La comparecencia de prisión provisional (art. 505 LECrim): cómo es la vista

La prisión provisional no se decide en un despacho ni por escrito: la ley obliga a celebrar antes una audiencia contradictoria, la comparecencia del art. 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que las acusaciones piden la medida y la defensa se opone. Qué requisitos de fondo hacen posible la prisión (pena, indicios, riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración) se explica en los criterios de la prisión provisional. Este artículo trata del procedimiento: cuándo se celebra la vista, quién puede pedir qué, qué se puede probar, qué ocurre si no se celebra y cómo se recurre lo que se decida.

Le han detenido y el fiscal pide prisión: qué es la comparecencia

Cuando el detenido es puesto a disposición del juez de instrucción o del tribunal que conoce de la causa, el juez tiene dos caminos. Puede dejarle en libertad provisional sin fianza directamente, sin vista. O, si no lo hace, debe convocar la audiencia del art. 505, en la que el Ministerio Fiscal o las demás partes acusadoras pueden interesar la prisión provisional o la libertad provisional con fianza (art. 505.1).

No es un interrogatorio sobre los hechos, sino un debate sobre la situación personal del investigado mientras dura el proceso. El camino hasta ese momento, desde la comisaría, se describe en qué ocurre tras una detención y qué hace el abogado en las primeras 72 horas.

La misma audiencia se celebra también cuando el investigado no está detenido y se pretende su prisión o su libertad con fianza (art. 505.2, último inciso), cuando se quiere agravar una medida ya acordada (art. 539 LECrim) y cuando se incumple una orden de alejamiento del art. 544 bis. Además, la audiencia de la orden de protección puede sustanciarse simultáneamente con ella (art. 544 ter).

El plazo: dentro de las 72 horas desde la puesta a disposición

El art. 505.2 exige celebrar la audiencia «en el plazo más breve posible» dentro de las 72 horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial. Es un plazo distinto del de la detención policial: la policía dispone como máximo de otras 72 horas para poner al detenido en libertad o a disposición del juez (art. 520 LECrim). Contra una detención policial que exceda ese límite o carezca de base está el habeas corpus; una vez el detenido está ante el juez, la discusión se traslada a esta comparecencia.

Si el detenido comparece ante un juez distinto del que lleva la causa —el caso típico es la detención en otra ciudad— y no puede ser trasladado al juez competente en 72 horas, el primero celebra la comparecencia y resuelve. Cuando las diligencias lleguen al juez de la causa, este debe oír al investigado, asistido de su abogado, tan pronto como sea posible, y dictar la resolución que proceda (art. 505.6).

En los juicios rápidos no hay una vista separada: la petición de prisión se sustancia dentro de la audiencia del art. 798, en el juzgado de guardia, salvo que la comparecencia se hubiera celebrado antes (art. 505.1, párrafo segundo). El recorrido completo de ese procedimiento está en la guía del juicio rápido.

Quién puede pedir la prisión: solo las acusaciones

Es la regla central del procedimiento: el juez no puede acordar la prisión provisional ni la libertad con fianza si nadie se lo pide. El art. 505.4 lo dice sin matices: si ninguna de las partes insta la prisión o la fianza, el juez acordará necesariamente la inmediata puesta en libertad del investigado detenido. La legitimación corresponde al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras personadas.

Nada impide al juez, en cambio, resolver por debajo de lo pedido: acordar libertad con fianza cuando se pide prisión, o libertad sin fianza cuando se pide fianza. Y puede mejorar la situación del investigado en cualquier momento y de oficio (art. 539, último párrafo). La única excepción a la petición previa es la del art. 539: si el juez aprecia los presupuestos del art. 503 respecto de quien está en libertad, puede dictar auto de prisión, pero debe convocar la comparecencia dentro de las 72 horas siguientes.

Cómo se desarrolla la vista: abogado, alegaciones y acceso a la causa

A la audiencia se cita al investigado, al fiscal y a las demás partes personadas. El investigado debe estar asistido de abogado, elegido por él o designado de oficio (art. 505.2): no es un trámite que pueda hacerse sin defensa técnica. El orden habitual es el siguiente:

• El fiscal y, en su caso, las acusaciones exponen su petición: qué medida solicitan y cuál de los fines del art. 503 LECrim pretenden asegurar.
• La defensa alega en contra y propone la prueba que puede practicarse en ese momento.
• El juez resuelve sobre la procedencia o no de la prisión o de la fianza (art. 505.4).

La defensa no puede oponerse a lo que no conoce. Por eso el art. 505.3 garantiza que el abogado del investigado tenga, en todo caso, acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la privación de libertad. Esa garantía rige también si la causa se ha declarado secreta, y el auto de prisión que se notifique debe incluir siempre, como mínimo, una sucinta descripción del hecho imputado y del fin que se persigue con la prisión (art. 506.2 LECrim). Si el abogado no ha podido verlo, conviene que conste en el acta.

