Incumplimiento de sanciones internacionales (UE, OFAC y ONU): qué riesgo penal existe en España y cómo se defiende

Las medidas restrictivas —lo que coloquialmente se conoce como sanciones internacionales— se han convertido en un factor de riesgo penal de primer orden para empresas exportadoras, entidades financieras, intermediarios y profesionales que operan en mercados internacionales. La duda más frecuente es directa: ¿qué pasa en España si se incumple una sanción de la UE, de OFAC o de la ONU? La respuesta sorprende a muchos, porque no existe un delito específico de "incumplimiento de sanciones internacionales" en el Código Penal. La represión penal se canaliza por otras vías ya existentes —singularmente el contrabando y el blanqueo de capitales— y, a futuro, por la transposición de una directiva europea. Lo explicamos desde la perspectiva técnica del despacho, sin alarmismo y sin promesas de resultado.

Qué son las medidas restrictivas y de dónde proceden

Cuando hablamos de sanciones internacionales nos referimos a un conjunto de prohibiciones y restricciones impuestas por distintas instancias para presionar a Estados, regímenes, personas o entidades. En la práctica española conviven tres grandes fuentes:

• Unión Europea: es la fuente principal y de aplicación más directa. La UE adopta sus medidas restrictivas mediante reglamentos directamente aplicables en todos los Estados miembros, sin necesidad de norma interna de trasposición. Incluyen la congelación de fondos y recursos económicos, prohibiciones de exportación e importación y listas de personas y entidades designadas con las que no se puede operar.
• Naciones Unidas: las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU imponen sanciones que, en el ámbito europeo, suelen incorporarse después mediante los correspondientes reglamentos de la UE.
• OFAC (Estados Unidos): la Office of Foreign Assets Control gestiona las listas SDN y un régimen sancionador con notable alcance extraterritorial. Aunque es Derecho estadounidense, condiciona en la práctica a empresas y bancos españoles por su exposición al dólar y al sistema financiero internacional.

La consecuencia es que una misma operación puede estar sujeta, a la vez, a reglas europeas, estadounidenses y de Naciones Unidas, con perímetros que no siempre coinciden. Ese solapamiento es, precisamente, una de las primeras cosas que conviene analizar en cualquier asunto.

En España no hay un delito autónomo de sanciones

Conviene insistir en este punto porque es fuente habitual de confusión. El Código Penal no contiene un tipo penal autónomo que castigue, bajo ese nombre, el incumplimiento de las medidas restrictivas. No hay un "artículo de las sanciones". Eso no significa que esas conductas queden impunes: significa que el reproche penal se construye sobre delitos preexistentes cuyos elementos típicos encajan con la conducta concreta. Los dos pilares son el contrabando y el blanqueo de capitales, a los que se añadirá la transposición de la Directiva (UE) 2024/1226.

La vía del contrabando (LO 12/1995)

La Ley Orgánica 12/1995, de represión del contrabando, es la principal herramienta penal frente a la vulneración de prohibiciones y restricciones al comercio exterior. Castiga, entre otras conductas, la exportación, importación, comercio, tenencia o circulación de géneros sin la autorización exigida o incumpliendo las prohibiciones legalmente establecidas, en supuestos como:

• Material de defensa y material de doble uso (productos que tienen aplicación tanto civil como militar).
• Bienes sometidos a embargo o a restricciones derivadas de medidas restrictivas internacionales.
• Géneros de comercio prohibido o sujeto a licencia, cuando se elude el control aduanero o la autorización administrativa.

La idea de fondo es sencilla: si una medida restrictiva de la UE prohíbe enviar determinados bienes a un destino o a una persona designada, hacerlo sin la licencia correspondiente —o pese a una prohibición expresa— puede integrar el tipo de contrabando. Las penas varían en función del valor de los bienes y de su naturaleza (no es lo mismo material de defensa que otros géneros), y la ley distingue entre la infracción administrativa de contrabando y el delito, en atención a la cuantía y a las circunstancias. La calificación correcta de unos hechos como infracción o como delito es, por sí sola, un terreno propio de la defensa.

La vía del blanqueo de capitales (art. 301 CP)

El segundo gran pilar es el delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP. Castiga a quien adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva, o realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a quien haya participado en la infracción a eludir las consecuencias de sus actos. La pena es de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes; existe además una modalidad imprudente (art. 301.3 CP), con prisión de seis meses a dos años, de gran relevancia práctica para entidades y sujetos obligados.

La conexión con las sanciones es clara: cuando se mueven, disimulan o canalizan fondos o recursos económicos vinculados a operaciones que vulneran el régimen de medidas restrictivas —por ejemplo, articulando pagos a través de terceros para esquivar la congelación de activos de una persona designada—, esa conducta puede examinarse como blanqueo. A ello se suma el marco preventivo de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que impone a bancos, notarios, abogados en determinadas actuaciones y otros sujetos obligados deberes de diligencia debida, identificación del titular real y comunicación de operaciones sospechosas. El incumplimiento de esos deberes tiene su propia vía sancionadora administrativa y, en los casos más graves, puede alimentar la imputación penal.

