Artículos 503 y 504 LECrim: requisitos, fines y duración de la prisión provisional

La prisión provisional es la medida cautelar más grave del proceso penal: priva de libertad a una persona que todavía no ha sido juzgada y que, por tanto, se presume inocente. Por eso la Ley de Enjuiciamiento Criminal la encierra en dos preceptos muy precisos. El art. 503 LECrim dice cuándo puede acordarse (qué requisitos y qué fines la justifican) y el art. 504 LECrim dice cuánto puede durar como máximo.

Su redacción procede de la Ley Orgánica 13/2003, retocada por la Ley Orgánica 15/2003 y por la Ley Orgánica 13/2015, que solo cambió «imputado» por «investigado o encausado». Es la versión vigente desde el 6 de diciembre de 2015, cotejada con el texto consolidado del BOE. La vista en la que se decide se explica en la comparecencia del art. 505 LECrim; este artículo trata del fondo.

Le han detenido y piden prisión provisional: qué significa y qué pasa ahora

Puesto el detenido a disposición judicial, el juez puede dejarlo en libertad o convocar una audiencia en la que el fiscal o la acusación piden la prisión. Sin esa petición, como regla, no hay prisión (art. 505.4), y aunque se pida, la gravedad no basta: deben cumplirse los requisitos del art. 503 y la medida debe ser necesaria.

Ese segundo filtro está en el art. 502 LECrim, que funciona como pórtico de los dos siguientes. La prisión provisional solo se adoptará «cuando objetivamente sea necesaria» y «cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines» (art. 502.2). Nunca cabe si se infiere racionalmente que el hecho no es delito o que concurre una causa de justificación (art. 502.4).

La discusión tiene, pues, dos planos: si la ley permite la prisión (art. 503) y si bastaría una medida menor, como la libertad provisional con o sin fianza, la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

Qué exige el artículo 503.1 LECrim: los tres requisitos

El precepto empieza así: «La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos». Son tres y son acumulativos: si falta uno, la prisión no cabe, por grave que parezca el hecho.

Primer requisito: un delito castigado con dos años o más

«1.º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso.»

Se mira la pena máxima prevista en abstracto en el Código Penal para el delito, no la que acabe pidiendo el fiscal ni la que se imponga después. Un hurto del art. 234.1 CP (prisión de seis a dieciocho meses) no alcanza el umbral; un robo violento del art. 242.1 CP (de dos a cinco años), sí.

Por debajo de los dos años, la prisión solo es posible si el investigado tiene antecedentes vivos por delito doloso: no basta cualquier antecedente, sino uno que no esté cancelado ni pueda cancelarse ya conforme al art. 136 CP. Si se investigan varios hechos, el precepto remite a las reglas especiales de aplicación de las penas de los arts. 73 a 79 CP.

Segundo requisito: motivos bastantes contra esa persona

«2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.»

No se exige prueba plena, pero sí indicios racionales y concretos que vinculen a esa persona con el hecho. Una sospecha genérica o una denuncia sin corroboración no bastan, y la defensa puede discutirlo desde el primer día.

Tercer requisito: perseguir uno de los fines de la ley

El ordinal 3.º exige «que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines», y a continuación enumera tres; el apartado 2 añade un cuarto. La lista es cerrada. Antes de 2003 la ley permitía atender a «la alarma social» del delito; la Ley Orgánica 13/2003 lo suprimió, y hoy la repercusión pública de un caso no justifica, por sí sola, la prisión.

Los cuatro fines que pueden justificar la prisión provisional

Riesgo de fuga (art. 503.1.3.º a)

«a) Asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.»

Para valorarlo, la ley obliga a atender «conjuntamente» a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que podría imponerse, a la situación familiar, laboral y económica del investigado y a la inminencia del juicio oral, en particular cuando procede el procedimiento de enjuiciamiento rápido. La gravedad de la pena pesa, pero no basta sola: el arraigo (domicilio, trabajo, personas a cargo) es el contrapeso habitual.

Hay una regla objetiva: procede la prisión por este motivo si en los dos años anteriores se han dictado al menos dos requisitorias para el llamamiento y busca del investigado por cualquier órgano judicial. En ese caso no rige el límite de pena del ordinal 1.º.

Riesgo para las pruebas (art. 503.1.3.º b)

«b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.»

El peligro debe ser fundado y concreto, no hipotético. Se valora la capacidad del investigado para acceder, por sí o a través de terceros, a las fuentes de prueba, o para influir sobre otros investigados, testigos o peritos. Y la ley añade una garantía expresa: no procede la prisión por esta causa «cuando pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del investigado o encausado».

Protección de la víctima (art. 503.1.3.º c)

«c) Evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.»

Es el fin típico de la violencia sobre la mujer y la doméstica, aunque no se limita a ellas, y aquí tampoco rige el límite de pena. Antes de la prisión suelen valorarse medidas menores, como la prohibición de aproximación, y la prisión aparece cuando se han incumplido o no bastan.

Riesgo de reiteración delictiva (art. 503.2)

El apartado 2 permite también la prisión, concurriendo los dos primeros requisitos, «para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos». Se atiende a las circunstancias del hecho y a la gravedad de los delitos que podrían cometerse, y solo cabe si el delito imputado es doloso. El límite de los dos años no se aplica cuando pueda inferirse racionalmente que el investigado actúa de forma organizada con otras personas o que realiza sus actividades delictivas con habitualidad.

Cuándo no rige el límite de los dos años de pena

El propio art. 503 desactiva el umbral del ordinal 1.º en tres supuestos, que son los que permiten la prisión por delitos de pena baja:

Cuánto puede durar: los plazos máximos del artículo 504 LECrim

«1. La prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción.»

