torno a dos documentos: el informe de sanidad forense —días de perjuicio, secuelas y necesidad objetiva de tratamiento médico o quirúrgico— y el informe técnico del mecanismo del daño.

Ambos son atacables, pero lo que no se pide en instrucción —historia clínica íntegra, atestado con croquis y fotografías, evaluación de riesgos del puesto si el siniestro fue laboral— rara vez se recupera en el plenario. Sobre ese material se construye la defensa: negar la infracción del deber de cuidado, degradar la entidad de la imprudencia, romper la imputación objetiva, discutir la calificación del resultado, acreditar la concurrencia de culpas y reparar el daño con efecto atenuante.

La escala del artículo 152.1 CP: la pena depende del resultado

El artículo 152.1 CP no fija una pena única: la gradúa en atención al riesgo creado y al resultado producido, remitiéndose a los tipos de lesiones dolosas.

• Lesiones del artículo 147.1 CP —las que requieren objetivamente tratamiento médico o quirúrgico además de una primera asistencia facultativa—: prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 18 meses.
• Lesiones del artículo 149 CP —pérdida o inutilidad de órgano o miembro principal o de un sentido, impotencia, esterilidad, grave deformidad o grave enfermedad somática o psíquica—: prisión de 1 a 3 años.
• Lesiones del artículo 150 CP —pérdida o inutilidad de órgano o miembro no principal, o deformidad—: prisión de 6 meses a 2 años.

En la modalidad más frecuente, la del artículo 147.1 CP, cabe una alternativa de multa. Y la frontera entre los artículos 149 y 150 CP —si el órgano afectado es principal, si la deformidad es grave— decide un salto penológico enorme y es, antes que jurídica, una cuestión pericial. Si la víctima fallece, la calificación pasa al homicidio imprudente del artículo 142 CP; si concurre dolo, siquiera eventual, el hecho sale del artículo 152 CP.

Las penas que se suman: carné, armas e inhabilitación profesional

El artículo 152.1 CP impone además penas privativas de derechos que suelen pesar más que la multa:

• Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años si los hechos se cometieron utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor.
• Privación del derecho al porte o tenencia de armas de 1 a 4 años si las lesiones se causaron utilizando un arma de fuego.
• Inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo de 6 meses a 4 años cuando las lesiones se cometieron por imprudencia profesional.

La imprudencia profesional no es cualquier descuido cometido por un profesional: exige que la infracción recaiga precisamente sobre las reglas técnicas de la actividad que se ejerce. La distinción es decisiva para sanitarios, técnicos y conductores profesionales, porque la inhabilitación puede suponer el cierre temporal de la actividad. En la modalidad del artículo 152.2 CP no está prevista: allí las accesorias se limitan a la privación del derecho a conducir de 3 a 18 meses y, potestativamente, a la del porte o tenencia de armas de 3 meses a 1 año.

La imprudencia menos grave del artículo 152.2 CP

El artículo 152.2 CP castiga con multa de 1 a 2 meses las lesiones del artículo 147.1 CP y con multa de 3 a 12 meses las de los artículos 149 y 150 CP. La primera es pena leve (artículo 33.4 CP); la segunda puede considerarse a la vez leve y menos grave, y el artículo 13.4 CP ordena reputar entonces la infracción, en todo caso, delito leve. De ahí tres consecuencias: se enjuicia por el juicio sobre delitos leves, prescribe al año y admite el sobreseimiento del artículo 963.1.1.ª LECrim por escasa gravedad y falta de interés público relevante.

Ocupa una franja intermedia: no alcanza la infracción de las cautelas más elementales propia de la imprudencia grave, pero tampoco se reduce al descuido nimio de la imprudencia leve, atípica desde 2015. Degradar la calificación cambia el asunto por completo —de riesgo de prisión a multa—, y esa frontera se analiza en nuestro artículo sobre las lesiones por imprudencia grave del artículo 152 CP.

La doble regla de calificación en el tráfico: dónde se decide el caso

En circulación, el Código Penal no deja la calificación al criterio del tribunal: dos reglas legales la predeterminan. La primera, en el párrafo final del artículo 152.1 CP, reputa en todo caso imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias del artículo 379 CP —velocidad superior en 60 km/h en vía urbana o en 80 km/h en interurbana a la permitida, influencia de drogas o de bebidas alcohólicas y, en todo caso, tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado o a 1,2 g/l en sangre— haya determinado la producción del hecho.

La segunda, en el artículo 152.2 CP, reputa en todo caso imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, y exige que esa determinación se aprecie en resolución motivada.

La palabra decisiva es determinante: dar positivo o cometer una infracción grave no basta, hay que probar que esa circunstancia produjo el accidente. Un positivo por alcohol en quien es embestido por otro vehículo que se salta un semáforo no determina nada, y discutirlo con el informe biomecánico es la vía más eficaz para salir de la imprudencia grave, como en la defensa por alcoholemia con accidente. Y una regla concursal que se cita mal: si el resultado lesivo concurre con un delito de los artículos 379, 380 o 381 CP no hay concurso ideal, porque el artículo 382 CP ordena apreciar tan solo la infracción más gravemente penada e imponer la pena en su mitad superior.

El artículo 152 bis CP: la agravación por notoria gravedad

Introducido por la Ley Orgánica 2/2019, el artículo 152 bis CP permite imponer motivadamente la pena superior en un grado en los casos del artículo 152.1 CP cuando concurren dos requisitos acumulativos: que el hecho revista notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y que se hayan provocado lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1.2.º o 3.º CP —las de los artículos 149 o 150 CP— a una pluralidad de personas. Si el número de lesionados fuere muy elevado, la elevación puede ser de dos grados.

