Manipulación de mercado e información privilegiada: el riesgo penal del profesional financiero (arts. 284 y 285 CP)

El sector financiero opera bajo una de las regulaciones más intensas del ordenamiento. Traders, gestores de cartera, asesores, directivos de entidades, miembros de comités de inversión y compliance officers trabajan a diario al filo de normas como MiFID II, el Reglamento de Abuso de Mercado (MAR) y, en el ámbito de los criptoactivos, MiCA. Cuando una conducta cruza el umbral de lo penalmente relevante, el profesional se expone a los delitos de abuso de mercado, donde su propia cualificación puede operar como agravante. Como abogados penalistas especializados en la defensa de profesionales del sector financiero, explicamos los dos tipos nucleares —la manipulación de mercado del art. 284 CP y el uso de información privilegiada del art. 285 CP— y cómo se articula su defensa.

El abuso de mercado como categoría penal

Bajo la etiqueta de abuso de mercado el Código Penal agrupa las conductas que atentan contra la integridad y la transparencia de los mercados financieros, bien jurídico que el legislador protege porque sin confianza en la formación libre de los precios el ahorro y la inversión se resienten. La sanción penal convive con un robusto régimen administrativo a cargo de la CNMV, lo que genera un escenario de doble frente, penal y administrativo, que condiciona toda la estrategia.

Los dos pilares son la manipulación de mercado (art. 284 CP) y el uso de información privilegiada (art. 285 CP). A ellos se asocian, según el caso, el falseamiento de información del emisor (art. 282 bis CP), la estafa de inversión (art. 248 CP) y el blanqueo de capitales (art. 301 CP). Conviene deslindar bien cada figura, porque la calificación determina la pena y la línea de defensa.

La manipulación de mercado: art. 284 CP

El art. 284 CP castiga, en esencia, a quien altera de forma artificial el precio de un instrumento financiero. Las modalidades típicas son la difusión de noticias o rumores falsos o engañosos sobre valores o instrumentos, el empleo de violencia, amenaza o engaño para alterar los precios, y la realización de operaciones que dan señales falsas o aseguran un precio anormal o artificial (las llamadas operaciones ficticias o de aparente actividad).

La pena prevista es de prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco años o del tanto al triplo del beneficio obtenido o del perjuicio causado, e inhabilitación especial para intervenir en el mercado financiero de dos a cinco años. El núcleo del tipo es el carácter artificial de la alteración: la defensa se juega, muchas veces, en demostrar que la operación respondía a una lógica económica legítima y no a una maniobra para mover el precio.

El uso de información privilegiada: art. 285 CP

El art. 285 CP sanciona a quien, disponiendo de una información relevante y reservada a la que ha accedido por razón de su cargo, profesión o actividad, la usa para operar en el mercado o la suministra a un tercero para que opere. Lo que se castiga es prevalerse de una ventaja informativa indebida en perjuicio de la igualdad de los inversores.

El tipo no se aplica a cualquier operación: exige que concurra alguna de las circunstancias del apartado 1, como que el beneficio obtenido o el perjuicio causado supere los 500.000 euros, que el valor de los instrumentos empleados exceda de dos millones de euros o que se cause un grave impacto en la integridad del mercado. Verificada alguna de ellas, la pena es de prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco años o del tanto al triplo e inhabilitación especial de dos a cinco años. La agravación del art. 285.3 CP, ya descrita, eleva la pena a su mitad superior para el personal de las entidades del mercado y del supervisor.

De forma secundaria, el Código contempla también el asesoramiento financiero prestado sin la preceptiva autorización (en la órbita del art. 285 quater CP), figura que puede entrar en juego cuando se capta inversión al margen del régimen de autorización de la CNMV.