Qué prueba puede aportarse en el acto

El art. 505.3 permite a quienes concurran «realizar alegaciones y proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las setenta y dos horas». La limitación es temporal, no de contenido. La defensa suele aportar:

• Documentos de arraigo: empadronamiento, contrato de alquiler o escritura, contrato de trabajo y nóminas, libro de familia, matrícula escolar de los hijos.
• Informes médicos: si el ingreso en prisión supone grave peligro para la salud, el juez puede acordar que la prisión se cumpla en el domicilio con vigilancia (art. 508.1 LECrim).
• Certificado de tratamiento de deshabituación: si el investigado está en tratamiento y el ingreso puede frustrarlo, la prisión puede sustituirse por el ingreso en un centro, siempre que los hechos sean anteriores al inicio del tratamiento (art. 508.2).
• Testigos presentes en el juzgado, por ejemplo familiares o el empleador que acreditan la situación personal.
• El ofrecimiento concreto de medidas alternativas: entrega del pasaporte, comparecencias periódicas, importe de fianza asumible.

Lo que no llegue a tiempo puede hacerse valer después, porque las medidas cautelares son revisables durante toda la causa.

Si la comparecencia no puede celebrarse: nueva audiencia en 72 horas

Si por cualquier razón la audiencia no puede celebrarse, el art. 505.5 permite al juez acordar provisionalmente la prisión, si concurren los presupuestos del art. 503, o la libertad con fianza. Pero le obliga a convocar una nueva audiencia dentro de las 72 horas siguientes, en la que adoptará las medidas procedentes por la falta de celebración de la primera. Es, en la práctica, la segunda oportunidad de 72 horas que prevé la ley: la prisión acordada sin vista no puede sostenerse sin celebrarla después.

La comparecencia vuelve a ser necesaria más adelante. La prórroga de la prisión provisional más allá de sus plazos máximos se acuerda «en los términos previstos en el artículo 505» (art. 504.2 LECrim): no puede prorrogarse sin nueva audiencia. Cuando la prisión se acordó por riesgo de fuga, para proteger a la víctima o por riesgo de reiteración delictiva, los plazos máximos son de un año si el delito tiene pena de hasta tres años y de dos años si es superior, con una sola prórroga de seis meses o de dos años respectivamente; si la prisión se acordó por riesgo para las pruebas, el máximo es de seis meses (art. 504.3).

El auto de prisión: qué debe motivar

La decisión adopta forma de auto. El que acuerda la prisión o la prolonga debe expresar los motivos por los que la medida se considera necesaria y proporcionada respecto de los fines que la justifican (art. 506.1). No basta con repetir la fórmula legal del riesgo de fuga: el auto debe explicar por qué no bastan medidas menos gravosas, porque la prisión solo procede cuando no existen otras que permitan alcanzar los mismos fines (art. 502.2 LECrim). Ese es, normalmente, el terreno del recurso.

El auto se comunica también a los ofendidos y perjudicados cuya seguridad pueda verse afectada (art. 506.3). Para ejecutarlo se expiden mandamientos a la policía y al centro penitenciario, que no puede recibir a nadie en calidad de preso sin él (art. 511). Lo que ocurre a partir del ingreso —visitas, comunicaciones, ingresos de dinero— se explica en la guía para familiares de un preso preventivo.

Recursos contra el auto: reforma y apelación (art. 507)

Contra los autos que decretan, prorrogan o deniegan la prisión provisional, o que acuerdan la libertad, cabe recurso de apelación en los términos del art. 766 LECrim, con tramitación preferente; el recurso contra el auto de prisión debe resolverse en un plazo máximo de 30 días (art. 507.1 LECrim). Las reglas prácticas son estas:

• Reforma: ante el mismo juez, en el plazo de tres días desde la notificación (art. 211 LECrim).
• Apelación: ante la Audiencia, en cinco días desde la notificación del auto o del que resuelve la reforma. Puede interponerse subsidiariamente con la reforma o directamente; no es necesario recurrir antes en reforma (art. 766.2 y 3).
• Vista en apelación: si el auto acuerda la prisión, el apelante puede pedir en su escrito que se celebre vista, y la Audiencia la acordará; se señala dentro de los diez días siguientes a la recepción de la causa (art. 766.5).
• Auto secreto: si no se notificó íntegro por el secreto de las actuaciones, el investigado puede recurrir el auto completo cuando se le notifique (art. 507.2).

Los recursos no suspenden la medida (art. 766.1). Con independencia de ellos, los autos de prisión y de libertad son reformables durante todo el curso de la causa (art. 539): cuando cambian las circunstancias —avanza la instrucción, se aseguran las pruebas, se acredita un arraigo nuevo— puede pedirse la libertad en cualquier momento.

La alternativa y cómo preparar la comparecencia

Si no se acuerda la prisión, el juez decide, también con arreglo al art. 505, si el investigado debe prestar fianza para seguir en libertad provisional y fija su calidad y cantidad (art. 529 LECrim), atendiendo a la naturaleza del delito, la situación y antecedentes del investigado y su mayor o menor interés en sustraerse a la justicia (art. 531). Con o sin fianza, queda obligado a comparecer los días señalados y cuantas veces se le llame, y puede retirársele el pasaporte (art. 530). Las clases de fianza, quién puede prestarla y qué ocurre si se incumple se desarrollan en libertad provisional y fianza.

Preparar la vista consiste, sobre todo, en tres cosas: conocer lo esencial de las actuaciones antes de entrar, llevar acreditado documentalmente el arraigo y ofrecer una alternativa concreta y viable a la prisión, con cifras. El área de medidas cautelares y prisión provisional del despacho se ocupa de esa preparación, de la defensa en la comparecencia y de los recursos posteriores; si su familiar ha sido detenido, una llamada temprana permite reunir la documentación antes de la vista.