La Directiva (UE) 2024/1226

El panorama está llamado a cambiar con la Directiva (UE) 2024/1226, relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la violación de las medidas restrictivas de la Unión. Su objetivo es armonizar los tipos penales en todos los Estados miembros, de modo que vulnerar las sanciones sea delito en términos equivalentes en toda la UE. Entre las conductas que obliga a castigar figuran:

• Poner fondos o recursos económicos a disposición de personas o entidades designadas, directa o indirectamente.
• Eludir la congelación de activos, por ejemplo transfiriéndolos o disimulando su titularidad.
• Comerciar con bienes y servicios prohibidos o sujetos a restricción, o prestar servicios vetados.
• Incumplir condiciones de autorizaciones concedidas por las autoridades competentes.

Esta directiva está pendiente de transposición plena al Derecho español. Hasta que se complete, la respuesta penal seguirá articulándose, como hemos visto, sobre el contrabando y el blanqueo. Pero su existencia anticipa un endurecimiento del marco y refuerza la necesidad de revisar ahora los procedimientos internos de cumplimiento.

Conductas y situaciones de riesgo

En la práctica, las situaciones que con más frecuencia generan exposición penal en este ámbito son:

• Exportar o reexportar bienes de doble uso o material de defensa a jurisdicciones sancionadas sin la licencia exigida o con documentación inexacta sobre el destino o el uso final.
• Operar con personas o entidades designadas en las listas de la UE, OFAC u ONU sin haber realizado un cribado adecuado.
• Articular pagos o estructuras para eludir la congelación de activos o disimular la titularidad real de fondos o recursos económicos.
• Triangular operaciones a través de terceros países o sociedades interpuestas para ocultar el verdadero destino de los bienes.
• Ignorar señales de alerta evidentes (precios anómalos, intermediarios opacos, rutas logísticas incoherentes) que apunten a un destino prohibido.

Las empresas con exposición internacional deberían analizar estos riesgos con asesoramiento de abogados especializados en el incumplimiento de sanciones internacionales, capaces de coordinar la dimensión penal con la regulatoria y de cumplimiento.

Diligencia debida y cumplimiento

La prevención es, en este terreno, la mejor defensa. Un programa de cumplimiento solvente en materia de sanciones debería contemplar, al menos:

• Cribado de listas (UE, OFAC, ONU) de clientes, proveedores y contrapartes, actualizado y documentado.
• Identificación del titular real y de la cadena de propiedad, para evitar operar de forma indirecta con personas designadas.
• Control de material de doble uso y verificación del uso y destino final de los bienes.
• Análisis de jurisdicciones y sectores sometidos a restricciones, con especial atención a las operaciones triangulares.
• Trazabilidad y conservación de la documentación que acredite las comprobaciones realizadas.

Estos controles no solo reducen el riesgo de que el delito se cometa: en sede penal, acreditar que existían procedimientos serios y que se aplicaron de buena fe es uno de los argumentos más potentes para discutir el dolo (el conocimiento de la ilicitud) o la imprudencia grave y, con ello, la propia tipicidad de la conducta.

Líneas de defensa

No existe una defensa única: cada caso impone su estrategia en función de los hechos, de la conducta imputada y de la prueba disponible. Siempre dentro del respeto a la presunción de inocencia, las líneas más habituales son:

• Ausencia de dolo: demostrar que no se conocía —ni cabía conocer razonablemente— que la operación vulneraba una medida restrictiva, especialmente cuando existían procedimientos de cribado y verificación.
• Atipicidad o calificación administrativa: discutir que los hechos no alcanzan el umbral del delito de contrabando o de blanqueo y que corresponden, en su caso, a la vía sancionadora administrativa.
• Error sobre la prohibición: en regímenes técnicos, cambiantes y de perímetros solapados, el error sobre el alcance de una restricción puede ser relevante para excluir o atenuar la responsabilidad.
• Cuestionamiento de la prueba: revisar la licitud y suficiencia de la prueba documental, pericial y de la información procedente de autoridades aduaneras o de supervisión.
• Defensa de la persona jurídica: acreditar la existencia y el funcionamiento real de un modelo de prevención adecuado y de los deberes de diligencia debida.

Defensa especializada con Alonso Sala

Las investigaciones por incumplimiento de medidas restrictivas combinan, casi siempre, normativa europea y extranjera, documentación voluminosa, informes técnicos sobre bienes y destinos y la concurrencia de procedimientos administrativos paralelos. En Alonso Sala, despacho penalista con sede en Madrid (calle Velázquez 27) y cobertura en toda España, abordamos esta clase de asuntos con rigor técnico y discreción, estudiando cada expediente de forma individualizada y coordinando, cuando procede, la defensa penal con su dimensión regulatoria y de cumplimiento, para construir la estrategia que mejor se ajuste a los hechos y al marco legal vigente.