Artículo 390 CP: La Falsedad Documental · Penas y Defensa (2026)

El artículo 390 del Código Penal castiga la falsedad documental cometida por una autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones: prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial de dos a seis años. Define además las cuatro modalidades de falsedad a las que remite el resto del capítulo. El particular que falsifica un documento público, oficial o mercantil responde por el art. 392, con menos pena, y su falsedad ideológica no es punible. Como abogados especialistas en falsedad documental, explicamos su texto, sus penas y su defensa.

Texto Literal del Art. 390 CP (Redacción Vigente)

Redacción literal del art. 390 CP, que conserva el texto original de la Ley Orgánica 10/1995, en vigor sin cambios desde el 24 de mayo de 1996:

390.1. «Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.»

390.2. «Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil.»

Si le Investigan por Falsedad Documental: Qué Pasa Ahora

Por su pena máxima, la falsedad del art. 390 es un delito grave (arts. 13 y 33 CP). Por regla general la juzga la Audiencia Provincial (art. 14.4 LECrim), no la Sección de lo Penal que enjuicia la del particular, salvo que el acusado sea aforado o que el Jurado la atraiga por conexión (lo vemos en el concurso medial). Prescribe a los diez años, y la condena firme conlleva una inhabilitación que priva del empleo o cargo (art. 42 CP).

Lo urgente: no declarar sin revisar antes el expediente con un abogado; conservar el original del documento, sus borradores y los registros del sistema en que se tramitó; reconstruir quién intervino en cada paso, y valorar desde el primer día si el hecho encaja en la falsedad dolosa del art. 390, en la imprudente del art. 391 o en ninguna. Si hay además un expediente disciplinario, conviene coordinar ambas defensas.

Tabla Comparativa: Arts. 390, 391, 392, 395 y 398 CP

La multa se impone por días-multa, de 2 a 400 euros diarios (art. 50.4 CP). Completan el capítulo los certificados falsos de los arts. 397 a 399 y la falsificación de tarjetas del art. 399 bis.

Las Cuatro Modalidades del Art. 390.1, Explicadas

1. Alterar un elemento esencial (1.º). Se modifica un documento que ya existe: una fecha, una cantidad, el beneficiario, una firma. El retoque que no cambia lo que el documento acredita no basta.
2. Simular el documento (2.º). Se fabrica, en todo o en parte, induciendo a error sobre su autenticidad. El Tribunal Supremo incluye el documento creado para acreditar una operación que nunca existió: la factura por un servicio inexistente es simulación aunque la firmen quienes la emiten (STS 269/2023, de 19 de abril).
3. Suponer la intervención de personas (3.º). El documento da por presente a quien no estuvo o le atribuye manifestaciones que no hizo, como el acta que recoge un voto que no se emitió.
4. Faltar a la verdad en la narración de los hechos (4.º). Es la falsedad ideológica: el documento es auténtico, pero cuenta hechos que no ocurrieron, como el acta de inspección que da por comprobado lo que nadie comprobó.

Falsedad Material e Ideológica: la Diferencia entre el 390 y el 392

Las tres primeras modalidades son falsedades materiales: afectan a la integridad o a la autoría del documento. La cuarta es ideológica: afecta a la verdad de lo que cuenta, y el Código de 1995 la reservó a la autoridad o funcionario, porque los arts. 392 y 395 remiten solo a «los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390». El particular que se limita a mentir en un documento que redacta él mismo, sin alterarlo ni simularlo, no comete falsedad documental.

Según el Tribunal Supremo, la simulación exige un documento totalmente inveraz; las inexactitudes parciales sobre una operación real, como un precio distinto o partidas omitidas en una factura, son falsedad ideológica, atípica para el particular (STS 1033/2024, de 14 de noviembre). Lo desarrollamos en el post del art. 392 CP. El funcionario, en cambio, responde de las cuatro modalidades: si narra hechos falsos en un documento de su oficio, el debate se desplaza al dolo.

