LO 8/2022: reforma de organizaciones criminales (art. 570 bis CP)

Conviene empezar por donde suele estar el error. La Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, no reformó el Código Penal: su título oficial en el Boletín Oficial del Estado es «de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial». El delito de pertenencia a organización criminal es el art. 570 bis CP, que procede de la Ley Orgánica 5/2010 y cuya redacción vigente es la que le dio la Ley Orgánica 1/2015. Como abogados penalistas, en este artículo deslindamos una cosa de la otra y explicamos qué castiga hoy el art. 570 bis CP, con qué penas y qué líneas de defensa abre para una persona investigada o acusada.

Qué reformó realmente la LO 8/2022, y por qué se confunde

La confusión tiene una explicación sencilla: el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial tienen, cada uno, un artículo 570 bis y un artículo 599. La LO 8/2022 modificó los apartados primeros de los dos preceptos de la LOPJ —la ley que regula la organización y el gobierno del Poder Judicial—, ambos situados en su Libro VIII. Nada de eso es Derecho penal sustantivo.

El contraste con el Código Penal es evidente en cuanto se leen sus dos artículos homónimos:

• El art. 570 bis CP tipifica la organización criminal y no se ha modificado desde la Ley Orgánica 1/2015, que se limitó a suprimir la referencia a las faltas al desaparecer el Libro III. Su contenido procede de la Ley Orgánica 5/2010.
• El art. 599 CP no tiene nada que ver con la criminalidad organizada: está en el Título XXIII, entre los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado, y agrava la revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional cuando el autor conocía el secreto por razón de su cargo o le dio publicidad. Conserva el texto de 1996.

Dicho de otro modo: no hubo en 2022 ninguna reforma penal de la criminalidad organizada. Quien busque el texto reformado del 570 bis CP encontrará la redacción de 2015, y quien cite la LO 8/2022 como norma penal estará citando una ley de gobierno del Poder Judicial. Puede consultar el conjunto de cambios legislativos que sí afectaron al Código Penal en nuestra sección de reformas penales.

De dónde viene el art. 570 bis CP

El delito de organización criminal es relativamente reciente. Lo introdujo la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que creó de una vez el Capítulo dedicado a las organizaciones y grupos criminales: el art. 570 bis (organización), el art. 570 ter (grupo) y el art. 570 quáter (disolución y consecuencias accesorias). Antes de esa reforma, la actuación conjunta se resolvía con las agravaciones específicas de cada delito y con las reglas de autoría y participación.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, practicó el único ajuste posterior: al suprimir el Libro III del Código Penal, eliminó de la definición de organización criminal la mención a «la perpetración reiterada de faltas». Desde el 1 de julio de 2015 el precepto no ha vuelto a tocarse. Es un dato relevante para la defensa, porque significa que toda la jurisprudencia posterior a 2015 se ha construido sobre el texto que hoy sigue vigente. Puede leer el precepto completo en el Código Penal.

Qué castiga el art. 570 bis CP y con qué penas

El precepto distingue dos niveles de implicación y les asigna penas distintas:

• Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal: prisión de cuatro a ocho años si su finalidad u objeto es la comisión de delitos graves, y de tres a seis años en los demás casos.
• Quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo: prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y de uno a tres años en los demás casos.

La propia ley define la organización criminal como la agrupación formada por más de dos personas, con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparte diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

Las penas se imponen en su mitad superior cuando la organización esté formada por un elevado número de personas, disponga de armas o instrumentos peligrosos, o disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables. Si concurren dos o más de esas circunstancias, se impone la pena superior en grado. También se aplica la mitad superior cuando los delitos sean contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.

A ello se añade el art. 570 quáter CP: el tribunal acuerda la disolución de la organización o grupo y, además de la pena, impone inhabilitación especial para las actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con su actividad, por un tiempo entre seis y veinte años superior al de la pena privativa de libertad impuesta.

En el plano práctico, lo decisivo es que el art. 570 bis CP castiga la pertenencia en sí misma, con independencia de los delitos concretos que la organización llegue a cometer. La ley adelanta la barrera de protección porque considera que la mera existencia de una estructura criminal estable ya supone un riesgo cualificado. Por eso una persona puede ser investigada por el art. 570 bis CP además de por el delito fin —por ejemplo, tráfico de drogas o blanqueo—, conforme a las reglas concursales.

Organización, grupo y simple codelincuencia: la frontera decisiva

Esta es la cuestión central de cualquier defensa frente a una imputación por el artículo 570 bis CP. El Código Penal distingue tres niveles de actuación conjunta, con consecuencias penales muy distintas:

• Organización criminal (art. 570 bis CP): agrupación de más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. Las notas clave son la permanencia, la estabilidad estructural y el reparto de funciones.
• Grupo criminal (art. 570 ter CP): unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización, tiene por finalidad la perpetración concertada de delitos. Las penas son sensiblemente menores y dependen del delito fin: de dos a cuatro años de prisión si se trata de uno o más delitos graves de los del art. 570 bis.3, y de uno a tres si son menos graves; de seis meses a dos años si la finalidad es cometer cualquier otro delito grave; y de tres meses a un año cuando se trate de delitos menos graves no incluidos en el primer supuesto o de la perpetración reiterada de delitos leves.
• Simple codelincuencia: varias personas que cometen un delito de común acuerdo de forma puntual y ocasional, sin vocación de permanencia ni estructura. No constituye organización ni grupo criminal: cada uno responde como coautor o partícipe del delito concreto, sin el plus de pena del Capítulo VI del Título XXII.

