Abogados de Daños por Incendio (Arts. 351-358 CP)

El delito de incendio es uno de los delitos contra la seguridad colectiva más severamente castigados del Código Penal, regulado en los Arts. 351 a 358 CP. El bien jurídico protegido es complejo: la seguridad colectiva frente a riesgos masivos para la vida, la integridad física, el patrimonio y, en los incendios forestales, los espacios naturales y el equilibrio ecológico. La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo ha definido el incendio como la provocación dolosa o imprudente de un fuego que adquiere autonomía propagatoria y que es idóneo para poner en peligro la vida o integridad de las personas o causar daños patrimoniales significativos. No basta una pequeña combustión controlada: se exige fuego capaz de propagarse y de generar peligro objetivo.

El Código distingue varias modalidades. El Art. 351 CP tipifica el incendio con peligro para la vida o integridad de las personas, modalidad más grave, que abarca el fuego en viviendas habitadas, edificios públicos, bosques con presencia de personas o vehículos ocupados. El Art. 352 CP tipifica el incendio forestal en montes o masas arboladas: tipo agravado cuando afecta a espacios naturales protegidos, cuando se causa con ánimo de lucro o cuando se pone en peligro la vida. El Art. 353 CP recoge tipos hiperagravados: incendios devastadores, los que afectan a zonas de gran extensión, los que causan resultados catastróficos o los provocados con ocasión de catástrofes naturales. El Art. 357 CP regula el incendio en bienes propios con ánimo defraudatorio del seguro o con peligro para terceros (frecuente en supuestos de incendio para cobrar póliza). El Art. 358 CP sanciona el incendio imprudente, tipo aplicable a quemas agrícolas descontroladas, velas, colillas o instalaciones eléctricas defectuosas no vigiladas.

Las penas son extraordinariamente severas. El Art. 351 CP impone prisión de 10 a 20 años cuando el incendio genera peligro real para la vida, con la pena en mitad superior si concurren agravantes; atendiendo a la menor entidad del peligro, el tribunal puede imponer la pena inferior en grado, de 5 a 10 años (Art. 351.2 CP). El Art. 352 CP impone prisión de 1 a 5 años en incendios forestales básicos y de 3 a 6 años en agravados (espacios protegidos, ánimo de lucro, peligro para personas o de gran extensión). El Art. 353 CP eleva la pena a prisión de 3 a 6 años o más cuando concurren circunstancias hiperagravadas. El Art. 358 CP castiga el incendio por imprudencia grave con la pena inferior en grado a la respectivamente prevista para el incendio de que se trate. La responsabilidad civil suele ser muy elevada (reposición de masas forestales, daños a viviendas, costes de extinción y maquinaria, daño moral), pudiendo alcanzar cifras millonarias en incendios devastadores.

La defensa técnica se construye sobre varios ejes consolidados. Primero, la impugnación del informe pericial forense sobre el origen del fuego: revisión de la determinación del foco, análisis de acelerantes mediante cromatografía de gases, valoración de cortocircuitos o autocombustión, descarte de causas fortuitas (rayos, autoignición de materiales orgánicos). Segundo, la ausencia de dolo: cuando se acredita que el origen fue accidental o que la conducta no era subjetivamente apta para originar fuego, el delito doloso del Art. 351 decae y, en su caso, queda solo el imprudente del Art. 358 CP (pena radicalmente menor). Tercero, la ausencia de peligro concreto para la vida: la jurisprudencia limita el Art. 351 CP a supuestos en que personas reales estaban en zona de afectación; el peligro abstracto no basta. Cuarto, la delimitación frente al Art. 263 CP (daños): si el fuego no llega a propagarse autónomamente, la calificación correcta puede ser delito de daños, con penas muy inferiores.

En la práctica forense actual constatamos un endurecimiento sostenido de la respuesta judicial frente a los incendios forestales, especialmente tras los grandes incendios del litoral mediterráneo y de Galicia, así como una mayor sensibilidad en supuestos de incendios para defraudar al seguro, donde las compañías aseguradoras y la Policía Judicial trabajan con peritos cada vez más especializados (cromatografía de gases, análisis de patrones de carbonización, reconstrucción digital). La Ley Orgánica 7/2012 agravó las penas en incendios forestales y la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha reordenado parcialmente la competencia. En Alonso Sala, nuestros abogados penalistas en delitos de incendio intervienen desde el inicio de la investigación articulando pericial forense propia (peritos del fuego, peritos químicos, peritos eléctricos), impugnando los informes de la Policía Científica y de la UME, y construyendo la línea defensiva más eficiente: ausencia de dolo, recalificación al tipo imprudente, atipicidad por falta de peligro concreto o legítima reparación del daño. Tratamos cada expediente con la diligencia que exige una materia donde la pena mínima puede alcanzar los diez años y donde la responsabilidad civil derivada puede ser confiscatoria.