Abogado Contrabando

El delito de contrabando se regula en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando (modificada por LO 6/2011). A diferencia de la mayoría de delitos, no está en el Código Penal sino en una ley especial. Castiga la importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de mercancías sujetas a control aduanero sin cumplir los requisitos legales. Como abogados penalistas especializados en derecho penal económico, defendemos ante la Audiencia Nacional y las autoridades aduaneras.

Marco Legal: Ley de Contrabando

La Ley contempla dos niveles:

• Infracción administrativa de contrabando: Cuando el valor de las mercancías o los derechos defraudados no superan los 50.000€ (o 15.000€ en tabaco). Competencia del Departamento de Aduanas (DAVA).
• Delito de contrabando: Cuando se superan los umbrales anteriores. La instrucción corresponde al Juzgado Central de Instrucción y el enjuiciamiento a la Audiencia Nacional.

El Art. 2.1 de la Ley define las conductas típicas:

• Importar o exportar mercancías prohibidas o restringidas sin autorización.
• Comerciar, poseer o circular mercancías no comunitarias sin justificación de legal importación.
• Destinar a fines distintos las mercancías importadas con franquicia o reducción de derechos.
• Obtener fraudulentamente beneficios arancelarios, fiscales o de política comercial.

Tipos de Contrabando

• Contrabando de tabaco: El más frecuente en España. Importar o vender tabaco sin pagar los impuestos especiales (IVA + impuesto sobre labores del tabaco). Umbral delictivo: 15.000€.
• Contrabando de drogas: Cuando sustancias estupefacientes entran o salen de España eludiendo controles aduaneros. Puede concurrir con el delito contra la salud pública.
• Contrabando de armas: Importar o exportar armas de fuego, municiones o material de defensa sin licencia. Especial gravedad por seguridad pública.
• Contrabando de productos falsificados: Importar mercancías que vulneran derechos de propiedad intelectual o industrial.
• Contrabando de especies protegidas: CITES: comercio ilegal de fauna y flora protegidas.
• Contrabando de bienes culturales: Exportación ilegal de obras de arte, piezas arqueológicas o patrimonio histórico.

Estrategias de Defensa

• Cuantía inferior al umbral: Si el valor de las mercancías o los derechos defraudados no alcanzan los umbrales del delito (50.000€/15.000€), los hechos solo constituyen infracción administrativa.
• Desconocimiento del contenido: El transportista o intermediario desconocía genuinamente la naturaleza ilícita de la mercancía que portaba.
• Documentación en regla: La mercancía contaba con documentación aduanera válida que fue erróneamente rechazada por las autoridades.
• Cadena de custodia: Impugnar la identificación y pesaje de las mercancías aprehendidas.
• Nulidad de la inspección: Si el registro del vehículo, buque o almacén se realizó sin autorización judicial cuando era preceptiva.

Penas por Contrabando

• Tipo básico: Prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes.
• Tipo agravado: Si se comete por organización, se utilizan buques, aeronaves o vehículos con compartimentos ocultos: mitad superior (2,5-5 años).
• Tipo muy agravado: Contrabando de armas de guerra, material de doble uso o bienes del Patrimonio Histórico: prisión 3-6 años.
• Comiso: Decomiso obligatorio de las mercancías, medios de transporte y beneficios obtenidos.

Fases del Proceso Penal y Tribunal Competente

El delito de contrabando suele iniciarse a partir de una actuación de la Agencia Tributaria, del Servicio de Vigilancia Aduanera o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que levantan acta, intervienen la mercancía y remiten lo actuado al Juzgado de Instrucción. La fase de instrucción se centra en acreditar la introducción o salida del territorio aduanero al margen del control y, sobre todo, en fijar el valor de los bienes, dato del que depende que el hecho sea delito o mera infracción administrativa. Una intervención temprana de la defensa permite cuestionar la cadena de custodia, la regularidad de la entrada y registro y la propia tasación.

La competencia objetiva corresponde, por regla general, al Juzgado de lo Penal cuando la pena no excede de cinco años, y a la Audiencia Provincial en los tipos agravados. Conviene precisar el alcance de la Audiencia Nacional: en materia de contrabando, su competencia se limita al de material de defensa o de productos y tecnología de doble uso (art. 65 LOPJ); el contrabando ordinario, cualquiera que sea su cuantía o su proyección internacional, se enjuicia ante la jurisdicción penal ordinaria. Identificar correctamente el órgano competente desde el inicio evita nulidades y dilaciones, y orienta la estrategia procesal en función del marco probatorio y del régimen de recursos aplicable a cada instancia.

