Trata para Mendicidad Forzada y para Delinquir: el Art. 177 bis CP

Las dos finalidades menos trabajadas del art. 177 bis CP son también las que peor se califican. La mendicidad, alojada en el inciso final de la letra a), se confunde con la utilización de menores para pedir que castiga un precepto distinto; y la explotación para delinquir de la letra c) apenas se discute, porque la persona explotada entra en el procedimiento por la puerta de los investigados. Como abogados penalistas en trata para mendicidad forzada y explotación para delinquir, exponemos qué exige cada modalidad, cómo se deslindan del art. 232 CP, cómo opera la exención de pena del art. 177 bis.11 CP y cuándo prescriben estos hechos.

Le investigan por trata o le han detenido tras ser explotado: qué pasa ahora

En estos procedimientos hay dos posiciones muy distintas y lo primero es identificar cuál es la suya. Una es la de quien resulta investigado por captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a una persona con alguna de las finalidades del art. 177 bis CP. La otra es la de quien entra en la causa por la puerta de los investigados —detenido por hurtos, por venta ambulante o por un delito contra la propiedad— siendo en realidad la persona explotada. En la modalidad de explotación para delinquir de la letra c) esa segunda situación es la regla y no la excepción, y casi nunca la plantea nadie de oficio.

El marco penal explica la urgencia. El tipo básico se castiga con prisión de cinco a ocho años y prescribe a los diez; los subtipos que imponen la pena superior en grado llevan el plazo a quince, y cuando la víctima es menor de dieciocho años el art. 132.1 CP retrasa el inicio del cómputo hasta que cumple los treinta y cinco. Para quien fue explotado existe además una vía propia: el art. 177 bis.11 CP declara exenta de pena a la víctima de trata por las infracciones cometidas en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación haya sido consecuencia directa de la violencia, intimidación, engaño o abuso padecidos y exista una adecuada proporcionalidad entre esa situación y el hecho realizado. Esa exención necesita material probatorio en la causa, y ese material se pierde si no se pide pronto.

Qué hacer (y qué no) en las primeras horas

• Si concurre, plantee la condición de víctima desde la primera comparecencia. Cuando la detención se produce por hechos que pudieron cometerse bajo explotación, hay que decirlo ya, pedir la intervención de los servicios especializados y que todo ello quede en la causa: el art. 177 bis.11 CP se examina mucho mejor con diligencias practicadas que con una alegación final.
• Pida que se documenten los indicios de contexto. Quién tenía la documentación, dónde se dormía, quién percibía el dinero, qué deuda se decía tener y qué instrucciones se recibían. Son los datos que sostienen tanto la exención de pena como la defensa frente a una acusación de trata.
• Exija que la acusación identifique el medio comisivo que invoca. Con víctima mayor de edad, sin violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad, ni entrega o recepción de pagos para lograr el consentimiento de quien tuviera el control, no hay trata. La ley define la vulnerabilidad con un criterio verificable: que la persona no tenga otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso.
• No asuma la calificación policial ni firme lo que no ha leído. Pida copia del atestado y anote cómo se practicó la identificación o el registro y si se le informó de sus derechos.
• No borre conversaciones, contactos ni registros de envíos de dinero. El borrado se lee como conciencia de ilicitud y suele ser recuperable en un volcado; además, ese material es con frecuencia lo único que acredita el contexto de explotación o, en el otro extremo, la ausencia de finalidad de explotación.
• No declare sin abogado y sin haber examinado las actuaciones. El art. 118.1 LECrim reconoce el derecho a guardar silencio, a examinar el procedimiento antes de la declaración y a intérprete y traducción si no comprende el idioma; el art. 775 LECrim, la entrevista reservada con su abogado antes y después de declarar.

El Art. 177 bis.1 CP: Conducta, Medio Comisivo y Finalidad

El precepto castiga con prisión de cinco a ocho años a quien, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a una persona, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de quien poseyera el control sobre la víctima, con alguna de las finalidades que el artículo enumera. Son tres piezas —conducta, medio comisivo y finalidad— y la ausencia de cualquiera deja el hecho fuera del tipo.