Autoridad o Funcionario en el Ejercicio de sus Funciones (Art. 24 CP)

El art. 24 CP usa conceptos propios, más amplios que los administrativos: es funcionario público «todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas». Exige dos cosas: uno de esos títulos y participar en funciones públicas. El funcionario interino, nombrado como tal (art. 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público), tiene el título, de modo que queda incluido si su puesto implica esas funciones; en el personal laboral, que se vincula por contrato de trabajo (art. 11.1 del Estatuto), habrá que examinar el caso concreto. El notario, por ejemplo, es funcionario público por ley (art. 1 de la Ley del Notariado).

La falsedad debe cometerse en el ejercicio de sus funciones, como ocurre con los documentos que expide, autoriza o tramita por razón del cargo: no basta con tener la condición de funcionario. Si falsifica fuera de ese ámbito, el art. 390 no se aplica, y habrá que ver si el hecho encaja en otro precepto del capítulo, como el art. 392 o el 395, con su propia pena. Por su parte, el particular que induce al funcionario o coopera con él de forma necesaria, a quien el art. 28 CP también considera autor, puede responder por el art. 390 en cualquiera de sus modalidades, incluida la ideológica, porque los arts. 28 y 65.3 CP no distinguen entre ellas; como le falta la condición de funcionario, el tribunal puede imponerle la pena inferior en grado (art. 65.3 CP).

Qué Es un Documento: Público, Oficial, Mercantil o Privado

Documento es «todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica» (art. 26 CP), lo que incluye el electrónico, como explicamos en falsedad documental digital. Por clases:

• Público: el autorizado por un fedatario, como las resoluciones judiciales, las escrituras notariales o los expedidos por funcionarios facultados para dar fe (art. 317 LEC).
• Oficial: el que procede de una Administración en el ejercicio de sus competencias. Un documento privado no se vuelve oficial solo por incorporarse a un expediente: debe servir de base a una resolución oficial (sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2026, recurso 8489/2023). Los dos casos los tratamos en falsedad en documento público y oficial.
• Mercantil: solo el que puede afectar a la seguridad del tráfico mercantil en sentido colectivo (STS 232/2022, de 14 de marzo, del Pleno). Las facturas, el caso más discutido, están en facturas falsas: qué delito son.
• Privado: todos los demás; su falsedad solo es delito si busca perjudicar a otro (art. 395 CP).

El art. 390 no distingue clases: el funcionario lo comete sobre el documento de su cargo, casi siempre público u oficial. Para el particular, en cambio, la clase decide el artículo y la pena.

La Falsedad Imprudente del Funcionario (Art. 391)

La falsedad documental suele ser dolosa, pero el Art. 391 CP castiga también la cometida por imprudencia grave, y solo respecto de la autoridad o funcionario público: el que incurre en alguna de las falsedades del Art. 390 o da lugar a que otro las cometa, como quien firma sin comprobación alguna un documento falseado por otro. La pena es de multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público de 6 meses a 1 año. La imprudencia leve no es delito, y el particular no responde por la falsedad imprudente.

Consumación y Uso del Documento Falso (Arts. 393, 396 y 400 bis)

La falsedad se consuma al alterar o confeccionar el documento: los arts. 390 y 392 no exigen que llegue a usarse ni que cause un perjuicio, a diferencia del art. 395, que exige actuar «para perjudicar a otro». Eso no significa que baste cualquier retoque: el propio art. 390.1 pide que la alteración recaiga en un elemento o requisito «de carácter esencial» y que la simulación induzca «a error sobre su autenticidad», por lo que la falsificación burda, incapaz de engañar a nadie, permite sostener que el hecho es atípico; se valora caso por caso.

Quien usa el documento falso sin haberlo falsificado responde por el Art. 393 CP (documento público, oficial o mercantil presentado en juicio o usado para perjudicar a otro) o por el Art. 396 CP (documento privado), con la pena inferior en grado a la de los falsificadores. El art. 400 bis equipara a ese uso el de un documento auténtico por quien no está legitimado. Lo detallamos en uso de documento falso.

