Abogados Positivo Cannabis Conducir — Defensa Penal Especializada

El positivo por cannabis (tetrahidrocannabinol o THC) es uno de los supuestos más controvertidos del delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas del artículo 379.2 CP. Su singularidad es la larga persistencia en saliva, sangre y orina, que provoca positivos en personas que consumieron días o semanas antes y conducen con plenitud de facultades. Esa disociación entre lo que detecta el aparato y lo que exige el tipo penal es donde se gana o se pierde el procedimiento.

Qué Tiene que Probar la Acusación (Art. 379.2 CP)

El artículo 379.2 CP tiene dos incisos que no deben confundirse. El primero castiga a quien condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. El segundo condena en todo caso, con esas mismas penas, a quien conduzca con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/l o en sangre superior a 1,2 g/l. Esa tasa objetiva existe únicamente para el alcohol: para el cannabis y el resto de drogas no hay cifra alguna que convierta el positivo en delito, de modo que un positivo por THC solo cabe por el primer inciso y exige acreditar la influencia efectiva.

Las penas son las mismas del apartado 1: prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta cuatro años: el precepto dice «superior a uno», de modo que el mínimo legal es un año y un día. La acusación debe acreditar cuatro elementos: conducción de vehículo de motor o ciclomotor, previo consumo, merma real de las facultades psicofísicas y dolo. Probado el consumo pero no la merma, el hecho queda fuera del Derecho penal.

Presencia frente a influencia: la frontera entre el delito y la sanción administrativa

El error más frecuente consiste en confundir dar positivo con cometer un delito. El artículo 379.2 CP no castiga la presencia de cannabis en el organismo, sino conducir bajo su influencia, con la capacidad psicofísica realmente mermada. Un test que detecta restos de THC, sin afectación demostrada, encaja en la infracción administrativa de la normativa de tráfico (texto refundido del Real Decreto Legislativo 6/2015), no en el tipo penal. La diferencia es de régimen: la vía administrativa sanciona la mera presencia, sin valorar cómo se conducía, y se resuelve con multa y detracción de puntos; la penal exige influencia probada y conlleva antecedentes penales y privación judicial del permiso. Lo ampliamos en la guía sobre influencia frente a presencia en el artículo 379.2 CP.

Acreditar la influencia exige elementos externos verificables: la forma de conducir observada antes del alto (zigzagueo, invasión de carril, frenadas injustificadas) y los signos del atestado (midriasis, alteración del habla, desorientación, pérdida de equilibrio). Si el atestado describe a un conductor tranquilo y sin incidencia alguna en la conducción, y añade solo la casilla del test, la prueba de la influencia no existe.

El control en carretera paso a paso

El procedimiento lo describe el artículo 796.1.7ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige que las practiquen agentes de la policía judicial de tráfico con formación específica:

1. Alto e indicios. El agente detiene el vehículo y observa al conductor; lo que anote marcará el resto del procedimiento.
2. Test indiciario salival, obligatorio para el conductor. Es un cribado: responde sí o no a la presencia de la sustancia, no mide concentración con valor penal ni dice nada sobre la afectación.
3. Segunda muestra de saliva. Si el test es positivo o hay signos de consumo, el conductor debe facilitar saliva en cantidad suficiente, que será analizada en laboratorios homologados garantizándose la cadena de custodia. Es la única prueba con valor incriminatorio real.
4. Prueba de contraste. Todo conductor puede pedir análisis de sangre, orina u otras análogas; el resultado debe remitirse al Juzgado de guardia antes del día y hora de la citación.
5. Atestado y citación ante el Juzgado de guardia, normalmente por la vía del juicio rápido.

Cada peldaño es un punto de control: si no se recogió la segunda muestra, si el laboratorio no era homologado o si la cadena de custodia presenta saltos, la prueba de cargo decae.

Persistencia del THC y Detección

El THC es lipofílico: se acumula en el tejido adiposo y se libera lentamente a la sangre, lo que explica que siga siendo detectable mucho después de haber cesado sus efectos psicoactivos. La ventana varía según la matriz, el patrón de consumo y la sensibilidad del dispositivo: en saliva el consumidor ocasional suele serlo horas o uno o dos días, y el habitual más; en orina, donde se busca el THC-COOH, días en el esporádico y semanas en el crónico intensivo. El dato decisivo es cualitativo: el THC-COOH es un metabolito inactivo, de modo que su presencia demuestra que hubo consumo, no que quedara efecto psicoactivo al volante. Confundir un marcador de consumo pasado con uno de afectación presente es el defecto argumental más común de las acusaciones.

