¿Pueden muchos indicios débiles sumar una condena? Lógica y límites de la prueba indiciaria

La jurisprudencia admite desde hace décadas la condena sin prueba directa a través de la llamada prueba indiciaria, cuyos requisitos examinamos en nuestro comentario a la sentencia del Tribunal Supremo 355/2026, de 21 de mayo. Este artículo aborda una cuestión distinta y anterior, de pura lógica: ¿puede una colección de indicios que, examinados uno a uno, no son concluyentes, transformarse en prueba concluyente por el solo hecho de acumularse? La teoría de la inferencia responde que no, y conviene explicar por qué: en la práctica forense, la «valoración conjunta de la prueba» funciona a veces como una alquimia verbal que convierte muchas sospechas en una certeza.

El problema: la tentación de sumar

El razonamiento que aquí se critica es reconocible: el acusado estaba cerca del lugar; tenía un móvil económico; su versión presenta imprecisiones; no consta coartada; un testigo de referencia le atribuye un comentario ambiguo. Ninguno de esos datos, por sí solo, permite afirmar la autoría. Pero la resolución proclama que, «valorados conjuntamente», los indicios «se refuerzan entre sí» y conducen «unívocamente» a la culpabilidad. La operación tiene un atractivo psicológico evidente: cada indicio añadido parece un ladrillo más de un muro. La pregunta es si esa imagen resiste el análisis lógico.

Adelantemos la tesis: la acumulación de indicios solo aumenta la fuerza probatoria bajo condiciones estrictas, que exigen que cada indicio tenga valor probatorio propio, que los indicios sean independientes entre sí y que no dependan de una misma fuente. Cuando esas condiciones no concurren, sumar indicios no concluyentes no produce una conclusión: produce una sospecha más voluminosa. Y una sospecha voluminosa sigue sin ser prueba.

Lo que dice la lógica: cadenas, cables y cubos agujereados

La epistemología jurídica anglosajona distingue dos estructuras de inferencia, elaboradas a partir del tratado clásico de John Henry Wigmore sobre el Derecho probatorio. En la inferencia en cadena, cada conclusión intermedia sirve de premisa a la siguiente: el conjunto es, como toda cadena, tan fuerte como su eslabón más débil, y la fiabilidad del resultado decrece con cada eslabón incierto que se añade. En la inferencia en cable —la metáfora de la cuerda procede de la jurisprudencia inglesa del siglo XIX—, varios hilos independientes convergen sobre la misma conclusión, y el cable puede resistir aunque algún hilo ceda.

La distinción es decisiva porque el cálculo de probabilidades no perdona. Si una conclusión necesita que sean ciertas, a la vez, varias premisas inciertas e independientes entre sí, la probabilidad de la conjunción es el producto de sus probabilidades: dos premisas fiables al ochenta por ciento rinden juntas un sesenta y cuatro por ciento; cuatro, apenas un cuarenta y uno. Y aun sin independencia, la probabilidad de la conjunción nunca supera a la de la más débil de las premisas. Es la conocida paradoja de la conjunción que L. Jonathan Cohen expuso en The Probable and the Provable (Clarendon Press, Oxford, 1977): agregar elementos inciertos que deben concurrir juntos no eleva la probabilidad del conjunto, la reduce. Encadenar inferencias dudosas empobrece la conclusión en lugar de enriquecerla.

Y hay un límite aún más elemental: el dato que individualmente nada acredita —el que es igual de compatible con la culpabilidad que con la inocencia— tiene valor probatorio nulo, y cero multiplicado por diez sigue siendo cero. El filósofo Antony Flew acuñó en 1966 la imagen canónica contra los argumentos meramente acumulativos: si un cubo agujereado no retiene el agua, no hay razón para pensar que diez lo harán. Desde la literatura médica, Petr Skrabanek y James McCormick bautizaron esa misma ilusión como la «falacia del haz de leña» en Follies and Fallacies in Medicine (1989): creer que muchas piezas de evidencia débiles, apiladas, constituyen una fuerte, cuando un haz de pruebas inseguras sigue siendo inseguro. El número no sustituye a la calidad: la cantidad de sospechas no fabrica un solo indicio probado.

El matiz honesto: cuándo los indicios sí se refuerzan

Sería deshonesto presentar solo la mitad del argumento. La teoría de la probabilidad también enseña que varios indicios independientes, cada uno con genuino valor probatorio propio —cada uno más verosímil si el acusado es culpable que si es inocente—, sí se refuerzan al converger: es la estructura del cable, y es la razón por la que la prueba indiciaria bien construida puede fundar legítimamente una condena. Susan Haack lo ha precisado en Evidence Matters (Cambridge University Press, 2014): la evidencia combinada puede justificar una conclusión en mayor grado que cada una de sus piezas, pero solo si cada pieza cuenta con solidez independiente de la conclusión que se pretende probar; entrelazar conjeturas que solo se apoyan unas en otras no produce conocimiento.

