Artículo 250 del Código Penal

¿Qué castiga el artículo 250 del Código Penal?

El artículo 250 no define un delito autónomo: recoge los subtipos agravados de la estafa. Presupone, por tanto, que concurren todos los elementos del artículo 248 del CP —engaño bastante y antecedente, error, acto de disposición, perjuicio y ánimo de lucro— y añade circunstancias que elevan la pena por la naturaleza del bien afectado, por la entidad del perjuicio, por el modo de comisión o por el abuso de la confianza depositada en el autor.

El apartado 1 enumera ocho circunstancias: que la estafa recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social (1.ª); que se perpetre abusando de firma de otro o sustrayendo, ocultando o inutilizando un proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial (2.ª); que recaiga sobre bienes del patrimonio artístico, histórico, cultural o científico (3.ª); que revista especial gravedad atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia (4.ª); que el valor de la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas (5.ª); que se cometa con abuso de las relaciones personales entre víctima y defraudador o aprovechando su credibilidad empresarial o profesional (6.ª); que se trate de estafa procesal (7.ª); y la multirreincidencia, cuando el culpable había sido condenado ejecutoriamente por al menos tres delitos menos graves o graves del mismo capítulo y de la misma naturaleza, sin computar los antecedentes cancelados o que debieran serlo (8.ª).

¿Qué pena prevé el artículo 250 del Código Penal?

La concurrencia de cualquiera de esas ocho circunstancias se castiga con prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses. El apartado 2 prevé un segundo escalón, con prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses, en dos supuestos: cuando alguna de las circunstancias 4.ª, 5.ª, 6.ª o 7.ª concurre con la 1.ª —por ejemplo, una defraudación superior a 50.000 euros que recae sobre la vivienda—, y cuando el valor de lo defraudado supera los 250.000 euros, con independencia de cualquier otra circunstancia. En ambos escalones la pena máxima excede de cinco años de prisión, de modo que el delito prescribe a los diez años conforme al artículo 131 del CP, frente a los cinco de la estafa básica.

La estafa procesal del artículo 250.1.7.ª

La circunstancia 7.ª tiene perfil propio y el propio precepto la define: incurren en estafa procesal quienes, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulan las pruebas en que pretenden fundar sus alegaciones o emplean otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. La particularidad es que el engañado —el órgano judicial— y el perjudicado son personas distintas, lo que ha obligado a la jurisprudencia a precisar que basta con que la resolución sea idónea para causar el perjuicio patrimonial, sin exigir que llegue a ejecutarse. El servicio de defensa en estafa procesal aborda esta modalidad por separado.

Cuestiones que decide la defensa

En los procedimientos por el artículo 250 la discusión rara vez es si hubo o no engaño: suele girar sobre qué circunstancia agravante concurre, porque de ello dependen el marco de pena, el órgano competente y la propia prescripción. Cuatro cuestiones concentran el trabajo. Primera, la cuantía: la determinación pericial del perjuicio realmente causado, sin sumar partidas duplicadas ni intereses o expectativas de ganancia, puede situar el caso por debajo de los 50.000 o de los 250.000 euros y cambiar el escalón de pena. Segunda, el abuso de relaciones personales de la circunstancia 6.ª, que exige una confianza cualificada previa y distinta de la que es inherente a cualquier contrato, para no castigar dos veces el mismo engaño. Tercera, la especial gravedad de la circunstancia 4.ª, que atiende a la situación en que queda la víctima y no solo a la cifra, y que no puede apreciarse a la vez que la 5.ª sobre el mismo hecho sin incurrir en doble valoración. Y cuarta, las dilaciones indebidas: estos procedimientos, con prueba documental y pericial voluminosa, se prolongan con frecuencia durante años, y la atenuante del artículo 21.6 del CP, apreciada como muy cualificada, puede rebajar la pena en uno o dos grados. El servicio de defensa en estafas agravadas y el análisis extenso del artículo 250 del CP desarrollan estos criterios.