Los plazos que siguen son techos, no la duración normal. Si el motivo desaparece antes, la prisión debe cesar, como repite el art. 528 LECrim. Los máximos dependen del fin y de la pena señalada al delito:

La prórroga no es automática: exige prever que la causa «no podrá ser juzgada en aquellos plazos», se acuerda por auto «en los términos previstos en el artículo 505», con petición de parte y audiencia de la defensa, y es «una sola».

Si ya hay sentencia condenatoria y se ha recurrido, el art. 504.2, párrafo segundo, permite prorrogar la prisión «hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia». Con una condena a seis años, por ejemplo, ese límite son tres años, y en él se cuenta el tiempo ya pasado detenido o en prisión provisional por la misma causa (art. 504.5).

La prisión acordada para proteger las pruebas tiene el plazo más corto: seis meses. Y si se había decretado la prisión incomunicada o el secreto de las actuaciones y se levantan antes de ese plazo, el juez «habrá de motivar la subsistencia del presupuesto» de la prisión (art. 504.3).

Cómo se cuentan los plazos y qué pasa al agotarse

Para el cómputo se suma el tiempo que el investigado haya estado detenido o en prisión provisional por la misma causa (art. 504.5). Se excluye, en cambio, el tiempo en que la causa sufra dilaciones no imputables a la Administración de Justicia.

Superadas las dos terceras partes del máximo, juez y fiscal deben comunicarlo al presidente de la sala de gobierno y al fiscal jefe, y la causa pasa a tramitarse con preferencia sobre todas las demás (art. 504.6).

Agotado el plazo máximo, procede la libertad. Pero esa libertad no blinda frente a una nueva prisión: puede acordarse otra vez si el investigado, sin motivo legítimo, deja de comparecer a cualquier llamamiento del juez o tribunal (art. 504.4).

El abono del tiempo en prisión provisional (art. 58 CP)

Si al final hay condena, el tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente «será abonado en su totalidad» para el cumplimiento de la pena impuesta en esa causa (art. 58.1 CP). Ningún periodo se abona dos veces, y el abono en otra causa, que decide el juez de vigilancia penitenciaria, solo procede si la prisión provisional es posterior a los hechos de esa otra condena (arts. 58.2 y 58.3 CP). Sobre ese abono cruzado, véase la refundición de condenas y la prisión preventiva sufrida en otra causa.

Prisión comunicada, incomunicada o atenuada

La regla general es la prisión comunicada: el interno recibe visitas y se comunica con su abogado y sus allegados según el reglamento penitenciario. Lo práctico para los allegados se resume en qué puede hacer la familia de un preso preventivo.

La prisión incomunicada es excepcional, temporal y exige un auto con motivación reforzada; su régimen está en el art. 509 LECrim y se analiza en la detención y la prisión incomunicadas.

Cabe además la prisión atenuada del art. 508 LECrim: en el domicilio, cuando por enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para la salud, o en un centro de deshabituación, si el investigado ya estaba en tratamiento, la prisión pudiera frustrarlo y los hechos son anteriores a su inicio.

La medida no es definitiva: motivación, reforma y apelación

El auto que acuerda la prisión o la prolonga debe expresar «los motivos por los que la medida se considera necesaria y proporcionada respecto de los fines que justifican su adopción» (art. 506.1). Un auto que repite la fórmula legal sin datos concretos de la causa es el primer objeto del recurso.

Estos autos son reformables durante todo el proceso (art. 539 LECrim): la defensa puede pedir la libertad si cambian las circunstancias. Contra el auto cabe recurso de apelación, de tramitación preferente, que debe resolverse en un máximo de treinta días (art. 507.1). Los plazos y la forma de esos recursos se detallan en el análisis de la comparecencia del art. 505.

Si después hay absolución: la indemnización del artículo 294 LOPJ

Quien ha sufrido prisión provisional y después resulta absuelto, o ve archivada la causa por sobreseimiento libre, puede reclamar al Estado una indemnización si la prisión le causó perjuicios (art. 294.1 LOPJ). Desde la STC 85/2019, que anuló los incisos que la limitaban a la «inexistencia del hecho imputado», no es necesario que se declare que el hecho no ocurrió; pero la indemnización no es automática y hay que acreditar el daño.

La cuantía se fija en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares (art. 294.2 LOPJ). El cauce de reclamación se explica en la indemnización por prisión provisional indebida.

Qué hacer (y qué no) si piden prisión provisional

La comparecencia se celebra en un plazo muy corto, y lo que se aporte en ella pesa más que lo que se alegue después:

• Reúna pruebas de arraigo: empadronamiento, contrato de alquiler o escritura, contrato de trabajo, nóminas, cargas familiares. Combaten el riesgo de fuga.
• Ofrezca alternativas concretas: fianza asumible, entrega del pasaporte, comparecencias periódicas. El art. 502.2 obliga al juez a preferir la medida menos gravosa si sirve al mismo fin.
• No contacte con la víctima ni con los testigos, ni directamente ni a través de terceros: es justo lo que puede fundar la prisión por los fines de las letras b) y c).
• No declare sin abogado: guardar silencio no puede usarse para justificar la prisión (art. 503.1.3.º b).
• Vigile los plazos: la detención cuenta para el máximo; pida la libertad si desaparece el motivo o se alcanza el tope sin prórroga.

El despacho atiende la defensa en medidas cautelares penales en Madrid: preparación de la comparecencia, recursos contra el auto de prisión y peticiones de libertad. Puede llamar al 91 078 65 74.