Las condiciones de la genuina corroboración son tres. Primera: cada indicio debe tener valor probatorio individual; las guías de la red europea de institutos de ciencia forense lo formulan con una regla simple: el hallazgo cuya razón de verosimilitud es igual a uno no presta ninguna ayuda para decidir entre las hipótesis, y acumular hallazgos independientes de ese tipo tampoco la presta. Segunda: los indicios deben ser independientes entre sí; cinco ecos del mismo rumor no son cinco indicios, sino uno contado cinco veces. Tercera: no deben pender de una fuente común cuya caída los arrastre a todos, como ocurre cuando todo procede del mismo atestado, del mismo testigo o de la misma pericia cuestionada. La Royal Statistical Society lo advirtió en su guía sobre prueba estadística en el proceso penal (2010): dos o más elementos de prueba independientes pueden corroborarse mutuamente, pero aplicar la regla del producto a sucesos que no son independientes es un error grave. Un tristemente célebre error judicial británico lo ilustra: se multiplicaron como si fueran independientes las probabilidades de dos muertes súbitas infantiles en la misma familia —que no lo eran— hasta proclamar ante el jurado una probabilidad de una entre setenta y tres millones; el cálculo era estadísticamente inválido y la condena acabó siendo anulada. Cuando una sentencia no verifica estas tres condiciones y se limita a enumerar datos y proclamar su «mutua corroboración», no está razonando: está contando cubos agujereados.

La doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo

Lo llamativo es que la jurisprudencia, en su formulación más exigente, dice exactamente esto. El Tribunal Constitucional construyó el canon en las sentencias 174/1985 y 175/1985, de 17 de diciembre: los indicios han de estar «plenamente probados», porque no cabe «construir certezas sobre la base de simples probabilidades», y la sentencia debe explicitar tanto los indicios como el razonamiento que conduce de ellos a la autoría. La sentencia 229/1988, de 1 de diciembre, remachó que los indicios no pueden ser «meras sospechas». Y el canon se completó con el control de suficiencia de la inferencia: la presunción de inocencia se vulnera cuando el razonamiento es «excesivamente abierto, débil o indeterminado» (sentencia 135/2003, de 30 de junio), esto es, cuando la inferencia es tan abierta que en su seno cabe tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas puede darse por probada (sentencias 189/1998, de 28 de septiembre, y 133/2014, de 22 de julio).

La Sala Segunda del Tribunal Supremo mantiene como pacíficos los requisitos clásicos, recordados entre las más recientes por la sentencia 304/2025, de 2 de abril: indicios plenamente acreditados, de naturaleza inequívocamente acusatoria, plurales o —siendo único— de singular potencia acreditativa, concomitantes al hecho y, cuando son varios, interrelacionados de modo que se refuercen entre sí. La sentencia 532/2019, de 4 de noviembre, que sistematizó veinte criterios de valoración de la prueba indiciaria, advierte de que no pueden confundirse los indicios con las sospechas y de que la condena no puede ser una «sentencia de sospechas», exigiendo que la hipótesis acusatoria alcance una «probabilidad prevaleciente» frente a las hipótesis alternativas. Ya la sentencia 593/2017, de 21 de julio, había precisado que la fuerza de la prueba indiciaria procede «de la interrelación y combinación» de los indicios, que convergen y se refuerzan mutuamente cuando todos señalan racionalmente en una misma dirección. Y la sentencia 830/2024, de 3 de octubre, lo formula con toda la claridad deseable: el valor de la prueba indiciaria «no se mide por una simple agregación de datos probatorios sino por la lógica interacción entre ellos». En fin, la sentencia 1000/2025, de 9 de diciembre, recuerda que la hipótesis alternativa capaz de desactivar la inferencia ha de ser razonable y no una mera conjetura, y la 355/2026, de 21 de mayo, que la inferencia solo es suficiente cuando bloquea cualquier otra hipótesis razonablemente posible.

Bien leída, esta doctrina asume el modelo del cable y rechaza el de la pila de sospechas: exige valor probatorio individual (indicios «plenamente acreditados» y de naturaleza «inequívocamente acusatoria»), convergencia genuina (interrelación, no yuxtaposición) y cierre racional (exclusión de las alternativas razonables). El problema, por tanto, no es la doctrina: es su aplicación degradada, cuando la «valoración conjunta» se invoca como fórmula ritual que dispensa de comprobar, indicio a indicio, que esas condiciones concurren. Como resume un viejo aforismo probatorio, los indicios se pesan, no se cuentan.