La diferencia no es teórica. Que un tribunal califique un mismo hecho como organización, como grupo o como simple codelincuencia altera de forma sustancial la pena y la posición procesal del investigado. Por eso la defensa debe trabajar, desde el primer momento, en acreditar la ausencia de los elementos estructurales de la organización.

La dimensión transnacional y la prueba de origen internacional

Buena parte de las causas por organización criminal tiene hoy proyección internacional, aunque el Código Penal no contenga un subtipo específico por ese motivo: las estructuras dedicadas al tráfico de drogas, la trata de seres humanos, el blanqueo o el fraude a gran escala reparten con frecuencia los eslabones de la cadena entre varios países. Esa dispersión no agrava por sí sola la pena, pero condiciona la investigación: complica la cooperación judicial, dificulta la trazabilidad de los flujos económicos y multiplica las diligencias practicadas fuera de España.

Para la persona investigada esto tiene consecuencias prácticas relevantes. Estas causas suelen apoyarse en comisiones rogatorias, equipos conjuntos de investigación, órdenes europeas de detención y entrega y otras medidas de cooperación internacional. Cada uno de esos instrumentos debe cumplir requisitos formales y materiales estrictos. Una prueba obtenida en el extranjero sin las garantías exigibles, o una intervención de comunicaciones sin la debida autorización y motivación, puede ser impugnada y, en su caso, expulsada del material probatorio.

Qué implica hoy para investigados, acusados y víctimas

Para quien está siendo investigado o acusado, la imputación por el artículo 570 bis CP suele venir acompañada de medidas cautelares severas: registros, intervenciones telefónicas y telemáticas, bloqueo de cuentas, embargos y, con frecuencia, solicitud de prisión provisional, justificada por el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas asociado a estas estructuras. Conocer desde el inicio el alcance exacto de la acusación y el rol que se atribuye a cada investigado (dirigente, partícipe activo, mero cooperador) es esencial para articular la estrategia, porque de ese rol depende directamente el marco penal aplicable.

Para la víctima, la dimensión organizada del delito refuerza su posición procesal: puede personarse como acusación particular, solicitar medidas de protección y reclamar la responsabilidad civil derivada del delito. En estructuras con actividad en varios países, además, cobran importancia los mecanismos de localización y recuperación de activos.

Conviene tener presente que el delito de organización criminal no se limita a quien ejecuta materialmente los hechos. La ley alcanza a quien coordina, financia o presta una infraestructura estable a la estructura: locales, sociedades pantalla, vehículos, cuentas o documentación. Por eso es frecuente que la investigación se extienda a personas que, en apariencia, ocupan una posición periférica. Determinar con rigor si la aportación de cada investigado fue puntual o si revela una integración estable en la organización es, muchas veces, el verdadero objeto del debate procesal.

Líneas de defensa

Frente a una acusación por pertenencia a organización criminal, la defensa puede articularse, entre otras, en torno a las siguientes líneas:

• Recalificación a grupo criminal o codelincuencia: acreditar la ausencia de estabilidad, de permanencia o de un reparto estructurado de funciones para excluir la organización del art. 570 bis CP y, en su caso, reconducir los hechos al art. 570 ter CP o a la simple coautoría.
• Delimitación del rol concreto: diferenciar entre quien dirige u organiza y quien simplemente participa o coopera de forma puntual, evitando que se atribuya a un partícipe el papel y la pena de un dirigente.
• Ausencia de pertenencia: demostrar que la relación con miembros de la estructura fue ocasional, ajena al objeto criminal o limitada a un hecho concreto, sin integración estable en la organización.
• Discusión de las agravaciones del apartado 2: examinar si realmente concurría el elevado número de personas, la disponibilidad de armas o instrumentos peligrosos o los medios tecnológicos avanzados, porque de ello depende que la pena se imponga en la mitad superior o incluso superior en grado.
• Impugnación de la prueba: revisar la legalidad y motivación de registros, intervenciones de comunicaciones y diligencias practicadas, especialmente las de cooperación internacional, para depurar la prueba obtenida sin garantías.
• Reglas concursales y proporcionalidad: controlar que la pena por el delito de organización no se acumule indebidamente con la del delito fin más allá de lo que permiten las reglas del concurso, y verificar los plazos de prescripción.
• Atenuantes: valorar la concurrencia de circunstancias como la colaboración con la investigación (art. 21.4 CP) o la reparación del daño (art. 21.5 CP) cuando proceda.

Conclusión

La primera comprobación de cualquier defensa es también la más elemental: saber qué norma se aplica. En materia de criminalidad organizada, esa norma es el art. 570 bis CP en la redacción de 2015, no una reforma de 2022 que en realidad afectó a la Ley Orgánica del Poder Judicial. A partir de ahí, el trabajo técnico consiste en delimitar con precisión la figura aplicable —organización, grupo o codelincuencia—, acotar el rol de cada investigado y controlar con detalle la regularidad de la prueba, muy en particular la de origen internacional. La frontera entre el artículo 570 bis CP y las figuras menos graves no es un matiz: es, con frecuencia, la diferencia entre una pena u otra.