Tres límites que la defensa debe hacer valer: es facultativa y necesitada de motivación expresa; requiere pluralidad de lesionados, de modo que una única víctima la excluye; y solo opera sobre los resultados de los artículos 149 y 150 CP, nunca sobre los del artículo 147.1 CP.

Negligencia médica: lex artis ad hoc, imputación objetiva y pérdida de oportunidad

La negligencia médica es, junto al tráfico, el terreno natural del artículo 152 CP. El Código Penal no contiene un delito autónomo de mala praxis: la responsabilidad del sanitario se canaliza por los tipos imprudentes de resultado, de manera que un desenlace clínico adverso no es, por sí solo, delito. El parámetro es la lex artis ad hoc: las reglas técnicas exigibles a un profesional medio de esa especialidad, en ese centro y con los medios disponibles en el momento de la intervención. La medicina es obligación de medios, no de resultado.

Tampoco basta con constatar una desviación del protocolo: hace falta imputación objetiva, esto es, que la conducta haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado y que sea ese riesgo, y no otro, el que se materialice en el resultado. Si el daño se habría producido igualmente actuando conforme a la lex artis, o procede de un curso causal anómalo, la imputación decae.

Ahí aparece la pérdida de oportunidad: si no puede afirmarse con certeza que una actuación correcta habría evitado el daño, sino solo que habría aumentado las probabilidades de evitarlo, falta la base para una condena penal. Es una construcción de la responsabilidad civil, que indemniza la probabilidad frustrada. Deslindar ambos planos es una de las líneas más eficaces en la defensa del profesional sanitario, y adquiere perfiles propios en el error de diagnóstico y en las cirugías con resultado adverso.

La prueba pericial y la contrapericial

El informe decisivo será el biomecánico en circulación, el del técnico en prevención de riesgos laborales en obra o industria, o el médico-pericial en los supuestos sanitarios. Frente a la pericial de cargo, la defensa debe articular una contrapericial que discuta las premisas, los datos de partida y la metodología, no que discrepe de forma genérica. El tribunal no queda vinculado por el dictamen: lo valora conforme a las reglas de la sana crítica. Si los peritos discrepan de forma razonable y subsiste una duda técnica seria sobre la causación, el principio in dubio pro reo opera a favor de la persona acusada.

Procedibilidad, perdón del ofendido y prescripción

Conviene comprobar siempre la regla de procedibilidad: el delito de imprudencia menos grave solo es perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal y, a diferencia del homicidio imprudente del artículo 142.2 CP, aquí no hay excepción para los hechos cometidos con vehículo a motor. Por ser además delito leve perseguible a instancia de parte, opera el perdón de la persona ofendida del artículo 130.1.5.º CP, que extingue la responsabilidad criminal si se otorga expresamente antes de la sentencia. En la imprudencia grave del artículo 152.1 CP no cabe ni la denuncia previa ni el perdón: se persigue de oficio.

La prescripción se rige por el artículo 131 CP: todas las modalidades del artículo 152.1 CP prescriben a los cinco años y el delito leve del artículo 152.2 CP, al año. El plazo corre desde la comisión del hecho, salvo que la persona lesionada fuera menor de edad, pues el artículo 132.1 CP retrasa entonces el cómputo al día en que alcance la mayoría de edad; y solo se interrumpe mediante resolución judicial motivada que le atribuya su presunta participación (artículo 132.2 CP), no por actos de mero impulso.

Responsabilidad civil, aseguradoras y frontera con otros órdenes

La condena arrastra la responsabilidad civil: días de perjuicio, secuelas, perjuicio estético, asistencia sanitaria futura y lucro cesante. En los siniestros de circulación se apoya en el sistema legal de valoración de los daños causados en accidentes de tráfico, y conviene discutir las bases médicas del informe forense y los criterios de cálculo. Junto a la persona acusada responde a menudo una aseguradora como responsable civil directo, y en los siniestros laborales o sanitarios pueden concurrir responsables civiles subsidiarios —la empresa, el centro médico o la Administración sanitaria—, además del posible concurso con el delito de riesgo de los artículos 316 y 317 CP. Y una absolución penal por ausencia de imprudencia penalmente relevante no cierra la reclamación patrimonial ante la jurisdicción contencioso-administrativa o la civil, cuyo estándar es distinto y más amplio.

Salidas del procedimiento: conformidad, consignación y suspensión

Cuando la prueba es desfavorable, la negociación pasa a ser técnica. La conformidad puede plantearse en la audiencia preliminar del artículo 785 LECrim y, en el enjuiciamiento rápido, ante el juzgado de guardia con la reducción de un tercio de la pena solicitada del artículo 801 LECrim. Lo que la hace viable es casi siempre la consignación previa de la indemnización, que activa la atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 CP.

La consignación cumple una segunda función: el artículo 80.2.3.ª CP condiciona la suspensión de la ejecución de la pena de prisión a que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles, y en penas no superiores a dos años impuestas a quien carece de antecedentes computables —las condenas anteriores por delitos imprudentes o leves no cuentan— concurren de ordinario los presupuestos de la suspensión; dentro del artículo 152.1 CP solo el resultado del artículo 149 CP permite superar ese umbral. En la imprudencia profesional la negociación debe extenderse a la duración de la inhabilitación; en el delito leve, la salida más limpia es anterior al juicio: reparación del daño con sobreseimiento del artículo 963.1.1.ª LECrim o perdón de la persona ofendida.