Abogados de Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad, originalmente aprobada como Ley 25/2015 y hoy regulada en el Texto Refundido de la Ley Concursal, reformado en profundidad por la Ley 16/2022 (transposición de la Directiva UE 2019/1023 sobre marcos de reestructuración), es el mecanismo legal que permite a personas físicas (particulares y autónomos) en situación de insolvencia obtener la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), antes denominado BEPI. Su objetivo es articular un fresh start económico para deudores honestos que han caído en sobreendeudamiento sin culpa grave ni fraude. La jurisprudencia consolidada de la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha delimitado los contornos del beneficio: la buena fe se presume y debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales para activar la cancelación de deudas.

El procedimiento se articula en varias fases. Primero, el análisis previo de viabilidad: composición de la masa pasiva, masa activa, identificación de créditos públicos (Hacienda y Seguridad Social) y privados, y valoración de la concurrencia o no de actuaciones potencialmente excluyentes (delitos socioeconómicos, ocultación patrimonial, falsedad). Segundo, la solicitud de concurso ante el juzgado: desde la Ley 16/2022 ya no es necesario intentar antes un acuerdo extrajudicial de pagos, figura que esa ley suprimió. Tercero, la elección del itinerario: exoneración con liquidación de la masa activa o exoneración con plan de pagos, sin liquidación previa, de 3 años con carácter general y de 5 en ciertos casos, como cuando no se realiza la vivienda habitual (Arts. 486 y 497 TRLC). Cuarto, la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho y su resolución por el juez.

Las deudas exonerables alcanzan, como regla general, todas las deudas privadas: tarjetas de crédito, préstamos personales, microcréditos, deudas con proveedores, avales personales suscritos por administradores en operaciones empresariales y, parcialmente, los créditos hipotecarios respecto del importe no cubierto por la garantía tras ejecución. Una novedad clave de la reforma de 2022 es la exoneración parcial de créditos públicos: hasta 10.000 euros por deudor frente a la AEAT y otros 10.000 euros frente a la TGSS, con los primeros 5.000 euros de deuda exonerados al 100% y el 50% de la deuda que exceda de esa cifra, hasta el máximo de 10.000 euros. Quedan excluidas de exoneración, entre otras, las deudas por alimentos, la responsabilidad civil derivada de delito, la responsabilidad civil extracontractual por muerte o daños personales, las multas penales y las sanciones administrativas muy graves, las costas de la propia solicitud de exoneración, las deudas con garantía real dentro del privilegio especial y los salarios de los últimos 60 días de trabajo hasta el triple del salario mínimo (art. 489 TRLC).

La defensa técnica y la planificación de la solicitud se construyen sobre varios ejes. Primero, la acreditación de la buena fe (Art. 487 TRLC): no haber sido condenado en sentencia firme, en los 10 años anteriores, a penas privativas de libertad por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores con pena máxima igual o superior a 3 años, salvo que se haya extinguido la responsabilidad criminal y pagado las responsabilidades pecuniarias, ni que el concurso haya sido declarado culpable. Segundo, la delimitación de la masa pasiva: identificación de créditos contingentes, intereses devengados, comisiones por descubierto y cláusulas abusivas susceptibles de impugnación civil paralela. Tercero, la protección de la vivienda habitual a través del plan de pagos de 5 años cuando el inmueble es necesario para el deudor y su familia. Cuarto, la coordinación con responsabilidades penales accesorias: si el deudor ha avalado personalmente operaciones societarias o ha actuado como administrador concursado culpable, la estrategia debe articularse con la defensa penal correspondiente.

En la práctica forense actual observamos un fuerte incremento de solicitudes de segunda oportunidad tras la reforma de 2022, especialmente entre autónomos afectados por la crisis sanitaria, avalistas de operaciones empresariales fallidas y consumidores sobreendeudados por créditos revolving declarados usurarios por la jurisprudencia. En Alonso Sala, abordamos cada expediente con análisis cruzado mercantil-penal: realizamos auditoría patrimonial previa, valoramos contingencias penales latentes (especialmente Arts. 257-261 CP de insolvencias punibles), articulamos la solicitud y defendemos la concesión de la exoneración frente a las impugnaciones habituales de la AEAT y los acreedores. Tratamos cada expediente como una operación de reseteo patrimonial integral, no como un mero trámite concursal.