Abogados Delito de Coacciones (Art. 172 CP)

El delito de coacciones (Art. 172 del Código Penal) es uno de los tipos penales más recurrentes en la práctica forense y, paradójicamente, uno de los peor comprendidos. Como abogados penalistas especialistas en coacciones, sabemos que el bien jurídico protegido es la libertad de obrar: el derecho fundamental de toda persona a hacer lo que la ley no prohíbe y a no ser obligada a hacer lo que no quiere. El precepto castiga a quien "sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto". La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo ha extendido el concepto de "violencia" no solo a la fuerza física sobre las personas, sino también a la intimidación psicológica y a la denominada vis in rebus (violencia sobre las cosas con resultado coactivo): cortar una cerradura, inutilizar un vehículo o bloquear el acceso a un local.

El Código Penal contempla varias modalidades comisivas con distinta entidad. La coacción básica del Art. 172.1 absorbe la mayoría de supuestos: impedir o compeler con violencia. La coacción leve del Art. 172.3 sanciona los actos de menor entidad. Especial relevancia tiene el acoso inmobiliario del Art. 172.1 párrafo 3º, introducido por la LO 5/2010 para castigar a quienes ejecutan actos hostiles contra inquilinos legítimos para forzar el abandono de la vivienda (cortes de suministro, obras molestas innecesarias, vejaciones reiteradas). El matrimonio forzado (Art. 172 bis) y el stalking u hostigamiento (Art. 172 ter), incorporados en la reforma de 2015, constituyen tipos específicos con penas autónomas. Y la coacción cometida en el ámbito de pareja queda subsumida en el régimen agravado de violencia de género del Art. 172.2 cuando se cumplen sus presupuestos.

Las penas varían sustancialmente. La coacción básica conlleva prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses; cuando se ejecuta para impedir el legítimo ejercicio de un derecho fundamental, la pena se impone en su mitad superior. El acoso inmobiliario suma multa de 6 a 24 meses. El matrimonio forzado castiga con prisión de 6 meses a 3 años y media o multa de 12 a 24 meses. El stalking, con prisión de 3 meses a 2 años o multa. La coacción agravada por violencia de género impone prisión de 6 meses a 1 año, trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia de armas e inhabilitación especial para la patria potestad. La coacción leve del Art. 172.3 se sanciona únicamente con multa de 1 a 3 meses.

La defensa técnica en coacciones se construye sobre cuatro ejes que la jurisprudencia ha decantado con claridad. El primero es la ausencia de violencia típica: si la conducta carece de fuerza física, intimidación seria o vis in rebus con eficacia coactiva, queda fuera del tipo. Insistir en una llamada, pedir reiteradamente algo o expresar opiniones desagradables no integra coacción. El segundo eje es la legitimidad del actuar: ejercer un derecho propio (recuperar la posesión de un bien tras desahucio, ejercer la patria potestad) no es coacción aunque cause incomodidad. El tercero es el estado de necesidad o el conflicto de derechos: cuando el sujeto actúa para preservar un bien jurídico superior, el Art. 20.5 CP excluye la antijuridicidad. Y el cuarto es la recalificación a coacción leve o, en su caso, a infracción civil o administrativa, cuando la conducta carece de la entidad necesaria para integrar el tipo grave.

En la práctica forense actual, las coacciones se concentran en tres grandes contextos: conflictos inmobiliarios (cambios de cerradura, cortes de suministros a inquilinos morosos, ocupaciones y reocupaciones), crisis de pareja (impedir salir, retirar el móvil, controlar relaciones sociales) y conflictos vecinales o de comunidad (bloqueo de accesos, ruidos deliberados como represalia, sabotajes a vehículos). La Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda y la jurisprudencia más reciente del TS sobre acoso inmobiliario han endurecido la respuesta penal frente al "blockbusting" y a las estrategias de presión de fondos buitre sobre inquilinos vulnerables. En Alonso Sala intervenimos con la misma rigurosidad técnica tanto en defensa como en acusación particular, articulando peritajes de comunicaciones, análisis de cámaras y reconstrucciones cronológicas que permiten distinguir, ante el tribunal, la conducta típica de la simple conflictividad social o civil.