Prueba Documental y Pericial: La Valoración de los Bienes

En el contrabando, la prueba decisiva casi nunca es testifical, sino documental y pericial. La acusación se apoya en la documentación aduanera (DUA), facturas, contratos, registros contables, correos y los informes de valoración elaborados por la Administración. La defensa debe analizar críticamente esa documentación, porque un error en la clasificación arancelaria, en la base imponible o en el tipo de cambio puede desplazar el valor por debajo de los umbrales de 150.000 euros con carácter general (50.000 euros para géneros del Patrimonio Histórico, especies protegidas o material de doble uso) o de 15.000 euros en labores de tabaco, convirtiendo el delito en infracción administrativa.

Resulta esencial la pericial de valoración y la pericial contable independiente, que permiten contrastar la tasación oficial, depurar el perjuicio económico realmente causado y discutir el cálculo de la multa, fijada del tanto al séxtuplo del valor. Cuando se debaten derechos de propiedad industrial o género falsificado, los informes técnicos y, en su caso, la documentación de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) cobran relevancia. Una pericial sólida y rigurosa suele ser el eje sobre el que se construye la absolución, la recalificación o la reducción de la pena.

Prescripción del Delito de Contrabando

La prescripción se rige por el artículo 131 del Código Penal y depende de la pena máxima prevista para el hecho. Con carácter general, el contrabando se castiga con prisión de uno a cinco años, por lo que es un delito menos grave y prescribe a los cinco años. El cómputo se inicia, como regla, desde que se consuma la infracción, esto es, desde la introducción, salida o tenencia ilícita de los bienes, y se interrumpe cuando el procedimiento se dirige de forma efectiva contra la persona investigada.

Cuando concurre un tipo agravado cuya pena máxima supera los cinco años de prisión —por ejemplo, cuando el delito se comete por medio o en beneficio de una organización o concurre otra circunstancia agravante legal—, el plazo de prescripción se eleva a diez años. Si la conducta queda finalmente reconducida a una mera infracción administrativa o a un delito leve sancionado solo con multa, el plazo es de un año. Calcular con precisión el momento de consumación y las eventuales interrupciones puede ser determinante: una prescripción bien fundada extingue la responsabilidad penal y cierra el procedimiento.

Frontera con la Vía Administrativa, Mercantil y Civil

No todo movimiento irregular de mercancías es delito. Por debajo de los umbrales legales, la conducta constituye una infracción administrativa de contrabando, sancionada por la propia Administración aduanera con multas y comiso, sin reproche penal. Distinguir con claridad la frontera entre el ilícito penal y el administrativo es una de las defensas más eficaces, porque un asunto correctamente reconducido a la vía administrativa evita la pena de prisión y los antecedentes penales, dejando la cuestión en el terreno sancionador o tributario.

Junto a ello, conviene deslindar el contrabando de los conflictos puramente mercantiles o civiles: disputas sobre contratos de suministro, importaciones paralelas, defensa de la competencia o controversias sobre derechos de marca pueden tener cauces propios distintos del proceso penal. La estrategia adecuada pasa por situar cada hecho en su vía correcta y por evitar que un litigio comercial se criminalice indebidamente. La defensa también valora la posible litigiosidad civil derivada, como la restitución de la mercancía o la reparación del perjuicio económico, que puede negociarse en paralelo al procedimiento penal.

Atenuantes, Reparación y Conformidad

El régimen de circunstancias modificativas ofrece márgenes relevantes de defensa. La atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 del Código Penal, mediante la regularización tributaria, el pago de la deuda aduanera o la consignación del valor de los bienes antes del juicio, puede rebajar de forma apreciable la pena. También operan las atenuantes de confesión, de dilaciones indebidas cuando el procedimiento se prolonga en exceso, o las derivadas de la situación personal del investigado, todas ellas valoradas conforme a las reglas generales de individualización de la pena.

Cuando la prueba es sólida, una conformidad bien negociada permite obtener una pena reducida, evitar la incertidumbre del juicio y, en penas no superiores a dos años sin antecedentes, optar a la suspensión de la ejecución de la prisión conforme a los artículos 80 y siguientes del Código Penal. Además, en sede de personas jurídicas, el artículo 31 bis prevé la responsabilidad penal de la empresa por delitos cometidos en su beneficio; disponer de un programa de cumplimiento (compliance) y de controles aduaneros eficaces puede eximir o atenuar esa responsabilidad. La defensa trabaja para articular reparación, conformidad y, en su caso, exención corporativa de manera coordinada.