El apartado primero incorpora una definición que hace mucho trabajo en la práctica: «existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso». No basta una vulnerabilidad abstracta ni una desigualdad económica: se exige que no haya salida real. Y cierra el apartado una consecuencia que suele pasarse por alto: cuando la víctima fuera menor de edad se impone en todo caso la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.

Las finalidades son cinco: el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud, las prácticas similares, la servidumbre y la mendicidad (letra a); la explotación sexual, incluida la pornografía (letra b); la explotación para realizar actividades delictivas (letra c); la extracción de órganos (letra d); y los matrimonios forzados (letra e). El tipo básico y el régimen general de agravantes se analizan en el artículo sobre el delito de trata de seres humanos del art. 177 bis CP; este se ocupa solo de las letras a) y c).

La Mendicidad Forzada de la Letra a): Dónde Está la Frontera

La letra a) no menciona la mendicidad de forma aislada, sino como último eslabón de una enumeración —«la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad»— cuyo denominador común es la anulación de la autonomía de la persona sobre su propia actividad. La ubicación importa: la mendicidad relevante para el art. 177 bis CP no es una actividad en sí, sino una forma de aprovechamiento del trabajo ajeno equiparada a la servidumbre. Las modalidades vecinas se tratan en los artículos sobre el tráfico ilegal de mano de obra del art. 312 CP y sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores.

Conviene decirlo con claridad: pedir en la vía pública no es delito. Quien mendiga por sí mismo no comete infracción alguna, y tampoco quien le entrega dinero. El art. 177 bis CP castiga una conducta ajena a quien pide: la de quien la capta, traslada, acoge o recibe para que mendigue en provecho de otro, valiéndose de alguno de los medios del apartado primero. La frontera no está en la actividad —idéntica en apariencia— sino en el medio comisivo y en la ausencia de alternativa real.

Los indicios que se manejan para trazar esa frontera son organizativos y económicos, no morales. Se examina si existió un traslado organizado de personas en necesidad extrema desde su lugar de origen; si la recaudación se entrega periódicamente, íntegra o casi íntegra, a un tercero ajeno a la actividad; si el alojamiento lo controla ese tercero, de modo que dejar de pedir implica quedarse sin techo; si la documentación personal está en manos ajenas; y si se han generado deudas artificiales por el viaje o la manutención que impiden cualquier salida. Ninguno es concluyente por separado: la defensa debe exigir que se acredite cada uno y que se explique cómo, en conjunto, eliminan la alternativa real o aceptable.

El Art. 232 CP: Utilizar o Prestar Menores para la Mendicidad

Hay un precepto que rara vez se enlaza con el art. 177 bis CP y resulta decisivo. El art. 232.1 CP castiga a «los que utilizaren o prestaren a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es encubierta», con prisión de seis meses a un año. El art. 232.2 CP eleva la pena a prisión de uno a cuatro años «si para los fines del apartado anterior se traficare con menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, se empleare con ellos violencia o intimidación, o se les suministrare sustancias perjudiciales para su salud».

La mendicidad encubierta tiene alcance propio: comprende los supuestos en que el menor no pide directamente, sino que acompaña a quien pide o participa en una actividad aparente cuyo verdadero cometido es provocar la entrega de dinero. El precepto se integra entre los delitos contra las relaciones familiares, lo que explica que el art. 233 CP permita imponer además, si el órgano judicial lo estima oportuno, la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.

La regla del art. 177 bis.9 CP es terminante: «en todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación». La trata no absorbe la explotación posterior: la acompaña. Cuando lo discutido es que un mismo hecho admita dos calificaciones, rige el art. 8 CP: el precepto especial se aplica con preferencia al general, el subsidiario solo en defecto del principal, el más amplio o complejo absorbe las infracciones consumidas en él y, en su defecto, prevalece el más grave.

La Letra c): Explotación para Realizar Actividades Delictivas

La letra c) del art. 177 bis.1 CP contempla como finalidad «la explotación para realizar actividades delictivas». Es la modalidad más difícil de ver, por una razón estructural: la persona explotada aparece en la causa como investigada. Es ella quien ejecuta el hecho, quien resulta identificada en la intervención y quien figura en el atestado; quien la explota permanece fuera del acto, con frecuencia sin contacto documentado.

