Abogado de Falsedad en Documento Público y Oficial (Arts. 390 y 392 CP)

El delito de falsedad en documento público u oficial cometida por particular, regulado en el Art. 392 CP en relación con el Art. 390 CP, protege la fe pública entendida como confianza colectiva en la veracidad de los documentos emanados de fedatarios públicos (notarios, secretarios judiciales) o de la Administración (DNI, pasaporte, matrículas, certificaciones administrativas, recetas médicas oficiales). El régimen punitivo es el más severo dentro de la categoría de falsedades documentales porque estos instrumentos hacen prueba plena frente a terceros y al propio Estado. La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo ha precisado los contornos del tipo distinguiendo entre falsedad material (alteración de elementos esenciales) y falsedad ideológica (mendacidad en la narración de hechos), con un régimen diferenciado según el sujeto activo sea autoridad, funcionario o particular. Como abogados penalistas especialistas en falsedad documental, articulamos defensa estratégica desde la primera diligencia.

Las modalidades típicas del Art. 390 CP, aplicables al particular vía Art. 392 CP, son tasadas. La alteración material de elementos esenciales (fechas, importes, datos identificativos, fotografías, sellos). La simulación de un documento público u oficial fabricado íntegramente como auténtico (DNI falso, pasaporte falsificado, certificación administrativa inexistente). La atribución de intervención a personas que no la han tenido (simular firma del notario, del registrador, del titular del documento de identidad). En cambio, la falsedad ideológica cometida por particular —mentir sobre los hechos contenidos en el documento sin alterar materialmente su soporte— es, por regla general, impune, salvo deber especial de veracidad. Los supuestos más recurrentes son los DNI y pasaportes falsificados, las matrículas alteradas para evadir multas, las recetas médicas falsas para obtener sustancias controladas, las tarjetas de aparcamiento de discapacitados fotocopiadas y las escrituras públicas simuladas.

Las penas son severas. Para el particular que falsifica documento público, oficial o mercantil (Art. 392 CP): prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Para la autoridad o funcionario público que comete falsedad en el ejercicio de sus funciones (Art. 390 CP): prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años. Cuando la falsedad se utiliza instrumentalmente para cometer otros delitos (estafa procesal del Art. 250.1.7.º CP, defraudación tributaria del Art. 305 CP, delito societario del Art. 290 CP, blanqueo de capitales del Art. 301 CP), procede el concurso real o medial con notable agravación de la respuesta penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica (Art. 31 bis CP) puede activarse contra sociedades instrumentales, con multas cuantiosas e inhabilitación para contratación pública.

La defensa técnica articula varios ejes complementarios. Primero, la atipicidad de la falsedad ideológica: el cliente que se limitó a mentir al notario sobre el precio real, la naturaleza de una donación o el destino del producto financiero queda fuera del tipo penal salvo deber especial de veracidad. Segundo, la falsedad burda o inocua: las imitaciones manifiestamente groseras, sin capacidad real de engañar al destinatario medio, son atípicas según jurisprudencia constante. Tercero, la reconducción típica desde documento oficial a certificado o documento privado: si conseguimos acreditar que el documento cuestionado no acredita un derecho sustantivo ni emana de fedatario público con potestad certificadora plena, la calificación se desplaza al régimen mucho más benévolo de los Arts. 395 o 397 CP, con pena de multa. Cuarto, la pericial caligráfica y documentoscópica para impugnar la autoría material. Quinto, el error de prohibición sobre la naturaleza oficial del documento utilizado.

En la práctica forense actual observamos un crecimiento sostenido de procedimientos por falsedad en documento público y oficial, especialmente vinculados a DNI y pasaportes falsificados en contextos de extranjería, matrículas alteradas con cinta aislante o pintura, recetas médicas falsas para obtener fentanilo, oxicodona o benzodiacepinas, tarjetas de aparcamiento de discapacitados fotocopiadas y escrituras públicas simuladas en operaciones inmobiliarias y sucesorias. El Reglamento UE eIDAS2 (2024/1183) sobre identidad digital europea, la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre falsedad documental han transformado el marco probatorio. En Alonso Sala, abordamos cada expediente con peritos calígrafos, documentoscópicos e informáticos forenses certificados, articulamos estrategia procesal agresiva y construimos defensa técnica solvente que neutralice o module sustancialmente la imputación.