Artículo 141 del Código Penal: provocación, conspiración y proposición para el homicidio y el asesinato

El Código Penal castiga, como regla, los hechos ejecutados. Hay excepciones tasadas en las que el reproche se adelanta a la fase de preparación, y una de ellas está en el artículo 141 CP: la provocación, la conspiración y la proposición para cometer un homicidio o un asesinato. Son conductas en las que nadie ha empezado todavía a ejecutar nada y, aun así, se responde penalmente.

Le investigan por un acto preparatorio: qué dice el artículo 141 CP

El art. 141 CP cabe en una línea: «La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los tres artículos precedentes, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en su caso en los artículos anteriores».

«Los tres artículos precedentes» son el art. 138 CP (homicidio), el art. 139 CP (asesinato) y el art. 140 CP (asesinato castigado con prisión permanente revisable). Fuera de esos tres delitos, el art. 141 CP no se aplica.

El artículo no describe conducta alguna: declara punibles unos actos preparatorios que el propio Código define en su parte general y fija la pena por remisión. Para saber qué se castiga hay que ir a los arts. 17 y 18 CP.

El marco general: los artículos 17 y 18 CP

El art. 17.3 CP contiene la regla que ordena toda esta materia: «La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley». El art. 18.2 CP dice lo mismo de la provocación: «se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea».

No existe, por tanto, una punición general de los actos preparatorios. Solo la hay donde el Código lo declara, y lo declara en pocos sitios. Además del art. 141 CP, en el art. 151 CP para las lesiones, en el art. 168 CP para las detenciones ilegales y los secuestros, en el art. 269 CP para el robo, la extorsión, la estafa y la apropiación indebida, en el art. 553 CP para el atentado y en el art. 557.4 CP para determinadas modalidades de desórdenes públicos. Todos ellos con la misma técnica: pena inferior en uno o dos grados.

Esa lista importa en la práctica. Conspirar para cometer un delito que no figura en ella no es punible, por reprochable que resulte la conducta.

La conspiración (art. 17.1 CP)

«La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo». Dos exigencias, y ninguna es retórica:

• Concierto entre dos o más personas. Hace falta un acuerdo, no una coincidencia de opiniones ni una conversación en la que alguien desahoga su rabia.
• Resolución de ejecutarlo. El acuerdo tiene que llegar a una decisión firme. Un plan barajado y descartado, una hipótesis discutida o una bravata no llenan el tipo.

De ahí que la prueba en estos procedimientos gire casi siempre sobre lo mismo: transcripciones de conversaciones, mensajes y declaraciones de quienes participaron. Y de ahí, también, que el contexto completo de esas conversaciones resulte decisivo, porque un fragmento aislado difícilmente acredita una resolución firme.

La proposición (art. 17.2 CP)

«La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él». La literalidad exige dos cosas: que quien propone haya resuelto ya cometer el delito y que invite a participar en él.

De ahí salen dos consecuencias prácticas. La primera, que quien se limita a sugerir a otro que haga algo, sin haber resuelto hacerlo él mismo, queda fuera de la definición legal. La segunda, que si el destinatario acepta la invitación ya no hay proposición, sino conspiración: el acuerdo se ha cerrado.

La proposición no exige publicidad. Basta una conversación privada e incluso un solo interlocutor.

La provocación y la apología (art. 18 CP)

«La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito» (art. 18.1 CP).

Aquí sí hay un requisito de medio: publicidad o concurrencia de personas. Una incitación dirigida en privado a una persona concreta no es provocación; podrá ser proposición, si se dan sus elementos, o quedar fuera del artículo.

El mismo art. 18.1 CP define la apología —«la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor»— y la acota de inmediato: «La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito». No basta con celebrar un hecho: hace falta incitar, y hacerlo de forma directa.

El art. 18.2 CP cierra con una regla que evita duplicidades: «Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción». Cuando el homicidio o el asesinato llegan a cometerse, el reproche deja de ser el del art. 141 CP y pasa al de los arts. 138 o 139 CP, en concepto de autor, coautor o inductor (art. 28 CP).