Los escenarios que se repiten son reconocibles: personas en situación de vulnerabilidad extrema utilizadas para la comisión reiterada de hurtos; menores o adultos vulnerables empleados como portadores de sustancias estupefacientes en trayectos que otros organizan; personas alojadas en inmuebles ocupados para atender un cultivo del que no obtienen beneficio y del que no pueden salir; y personas captadas como receptores de fondos procedentes de fraudes en línea, que ceden cuenta e identidad bajo engaño o presión y son las únicas identificables cuando la operación se descubre.

La consecuencia procesal es grave. Si en la detención no se activa una identificación temprana de la persona como posible víctima de trata, su condición no llega a examinarse: declara como investigada, sin haber podido explicar el contexto, y el procedimiento avanza contra ella por el delito que ejecutó. Se pierden así dos cosas a la vez: la posibilidad de perseguir la trata, porque desaparece la única fuente de prueba sobre la estructura que hay detrás, y la de aplicar la exención que el propio art. 177 bis CP prevé.

La Exención de Pena del Art. 177 bis.11 CP

El art. 177 bis.11 CP dispone que, «sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado». No es una atenuante ni un criterio de individualización: es una exención, y conduce a la absolución por esas infracciones.

La cláusula descansa en tres requisitos acumulativos. El primero, la situación de explotación: la persona debe ser víctima de trata en el sentido del art. 177 bis CP, lo que exige acreditar la conducta, el medio comisivo —salvo que sea menor, ex art. 177 bis.2 CP— y la finalidad. El segundo, la causalidad directa: no basta haber sido víctima de trata en algún momento ni hallarse en precariedad general; la infracción concreta debe haberse cometido «en la situación de explotación sufrida». El tercero, la proporcionalidad entre esa situación y el hecho realizado, juicio que la ley no cuantifica: cuanto más grave sea la infracción y menor la presión acreditada, más difícil será sostener la exención.

La prueba que activa la cláusula rara vez es una sola. Suele construirse con el relato detallado y sostenido de la persona; con los datos objetivos que lo corroboran —titularidad del alojamiento, ausencia de documentación propia, trazabilidad del dinero, existencia de una deuda—; con los informes de los servicios sociales, sanitarios o de las entidades especializadas que hubieran intervenido; y con la constatación de que el beneficio no revertía en quien ejecutaba el hecho.

Por eso debe plantearse desde la primera declaración y no reservarse para el juicio oral. Un primer interrogatorio en el que la persona se limita a negar los hechos, o a asumirlos sin contexto, cierra en la práctica el acceso a la cláusula: la explicación tardía se lee como construcción defensiva y las diligencias que habrían podido corroborarla ya no se practican.

Agravaciones, Organización y Persona Jurídica

Dos reglas modulan la estructura del tipo. El art. 177 bis.2 CP establece que, aun cuando no se recurra a ninguno de los medios del apartado anterior, se considerará trata cualquiera de esas acciones cuando se lleve a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación. Y el art. 177 bis.3 CP declara irrelevante el consentimiento si se recurrió a alguno de esos medios. Ambas desplazan el debate probatorio: con menores, hacia la edad y la finalidad; con adultos, hacia el medio comisivo.

El art. 177 bis.4 CP impone la pena superior en grado cuando se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto del delito; cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o sea menor de edad; o cuando su vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el desplazamiento derivado de un conflicto armado o una catástrofe humanitaria. Si concurriere más de una, la pena se impone en su mitad superior. Estas circunstancias inciden de lleno en las dos modalidades aquí examinadas, que se proyectan con frecuencia sobre menores o personas con discapacidad.

El art. 177 bis.5 CP añade la pena superior en grado e inhabilitación absoluta de seis a doce años a quienes actúen prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público. El art. 177 bis.6 CP impone la pena superior en grado e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio; para los jefes, administradores o encargados, la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado.

Cierran el cuadro dos previsiones. El art. 177 bis.7 CP remite al art. 31 bis CP para la persona jurídica, con multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido y la posibilidad de imponer las penas de las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33 CP, entre ellas la disolución, la clausura de locales y la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se cometió el delito. Y el art. 177 bis.8 CP castiga la provocación, la conspiración y la proposición con la pena inferior en uno o dos grados.