Lo que exige la doctrina académica

La doctrina académica converge en el mismo punto: la convicción del juzgador no es criterio de verdad, y el número de indicios no sustituye a su calidad. En la tradición racionalista española, Jordi Ferrer Beltrán (La valoración racional de la prueba, Marcial Pons, 2007) sostiene que una hipótesis solo puede considerarse probada cuando resulta corroborada conforme a una metodología controlable, y en Prueba sin convicción (Marcial Pons, 2021) formula la tesis de la «irrelevancia justificativa de la convicción judicial»: que el tribunal esté íntimamente convencido no justifica nada; hacen falta estándares de prueba objetivos. Marina Gascón Abellán (Los hechos en el Derecho, 3.ª ed., Marcial Pons, 2010) recuerda que el conocimiento judicial de los hechos es inductivo y sus resultados solo probables, lo que obliga a introducir todas las garantías posibles y una motivación rigurosa. Perfecto Andrés Ibáñez («Acerca de la motivación de los hechos en la sentencia penal», Doxa, núm. 12, 1992) desmontó la lectura de la libre valoración como convicción íntima inefable; Juan Igartua Salaverría (Valoración de la prueba, motivación y control en el proceso penal, Tirant lo Blanch, 1995) subrayó que la libre valoración no es soberanía subjetiva del juez, sino operación sometida a motivación y control; y Manuel Miranda Estrampes (La mínima actividad probatoria en el proceso penal, J.M. Bosch, 1997) precisó qué actividad probatoria de cargo es capaz de destruir la presunción de inocencia.

En la literatura internacional, Michele Taruffo (La prueba de los hechos, Trotta, 2002; original italiano publicado por Giuffrè en 1992) concibió la prueba como instrumento epistémico orientado a la determinación verdadera de los hechos, no a la mera persuasión; y Larry Laudan (Verdad, error y proceso penal, Marcial Pons, 2013; original de Cambridge University Press, 2006) mostró que el estándar de prueba penal es un mecanismo de distribución del riesgo de error entre condenas falsas y absoluciones falsas: un estándar que se ablanda precisamente cuando el material probatorio es pobre deja de proteger a quien debía proteger. Sumadas a Cohen, Wigmore, Flew y Haack, ya citados, las voces más autorizadas coinciden: no existe ninguna ley lógica por la que muchas casi-pruebas equivalgan a una prueba.

La crítica: cuando la «valoración conjunta» encubre la necesidad de fallar

Queda la pregunta incómoda: si la lógica es tan clara y la doctrina jurisprudencial tan exigente, ¿por qué la agregación retórica de indicios reaparece una y otra vez? La respuesta honesta no es epistemológica, sino institucional. El juez tiene el deber inexcusable de resolver (artículo 1.7 del Código Civil): terminado el juicio, alguien debe firmar un fallo, y el sistema no admite la respuesta científicamente más honesta ante un cuadro probatorio equívoco, que sería «no se sabe». A esa presión se suma una lectura complaciente del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que manda al tribunal apreciar «según su conciencia» las pruebas practicadas: entendida la conciencia como convicción íntima incontrolable, la «valoración conjunta» se convierte en una caja negra en la que entran muchas sospechas y de la que sale una certeza, sin que nadie pueda auditar la transformación.

Pero el ordenamiento tiene prevista una salida para el cuadro indiciario insuficiente, y no es la condena: es la absolución. Para eso existen la presunción de inocencia (artículo 24.2 de la Constitución) y el principio in dubio pro reo. Cuando una resolución transforma una constelación de datos equívocos en certeza mediante la sola invocación de su «apreciación conjunta», esa suma de indicios no decisivos responde a la necesidad de dictar sentencia, no a una deducción científica. Y ese es precisamente el tipo de decisión que el canon constitucional de racionalidad de la inferencia —la prohibición de las inferencias excesivamente abiertas, débiles o indeterminadas— está llamado a impedir.

Consecuencias prácticas para la defensa

De lo anterior se siguen pautas concretas para la defensa penal frente a una acusación indiciaria. Primera: comprobar que cada hecho base está probado por prueba directa, y señalar los datos neutros, sin valor probatorio propio, que nada aportan al conjunto. Segunda: auditar la independencia de los indicios, identificando las redundancias —el mismo dato contado varias veces—, los indicios que derivan unos de otros y los que penden de una misma fuente cuestionada. Tercera: exigir una motivación individualizada del valor de cada indicio y del enlace inferencial, y no una remisión genérica a la valoración conjunta; conviene saber, eso sí, que el Tribunal Supremo rechaza el análisis puramente atomizado que ignora la interacción entre los indicios —la citada sentencia 830/2024 lo denomina «método deconstructivo»—, de modo que la impugnación eficaz no se limita a fragmentar el cuadro, sino que demuestra que la interacción alegada no es genuina: que los indicios son redundantes, dependientes o neutros. Y cuarta: construir y, en lo posible, acreditar una hipótesis alternativa razonable, porque si la inferencia queda abierta, la condena vulnera la presunción de inocencia.

Este artículo tiene una finalidad exclusivamente divulgativa y no constituye asesoramiento jurídico. Cada procedimiento exige un estudio individualizado de la prueba, de su estructura inferencial y de las vías de impugnación disponibles.