Instalar una app de control en el móvil de tu pareja: por qué es delito y qué pena tiene

Se anuncian como aplicaciones de «seguridad familiar», «control parental» o «localizador de móviles». Se instalan en dos minutos, muchas se ocultan del cajón de aplicaciones y algunas prometen expresamente que la persona vigilada no se enterará. Ese último detalle es el que las convierte en stalkerware y el que traslada el asunto del terreno de la desconfianza al del Código Penal.

Si le acusan de instalar una app espía: qué castiga el Art. 197 CP

El Art. 197.1 CP castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro y sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido, la imagen o cualquier otra señal de comunicación.

Una aplicación que reenvía la ubicación en tiempo real, replica los mensajes de WhatsApp o activa el micrófono encaja sin esfuerzo en esa descripción. No hace falta que llegue a leerse nada comprometedor: el delito se consuma con la conducta de interceptar o instalar el artificio, porque lo que se protege es la intimidad, no el resultado.

Si además se accede a datos reservados de carácter personal o familiar registrados en ficheros o soportes informáticos —una copia del historial, una sincronización de la nube—, el Art. 197.2 CP impone las mismas penas.

El programa en sí: Art. 197 ter CP

Hay una segunda capa que suele pasarse por alto. El Art. 197 ter CP castiga con prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses a quien, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o de cualquier modo facilite a terceros un programa informático concebido o adaptado principalmente para cometer los delitos del Art. 197.1 y .2, o bien contraseñas y códigos de acceso que permitan entrar en un sistema.

Es decir: comprar y descargar el software con esa intención ya tiene reproche penal propio, con independencia de lo que después se haga con él. Y quien lo recomienda o lo instala en el móvil de un tercero «como favor» entra en el verbo facilitar.

Cuándo se agrava

• Difusión (Art. 197.3 CP). Difundir, revelar o ceder a terceros lo descubierto eleva la pena a prisión de dos a cinco años. Reenviar una captura al grupo de amigos ya es ceder a terceros.
• Datos especialmente sensibles (Art. 197.5 CP). Si lo afectado son datos que revelen ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima es menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, las penas se imponen en su mitad superior.
• Uso no autorizado de datos personales de la víctima (Art. 197.4 CP). Determinadas modalidades elevan el marco a prisión de tres a cinco años.
• Razones de género (Art. 22.4.ª CP). La agravante puede apreciarse cuando el control se ejerce como manifestación de discriminación por razones de género.

La frontera con el acoso del Art. 172 ter CP

La vigilancia electrónica rara vez viaja sola. Cuando además se vigila, persigue o busca la cercanía física de la persona, o se intenta contactar con ella de forma insistente y reiterada y sin autorización legítima, alterando el normal desarrollo de su vida cotidiana, aparece el delito de acoso del Art. 172 ter CP, con prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses.

Y aquí está el punto decisivo en los asuntos de pareja: el Art. 172 ter.2 CP establece que, cuando el ofendido es alguna de las personas del Art. 173.2 CP —cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, presente o pasada—, la pena es de prisión de uno a dos años o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días, y no es necesaria la denuncia de la persona agraviada. El apartado 3 aclara además que estas penas se imponen sin perjuicio de las que correspondan a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso: el concurso con el Art. 197 CP es la regla, no la excepción.

La paradoja de la prueba: se obtiene y no sirve

Muchos de estos casos nacen de un divorcio. Alguien instala la aplicación convencido de que va a conseguir la prueba definitiva de una infidelidad o de un incumplimiento. El resultado suele ser exactamente el contrario, por dos motivos que se acumulan.

El primero es que el Art. 11.1 LOPJ impide que surtan efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos fundamentales. Lo captado con un programa espía instalado sin consentimiento es prueba ilícita y arrastra consigo lo que de ella derive.

El segundo es que aportar ese material al procedimiento equivale a documentar la propia autoría: la parte contraria dispone entonces de la fecha, el dispositivo y el contenido, y con frecuencia interpone denuncia. Lo hemos visto convertirse en el origen de la causa penal más veces que en su solución.

Qué hacer si le han denunciado, y qué si es la persona vigilada

Si está investigado, lo primero es no destruir nada: borrar la aplicación o restablecer el terminal después de conocer la denuncia agrava la posición y rara vez elimina el rastro, que suele estar en los registros del proveedor del servicio y en las facturas de la suscripción. Lo relevante es delimitar qué se instaló exactamente, qué datos llegó a capturar, si hubo difusión y si existía o no algún consentimiento acreditable.

Si sospecha que la vigilan, conviene documentar antes de desinstalar: capturas de los permisos concedidos, del consumo de batería y datos, del listado de aplicaciones con acceso de administrador y de los avisos de inicio de sesión. Un informe pericial sobre el terminal vale mucho más que un teléfono ya limpio.

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