Abogados de Trata para Mendicidad Forzada (Art. 177 bis CP)

El artículo 177 bis del Código Penal tipifica el delito de trata de seres humanos, una de las infracciones más graves de nuestro ordenamiento por afectar de lleno a la dignidad y la libertad de la persona. Dentro de las distintas finalidades que la norma contempla, dos resultan especialmente complejas en su prueba y en su defensa: la mendicidad (incluida en el art. 177 bis.1.a CP, junto al trabajo o los servicios forzados, la esclavitud y la servidumbre) y la explotación para realizar actividades delictivas (art. 177 bis.1.c CP). En el despacho de Alonso Sala, en Madrid, asumimos la defensa de personas investigadas o acusadas por estos hechos en toda España.

Qué castiga el Art. 177 bis CP

El precepto sanciona a quien, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, la capte, transporte, traslade, acoja, reciba, o intercambie o transfiera el control sobre ella. La conducta debe estar dirigida a alguna de las finalidades de explotación legalmente previstas. La letra a) incluye expresamente la mendicidad entre las formas de explotación, y la letra c) la explotación para realizar actividades delictivas, abarcando así tanto a quien obliga a otra persona a pedir en la vía pública como a quien la fuerza a cometer delitos (hurtos, tráfico de drogas a pequeña escala, etc.) en su provecho.

Penas previstas

La pena base es de prisión de cinco a ocho años. Cuando concurre alguna de las circunstancias del art. 177 bis.4 CP —que la víctima sea menor de edad; que se encuentre en situación de especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, estado de gestación, discapacidad o situación personal; que se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de la víctima; o que su situación de vulnerabilidad derive de un conflicto armado o catástrofe humanitaria— se impone la pena superior en grado, que alcanza los doce años de prisión. Si concurriere más de una circunstancia, esa pena superior en grado se impone en su mitad superior. Cuando los hechos se cometan por quien perteneciera a una organización o asociación dedicada a estas actividades, se aplica igualmente la pena superior en grado (art. 177 bis.6 CP), y la mitad superior —que puede elevarse a la inmediatamente superior en grado— para jefes, administradores o encargados. Además, conforme al art. 177 bis.9 CP, las penas se imponen sin perjuicio de las correspondientes a los delitos efectivamente cometidos en el marco de la explotación, en concurso.

Especial protección de menores y personas con discapacidad

El Código dispensa un trato reforzado a los colectivos más vulnerables. Cuando la víctima sea menor de edad, basta con que concurra alguna de las conductas (captación, transporte, acogimiento, etc.) con cualquiera de las finalidades de explotación para que exista trata, sin necesidad de probar el empleo de un medio comisivo (violencia, engaño o abuso). Esta previsión del art. 177 bis.2 CP convierte la condición de menor en un factor determinante, lo que obliga a la defensa a verificar con rigor la edad real y la prueba de la misma. La minoría de edad y la discapacidad necesitada de especial protección operan, además, como circunstancias del art. 177 bis.4 CP que elevan la pena un grado.

Elementos del delito y prueba

La trata es un delito de tendencia: no exige que la explotación llegue a consumarse, sino que la conducta esté preordenada a ella. La acusación debe acreditar tanto la acción típica como el medio comisivo (salvo en menores) y la finalidad de explotación. La doctrina del Tribunal Supremo viene exigiendo que se distinga con nitidez la trata de figuras próximas, como el favorecimiento de la inmigración ilegal o la simple convivencia familiar en contextos de mendicidad. Buena parte de estos procedimientos se sostienen sobre el testimonio de la presunta víctima, cuya valoración debe superar los criterios de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia. La existencia de relaciones familiares, de ayuda mutua o de actividades económicas lícitas mal interpretadas abre vías de defensa relevantes.

Cómo trabajamos la defensa

Nuestra intervención comienza por el análisis del atestado y de la prueba de cargo: identificación del medio comisivo invocado, examen de las declaraciones, geolocalizaciones, intervenciones telefónicas y diligencias de entrada. Discutimos la concurrencia del dolo de explotación, la verdadera relación entre las partes y la posible recalificación hacia tipos menos graves. Velázquez 27, Madrid. Para una primera valoración del caso puede contactar en el ☎ 91 078 65 74.