Cómo se calcula la pena

El art. 141 CP no fija cifras: remite. La regla de cálculo está en el art. 70.1.2.ª CP, según el cual la pena inferior en grado «se formará partiendo de la cifra mínima señalada para el delito de que se trate y deduciendo de ésta la mitad de su cuantía», con un límite máximo igual al mínimo del delito «reducido en un día».

Aplicada a los tres delitos a los que remite el artículo:

• Homicidio. El art. 138.1 CP señala prisión de diez a quince años. La pena inferior en un grado va de cinco años a diez años menos un día; la inferior en dos grados, de dos años y seis meses a cinco años menos un día.
• Asesinato. El art. 139.1 CP señala prisión de quince a veinticinco años. La pena inferior en un grado va de siete años y seis meses a quince años menos un día; la inferior en dos grados, de tres años y nueve meses a siete años y seis meses menos un día.
• Asesinato del art. 140 CP. Su pena es la prisión permanente revisable y el cálculo lo resuelve el propio Código: el art. 70.4 CP establece que «la pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión de veinte a treinta años». Una segunda rebaja sobre ese marco sitúa el mínimo en diez años.

Elegir entre uno y dos grados no es arbitrario: el art. 72 CP obliga a que los jueces y tribunales «razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta». Es un punto que se trabaja poco en la defensa y que rinde mucho.

Deslinde con la tentativa, la inducción y las amenazas

• Frente a la tentativa. El art. 16.1 CP la define como «dar principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado». Los actos del art. 141 CP se quedan antes de ese umbral: hay acuerdo o incitación, no principio de ejecución.
• Desistimiento. El art. 16.2 CP exime de responsabilidad a quien evita voluntariamente la consumación del delito intentado, y el art. 16.3 CP contempla el desistimiento cuando intervienen varios sujetos. El Código no contiene una cláusula equivalente referida de forma expresa a la conspiración y a la proposición.
• Frente a la inducción. El art. 28.a) CP considera autores a «los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo». Si el delito se ejecuta, la calificación se desplaza ahí.
• Frente a las amenazas. Anunciar a una persona que se le va a causar la muerte encaja en el delito de amenazas del art. 169 CP, que se dirige a la víctima. La conspiración y la proposición se dirigen a un tercero con quien se pacta o a quien se invita, y no exigen que la víctima llegue a saber nada.

Situaciones que llegan al juzgado

• Conversaciones intervenidas. Es el escenario más habitual. La discusión se centra en si lo grabado refleja un acuerdo cerrado o una conversación sin resolución.
• El encargo que nunca se ejecuta. Ofrecer dinero a un tercero para acabar con la vida de alguien encaja en la proposición si quien lo ofrece había resuelto ya el hecho; si el tercero acepta, en la conspiración.
• Mensajes en grupos cerrados. Para la provocación hace falta publicidad o una concurrencia de personas: un grupo reducido y privado plantea justamente ese problema.
• El plan abandonado. Cuando el acuerdo se deshace antes de cualquier acto ejecutivo, el debate vuelve a la existencia misma de la resolución firme.
• La declaración del coimputado. Muchas de estas causas se sostienen sobre ella, con las cautelas de valoración que eso exige.

Qué mira la defensa

• La resolución firme. Es el corazón del art. 17 CP y el punto más frágil de casi todas las acusaciones por conspiración.
• El delito proyectado. Solo los arts. 138, 139 y 140 CP activan el art. 141 CP: si lo acordado no era causar la muerte, no hay acto preparatorio punible por esta vía.
• La integridad de las conversaciones. Transcripción completa, audios íntegros y contexto. Los fragmentos seleccionados sirven de poco.
• La regularidad de la intervención de las comunicaciones. Es prueba que nace de una autorización judicial y su control es el primer frente del derecho de defensa.
• El requisito de publicidad en la provocación. Sin difusión ni concurrencia de personas, el art. 18.1 CP no se cumple.
• La rebaja aplicada. Uno o dos grados cambian el marco por completo, y el art. 72 CP obliga a motivar la elección.

Si le investigan por un acto preparatorio de un delito contra la vida, lo que se discute no es lo que ocurrió, sino lo que se acordó y con qué firmeza. Puede consultarnos en el 91 078 65 74 o revisar nuestra página sobre homicidio y asesinato.