Prescripción: Diez Años, Quince y el Cómputo del Art. 132.1 CP

El punto de partida es el art. 131.1 CP, que fija el plazo de diez años «cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez». El tipo básico se castiga con prisión de cinco a ocho años: el plazo es, por tanto, de diez años. El art. 131.2 CP añade que, si la pena fuere compuesta, se estará a la que exija mayor tiempo.

En los subtipos que imponen la pena superior en grado —apartados 4, 5 y 6— el cálculo cambia. La regla 1.ª del art. 70.1 CP la forma partiendo de la cifra máxima señalada y aumentándola en la mitad de su cuantía, lo que sitúa el límite máximo en doce años de prisión; y el art. 131.1 CP fija el plazo de quince años «cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años». Con víctima menor concurre además la inhabilitación especial del apartado 1, cuya duración el Código fija por referencia a la privación de libertad impuesta y no como máximo abstracto: su incidencia en el art. 131.2 CP no admite respuesta unívoca.

La regla que más veces decide la cuestión no está en el art. 131 CP sino en el art. 132.1 CP, que altera el dies a quo: en los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, de maltrato habitual del artículo 173.2, contra la libertad sexual y en los delitos de trata de seres humanos, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos se computarán desde que la víctima cumpla los treinta y cinco años de edad, y si falleciere antes, desde la fecha del fallecimiento. El plazo no empieza a correr, pues, hasta muy avanzada su vida adulta.

El contraste con el art. 232 CP es notable. Sus penas —seis meses a un año en el apartado 1 y uno a cuatro años en el apartado 2— conducen al plazo residual de cinco años del art. 131.1 CP. Y como el precepto se integra entre los delitos contra las relaciones familiares, con víctima menor de dieciocho años opera el párrafo segundo del art. 132.1 CP, que difiere el cómputo al día en que esta alcance la mayoría de edad, y no a los treinta y cinco años que rigen para la trata. Debe advertirse, con prudencia, que la incidencia de las penas potestativas del art. 233 CP sobre el art. 131.2 CP es discutible.

Líneas de Defensa e Identificación Temprana

Del lado de la persona investigada, la primera línea es la ausencia del medio comisivo. Con víctima mayor de edad, sin violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad, necesidad o vulnerabilidad, ni pagos para lograr el consentimiento de quien poseyera el control, no hay trata. La acusación debe identificar qué medio invoca y probarlo con hechos, no deducirlo de la situación económica de los implicados ni de su origen. La definición legal de vulnerabilidad ofrece un criterio verificable: si existía una salida efectiva y accesible, el abuso no concurre.

La segunda es la inexistencia de finalidad de explotación. La convivencia entre personas del mismo entorno familiar o comunitario, el alojamiento prestado a quien acaba de llegar y la ayuda económica recíproca no son, por sí solas, acogida típica. El art. 177 bis CP exige que la conducta esté preordenada a la explotación, y eso debe acreditarse con datos anteriores o simultáneos al traslado, no reconstruirse a partir de lo ocurrido después. La tercera es el deslinde con las figuras vecinas: con el favorecimiento de la inmigración ilegal del art. 318 bis CP, que protege un bien jurídico distinto y no exige finalidad de explotación, y con el art. 232 CP, de conducta y marco penal sustancialmente más reducidos.

Quedan dos frentes clásicos. La individualización de conductas dentro del grupo: quien conduce un vehículo, cede una vivienda o traduce una conversación no es equiparable sin más a quien organiza y percibe el beneficio, y el art. 177 bis.6 CP exige una organización o asociación de más de dos personas, aunque sea transitoria, que no se acredita con la mera pluralidad de intervinientes. Y el error del art. 14 CP: el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción excluye la responsabilidad criminal, y también el error invencible sobre la ilicitud, con pena inferior en uno o dos grados si fuera vencible.

Del lado de la persona explotada la prioridad es otra y más urgente: la identificación temprana como víctima. Cuando alguien es detenido por un hecho que pudo cometer bajo explotación, la defensa debe plantear esa posibilidad desde la primera comparecencia, solicitar la intervención de los servicios especializados, pedir las diligencias que corroboren el contexto y dejar constancia de todo ello en la causa, de modo que el art. 177 bis.11 CP pueda examinarse con material probatorio y no como alegación final. La calificación tiene además consecuencias que exceden del proceso penal, porque la condición de víctima de trata incide en el régimen de extranjería aplicable.