Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una institución del Derecho penal español introducida por la Ley Orgánica 5/2010 y profundamente reformada por la Ley Orgánica 1/2015, regulada en los artículos 31 bis a 31 quinquies del Código Penal. Permite que las empresas, fundaciones, asociaciones y demás entes con personalidad jurídica sean acusadas y condenadas como autoras de delitos cometidos en su nombre o por cuenta de ellas por sus representantes, administradores, empleados o personas sometidas a su control. Es una de las áreas más relevantes del moderno Derecho penal económico y societario.

Marco Legal: Artículo 31 bis CP

El artículo 31 bis 1 CP establece dos vías de imputación de la persona jurídica: (a) por los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica están autorizados para tomar decisiones en su nombre u ostentan facultades de organización y control; y (b) por los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica por quienes, estando sometidos a la autoridad de los anteriores, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Catálogo de Delitos Imputables a la Persona Jurídica

La responsabilidad penal de la persona jurídica solo opera respecto de los delitos expresamente previstos en el Código Penal: estafa y otros delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos contra el medio ambiente, delitos contra la salud pública, delitos contra el mercado y los consumidores, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos de cohecho y tráfico de influencias, delitos relativos a la prostitución y a la corrupción de menores, entre otros. La lista es taxativa y se ha ido ampliando en sucesivas reformas.

Sanciones Aplicables

El artículo 33.7 CP enumera las penas aplicables a las personas jurídicas: multa por cuotas o proporcional; disolución de la persona jurídica; suspensión de actividades hasta 5 años; clausura de locales y establecimientos hasta 5 años; prohibición de realizar actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito; inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios fiscales por tiempo de hasta 15 años; e intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores.

Compliance Penal como Exención o Atenuación

El artículo 31 bis 2 CP establece que la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si concurren las siguientes condiciones: (1) el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza; (2) la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo se ha confiado a un órgano con poderes autónomos; (3) los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos; (4) no se ha producido omisión o ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión. El compliance penal eficaz es, por tanto, la herramienta jurídica nuclear de defensa.

Atenuantes Específicas (Art. 31 quater CP)

El artículo 31 quater CP enumera circunstancias atenuantes específicas para la persona jurídica: (a) confesión antes de conocer que el procedimiento se dirige contra ella; (b) colaboración aportando pruebas nuevas y decisivas; (c) reparación o disminución del daño; (d) implantación de modelos eficaces de prevención posterior al delito pero anterior al juicio oral. Estas atenuantes pueden reducir significativamente las sanciones y son objeto frecuente de la defensa estratégica.

Estrategia de Defensa Corporativa

Articulamos la defensa empresarial atendiendo a: análisis del modelo de compliance penal existente al tiempo de los hechos, discusión sobre la efectiva idoneidad y aplicación del modelo, verificación de los presupuestos de imputación del artículo 31 bis CP (beneficio para la empresa, autoría de persona con vínculo cualificado), aportación de prueba documental exhaustiva sobre el funcionamiento del modelo, colaboración con el procedimiento en términos que activen atenuantes, defensa frente a medidas cautelares (intervención judicial, suspensión de actividades) y articulación con la defensa de los administradores. También asesoramos en la implantación de modelos de compliance conforme a las normas técnicas (UNE 19601, ISO 37001). Actuamos ante los Juzgados de Instrucción, los Juzgados de lo Penal, las Audiencias Provinciales, los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional.