Abogados Penalistas en Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad, originalmente aprobada como Ley 25/2015 y reformada en profundidad por la Ley 16/2022 (transposición de la Directiva UE 2019/1023 sobre marcos de reestructuración), es el mecanismo legal que permite a personas físicas (particulares y autónomos) en situación de insolvencia obtener la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), antes denominado BEPI. Su objetivo es articular un fresh start económico para deudores honestos que han caído en sobreendeudamiento sin culpa grave ni fraude. La jurisprudencia consolidada de la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha delimitado los contornos del beneficio: la buena fe se presume y debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales para activar la cancelación de deudas.

El procedimiento se articula en varias fases. Primero, el análisis previo de viabilidad: composición de la masa pasiva, masa activa, identificación de créditos públicos (Hacienda y Seguridad Social) y privados, y valoración de la concurrencia o no de actuaciones potencialmente excluyentes (delitos socioeconómicos, ocultación patrimonial, falsedad). Segundo, el intento de acuerdo extrajudicial de pagos ante mediador concursal o notario, salvo que se opte directamente por la vía judicial reforzada por la reforma de 2022. Tercero, la solicitud de concurso consecutivo con liquidación del activo realizable. Cuarto, la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que puede ser directa (sin plan de pagos) o condicionada a plan de pagos de hasta 3 años (5 si afecta a la vivienda habitual). La Ley 16/2022 ha simplificado los itinerarios, suprimiendo la obligatoriedad del acuerdo extrajudicial en muchos supuestos.

Las deudas exonerables alcanzan, como regla general, todas las deudas privadas: tarjetas de crédito, préstamos personales, microcréditos, deudas con proveedores, avales personales suscritos por administradores en operaciones empresariales y, parcialmente, los créditos hipotecarios respecto del importe no cubierto por la garantía tras ejecución. Una novedad clave de la reforma de 2022 es la exoneración parcial de créditos públicos: hasta 10.000 euros por deudor frente a la AEAT y otros 10.000 euros frente a la TGSS, con los primeros 5.000 euros exonerados al 100% y la franja restante (5.000-10.000) exonerada al 50%. Quedan excluidas de exoneración las deudas por alimentos, las indemnizaciones derivadas de responsabilidad civil extracontractual por dolo, las multas penales, las costas judiciales y, en general, los créditos por salarios de los últimos 60 días.

La defensa técnica y la planificación de la solicitud se construyen sobre varios ejes. Primero, la acreditación de la buena fe (Art. 487 TRLC): no haber sido condenado en los 10 años anteriores por delitos contra el patrimonio, socioeconómicos, falsedad documental, contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, ni haber sido declarado culpable en concurso por dolo o culpa grave. Segundo, la delimitación de la masa pasiva: identificación de créditos contingentes, intereses devengados, comisiones por descubierto y cláusulas abusivas susceptibles de impugnación civil paralela. Tercero, la protección de la vivienda habitual a través del plan de pagos de 5 años cuando el inmueble es necesario para el deudor y su familia. Cuarto, la coordinación con responsabilidades penales accesorias: si el deudor ha avalado personalmente operaciones societarias o ha actuado como administrador concursado culpable, la estrategia debe articularse con la defensa penal correspondiente.

En la práctica forense actual observamos un fuerte incremento de solicitudes de segunda oportunidad tras la reforma de 2022, especialmente entre autónomos afectados por la crisis sanitaria, avalistas de operaciones empresariales fallidas y consumidores sobreendeudados por créditos revolving (tarjetas con TAE superior al 20%) declarados usurarios por la jurisprudencia. La Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal por el Real Decreto-ley 1/2024 han racionalizado los plazos y reforzado el control judicial sobre el plan de pagos. En Alonso Sala, abordamos cada expediente con análisis cruzado mercantil-penal: realizamos auditoría patrimonial previa, valoramos contingencias penales latentes (especialmente Arts. 257-261 CP de insolvencias punibles), articulamos la solicitud y defendemos la concesión de la exoneración frente a las impugnaciones habituales de la AEAT y los acreedores. Tratamos cada expediente como una operación de reseteo patrimonial integral, no como un mero trámite concursal.