Artículo 197 CP: Descubrimiento y Revelación de Secretos (2026)

El acceso no autorizado a la intimidad de otro: apoderarse de sus correos, mensajes o datos personales, interceptar sus comunicaciones o usar artificios de escucha o grabación sin consentimiento, para descubrir sus secretos. La pena base es de 1 a 4 años de prisión y multa.

Acceder sin consentimiento a las comunicaciones o cuentas de otra persona —incluida la pareja— para descubrir sus secretos puede ser delito del art. 197 CP. El matrimonio o la convivencia no autorizan a vulnerar la intimidad del otro.

Difundir imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con consentimiento, pero divulgadas sin él (la llamada 'pornovenganza'), es un delito específico del art. 197.7 CP, castigado con prisión de 3 meses a 1 año o multa, y agravado si la víctima es pareja o menor.

No. Una prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales (art. 11 LOPJ) es nula y no puede usarse en juicio, y arrastra la nulidad de todo lo que derive de ella. Es una de las principales vías de defensa frente a este tipo de prueba.

El apoderamiento de correspondencia o la interceptación de comunicaciones (art. 197.1 CP) y el acceso o uso no autorizado de datos personales en ficheros (art. 197.2 CP) se castigan con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Cuando quien descubrió u obtuvo esos datos los difunde, revela o cede a terceros, la pena es de prisión de dos a cinco años (art. 197.3, párrafo primero, CP). En cambio, el tercero que, conociendo el origen ilícito y sin haber tomado parte en el descubrimiento, se limita a difundirlos tiene prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses (art. 197.3, párrafo segundo, CP). Si los hechos los comete el encargado o responsable de los ficheros, la pena sube a tres a cinco años (art. 197.4 CP).

La pena se impone en su mitad superior cuando los datos afectados revelan la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o cuando la víctima es un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección (art. 197.5 CP). También se agrava si los hechos se cometen con fines lucrativos (art. 197.6 CP). Si quien comete el delito es una autoridad o funcionario público que actúa fuera de los casos permitidos por la ley y prevaliéndose de su cargo, se aplican las penas en su mitad superior más inhabilitación absoluta de seis a doce años (art. 198 CP).

La prescripción depende de la pena máxima de cada modalidad según el art. 131 CP. Las modalidades básicas del art. 197 (apartados 1 a 4, con penas que llegan hasta cinco años) prescriben a los cinco años. La difusión de imágenes íntimas obtenidas con consentimiento (art. 197.7 CP), al ser un delito menos grave castigado con prisión de tres meses a un año o multa, también prescribe a los cinco años, que es el plazo mínimo del art. 131 CP para los delitos menos graves. El cómputo se cuenta desde que se comete el hecho.

No es delito de descubrimiento y revelación de secretos grabar una conversación en la que uno mismo interviene como interlocutor, porque el art. 197 CP castiga apoderarse o interceptar comunicaciones ajenas, no las propias. La doctrina consolidada distingue entre grabar la conversación en la que uno participa, que es lícito, e interceptar o escuchar la comunicación de terceros sin su conocimiento, que sí encaja en el art. 197.1 CP. Otra cosa es que difundir después esa grabación pueda vulnerar la intimidad o el honor del otro interlocutor y generar responsabilidad por otra vía.

Como regla general se necesita denuncia de la persona agraviada o de su representante legal para perseguir los delitos de este capítulo, y el perdón del ofendido extingue la acción penal (art. 201 CP). No hace falta denuncia cuando el delito afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas, cuando la víctima es menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o cuando lo comete una autoridad o funcionario del art. 198 CP. Por su parte, el acceso no autorizado a un sistema de información vulnerando las medidas de seguridad se castiga con prisión de seis meses a dos años (art. 197 bis CP).