Patinetes Eléctricos y Delitos de Seguridad Vial

Los delitos cometidos con patinetes eléctricos y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) constituyen una de las áreas de mayor evolución reciente del Derecho penal vial y, también, una de las peor entendidas. El bien jurídico protegido por los Arts. 379 a 385 CP es la seguridad colectiva del tráfico, pero esos tipos exigen que el instrumento del delito sea un «vehículo a motor o ciclomotor». El Reglamento General de Vehículos, tras el RD 970/2020, define el VMP como vehículo de una sola plaza propulsado exclusivamente por motores eléctricos que no pueden superar por diseño los 25 km/h, y el Dictamen 2/2021 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial califica de indebida su persecución penal como instrumento de los delitos viales. La consecuencia práctica es que, con un VMP reglamentario, tanto el positivo en alcoholemia como la negativa a las pruebas se resuelven en el ámbito administrativo de la Ley de Tráfico, y la jurisprudencia menor absuelve de forma mayoritaria.

La frontera la marcan las características técnicas reales del aparato, no su etiqueta comercial. Cuando el vehículo excede los parámetros del VMP —velocidad de diseño superior a la reglamentaria, mayor potencia, asiento y configuración propios de un ciclomotor, encajando de hecho en la categoría L1e sin matricular—, deja de ser un VMP y los tribunales lo tratan como ciclomotor o vehículo a motor. En ese escenario se aplica el catálogo completo: la conducción bajo influencia de alcohol o drogas (Art. 379.2 CP), que se consuma con tasas superiores a 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre, o con cualquier tasa cuando se acredite influencia efectiva; la negativa al sometimiento a las pruebas (Art. 383 CP) como delito autónomo de desobediencia; y la conducción sin permiso (Art. 384 CP). El exceso de velocidad penalmente relevante (Art. 379.1) sigue siendo prácticamente inaplicable por las limitaciones técnicas de estos aparatos. Con independencia de la categoría del vehículo, los accidentes con resultado lesivo activan los Arts. 142 (homicidio imprudente) y 152 (lesiones imprudentes), que no exigen vehículo a motor.

Las consecuencias se bifurcan según esa calificación. Con un VMP reglamentario, la respuesta es una sanción administrativa: multa de 500 € por circular con tasa de alcohol superior a la permitida, que asciende a 1.000 € cuando la tasa duplica la permitida o el conductor es reincidente, y también de 1.000 € por negarse a someterse a las pruebas. No hay antecedentes penales ni privación del derecho a conducir. Con un aparato fuera de parámetros, en cambio, se aplican las penas ordinarias de los delitos viales: la alcoholemia o conducción bajo drogas se sanciona con prisión de tres a seis meses, o multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, junto a la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años; la negativa a las pruebas, con prisión de seis meses a un año y privación de uno a cuatro años. Es esencial subrayar que la retirada del permiso impuesta en sentencia afecta a la totalidad de los vehículos a motor: inhabilita igualmente para conducir automóviles, motocicletas y ciclomotores durante el periodo fijado por el órgano sentenciador.

La defensa técnica exige un análisis exhaustivo de los elementos típicos. Primero, y por encima de todo, la calificación del vehículo: acreditar con la ficha técnica del fabricante, la documentación de homologación y, si es preciso, prueba pericial que el aparato no supera por diseño los 25 km/h ni reúne las características de un ciclomotor cierra la vía penal por atipicidad. Segundo, la validez de la prueba de alcoholemia o drogotest: discutimos calibración del etilómetro, cumplimiento del intervalo entre soplos, garantía de la cadena de custodia salival y observancia del derecho a la prueba de contraste. Tercero, el encaje del tipo de temeridad: el Art. 380 exige peligro concreto para la vida o integridad, no mero peligro abstracto; con la baja masa cinética de estos aparatos la peligrosidad objetiva puede no alcanzar el umbral típico. Cuarto, la negociación de la pena sustitutiva mediante trabajos en beneficio de la comunidad o multa, evitando la prisión y minimizando el impacto sobre el permiso de conducir. Y en la vía administrativa, el recurso frente al expediente sancionador: identificación del conductor, notificación, plazos de caducidad y validez de la propia prueba.

La práctica forense reciente muestra dos realidades paralelas: un volumen elevado de expedientes sancionadores por alcohol y drogas en patinete, y un goteo de causas penales que solo prosperan cuando la acusación acredita que el aparato estaba fuera de los parámetros del VMP. Las Audiencias Provinciales absuelven de forma mayoritaria cuando el vehículo intervenido es un VMP reglamentario, y condenan cuando la prueba técnica demuestra lo contrario. Por eso la primera batalla del procedimiento es siempre la calificación del aparato. En Alonso Sala, con más de quince años de experiencia en delitos contra la seguridad vial, intervenimos desde la asistencia letrada en sede policial, controlando el procedimiento de pruebas, preparando la estrategia defensiva en juicio rápido y, cuando procede, articulando la conformidad más favorable que minimice tanto la pena privativa de libertad como la afectación al permiso de conducir.