Abogados en Organización y Grupo Criminal (Art. 570 bis CP)

El Capítulo VI del Título XXII del Código Penal, dedicado a los delitos contra el orden público, tipifica las organizaciones y grupos criminales en los artículos 570 bis, 570 ter y 570 quáter CP. Se trata de figuras introducidas para sancionar la dimensión asociativa y permanente de la delincuencia, con independencia de los delitos concretos que se cometan. En el despacho Alonso Sala diseñamos la defensa de quienes son investigados o acusados de pertenecer, dirigir o cooperar con una estructura de esta naturaleza.

Organización frente a grupo criminal: la diferencia clave

El Art. 570 bis CP define la organización criminal como la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. Los dos rasgos nucleares son la estabilidad y el reparto estructurado de funciones.

El Art. 570 ter CP regula el grupo criminal como la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal, tiene por finalidad u objeto la perpetración concertada de delitos. Es decir, el grupo no exige estabilidad ni estructura jerárquica con reparto de tareas: basta la unión plural y el propósito concertado. La doctrina del Tribunal Supremo ha insistido en que esta delimitación impide confundir la mera coautoría o codelincuencia ocasional con la pertenencia a un grupo, y en que la frontera entre ambas figuras es de grado: a mayor permanencia y división de roles, organización; en su defecto, grupo.

Penas según los fines y el papel del miembro

En la organización criminal (Art. 570 bis CP), quienes la promuevan, constituyan, organicen, coordinen o dirijan son castigados con prisión de 4 a 8 años si su finalidad es la comisión de delitos graves, y con prisión de 3 a 6 años en los demás casos. Quienes participen activamente, formen parte o cooperen económicamente o de cualquier otro modo, con prisión de 2 a 5 años (delitos graves) o 1 a 3 años (demás supuestos).

En el grupo criminal (Art. 570 ter CP) las penas se gradúan según el fin: 2 a 4 años si la finalidad es cometer delitos graves contra la vida, la integridad, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos (1 a 3 años si esos delitos son menos graves); 6 meses a 2 años si se trata de otros delitos graves; y 3 meses a 1 año cuando el fin sea cometer delitos menos graves o la perpetración reiterada de delitos leves.

En ambos tipos, las penas se imponen en su mitad superior cuando la organización o el grupo esté formado por un elevado número de personas, disponga de armas o instrumentos peligrosos o de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte; si concurren dos o más de estas circunstancias, se aplican las penas superiores en grado.

Delito autónomo: el concurso de delitos

La pertenencia a la organización o al grupo es un delito autónomo que se castiga además del delito efectivamente cometido por la estructura (el tráfico de drogas, la estafa, el blanqueo, etc.). Estamos ante un concurso real de delitos: la sanción por integrar el entramado se suma a la del hecho concreto, con el límite del principio non bis in idem, que impide computar dos veces la misma realidad. La calificación correcta de este concurso es un campo de batalla habitual de la defensa.

Pertenencia frente a colaboración

No toda contribución integra el tipo. Es preciso distinguir entre pertenencia —incorporación con vocación de permanencia a la estructura— y la colaboración o cooperación puntual, así como de la simple coautoría en el delito base de quien no forma parte del entramado. Acreditar que la intervención fue aislada, ajena a la estructura o carente del elemento asociativo desactiva la condena por este título.

Disolución y consecuencias accesorias (Art. 570 quáter)

El Art. 570 quáter CP ordena a los jueces y tribunales acordar la disolución de la organización o grupo y, en su caso, cualquiera de las consecuencias accesorias de los Arts. 33.7 y 129 CP. Contiene además reglas para perseguir hechos cometidos fuera de España.

Qué tiene que probar la acusación en cada figura

El Art. 570 bis CP exige que concurran todos estos elementos a la vez: agrupación de más de dos personas (tres o más), con carácter estable o por tiempo indefinido, que actúe de manera concertada y coordinada, que se reparta diversas tareas o funciones y que persiga cometer delitos. Que falte uno solo basta para excluir la organización.

Importa además la conducta que se atribuye: el Art. 570 bis.1 separa a quienes promueven, constituyen, organizan, coordinan o dirigen de quienes participan activamente, forman parte o cooperan, mientras que el Art. 570 ter.1 castiga a quienes constituyeren, financiaren o integraren el grupo sin tramo agravado propio para los dirigentes. Y el Art. 570 bis.3 impone las penas en su mitad superior si los delitos perseguidos son contra la vida o la integridad, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos: la lista a la que remite el Art. 570 ter.1.a) para su tramo más grave.

El umbral entre grupo criminal y codelincuencia

El Art. 570 ter no castiga que varias personas cometan juntas un delito: exige que la unión tenga por finalidad u objeto la perpetración concertada de delitos, un proyecto que trasciende el hecho concreto enjuiciado. Si el acuerdo se agotó en una sola operación, hay coautoría y la condena por el Art. 570 ter sobra. Los atestados lo construyen con indicios recurrentes —contactos telefónicos frecuentes, alias, terminales prepago, vehículos compartidos, reparto de dinero— que por sí solos no acreditan estructura ni permanencia. La defensa debe exigir que cada uno se traduzca en un elemento del tipo: qué función tenía el investigado, quién se la asignó, desde cuándo y con qué continuidad. Quedan luego dos comprobaciones: el número, porque acreditado el concierto de solo dos personas no hay grupo ni organización por definición legal, y el periodo, porque quien interviene en un episodio aislado no responde de la vida entera del entramado.

