Abogado de Acoso y Stalking

El delito de acoso, conocido internacionalmente como "stalking", se regula en el Art. 172 ter CP y protege la libertad de obrar y el sosiego personal de la víctima frente a intrusiones obsesivas en su vida cotidiana. Fue introducido por la LO 1/2015 y consolidado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha delimitado con precisión los contornos del tipo: no toda insistencia molesta es delito, sino sólo aquella conducta sistemática y reiterada que altere gravemente el desarrollo normal de la vida del sujeto pasivo. Como abogados penalistas especialistas en stalking, sabemos que la frontera entre la conducta inoportuna y la persecución penalmente relevante es estrecha y requiere análisis forense riguroso de cada interacción.

Las modalidades típicas del Art. 172 ter CP son tasadas y se agrupan en cuatro conductas alternativas: vigilancia o persecución física de la víctima (presentarse en su domicilio, trabajo o lugares habituales); establecimiento o intento de establecer contacto a través de cualquier medio (llamadas, mensajes, redes sociales, correos electrónicos, terceros interpuestos); uso indebido de los datos personales de la víctima para contratar servicios, suscribirse a productos o hacerse pasar por ella; y atentado contra su libertad o patrimonio mediante actos de hostigamiento. Una variante particularmente preocupante es el ciberstalking, mediado por perfiles falsos, bots, geolocalización y herramientas de inteligencia artificial que han multiplicado la capacidad de intrusión del acosador.

Las penas oscilan según el contexto. El tipo básico se sanciona con prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses. Cuando la víctima es pareja o expareja, descendiente, ascendiente o persona especialmente vulnerable, la pena se eleva a prisión de 6 meses a 2 años, suprimiendo la alternativa de multa y atrayendo la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Las consecuencias accesorias suelen incluir orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante períodos largos, libertad vigilada, retirada de armas si las hubiera y, frecuentemente, responsabilidad civil por daño moral. El quebrantamiento de la orden de alejamiento abre un nuevo procedimiento por delito del Art. 468 CP.

La defensa técnica articula varios ejes complementarios. Primero, la insuficiencia de la alteración grave: si la víctima continuó con su rutina normal, conservó su número, mantuvo sus rutas, no cambió hábitos sociolaborales ni acudió a tratamiento psicológico, falta el resultado típico. Segundo, la ausencia de reiteración cualificada: actos aislados, esporádicos o de baja intensidad no integran el tipo, que exige patrón obsesivo prolongado. Tercero, el consentimiento parcial o bilateralidad de la comunicación: la pericial informática puede demostrar que la víctima respondió, mantuvo conversaciones cordiales o no expresó rechazo inequívoco. Cuarto, el error sobre la prohibición y la impugnación de pruebas digitales obtenidas sin cadena de custodia, perfiles suplantados o capturas manipuladas.

En la práctica forense actual observamos un fuerte incremento de procedimientos por stalking digital, especialmente tras rupturas sentimentales, conflictos laborales o disputas en redes sociales. La Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y la jurisprudencia consolidada sobre prueba electrónica exigen protocolos rigurosos de hash, sellado de tiempo y peritaje informático que rara vez se cumplen en las primeras diligencias policiales. En Alonso Sala, intervenimos desde la primera citación policial: revisamos la cadena de mensajes, contrastamos metadatos, articulamos pericial psicológica para evaluar el impacto real en la víctima e impugnamos la calificación cuando la conducta no alcanza el umbral del tipo. Cuando representamos a la víctima, accionamos el alejamiento cautelar, la pulsera telemática y la pieza de responsabilidad civil con la urgencia que la cesación del acoso reclama.

No toda insistencia es delito. Para que exista stalking penal, el Tribunal Supremo exige que la conducta del acosador tenga tal intensidad que obligue a la víctima a modificar sus hábitos. Por ejemplo: tener que cambiar de número de teléfono, dejar de ir a ciertos lugares, cambiar de ruta al trabajo o precisar compañía para salir. Como defensa, nuestro objetivo suele ser demostrar que, aunque la conducta pudo ser molesta, la víctima continuó con su vida normal, lo que degrada la acusación a un delito leve o a la irrelevancia penal.

La mayoría de acusaciones hoy día se basan en pruebas digitales: WhatsApps masivos, creación de perfiles falsos en Instagram/Facebook para saltarse bloqueos, o 'bombing' de correos electrónicos. Es crucial una pericial informática para defenderse, ya sea para negar la autoría (suplantación) o para demostrar que la comunicación era bidireccional y consentida en momentos previos.