Investigaciones Internas Corporativas
Dirección externa e independiente de investigaciones internas en la empresa con protocolo garantista y blindaje del privilegio abogado-cliente.
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La investigación interna corporativa es el procedimiento por el que la empresa esclarece, antes o durante un proceso penal, los hechos potencialmente delictivos cometidos en su seno. Es una pieza central del compliance penal moderno y, bien ejecutada, es la prueba reina de la exención del Art. 31 bis 2 CP. Mal ejecutada, sin embargo, puede convertirse en la mejor prueba de cargo contra la empresa y sus directivos.
Estructura del Protocolo Garantista
Un protocolo garantista exige: (1) designación de un instructor externo independiente —idealmente un despacho penalista—, con mandato escrito que defina alcance, plazos y deber de reportar al Comité de Cumplimiento; (2) plan de investigación que identifique las hipótesis, fuentes documentales y testigos; (3) custodia de evidencia digital (e-discovery) con cadena de custodia forense impecable; (4) entrevistas formales con información previa al trabajador sobre su condición, el objeto y su derecho a asistencia letrada y a no autoincriminarse; (5) informe final con hallazgos, valoración jurídica y recomendaciones de medidas internas y, en su caso, de denuncia externa.
Privilegio Abogado-Cliente
El secreto profesional es la columna vertebral de la investigación interna. Las comunicaciones entre la empresa y el despacho que la dirige, así como los borradores, notas y conclusiones, están amparados por el secreto profesional y resultan inaprehensibles incluso mediante registro judicial, siempre que: (a) exista mandato escrito previo, (b) el despacho actúe como abogado y no como mero auditor, (c) los documentos estén identificados como sujetos a privilegio, y (d) se observe la cadena de custodia. La STS 79/2012 y posteriores han confirmado este blindaje, en línea con la doctrina europea (caso AKZO Nobel).
Derechos del Trabajador Investigado
La doctrina constitucional y jurisprudencial sobre garantías del trabajador viene consolidando que el trabajador entrevistado tiene derecho a: (i) ser informado del objeto de la investigación y de su condición, (ii) recibir asistencia letrada (especialmente si la entrevista puede usarse en un proceso penal posterior), (iii) no declarar contra sí mismo, y (iv) acceder a la documentación que le afecte. La omisión de estos derechos puede contaminar la prueba y, en cascada, comprometer la defensa por compliance efectivo.
Cuadro de Penas
| Tipo / Supuesto | Consecuencia Penal |
|---|---|
| Atenuante muy cualificada (Art. 31 quater CP) | Confesión, colaboración, reparación e implantación de medidas pueden suponer rebaja de 1 o 2 grados de la pena de la PJ. |
| Exención por compliance efectivo (Art. 31 bis 2 CP) | La investigación interna es prueba clave para acreditar el funcionamiento real del modelo y la elusión fraudulenta del autor. |
| Riesgo de imputación adicional | Una investigación mal documentada o que vulnere derechos puede usarse como prueba de cargo contra los directivos investigadores. |
* Las penas indicadas son orientativas. La pena concreta depende de las circunstancias del caso, atenuantes y agravantes aplicables.
Abogados Penalistas en Nuestra Estrategia de Defensa
Triple Capa Defensiva
Mandato penalista (privilegio) + soporte forense técnico (e-discovery) + asistencia letrada al trabajador. Sólido en cualquier juicio.
Bifurcación Informe Interno / Informe Fiscal
Dos informes con distinto nivel de detalle: uno completo para el cliente, otro depurado para la entrega a la Fiscalía.
Acuerdo Marco de Cooperación
Negociación previa con la Fiscalía del alcance de la cooperación a cambio de garantías de tratamiento penológico (cooperation agreement).
Guía de Defensa en Derecho Penal Económico: Fiscales, Blanqueo y Societarios
El Derecho Penal Económico abarca los delitos de mayor gravedad patrimonial del Código Penal español. El delito fiscal (Art. 305 CP), el blanqueo de capitales (Art. 301 CP) y los delitos societarios (Arts. 290-297 CP) son infracciones complejas que exigen una defensa que combina el dominio del Derecho Penal con conocimientos profundos de contabilidad, fiscalidad internacional y estructura corporativa. Como abogados penalistas especialistas en delito económico, ofrecemos una defensa integral que analiza cada detalle contable y fiscal junto a la estrategia procesal penal.
Cuadro de Penas: Delitos Económicos
| Delito | Umbral / Artículo | Pena |
|---|---|---|
| Delito fiscal (Art. 305 CP) | >120.000 € defraudados | 1 – 5 años + multa x6 |
| Delito fiscal agravado | >600.000 € / trama organizada | 2 – 6 años |
| Blanqueo de capitales (Art. 301) | Cualquier cuantía | 6 meses – 6 años |
| Blanqueo agravado | Organización / sistema financiero | Hasta 9 años |
| Delito societario (Art. 290) | Falsedad en cuenta | 1 – 3 años |
| Insolvencia punible (Art. 259) | Concurso culpable fraudulento | 1 – 4 años |
| Corrupción entre privados (Art. 286 bis) | En el marco empresarial | 6 meses – 4 años |
Estrategias Defensivas en Delito Económico
Regularización tributaria (Art. 305.4 CP)
Pagar íntegramente la deuda tributaria antes de que el Ministerio Fiscal formalice la acusaci ón extingue el delito. Es la defensa más poderosa y definitiva en delito fiscal.
Impugnar el umbral de los 120.000 €
El método de cálculo de la Agencia Tributaria es frecuentemente discutible. Una pericia contable independiente puede situar la cuota defraudada por debajo del umbral penal.
Autoblanqueo y non bis in idem
Los tribunales españoles debaten si el delito previo y el blanqueo de los propios fondos pueden castigarse simultáneamente. La doble incriminación tiene límites constitucionales.
Delito societario: daño real vs. potencial
Los delitos del Art. 290-295 CP requieren un perjuicio económico efectivo a la sociedad o sus socios. Si el daño fue especulativo o la sociedad no sufrió pérdida real, no hay delito.
Criminal Compliance como prueba defensiva
La existencia de un programa de cumplimiento normativo (compliance penal) eficaz puede exonerar a la persona jurídica (Art. 31 bis 2 CP) o atenuar la responsabilidad individual directiva.
Prescripción del delito fiscal
El delito fiscal prescribe a los 5 años desde la presentación de la declaración o el plazo de presentación. La prescripción tributaria (4 años) y la penal son autónomas — impugnarlas por separado es estratégico.
¿Por Qué Elegirnos?
¿Necesita un abogado penalista para este tipo de delito? Así trabajamos:
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El sistema judicial es complejo. Contamos con la especialización penal y los recursos técnicos necesarios para asumir la defensa.