Cuando el delito base ya castiga la organización: la regla del Art. 8 CP

Muchos escritos de acusación suman sin más el Art. 570 bis al delito cometido. No siempre es correcto: el propio Art. 570 quáter.2 CP advierte que, cuando esas conductas estén comprendidas en otro precepto del Código, se aplicará la regla 4.ª del Art. 8: el precepto más grave excluye a los que castigan el hecho con pena menor.

La regla pesa en los tipos que ya incorporan la pertenencia a una estructura. En el tráfico de drogas, el Art. 369 bis CP castiga con prisión de nueve a doce años a quienes pertenecieren a una organización delictiva si la sustancia causa grave daño a la salud, y con la pena superior en grado a jefes y encargados. En el blanqueo de capitales, el Art. 302.1 CP impone la pena en su mitad superior a quien pertenezca a una organización dedicada a esos fines. Condenar por el tipo agravado y además por el Art. 570 bis puede valorar dos veces la misma pertenencia, y discutirlo suele ser lo que más reduce la pena pedida.

Inhabilitación, decomiso y prescripción: lo que no aparece en el titular

La cifra de prisión no agota la condena. El Art. 570 quáter.2 CP impone además inhabilitación especial para las actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la actividad de la organización o grupo, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la pena de prisión: cinco años de prisión pueden arrastrar una inhabilitación de once a veinticinco. El Art. 129.3 CP permite además que el juez instructor acuerde ya durante la instrucción, como medida cautelar, la clausura temporal de locales, la suspensión de actividades y la intervención judicial. Y el Art. 131 CP fija plazos de prescripción dispares: diez años para el tramo de dirección del Art. 570 bis.1 y cinco para los tramos con máximo de cinco años o menos.

En lo patrimonial, junto al decomiso del Art. 127 CP —efectos, bienes, instrumentos y ganancias, o su valor equivalente— cuenta el decomiso ampliado del Art. 127 bis CP, cuyo apartado 1.r) incluye los delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal: permite decomisar bienes si el tribunal resuelve, a partir de indicios objetivos fundados, que proceden de una actividad delictiva y no se acredita su origen lícito. Probar ese origen es una línea de trabajo propia, documental y pericial.

Qué ocurre en la instrucción y por qué pesa tanto la etiqueta

La calificación asociativa no solo agrava la pena: abre la puerta a medidas más invasivas. El Art. 588 quater b LECrim autoriza la grabación de comunicaciones orales directas —micrófonos en domicilios o vehículos— para los delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal. Frente a ello, el Art. 588 bis a LECrim somete toda injerencia a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad y prohíbe las medidas tecnológicas dirigidas a despejar sospechas sin base objetiva. Conviene vigilar además:

• Art. 588 quinquies b LECrim: si un dispositivo de seguimiento se coloca por urgencia sin dar cuenta al juez en veinticuatro horas, o este no ratifica, la información obtenida carecerá de efectos en el proceso.
• Art. 588 sexies a.2 LECrim: incautar un ordenador o un teléfono no legitima acceder a su contenido sin autorización judicial específica.
• Art. 282 bis LECrim: el agente encubierto cabe en delincuencia organizada, pero lo que obtenga deberá aportarse al proceso en su integridad.
• Art. 588 ter i LECrim: alzado el secreto, las partes reciben copia de las grabaciones y pueden pedir la inclusión de las comunicaciones excluidas.
• Art. 324 LECrim: la instrucción dura doce meses prorrogables y, si la prórroga no se acuerda a tiempo, no son válidas las diligencias acordadas a partir de esa fecha.

La etiqueta pesa también en lo cautelar: el Art. 503.2 LECrim excluye el límite de pena para acordar prisión provisional por riesgo de reiteración cuando pueda inferirse que el investigado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada. Y llega a la ejecución: aplicado el Art. 78.1 CP tras acumular penas, en delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales el régimen general solo se recupera para el tercer grado con una quinta parte por cumplir y para la libertad condicional con una octava, algo que se nota en la fase penitenciaria.

La atenuación privilegiada del Art. 570 quáter.4

El Art. 570 quáter.4 CP permite a los tribunales, razonándolo en la sentencia, imponer la pena inferior en uno o dos grados si concurren dos requisitos acumulativos: haber abandonado de forma voluntaria las actividades delictivas y haber colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, para obtener pruebas decisivas que identifiquen o capturen a otros responsables, para impedir el desarrollo de la organización o grupo, o para evitar un delito proyectado en su seno.

El recorrido es amplio: sobre el tramo de dirección de cuatro a ocho años, la rebaja en un grado deja la pena entre dos y cuatro; sobre los tramos de participación puede acercarla a la suspensión de la ejecución. No es automática ni inocua —hay que valorar la exposición personal y familiar del cliente y la solidez del resto de la prueba— y se articula con las atenuantes de confesión y reparación del Art. 21 CP y, en su caso, con una eventual conformidad. Se estudia con el cliente; nunca es una recomendación de partida.

Esta área se integra en nuestra defensa en delitos contra el orden público, junto a la defensa en atentado a la autoridad, los desórdenes públicos y la tenencia ilícita de armas. Desde nuestra sede en Velázquez 27 (Madrid) intervenimos en toda la fase de instrucción y juicio oral.