Abogados Penalistas en Daños

El delito de daños (Arts. 263 a 267 del Código Penal) constituye uno de los tipos clásicos contra el patrimonio y, paradójicamente, uno de los que mayor evolución técnica ha experimentado en las últimas décadas. Como abogados penalistas especialistas en delitos de daños, sabemos que el bien jurídico protegido es la integridad material del patrimonio ajeno: el derecho del titular a que sus bienes mantengan su sustancia, su valor y su utilidad. El precepto castiga a quien "causa daño en propiedad ajena no comprendido en otros títulos del Código". La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo exige tres elementos cumulativos: animus damnandi (intención de dañar), ajenidad del bien (no se daña algo propio) y menoscabo objetivo con resultado de destrucción, inutilización o pérdida de valor.

El Código articula varias modalidades con distinta intensidad. El tipo básico del Art. 263.1 castiga el daño cuya cuantía exceda de 400 € (debajo se aplica el delito leve de daños). El Art. 263.2 contempla subtipos agravados cuando concurren circunstancias como la afectación a bienes de dominio público o uso comunitario, a infraestructuras críticas, a patrimonio histórico, artístico o cultural, o cuando el daño conduzca a la ruina del perjudicado o entorpezca un servicio esencial. El Art. 264, fruto de la transposición de la Directiva 2013/40/UE, sanciona los daños informáticos: borrado, alteración o supresión de datos, programas o sistemas; los Arts. 264 bis y 264 ter agravan la pena cuando los daños afectan a infraestructuras críticas o se cometen mediante ataques de denegación de servicio. El Art. 266 sanciona los daños cometidos mediante incendio, explosión o medio análogo peligrosos para la vida o la integridad. Y el Art. 267 regula los daños imprudentes graves, exigibles únicamente cuando la cuantía supera los 80.000 €.

Las penas son moderadas en el tipo básico pero pueden escalar drásticamente. El daño del Art. 263.1 conlleva multa de 6 a 24 meses; los subtipos agravados del Art. 263.2 elevan la pena a prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses. Los daños informáticos básicos (Art. 264.1) sancionan con prisión de 6 meses a 3 años; en su modalidad agravada (Art. 264.2: cuando se ejecutan con armas, en el marco de organización criminal, con afectación a infraestructuras críticas o causando perjuicio especialmente grave), pueden alcanzar prisión de 2 a 5 años. Los daños mediante incendio o explosión del Art. 266 castigan con prisión de 1 a 3 años, agravándose hasta los 6 años si concurre peligro para la vida. Los daños imprudentes graves prevén multa de 3 a 9 meses. Sobre todas las penas opera la responsabilidad civil consistente en la reparación del daño causado, valorada conforme al precio efectivo de reposición o reparación, incluidos coste de materiales, mano de obra, transporte e IVA.

La defensa técnica se construye sobre varios ejes consolidados. El primero es la ausencia de animus damnandi: el daño accidental, fortuito o por simple negligencia leve no integra el tipo doloso; el TS distingue rigurosamente entre dolo directo, dolo eventual e imprudencia, y la frontera resulta decisiva porque excluye la responsabilidad penal. El segundo es la impugnación de la valoración pericial: las facturas de reparación presentadas por la víctima suelen incluir partidas no estrictamente vinculadas al daño causado; la pericial técnica de parte permite ajustar la cuantía real y, en muchos casos, situarla por debajo del umbral de los 400 € (delito leve) o del salto a subtipo agravado. El tercer eje es la concurrencia con otros tipos: cuando el daño se produce como medio para otro delito (robo con fuerza, allanamiento), el principio de absorción del Art. 8.3 CP suele excluir la doble sanción salvo desproporción objetiva. El cuarto es la reparación del daño antes del juicio: la consignación judicial del importe íntegro habilita la atenuante muy cualificada del Art. 21.5 CP, que puede rebajar la pena en uno o dos grados. Y el quinto es la recalificación a delito leve (Art. 263.1 párrafo 2) cuando la cuantía no supera los 400 € o cuando se trate de deslucimiento del Art. 263.1 in fine.

La práctica forense actual está marcada por dos tendencias relevantes. Por un lado, el incremento sostenido de causas por daños informáticos: ataques DDoS contra empresas, sabotajes de ex empleados con conocimiento privilegiado de los sistemas, ransomware con destrucción de datos, manipulación de bases de datos críticas; la Directiva 2022/2555 NIS2 y su transposición a la legislación española refuerzan los estándares de protección y la respuesta penal frente a estos ataques. Por otro lado, el endurecimiento de la respuesta penal frente a incendios forestales, con jurisprudencia restrictiva que diferencia con rigor la imprudencia grave del fortuito y que ha conducido a sentencias condenatorias relevantes en grandes incendios estivales. En Alonso Sala intervenimos con peritos tasadores oficiales para impugnar valoraciones infladas, peritos informáticos forenses para reconstruir cadenas de ataque digital y peritos en investigación de incendios para discutir la causalidad. Tratamos cada expediente con la convicción de que en delitos de daños la diferencia entre la multa moderada y la prisión efectiva depende habitualmente de dos factores: la calificación jurídica precisa y la cuantificación rigurosa del perjuicio.