Consumo Previo vs. Influencia Efectiva

Esa distinción se traduce en preguntas concretas al agente instructor en el juicio: qué maniobra irregular observó antes del alto, qué signos apreció y cómo los verificó, si practicó pruebas de coordinación y equilibrio y con qué resultado, y cuánto tiempo pasó hasta la toma de muestra. Un interrogatorio preparado suele revelar que los «signos» eran fórmulas de plantilla.

Impugnar la prueba: el test salival indiciario y la confirmación analítica

El test salival de carretera es indiciario: detecta la posible presencia de la sustancia, pero ni mide una concentración con relevancia penal ni acredita la influencia. Por eso el artículo 796.1.7ª LECrim impone la segunda muestra para confirmación en laboratorio homologado con cadena de custodia garantizada. La defensa debe verificar que esa confirmación existió, que la muestra era la del conductor y que su trayecto está documentado sin lagunas: precintado, coincidencia de referencias entre acta, remisión e informe, horas de recogida y análisis, y firmas. Las discordancias no son formalismos: comprometen la identidad de lo analizado. Un positivo de campo no confirmado analíticamente es un soporte frágil para una condena. Conviene además recordar un derecho que suele pasarse por alto: el propio artículo 796.1.7ª LECrim permite a todo conductor solicitar una prueba de contraste consistente en análisis de sangre, orina u otras análogas. Cuando se practica, el precepto obliga a requerir al personal sanitario que remita el resultado al Juzgado de guardia por el medio más rápido y, en todo caso, antes del día y hora de la citación. Solicitarla en el momento es una de las pocas actuaciones que el conductor puede desplegar antes incluso de tener abogado, y su resultado —o la ausencia injustificada de remisión— puede resultar decisivo. Lo desarrollamos en la página del positivo en test salival de drogas.

Pericial Toxicológica de Defensa

La pericial toxicológica privada es decisiva. Un toxicólogo forense valora la concentración detectada y su correlación con la influencia, la ventana temporal compatible con el consumo, la fiabilidad del dispositivo empleado, la presencia de metabolitos activos o inactivos y su coherencia con los signos del atestado. Cuando concluye que los valores son compatibles con un consumo anterior ya metabolizado, la acusación se queda sin el elemento nuclear del tipo. Debe proponerse en el escrito de defensa, con ratificación del perito en juicio, e interesar también la comparecencia del perito oficial.

Negarse a las pruebas: el artículo 383 CP

Quien, requerido por un agente de la autoridad, se niega a someterse a las pruebas legalmente establecidas comete un delito autónomo, el del artículo 383 CP: prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. La aritmética importa: la negativa lleva una pena de prisión superior a la del propio artículo 379.2 y, a diferencia de este, no admite multa ni trabajos en beneficio de la comunidad como alternativa. Negarse para «evitar el positivo» suele ser un pésimo cálculo. La defensa comprueba que el requerimiento fue expreso y comprensible, que se advirtió de las consecuencias y que hubo negativa real, no imposibilidad física. Lo tratamos en la página sobre negativa al test de drogas.

Concurrencia con alcohol y supuestos con resultado lesivo

Si el conductor ha consumido cannabis y además ha bebido, el encaje sigue siendo el artículo 379.2 CP: un único delito, no dos, porque el precepto agrupa drogas y alcohol en la misma descripción típica. Importa por dos razones: si la tasa de alcohol supera los umbrales del segundo inciso, la condena se produce «en todo caso» por esa vía, sin discutir la influencia, y la defensa centrada en el THC pierde eficacia; y la suma de sustancias se refleja en los signos externos y agrava la individualización. Si de la conducción resulta además un resultado lesivo constitutivo de delito, el artículo 382 CP obliga a apreciar tan solo la infracción más gravemente penada, en su mitad superior, con condena en todo caso al resarcimiento de la responsabilidad civil.

El atestado, el juicio rápido y la conformidad

Estos delitos son el cauce típico de los juicios rápidos de los artículos 795 y siguientes LECrim, aplicables cuando el proceso se incoa por atestado policial y la pena privativa de libertad no excede de cinco años. La conformidad ante el Juzgado de guardia la regula el artículo 801 LECrim y comporta la pena solicitada reducida en un tercio, incluso por debajo del mínimo legal. Requiere que no haya acusación particular, que los hechos se califiquen como delito castigado con pena de hasta tres años de prisión y que la pena de prisión solicitada, reducida en ese tercio, no supere los dos años. Si el fiscal y las partes renuncian a recurrir, el juez declara oralmente la firmeza y resuelve sobre la suspensión.