Figuras conexas: falseamiento, estafa y blanqueo

El profesional financiero rara vez se enfrenta a un único tipo aislado. En la práctica, las conductas se solapan con otras figuras que conviene tener presentes:

• Falseamiento de información del emisor (art. 282 bis CP). Castiga a los administradores que falsean la información económico-financiera de los folletos o de la información pública que la sociedad debe difundir, para captar inversores o colocar instrumentos. Pena de prisión de uno a cuatro años, sin perjuicio de las agravaciones cuando se obtienen los fondos o se causan daños.
• Estafa de inversión (art. 248 CP). Cuando la captación de capital se asienta sobre un engaño bastante que provoca un acto de disposición patrimonial perjudicial. La pena básica es de prisión de seis meses a tres años, modulada según el importe defraudado, y se agrava por el art. 250 CP cuando concurren cualificaciones.
• Blanqueo de capitales (art. 301 CP). La integración en el sistema financiero de fondos de origen ilícito se castiga con prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes, con posible comiso. Es frecuente que aparezca como delito derivado de las ganancias del abuso de mercado o de la estafa.

El doble frente: proceso penal y expediente de la CNMV

Una misma conducta de abuso de mercado puede activar, a la vez, una investigación penal y un expediente sancionador de la CNMV o, en materia de blanqueo, actuaciones del Banco de España y del SEPBLAC. La articulación entre ambos planos descansa en el principio non bis in idem: no cabe castigar dos veces el mismo hecho con el mismo fundamento.

En la práctica, la jurisdicción penal tiene preferencia y el procedimiento administrativo suele suspenderse a la espera del resultado del proceso penal. Ese matiz es capital, porque lo que se declara o documenta en el expediente administrativo puede emplearse en el penal, y viceversa. Coordinar la defensa en los dos frentes —evitando declaraciones contradictorias o renuncias inadvertidas— forma parte esencial de la estrategia.

La pericial financiera y forense contable

En estos delitos, la prueba pericial es la pieza que decide el resultado. La acusación debe acreditar la relación de causalidad entre la conducta y la alteración del precio o el beneficio obtenido, y la cuantificación del beneficio o perjuicio determina qué tipo y qué agravaciones se aplican. La defensa trabaja, por ello, con pericial financiera y forense contable propia:

• Reconstrucción del patrón de operaciones para distinguir el movimiento normal del mercado del supuestamente manipulado.
• Cuestionamiento de la correlación entre la conducta imputada y la variación del precio, que a menudo obedece a factores ajenos.
• Revisión del cálculo del beneficio o perjuicio, dato que activa o desactiva las agravaciones del art. 285.1 CP.
• Análisis del acceso a la información y de su carácter realmente reservado y relevante en el momento de la operación.

Líneas de defensa del profesional financiero

La defensa en los delitos de abuso de mercado es técnica y multidisciplinar. Las líneas que examinamos con mayor frecuencia son:

1. Atipicidad de la conducta. Demostrar que la operación tenía una lógica económica legítima y no perseguía alterar artificialmente el precio, o que la información empleada era pública o irrelevante.
2. Ausencia de dolo. El abuso de mercado exige conocimiento y voluntad; un error o una decisión basada en análisis legítimo del mercado excluye el tipo.
3. Discusión del umbral cuantitativo. Si el beneficio o perjuicio no alcanza los importes del art. 285.1 CP, la conducta puede quedar fuera del tipo penal y reconducirse al ámbito administrativo.
4. Impugnación de la pericial de la acusación y aportación de pericial alternativa que desmonte la correlación causal.
5. Licitud de la prueba. Control de la obtención de comunicaciones, registros y datos, cuya nulidad puede arrastrar el resto del material probatorio.
6. Coordinación con el expediente de la CNMV y reparación del daño como circunstancia atenuante.

La doctrina consolidada del Tribunal Supremo exige motivar con rigor tanto el carácter artificial de la alteración como el aprovechamiento efectivo de la información reservada; cualquier déficit en esa motivación abre una vía de impugnación que conviene trabajar desde el inicio de la instrucción.

Defensa penal financiera en Madrid y toda España

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