Falsedad como Medio para Otro Delito: Concurso Medial (Art. 77)

La falsedad suele ser el instrumento de otro delito. Cuando uno es medio necesario para cometer el otro, el art. 77 CP impone una pena superior a la que habría correspondido por la infracción más grave, sin exceder de la suma de las penas concretas por separado (lo explicamos en concurso de delitos). En el funcionario, la falsedad aparece junto a la malversación (art. 432 CP), como la certificación que justifica un pago indebido; junto a la prevaricación administrativa (art. 404 CP), o junto a la urbanística del art. 320 CP en los delitos urbanísticos. En el particular, la combinación clásica es falsedad y estafa. Varias falsedades de un mismo plan pueden formar un delito continuado (art. 74 CP). La calificación del concurso depende de los hechos y cambia la pena final.

La conexión también puede cambiar el tribunal. La malversación (arts. 432 a 434 CP) es competencia del Tribunal del Jurado (art. 1.2.h de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado), que se extiende a los delitos conexos cuando uno se cometió para perpetrar otro, facilitar su ejecución o procurar su impunidad (art. 5.2.c), salvo que puedan juzgarse por separado sin romper la continencia de la causa. La prevaricación, en cambio, nunca se juzga ante el Jurado por conexión (art. 5.2, párrafo segundo).

¿Cuándo Prescribe la Falsedad Documental? (Art. 131 CP)

• Art. 390 CP: diez años, porque su pena máxima de prisión y la de inhabilitación (seis años) superan los cinco sin pasar de diez (art. 131.1 CP).
• Arts. 391, 392, 395 y 398 CP: cinco años, el plazo de los demás delitos.

En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, rige el plazo del delito más grave (art. 131.4 CP): la falsedad que por sí sola prescribiría a los cinco años sigue el plazo, más largo, del delito más grave al que sirvió de medio. El plazo se cuenta desde la comisión o, en el delito continuado, desde la última infracción (art. 132.1 CP). El Código no fija un día inicial propio para la falsedad que sirvió de medio a otro delito: el art. 131.4 solo determina la duración del plazo, y desde cuándo corre en el concurso conviene revisarlo con los hechos del caso. Más detalle en cuándo prescribe un delito.

Qué Supone la Condena para el Funcionario: Inhabilitación y Cargo

La inhabilitación especial del art. 390 es pena principal, no accesoria. Produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recae, aunque sea electivo, y la incapacidad para obtener ese u otros análogos durante la condena; la sentencia debe especificarlos (art. 42 CP). Para el funcionario de carrera, la inhabilitación especial firme supone perder esa condición respecto de los empleos o cargos especificados en la sentencia (arts. 63.e y 66 del Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015).

En el art. 391 la pena es de suspensión, que priva del ejercicio del cargo durante la condena (art. 43 CP) y no figura entre las causas de pérdida de la condición de funcionario del art. 63 del Estatuto. Pero si supera los seis meses, el funcionario pierde su puesto de trabajo, aunque conserve esa condición (art. 90.1 del Estatuto). El expediente disciplinario va aparte: se suspende si aparecen indicios fundados de delito, y los hechos probados por una sentencia firme vinculan a la Administración (art. 94.3). Más en las penas de inhabilitación y en defensa penal de funcionarios.

Estrategias de Defensa

1. Ejercicio de funciones: si el documento no se expidió ni se tramitó por razón del cargo, el art. 390 no es el tipo aplicable.
2. Modalidad: distinguir la narración inveraz (390.1.4.º) de la alteración o la simulación; si el autor es un particular, la diferencia puede llevar a la atipicidad.
3. Irrelevancia de la alteración: la que no afecta a elementos esenciales, o la falsificación burda, puede carecer de relevancia penal.
4. Dolo o imprudencia: el error en un documento del oficio no es falsedad dolosa; la imprudencia grave lleva al Art. 391, con suspensión en lugar de inhabilitación.
5. Naturaleza del documento: público, oficial, mercantil o privado; cambia el artículo y la pena.
6. Prueba pericial: cuestionar la pericial caligráfica, documental o informática (metadatos, registros de acceso).
7. Prescripción: comprobar el plazo, con la regla de las infracciones conexas del art. 131.4 CP.