La conformidad es legítima y a veces ventajosa, pero solo debe explorarse tras medir la solidez de la prueba: si el test no se confirmó analíticamente, si el atestado no describe influencia real o si la cadena de custodia presenta fisuras, conformarse es renunciar a una absolución alcanzable.

Rebaja de la pena en un grado: el artículo 385 ter CP

El artículo 385 ter CP permite al juez, razonándolo en sentencia, rebajar en un grado la pena de prisión en los delitos de los artículos 379, 383, 384 y 385, atendiendo a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho. La rebaja alcanza solo a la pena de prisión, no a la multa ni a la privación del permiso, y es facultativa: debe pedirse expresamente y justificarse con hechos (ausencia de accidente, daños o terceros implicados, escasa intensidad del tráfico, brevedad del trayecto y colaboración con los agentes).

Qué pasa con el vehículo: el artículo 385 bis CP

El artículo 385 bis CP dispone que el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos de este capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128 CP, es decir, a efectos de decomiso. La válvula de escape es el artículo 128 CP: cuando los instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción, o se hayan satisfecho por completo las responsabilidades civiles, el juez puede no decretar el decomiso o decretarlo parcialmente. La defensa debe acreditar el valor del vehículo, su necesidad laboral y esa desproporción.

Evitar el ingreso en prisión: suspensión de la pena

El artículo 80 CP permite suspender la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que su ejecución no sea necesaria para evitar nuevos delitos; entre sus requisitos figuran haber delinquido por primera vez y haber satisfecho las responsabilidades civiles. El artículo 84 CP permite condicionarla al pago de una multa o a trabajos en beneficio de la comunidad. Matiz relevante: la sustitución del derogado artículo 88 CP ya no existe como institución autónoma, de modo que «sustituir la prisión por multa» es hoy una suspensión condicionada del artículo 84.

El permiso: privación judicial, puntos y pérdida de vigencia

Conforme al artículo 47 CP, esta pena inhabilita al penado durante el tiempo fijado en sentencia y, cuando se impone por tiempo superior a dos años, comporta la pérdida de vigencia del permiso: no basta esperar a que transcurra el plazo, hay que volver a obtenerlo. Como el marco del 379.2 CP llega a cuatro años, ese umbral debe vigilarse al negociar la pena. La privación penal no se confunde con la detracción administrativa de puntos, que opera en otro plano. Y conducir tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso por decisión judicial es un delito autónomo del artículo 384 CP. Más, en la página sobre la pérdida de vigencia del permiso.

Cannabis terapéutico, CBD y medicamentos con cannabinoides

Hay medicamentos autorizados con cannabinoides que pueden dar positivo en THC, y productos de cannabidiol vendidos como carentes de efecto psicoactivo que, según su composición real, contienen trazas bastantes para activar el cribado. La prescripción o la factura son útiles, pero no operan como exención automática: si se acredita influencia efectiva sobre la conducción, el tipo se cumple igual, como con cualquier medicamento que merme las facultades. Lo que sí hacen es desactivar el argumento del consumo recreativo reciente y abrir la puerta a una pericial sobre el origen del positivo.

Penas, atenuantes, reincidencia y prescripción a los cinco años

En la individualización pesan el grado de afectación acreditado, el riesgo para terceros y la colaboración del conductor. Los antecedentes penales impiden además apreciar el requisito de haber delinquido por primera vez del artículo 80.2.1ª CP y cierran la vía ordinaria de la suspensión, por lo que con antecedentes vivos el objetivo se desplaza a la absolución o a una pena no privativa de libertad. Al tratarse de un delito cuya pena máxima no supera los cinco años, prescribe a los cinco años conforme al artículo 131.1 CP; no existe ningún tramo de tres años aplicable a estas figuras.

Estrategia de Defensa

Articulamos la defensa sobre cinco ejes: el deslinde entre la mera presencia y la influencia penalmente relevante; el examen crítico del atestado y de los signos externos; la verificación de la confirmación analítica en laboratorio homologado y de la cadena de custodia; la pericial toxicológica de contraste; y, cuando la prueba es sólida, la negociación de la pena mínima con petición razonada de la rebaja del artículo 385 ter CP. La intervención temprana marca la diferencia: antes de la primera declaración conviene saber qué dice el atestado, si hay segunda muestra remitida a laboratorio y si se pidió prueba de contraste. Actuamos ante los Juzgados de Instrucción y de Guardia, los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales.